El Sucesor Inesperado en Perú: José Jerí Oré
José Jerí Oré, un abogado de 38 años y líder del partido derechista “Somos Perú”, asume la Presidencia de la República hasta julio de 2026 tras la destitución de Dina Boluarte, prometiendo un gobierno de reconciliación nacional y guerra frontal contra la delincuencia. Por Julio Guzmán Acosta LIMA.— En la penumbra de la madrugada, entre vitrales y mármoles del hemiciclo legislativo, un hombre joven —de apenas 38 años— recibió sobre su pecho la banda tricolor que simboliza el mando supremo en el Perú. José Jerí Oré, hasta hace horas presidente del Congreso, juró como nuevo jefe de Estado tras la destitución exprés de Dina Boluarte, marcando el inicio de un gobierno que nace bajo el signo de la urgencia: el de restaurar la paz en un país fracturado por la inseguridad y la inestabilidad política crónica. “Ejercer fielmente el cargo de presidente de la República”, afirmó Jerí con voz serena al prestar juramento, mientras el peso de la historia reciente —seis presidentes en siete años— parecía gravitar sobre sus hombros. En un gesto que buscó distanciarse de la crispación habitual, el flamante mandatario no eludió el reconocimiento de una crisis sistémica: “Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer”. Tras el himno nacional, y con la banda ya cruzada sobre su torso, Jerí delineó los ejes de su breve pero crucial administración, que deberá conducir al país hasta las elecciones generales de 2026. Habló de “reconciliación”, pero también de guerra. “Ellos son hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia”, sentenció, refiriéndose a las bandas criminales que han convertido la seguridad ciudadana en la principal demanda de la población. La trayectoria de un operador político Nacido en el distrito limeño de Jesús María, Jerí se formó como abogado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y se tituló en la Inca Garcilaso de la Vega. Su carrera política ha estado ligada al partido “Somos Perú”, donde milita desde 2013. Llegó al Congreso en 2021 como suplente del expresidente Martín Vizcarra —inhabilitado para asumir el escaño—, pese a haber obtenido solo 11.600 votos de preferencia. Desde su curul, impulsó iniciativas legislativas en materia de seguridad, empleo y economía, y presidió la influyente Comisión de Presupuesto entre 2023 y 2024. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de sombras: a comienzos de 2025 enfrentó una denuncia por violación sexual, que fue archivada en agosto por falta de evidencia. “Se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, declaró entonces. Una sucesión en medio del caos institucional La caída de Boluarte —aprobada con 122 votos a favor de 130 posibles— se produjo en respuesta a su aparente incapacidad para contener la ola delictiva, simbolizada de modo dramático en el reciente ataque al grupo de cumbia Agua Marina. La ya expresidenta, que había sucedido en el cargo a Pedro Castillo tras su intento de autogolpe, optó por no presentarse a defender su gestión, tachando el proceso de ilegítimo. Con este movimiento, Perú suma su séptimo presidente desde 2018 —tres de ellos destituidos, dos renunciados y solo uno que completó un mandato interino—, en una espiral de inestabilidad que Jerí promete detener. “Debemos sentar las bases de un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos”, insistió durante su discurso inaugural. En las redes sociales, donde se define como “abogado y animalista”, Jerí ha construido una imagen de político moderno y accesible. Ahora, desde el palacio de gobierno, le corresponde demostrar que su liderazgo puede traducirse no solo en símbolos, sino en soluciones concretas para un país que clama por orden y esperanza.
José Jerí Oré: La Promesa y el Acuerdo
José Jerí Oré asume la Presidencia de Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y anuncia un gobierno de \»empatía y reconciliación nacional\», al tiempo que declara la guerra a la delincuencia y se compromete a garantizar la transparencia de las elecciones de 2026. Por Theo Núñez G. LIMA.— En la madrugada, cuando la ciudad dormía aún con el eco de la turbulencia política, José Jerí Oré juró ante el Pleno del Congreso como nuevo presidente de la República del Perú. Lo hizo con la solemnidad que exige el momento histórico: tras la destitución de Dina Boluarte, y con un mandato constitucional que se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, Jerí Oré se presentó no como un vencedor, sino como un restaurador. “Asumo con humildad la Presidencia de la República por sucesión constitucional”, declaró el flamante mandatario, “para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional”. Con esas palabras, Jerí Oré pareció tender un puente hacia una ciudadanía agotada por la inestabilidad y la desconfianza. Reconoció, con rara franqueza, que el Perú atraviesa una “crisis política constante” marcada por gobiernos truncados, instituciones debilitadas y un pueblo que clama por certidumbre. Fue entonces cuando, en un gesto que no pasó desapercibido, el nuevo presidente pidió perdón. “A todos ellos las disculpas del caso y una promesa: la promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos”. No especificó a nombre de quién o de qué pedía perdón, pero el simbolismo quedó flotando en el hemiciclo: era el reconocimiento de un sistema que ha fallado reiteradamente. Sin embargo, la promesa de reconciliación no fue la única que pronunció. En un giro enfático, Jerí Oré declaró la guerra a la delincuencia, a la que identificó como “el principal problema del país”. “Para ello tenemos a la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y debemos tener el compromiso de las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación”, subrayó, “para no solo declararle la guerra a la delincuencia, sino ganarle la guerra de una vez por todas”. El mensaje fue claro: su gobierno combinará el lenguaje de la unidad con la mano firme frente a la inseguridad. En un país donde el crimen organizado y la violencia urbana han minado la calidad de vida, la declaración resonó como un compromiso de fuerza. Jerí Oré también se refirió al proceso electoral de 2026, que deberá realizarse bajo su administración. Asumió el compromiso de garantizar, “con transparencia, la legalidad, limpieza, orden y neutralidad” de los comicios, en un intento por despejar cualquier sospecha sobre intenciones continuistas o manipulaciones del poder. “Hoy estamos en la mira de todo el mundo”, concluyó, “no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque, justamente, nuestro país tiene esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente”. La noche había sido larga, cargada de tensiones y definiciones. Pero al amanecer, con un nuevo presidente en funciones, Perú despierta una vez más con la esperanza —frágil, pero esperanza al fin— de que esta vez la palabra “reconciliación” no sea solo un discurso, sino el principio de una nueva era.
Dina Boluarte: El Ocaso de una Presidenta
El Congreso peruano declara la “incapacidad moral permanente” de Dina Boluarte y la destituye mediante un procedimiento exprés, con 122 votos a favor. La mandataria se negó a asistir al hemiciclo para ejercer su derecho a la defensa. Por Virtudes Álvarez Sampedro LIMA.— La frágil estabilidad política de Perú se quebró este viernes con un golpe de martillo legislativo. El Congreso de la República, en una sesión que pareció conjurar los demonios de la inestabilidad crónica, declaró la “incapacidad moral permanente” de la presidenta Dina Boluarte y la separó del cargo mediante un procedimiento exprés, cuando apenas restaban seis meses para las elecciones generales de 2026. La destitución, fraguada bajo la sombra de cuatro mociones de vacancia presentadas de manera simultánea, se consumó con 122 votos a favor —muy por encima de los 87 requeridos— en un hemiciclo que aguardó en vano la presencia de la mandataria. Boluarte, la primera mujer en asumir la presidencia del país, se rehusó a comparecer para ejercer su derecho a la defensa, tachando el proceso de ilegítimo y carente de garantías. “En consecuencia, ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció con tono solemne el jefe del Legislativo, José Jerí, quien, siguiendo el orden sucesorio previsto en la Constitución, asumió de inmediato la jefatura del Estado ante la ausencia de vicepresidentes. La caída de Boluarte —quien gobernaba desde finales de 2022, cuando sucedió al izquierdista Pedro Castillo tras su fallido intento de autogolpe— no fue un accidente, sino la culminación de una crisis largamente incubada. Las acusaciones de inacción frente a la creciente inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado sirvieron como coartada final para una bancada legislativa que, irónicamente, había sido su sostén durante la mayor parte de su mandato. Desde el palacio de gobierno, sin embargo, la respuesta fue el silencio activo. A través de sus abogados, la ahora expresidenta esgrimió que no convalidaría un proceso que consideró viciado desde su origen. “El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, afirmó en la red social X el letrado Juan Carlos Portugal, acusando al Congreso de haber “renunciado a esta garantía” y consumado “su violación”. Otro de sus defensores, Joseph Campos, ahondó en el argumento: la falta de acceso al contenido específico de las mociones de vacancia imposibilitaba, a su juicio, una defensa técnica sólida. “No en estas condiciones”, zanjó Portugal, en un mensaje que resonó como epitafio de una gestión que nació de la crisis y murió por la fuerza del voto. El proyecto de ley de destitución, leído ante el pleno antes de la votación, declaró la “permanente incapacidad moral” de Boluarte para gobernar, activando de inmediato el mecanismo de sucesión que llevó a Jerí —un derechista con amplio respaldo en la cámara— a la primera magistratura de manera interina. El escenario que se abre a partir de ahora es incierto, país acostumbrado a los vaivenes de su vida política, despide a su quinto mandatario en ocho años. La salida de Boluarte no resuelve, sin embargo, los problemas de fondo: la desconfianza en las instituciones, la fragmentación del poder y la sombra alargada de un Congreso que, una vez más, demostró ser juez y parte en el destino de sus presidentes.
Investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte: Acusaciones de abandono de cargo y emisión de funcionesa
• Con esta son seis las investigaciones en marcha que tiene la mandataria por diversos delitos Por Thiago Zorrilla Acosta Lima, Perú – 6 de diciembre. – La fiscal general peruana, Delia Espinoza, anunció el inicio de una nueva investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con su \»impedimento temporal\» para ejercer la presidencia entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, tras someterse a una operación de rinoplastia. Esta es la sexta indagación fiscal que enfrenta Boluarte, quien ya ha sido objeto de varias acusaciones por diversos delitos. En un comunicado, Espinoza explicó que la investigación se centra en la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales durante los 11 días posteriores a su cirugía. Según la legislación peruana, el abandono de cargo se produce cuando un funcionario deja su puesto sin haber cesado legalmente, mientras que la omisión de actos funcionales ocurre cuando un servidor público no cumple con sus deberes de forma ilegal. Ambos delitos conllevan penas de hasta dos años de prisión. La fiscal general tiene la facultad de interrogar a Boluarte, al cirujano que la operó y a otros funcionarios del palacio presidencial, incluidos ministros, para esclarecer si la mandataria dejó de ejercer sus funciones durante su convalecencia. Si se concluye la investigación y se encuentran suficientes evidencias, Espinoza podría presentar una acusación constitucional ante el Parlamento, lo que permitiría que Boluarte sea juzgada por la Corte Suprema una vez finalice su mandato el 28 de julio de 2026. Esta nueva indagación se produce en un contexto de creciente presión sobre la presidenta, quien ya enfrenta cinco investigaciones previas, entre ellas una por homicidio calificado relacionada con las muertes de manifestantes durante las protestas que exigían su renuncia entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El exprimer ministro Alberto Otárola, quien ocupó el cargo entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, declaró recientemente ante una comisión del Parlamento que Boluarte se sometió a la cirugía sin informar al gabinete ni al Legislativo. Comentarios de expertos legales sugieren que la presidenta pudo haber incumplido la Constitución al no avisar sobre su operación, lo que podría haber evitado un \»vacío de poder\». El actual primer ministro, Gustavo Adrianzén, defendió a Boluarte, calificando la revelación de su cirugía como \»una bajeza\» y asegurando que la presidenta \»nunca ha abandonado sus funciones\». La popularidad de Dina Boluarte se encuentra en un punto crítico, con una aceptación de solo 3%, según una reciente encuesta de Datum Internacional. Su impopularidad ha alcanzado el 94%, lo que refleja la creciente insatisfacción de la ciudadanía con su gestión. Con el país en un clima de incertidumbre política, la situación de Boluarte y las investigaciones en su contra continuarán siendo tema de debate en el ámbito público y político en Perú.