PEPCA contraataca: “Corrupción de Danilo Medina es crimen organizado y no prescribe”
Mirna Ortiz responde a defensa de Donald Guerrero y afirma que los acuerdos internacionales y la ley dominicana blindan la persecución de los casos de corrupción compleja Por Julio Guzmán Acosta En una jornada de réplica cargada de tensión jurídica, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, desmontó este miércoles los argumentos de la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al sostener que los casos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de Danilo Medina no pueden extinguirse por el paso del tiempo, al tratarse de hechos de criminalidad organizada, los cuales la ley declara como “imprescriptibles”. Durante la audiencia celebrada ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz fue enfática al señalar que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta cumple con “todas y cada una de las características” de la criminalidad compleja, lo que, a su juicio, impide que el proceso pueda ser archivado por vencimiento de plazos. “Estamos ante un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado”, proclamó la procuradora adjunta ante los jueces. Ortiz fundamentó su postura no solo en la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, sino también en tratados internacionales suscritos por la República Dominicana, los cuales, según explicó, tienen la misma jerarquía que las normas locales. Más allá del “conteo matemático” La representante del Ministerio Público también rebatió el reclamo de la defensa de Guerrero sobre la supuesta violación al plazo razonable del proceso. Los abogados del exfuncionario han denunciado que el caso lleva cinco años desde el primer interrogatorio, ocurrido en 2020. Sin embargo, Ortiz aclaró que la investigación que derivó en la acusación formal no inició en ese momento, sino en 2021, por hechos ocurridos durante la gestión del imputado al frente del Ministerio de Hacienda. Citando la sentencia TC-0770-24 del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la titular de la Pepca argumentó que la razonabilidad de los plazos no puede establecerse con un simple “cálculo matemático” en casos de corrupción, dada la complejidad de las pesquisas y las propias dinámicas del proceso judicial. “Hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos”, subrayó. La defensa clama por el debido proceso Fuera del tribunal, la respuesta de la defensa no se hizo esperar. María del Pilar Zuleta, parte del equipo legal de Donald Guerrero, calificó de “preocupantes” las afirmaciones del Ministerio Público y denunció que el órgano acusador pretende evadir los límites que impone el Código Procesal Penal. “El código le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción”, declaró Zuleta, quien también cuestionó que la acusación pretenda enunciar pruebas sin depositarlas formalmente. “Estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones”, sentenció la letrada, insistiendo en que, hasta el momento, la Fiscalía no ha podido presentar elementos que otorguen posibilidad de condena contra su representado. El debate, que enfrenta dos visiones antagónicas sobre los límites de la justicia en casos de gran corrupción, mantiene en vilo a la opinión pública mientras el expediente avanza en su fase intermedia.
Irregularidades en Hacienda entre 2019 y 2020, revela Cámara de Cuentas
Por Theo Féliz G. La Cámara de Cuentas reveló múltiples irregularidades en el Ministerio de Hacienda durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en la auditoría publicada recientemente. Entre los hallazgos más destacados, se detectaron bienes de uso por un valor de RD$808,064 que no fueron registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB), así como bienes por RD$283,895 que no pudieron ser identificados ni ubicados físicamente. Durante ese tiempo, Donald Guerrero ejercía como ministro de Hacienda hasta el 16 de agosto de 2020, cuando fue sustituido por José Manuel (Jochi) Vicente tras la llegada del presidente Luis Abinader. La auditoría identificó debilidades significativas en la gestión contable financiera, la ausencia de medidas de prevención de riesgos y el incumplimiento de normativas legales vigentes por parte de funcionarios encargados de administrar recursos públicos. La Cámara de Cuentas advirtió que estas deficiencias causan graves perjuicios económicos al patrimonio público. Entre los casos señalados, figura un ingreso de RD$109,521 que no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro, expedientes de pagos por RD$46,580,555 sin documentos soportes y fallas en la documentación relacionada con la adquisición de combustible. Asimismo, se encontró una diferencia de RD$362,000 entre la factura de bienes muebles adquiridos y el registro en el SIAB, además de un impuesto sobre la renta por RD$16,663 que fue aplicado de manera incorrecta o dejado de retener. También se detectaron pagos por servicios de asesorías por un valor de RD$19,383,333 en los que se asumieron obligaciones tributarias irregulares. La auditoría evidenció contrataciones de consultorías sin cumplir las formalidades legales, incluyendo la falta de procedimientos de selección adecuados, por montos de RD$4,915,102, RD$795,000 y RD$6,313,000 respectivamente. Se registraron además servicios contratados con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), por un total de RD$31,409,469. Entre otros hallazgos, la Cámara reportó la existencia de adendas que modificaron objetos contractuales por RD$29,203,491, fraccionamiento ilegal en la adquisición de bonos por montos de RD$11,697,584 y RD$4,982,200, y la inadecuada composición del Comité de Compras y Contrataciones. También se detectó la contratación de un proveedor único para servicios por RD$4,444,938 y modificaciones en partidas de obras sin órdenes de cambio aprobadas. Frente a estos hallazgos, la Cámara de Cuentas exhortó al Ministerio de Hacienda a diseñar un plan de acción correctivo que deberá ser presentado en un plazo máximo de 25 días desde la notificación del informe, con una prórroga única de hasta 10 días, conforme al artículo 74 del Reglamento de Aplicación de la Ley número 18-24.