¡Ni una muerte más! Senador Taveras exige justicia y mano dura contra culpables del desastre en Jet Set
El legislador advierte sobre fallas en la supervisión estatal y llama a aplicar todo el peso de la ley contra los responsables de la muerte de 236 personas. Por Redacción umbral.local/ Santo Domingo. – Con la voz quebrada por la indignación y la mirada fija en el hemiciclo, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, rompió el silencio oficial este miércoles y exigió justicia sin contemplaciones para los responsables de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida en uno de los mayores desastres provocados por la negligencia en la historia reciente del país. “Estas muertes no ocurrieron por casualidad. Ocurrieron porque falló la política”, sentenció el legislador durante la sesión del pleno del Senado, en un discurso que remeció las butacas del Congreso. Su voz no fue un reclamo más: fue una requisitoria contra la impunidad y un memorial para las decenas de familias que aún lloran a sus muertos. Taveras Guzmán fue implacable al denunciar que el colapso de la estructura en el conocido centro de entretenimiento no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una cadena de omisiones y desidia estatal. Según expuso, el local presentaba un evidente deterioro progresivo, señalado en múltiples ocasiones por visitantes y hasta por empleados, sin que las autoridades competentes actuaran. “No debemos olvidar que el Estado es la autoridad política central, y que las instituciones de un gobierno democrático están para supervisar, controlar y regular”, enfatizó, dejando claro que la responsabilidad no recae únicamente sobre los propietarios del establecimiento, sino también sobre los funcionarios que, por acción o negligencia, hicieron la vista gorda. En su intervención, el senador exigió que se aplique “todo el peso de la ley, sin excepciones ni privilegios” a todos los implicados, sin importar su posición económica o política. “Este caso no puede quedar impune. No se trata únicamente de una sanción penal; se trata de justicia, de respeto a las víctimas y de garantizar que una tragedia como esta no vuelva a repetirse en nuestro país, nunca jamás”, arengóCon la contundencia que exige la hora, Taveras Guzmán cerró su intervención con una frase que resonó como un epitafio colectivo: “Las muertes de Jet Set no tienen precio”. El senador reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la transparencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del Estado, en medio de un país que exige respuestas y clama porque los 236 nombres no queden sepultados también por el olvido.
La Tragedia del Jet Set Club
La acusación formal contra los hermanos Espaillat desgrana, ocho meses después de la noche del horror, cómo la codicia y la negligencia precipitaron el techo sobre las cabezas de las más de 515 personas que se encontraban en el lugar y donde resultaron muertas 236 almas. Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.— Ocho lunas después de que el éxtasis se trocara en pánico y el ritmo del merengue en un silencio sepulcral, la justicia ha puesto negro sobre blanco en su veredicto preliminar. La acusación formal del Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set Club, no es solo un documento legal; es la crónica de una tragedia anunciada. El techo que colapsó sobre cientos de vidas la madrugada del 8 de abril no cayó por casualidad, sino que fue derribado por el peso de una negligencia criminal. La fiscalía, en un escrito depositado con la solemnidad que exige el duelo de una nación, establece que los procesados “agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos” que garantizaran la integridad del lugar. Pero la acusación va más allá de la simple omisión. Revela un desdén consciente y temerario por la vida. “Ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes”, se lee en el comunicado de las autoridades. Durante las audiencias, se había dejado entrever la existencia de un conocimiento profundo e ineludible por parte de los empresarios. No se trataba de un detalle técnico oculto, sino de grietas visibles, de escombros que ya caían, de fotografías y videos que sus propios empleados les presentaron como un testimonio mudo del peligro. “A pesar de estas advertencias explícitas (…), optaron por ignorarlas”, sentencia el órgano persecutor. La frivolidad con la que se manejó aquel goteo de alertas contrasta con la contundencia de los cargos: homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, figuras que, aunque no conllevan la intención de dañar, castigan con prisión de tres meses a dos años la torpeza, la imprudencia y la inobservancia que segaron 236 vidas. Aquella madrugada fatídica, mientras Rubby Pérez animaba la fiesta, la estructura cedió. El lugar, abarrotado como era tradición en las noches de lunes, se convirtió en una trampa mortal. El caos, los gritos de auxilio y la desesperación de los rescatistas dibujaron una postal de horror que aún persiste en la memoria colectiva. Esta semana, mientras la justicia presentaba su dictamen, se recordaba que el pasado 12 de junio recibió el alta médica Jennifer Tavera, la última de los más de cien heridos en abandonar un centro de salud, tras 65 días de internamiento. Ella es un rostro de la resiliencia; los 236 que perecieron, el rostro de una impunidad que, ahora, la fiscalía busca conjurar con el peso frío de la ley.
Tragedia en Jet Set: 65 acciones legales contra dueños y autoridades
Fiscalía investiga a propietarios y funcionarios por colapso que dejó 236 muertos; peritos internacionales analizan escombros Por Brendalis Reyes Santo Domingo. – Un total de 65 acciones legales, entre querellas y denuncias, han sido presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo del local el pasado 8 de abril, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos. Las demandas también incluyen al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por presunta negligencia en la supervisión del establecimiento. Detalles de las acciones legales Según fuentes cercanas a la investigación, se han registrado 22 querellas en el Sistema de Atención al Ciudadano de la Fiscalía, junto a 43 denuncias adicionales. Entre las más recientes figura la interpuesta por el abogado Jean Cristofer Pérez, en representación de las familias de Kiara Lantigua Ventura y Luissana Grullón Ventura, quienes exigen una indemnización de 100 millones de pesos por la muerte de su familiar Lirisset Ventura Brito. Pérez argumenta que el caso configura un \»homicidio involuntario por negligencia\», tipificado en el artículo 319 del Código Penal dominicano. \»El Estado y la ADN incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en lugares de alta concurrencia\», sostuvo el letrado, citando violaciones al artículo 8 de la Constitución y a la Ley 176-07 sobre regulación municipal. Peritaje internacional y responsabilidades Mientras las familias exigen justicia, un perito estadounidense –contratado para reforzar la investigación– analiza los escombros del local junto a expertos locales. Las pesquisas se centran en determinar si fallas estructurales o negligencias en permisos y supervisiones precipitaron la tragedia. Los demandados directos son Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, dueños de Inversiones E y L, S.R.L., empresa operadora de Jet Set. Sin embargo, la cadena de responsabilidades podría extenderse: documentos preliminares sugieren que la ADN omitió inspecciones obligatorias, pese a las denuncias previas sobre riesgos en el inmueble. El camino judicial El Ministerio Público continúa interrogando a sobrevivientes y familiares, en un proceso que podría derivar en cargos penales contra funcionarios. Mientras tanto, las 65 acciones legales ya presentadas marcan un récord en casos de responsabilidad civil por desastres en el país. La pregunta ahora es si la justicia dominicana logrará responder con celeridad y firmeza a una tragedia que ha conmocionado a la nación. Por ahora, las víctimas y sus abogados insisten: \»Esto no fue un accidente, fue negligencia\».
Responsabilidad civil y penal por tragedia Jet Set; urge investigación
La tragedia de la discoteca Jet Set, ha consternado al conjunto social dominicano. Enlútese a la familia dominicana y deja un sabor amargo de dolor e impotencia a parientes y amigos de las víctimas. La discoteca era una trampa mortal. En múltiples ocasiones se han producido acontecimientos similares en otros países y en la mayoría de los casos las autoridades judiciales han condenado a pena de prisión a los responsables, dando una respuesta efectiva tanto a las víctimas como a la sociedad. Que se haga una investigación seria en casos trágicos como el ocurrido en Jet Set donde tantas personas perdieron la vida, es congruente en el hecho de que todo aquel que se dedica a actividades lucrativas en las cuales reúna a multitudes de personas tiene que garantizar la seguridad de los concurrentes. Cuando no se cumplen determinados estándares de seguridad y ese hecho se concreta en un fin lesivo, y siempre que no se trate de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o la auto puesta en peligro de la víctima, surge una responsabilidad que puede ser civil, penal o ambas a la vez. Recordamos el caso de la discoteca Utopía, en el Perú, donde 29 jóvenes perdieron la vida el año 2002. Hubo condenas de hasta 15 años de prisión contra propietarios y otros responsables. El tribunal los encontró culpables por acumular 500 personas en un local apto para 400, y por no tener señalizadas ni habilitadas las vías de escape. En 2004, un incendio mató 194 personas y dejó heridas a mil 400, en la discoteca Cromañón, de La Argentina. Por el hecho Omar Chabán, fue condenado a 20 años y Diego Argañaraz a 18, por cargos de incendio doloso calificado y cohecho. Más recientemente, en Brasil, en la discoteca Kiss, en el Estado de Rio Grande, en una fiesta de estudiantes un incendio mató a 242 personas y otras 636 resultaron heridas. Por el hecho fueron juzgado Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Marcelo de Jesús y Luciano Bonilla, fueron juzgado porhomicidio de 242 persona y tentativa contra 636, y condenados a pena de prisión de entre 18 y 22 años de cárcel. El Código Penal Dominicano en su artículo 319 establece que el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia, o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años. En el caso de la discoteca Jet Set procede una investigación por un equipo multidisciplinario que incluya profesionales expertos en estructuras de construcción designado por el Codia, representantes del Ministerio de Obras Públicas, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Defensa Civil, el ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Esa comisión es importante para un exhaustivo peritaje que determine la existencia o no de negligencias o imprudencias censurables que puedan comprometer la responsabilidad penal o civil de los propietarios o responsables de los hechos que se concretaron en el fin lesivo destrucción a vida humana, lesiones a otros tantos.