Respondiendo a dos objeciones
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Sólo el Seguro Familiar de Salud Contributivo ya maneja más de 110,000 millones de pesos al año, un monto nada despreciable, y mucho mayor si incluimos los copagos. Dada la pasividad del Estado y la debilidad institucional, todos los grupos, SIN EXCEPCIÓN (CMD, PSS, ARS y el propio Estado) luchan por controlar la mayor parte de ese enorme pastel, dejándole a los pobres afiliados el sobrante de esa rebatiña sanitaria nacional. Algunos de mis lectores me señalan que “ataco mucho a los médicos y defiendo a las ARS”. Le tengo un profundo respeto y admiración a la gran mayoría de los médicos, porque son laboriosos, dedicados y capaces, pero no puedo callar que muchos cobran y no trabajan. Los médicos dedicados deberían ganar mucho más, pero el dinero no alcanza porque hay que pagarles igualmente a miles y miles que no trabajan, defraudando al Estado y a los pacientes. Resulta injustificable que las tarifas por consultas se hayan mantenido tan bajas y por tanto tiempo. Se dice que las ARS se lo ganan todo y que con esos recursos se podrían mejorar los servicios y aumentar las tarifas médicas. Aquí están los resultados oficiales y evidencias concretas. Este cuadro, lamentablemente con sólo informaciones de SISALRIL de enero a septiembre 2024, indica que las ganancias netas de las 12 ARS privadas ascienden a 1,695.6 millones, muy lejos de la millonada que algunos proclaman sin aportar pruebas. El SENASA Contributivo también obtuvo ganancias por 418.0 millones. Si proyectamos estos resultados al 2024 completo, posiblemente las ganancias netas de las ARS privadas lleguen a 2,200 millones, con alzas y bajas en los últimos años. ADARS indica que en los primeros tres meses del 2025 las 6 ARS mayores arrojan pérdidas por 438.0 millones, con una siniestralidad del 97.97%, y del 107.89% al incluir los gastos administrativos. En consecuencia, es falso que eliminando a las ARS privadas se pueden cubrir los aumentos de honorarios y tarifas de los médicos, porque esos 2,200 millones constituyen una “chilata” en relación al costo de las demandas del CMD, valoradas el año pasado por la SISALRIL en más de16,000 millones anuales. Defiendo abiertamente la administración del riesgo por ser una función necesaria para asegurar el equilibrio financiero del PBS y el acceso a la salud como un derecho universal. Reconozco que existen fallas y distorsiones que deberían ser sancionadas por la SISALRIL. “DEFIENDO LA FUNCIÓN, PERO NO NECESARIAMENTE A LOS FUNCIONARIOS”. Por eso nuestra Fundación ha propuesto que una firma calificada evalúe objetivamente la administración del riesgo de salud como una FUNCIÓN integral del SFS/PBS, analice el DESEMPEÑO de las ARS y recomiende los correctivos de lugar. Otros, en cambio, cegados por los prejuicios ideológicos y los privilegios del descontrol, plantean su eliminación sin evaluarlas, a pesar de las preferencias de los afiliados, según las encuestas oficiales. Es cierto que critico más a los médicos que cobran y no trabajan, y también a los médicos que imponen copagos excesivos e ilegales. Alguien tiene que decir estas verdades incómodas. La población y la opinión pública tienen el derecho a conocer la verdad, a empoderarse y actuar contra los principales responsables del creciente gasto familiar de bolsillo. ¿Cómo silenciar una doble distorsión tan costosa? Cálculos conservadores estiman en 62,000 millones los copagos cobrados en el 2024. De ese monto, unos 40,000 millones los cobraron los médicos especialistas SIN ENTREGAR UN COMPROBANTE PARA EVADIR LOS IMPUESTOS. (No existe precisión, solo estimados, porque esos copagos médicos no dejan ningún rastro). En cambio, las ARS privadas pagarán IMPUESTOS por 965.6 millones, como indica el cuadro. En ocasiones muchas ARS niegan servicios a los afiliados, pero los números indican que existe un gran abismo entre unos 2,200 millones de ganancias y unos 40,000 millones de copagos. Entonces, ¿Quiénes abusan más de la población, acentuando su inseguridad financiera y familiar? No podemos silenciar estos abusos, vengan de donde vengan.
Alerta al presidente Luis Abinader
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS “Llevamos a mi hija de emergencia a una clínica con fuertes dolores en el vientre y le indicaron una cirugía de colecistectomía porque tenía piedras en la vesícula. Para cubrir la diferencia que no le paga la ARS, el cirujano cobró 70,000.00 de honorarios + 10,000.00 para su asistente, + 24,500.00 al anestesiólogo y 5,000.00 por la bandeja instrumental”. Además pagamos 3,000.00 por la consulta al cardiólogo + el 20% por los análisis de laboratorio + 6,000.00 por la compra de una pinta de sangre + el 10% del costo de la sala de cirugía + el 10% por la habitación + la diferencia por habitación + el 30% de los medicamentos de recuperación + el pago de otra consulta al cirujano para darle de alta + 6,524.00 por los copagos autorizados + 5,000.00 de otros gastos. Un total de 152,024.00 mal contados. La ARS pagó 29,808.00 por los honorarios + 9,273.60 para el anestesiólogo + 3,974.40 para el ayudante, totalizando 43,056.00. Se trata de una situación inconcebible en donde el gasto familiar de bolsillo (152,024.00) supera 3.5 veces el aporte cubierto por el SFS a través de la ARS (43,056.00). Estamos en presencia de una desnaturalización total de la Ley 87-01 regresando al viejo modelo del predominio del pago directo del paciente al médico, con la única diferencia de que ahora el SFS le aporta una “ayudita” al afiliado. Por una imposición ilegal, todos los pacientes tienen que cubrir dos tipos de copagos. El primero, autorizado por el CNSS por el 20% de los análisis y estudios, el 10% de cirugías, internamiento y un 30% por medicamentos ambulatorios. Y el segundo, no autorizado ni documentado, que cobran los médicos más allá de los pagos de la ARS. Mientras los primeros están limitados por un porcentaje y se entregan facturas, los segundos son fijados libremente por los médicos especialistas, sin factura ni comprobantes evadiendo el pago de impuestos. Pero, además, como demuestra este caso real, los segundos copagos quintuplican el monto de los primeros. El descontrol de los copagos amenaza con revertir todos los avances del SFS Estos copagos equivalen a 6 meses del salario de un trabajador que gana 25,000.00 y dos meses de salario de un médico del SNS, ganado en solo dos o tres horas. Mucho más que por el aumento de la calidad de los servicios públicos, esos enormes copagos explican por qué muchos afiliados acuden a los hospitales públicos. Si asumimos unas 10 cirugías similares al mes, más 10 consultas diarias a razón de 3,000.00 c/u, más un 10% recibido del laboratorio por análisis, estudios + la gratificación de la industria farmacéutica por la prescripción de sus medicamentos + una o dos cirugías a pacientes directos sin seguro, estamos hablando de ingresos mensuales cercanos a 2,000,000.00. SE TRATA DE UN NEGOCIO REDONDO. Para esta minoría la reforma del sistema de salud dispuesta por la ley 87-01 constituye una amenaza existencial. Hay que desacreditarla y evitarla a toda costa, bloqueando la atención primaria de salud (APS), el primer nivel de atención y la prescripción de medicamentos genéricos de calidad. La buena noticia es que cada vez más afiliados y familiares reclaman y denuncian estos abusos contra la economía familiar. Y que el director de la DIDA ha tomado conciencia de la gravedad de la situación, asumiendo una posición pública en defensa real de los afiliados, ante la pasividad de la mayoría de los funcionarios del Sistema. Con sobrada razón, he escuchado a Pepe Abreu, presidente del CNUS, denunciar la creciente estratificación de un acceso a la salud, que acentúa las desigualdades sociales. ¿Dónde está la protección social de una familia promedio que gana 25,000 pesos mensuales, y que tiene que enfrentar ella sola copagos que superan el total de 6 meses de su salario? La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) cumple con alertar al presidente Luis Abinader sobre esta grave situación que amenaza con revertir todos los avances logrados por el Seguro Familiar de Salud (SFS). Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro apoyo al inicio de las reformas estructurales establecidas en la Ley 87-01.