El negocio de la deuda pública
Recientemente se publicó el estudio “Deuda pública en República Dominicana: cuánto pagamos, cuánto debemos y quién gana”. Este documento, bajo el auspicio académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, pone el foco en las cifras de la deuda estatal, pero con la novedad de explicar tanto la deuda externa como la interna, y, además, quiénes son los reales beneficiarios de la misma. En el estudio se revela que para cubrir deuda pública y déficit, el Presupuesto General del Estado 2026 destinará 401,800 millones de pesos, compitiendo con lo destinado al Ministerio de Educación y Ministerio de Salud juntos. Un 23.4 % del Presupuesto 2026 será cubierto con nueva deuda, el famoso \»roll over\» de asumir más deuda nueva para pagar la antigua. La deuda pública total ha llegado a la impactante suma de 74,895 millones de dólares, un 57.5 % del PIB. De este total, la deuda del Gobierno (sector público no financiero) llega a 60,183 millones de dólares. De estos, 16,141 millones de dólares son deuda interna, que se le deben a prestamistas o compradores de bonos internos. De deberle a gobiernos y organismos internacionales, se ha pasado a que los acreedores privados controlen ya el 76 % de la deuda pública externa del Gobierno, y casi el 100 % de la deuda interna. Es decir, con la deuda se ha privatizado de facto el país, en más de la mitad del PIB. Es sumamente relevante conocer que las entidades de intermediación financiera internas tienen ya más de 900 mil millones de pesos invertidos en deuda del Gobierno y del Banco Central, encabezadas por las AFP, que tienen más de 803 mil millones de pesos colocados en el negocio. Esto significa que los grandes grupos financieros, dueños de las AFP, lograron con la Ley núm. 87-01 de “seguridad social” que las cotizaciones sociales y los fondos de pensiones no le den a prácticamente nadie una pensión digna y suficiente, pero sí sean un mecanismo para obtener ingentes ganancias de forma improductiva y, de paso, acumular poder económico y poder político teniendo al Estado como deudor en bonos que pagan con sus impuestos los mismos cotizantes que ponen el dinero. La crisis fiscal permanente es un jugoso negocio. Se dan privilegios fiscales a quienes deberían pagar más, lo cual limita los recursos para desarrollar el país, tener derechos garantizados, servicios dignos y calidad de vida. A los mismos grupos que no pagan esos impuestos se les entrega riqueza social como los fondos de pensiones, para que hagan negocios endeudando al país, a cambio de darle a la gente limosnas, precariedad e inseguridad; y es la misma mayoría de gente la que carga con la mayor parte de impuestos que los de arriba no cubren y pagará también la inmensa deuda, a través de generaciones. Encima, los acreedores privados terminan acorralando a las instituciones y las decisiones políticas. ¿Qué más se puede pedir? Resolver la crisis de ingresos y deuda con una nueva política fiscal es imperativo, para que los recursos de la sociedad sean suficientes, rindan y estén al servicio del bienestar social; para que no se vayan en pagarle a prestamistas; y para recuperar, de verdad, la soberanía económica y política y que las instituciones respondan al conjunto del pueblo dominicano, como dicta la Constitución, y no a quienes controlando las riquezas se han convertido en un poder supremo, sin que nadie los elija.
Claroscuro Fiscal: El Gobierno enarbola cifras ante la crítica opositora
Bajo la lupa del FMI, la deuda pública dominicana se sitúa por debajo del promedio regional, esgrimiendo el Ejecutivo un crecimiento económico que supera al endeudamiento. La oposición, sin embargo, mantiene su embate contra los niveles de financiamiento adquiridos. POR CÉSAR DALMASI GUZMÁN SANTO DOMINGO.— Entre el humo de la batalla política y la fría estadística de los organismos internacionales, el Gobierno ha plantado este viernes su bandera de triunfo fiscal: la República Dominicana se consolida, asegura, como una de las naciones con menor lastre de deuda pública en el convulso panorama de América Latina y el Caribe. La afirmación, emitida desde la Presidencia de la República, surge como réplica certera a los dardos lanzados por la oposición a inicios de semana y se apuntala en los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las propias cuentas nacionales. Las cifras, pulidas y presentadas con esmero, indican que la Deuda Pública Consolidada alcanzó un 57.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el cierre de 2024, y que para agosto del presente año 2025, la proporción ha descendido a un 56.9%. Este dique, sostiene el Ejecutivo, contiene la marea del endeudamiento muy por debajo del promedio regional y en una posición de clara ventaja frente a economías vecinas. El informe del FMI, citado con insistencia, coloca a la nación caribeña en un escalón más benigno que el de Bolivia (95%), Brasil (87.3%), Argentina (85.3%) o Costa Rica (74.2%). La Proeza del Crecimiento La clave de este desahogo relativo, arguye el documento oficial, no reside en una austera contención del gasto, sino en la robustez de la economía nacional. La Presidencia explicó que el descenso del ratio Deuda/PIB “responde principalmente al crecimiento del PIB nominal, que ha avanzado en mayor proporción que la deuda”. En el período comprendido entre 2021 y 2024, el PIB nominal en dólares se expandió a un vigoroso promedio del 13%, mientras que el stock de deuda lo hizo a un ritmo más pausado, de un 7%. Este comportamiento, se subraya, ha permitido al país mantener un “perfil de endeudamiento controlado y una posición fiscal más sólida que la mayoría de los países de la región”, labrando así una reputación de solvencia en los mercados internacionales. El Otro Lado de la Moneda El comunicado gubernamental no es, sin embargo, un ejercicio aislado de autopromoción. Es, sobre todo, la contundente respuesta a un agresivo capítulo de cuestionamientos. El pasado lunes, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cargó sus baterías contra lo que considera un nivel de financiamiento excesivo bajo la actual administración. La réplica del presidente Luis Abinader no se hizo esperar. Ante las cámaras en La Semanal con la Prensa, el jefe de Estado esgrimió un argumento que busca descargar la responsabilidad en administraciones pasadas. Aseguró que el 80% de la deuda adquirida durante su gestión ha tenido como destino saldar y refinanciar los préstamos heredados de los gobiernos de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. Una aseveración que, previsiblemente, fue recibida con escepticismo y pronto rechazo por los voceros de la oposición, cerrando así, por ahora, un nuevo round de un debate que promete extenderse mientras la deuda, en términos absolutos, siga existiendo.
El endeudamiento público no es malo
Durante las administraciones del presidente Joaquín Balaguer, especialmente en los últimos 10 años de su ejercicio, el endeudamiento público fue casi nulo, a partir del concepto del veterano estadista de que el país podría afrontar su desarrollo mediante el ahorro interno. Balaguer fue siempre un acérrimo enemigo de tomar prestado para financiar sus ambiciosos programas de construcción de obras públicas, en especial presas, puentes y canales de regadío entre otras, que sin lugar a duda tuvieron un gran impacto en beneficio del país. Sin embargo, esa política mantuvo la economía represada a un tamaño muy por debajo de su potencial, y condenó a millones de personas a múltiples limitaciones. La visión de construir “con el ahorro interno”—ahorro extremadamente limitado—fue responsable del descalabro económico de principios de los años 90 del pasado siglo, principalmente cuando el Gobierno se embarcó la construcción de las presas de Jigüey-Aguacate y del acueducto Valdesia-Santo Domingo. Estas infraestructuras consumieron “el ahorro interno” de que hacía gala el gobernante, y aun así se mantuvo renuente a recurrir al financiamiento para el desarrollo facilitado por los organismos internacionales a tasas casi de concesión. Al asumir el Gobierno una generación con criterio mucho más moderno, entendieron que el endeudamiento moderado es un aliado fundamental para el desarrollo y contribuye a expandir la economía, la cual pasó de unos 23,000 millones de dólares (la represa del doctor Balaguer), a un ritmo progresivo de crecimiento que hoy se ubica por encima de los 127,000 millones, o sea, casi seis veces más. Estamos hablando de que, en términos estadísticos, los dominicanos somos hoy menos pobres que hace 25 años, aunque sabemos que el per cápita es una medición engañosa, pero la única que existe para distribuir la riqueza entre todos los habitantes de un territorio. Y esa expansión se debe, en parte, al financiamiento fundamental externo, pues si bien parte de esos recursos se han empleado para cubrir gasto corriente, la mayor parte se encuentra invertida en carreteras, puentes, canales de riego, aeropuertos y otras infraestructuras vitales para el funcionamiento dinámico de una nación. Esta realidad nos indica que satanizar el endeudamiento público responsable y útil, es una conducta que se corresponde con una visión cerrada del Estado. La actual discusión sobre cual administración ha tomado más préstamos es más política que económica.
La Deuda Pública Dominicana y La Sombra de la Mentira
Diputados opositores tildan de \»mitómano\» al presidente, rechazan que nuevos créditos paguen deudas antiguas y aseguran: los fondos no construyen país, se consumen en gasto corriente. Por Brendalis Reyes SANTO DOMINGO.— La tribuna política se convirtió en un campo de batalla donde el arma principal fue el dicterio. Diputados de la oposición, procedentes de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de Fuerza del Pueblo, descargaron su artillería retórica contra el presidente Luis Abinader, a quien, tras sus recientes declaraciones, no dudaron en calificar de “mitómano”. El epíteto, grave y personal, marca un nuevo punto de ebullición en el ya tenso diálogo entre el oficialismo y las bancadas adversarias. La chispa que encendió la conflagración verbal fue la afirmación del mandatario de que la mayor parte de los préstamos adquiridos bajo su administración han sido destinados a saldar obligaciones heredadas de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Una aseveración que, desde la oposición, no se percibe como un simple error de apreciación, sino como una “burla a la inteligencia de los ciudadanos”. El diputado Carlos de Pérez (PLD) fue taxativo en su descargo. “Los préstamos que se han hecho aquí tienen nombre y ninguno ha salido para pago de la deuda”, afirmó, esgrimiendo una contundencia que buscaba desmontar la tesis presidencial. Pérez enumeró desde obras de drenaje pluvial hasta acueductos, para luego lanzar la pedrada final: “Me parece que el presidente es mitómano de manera natural, que no es accidental… es un problema que incluso debiera ser tratado”. En la misma línea, el vocero de la bancada peledeísta, Rafael Castillo, aportó cifras para sustentar la refutación. Aseguró que de los más de dos billones de pesos en préstamos, apenas un 26% se ha destinado al pago de deuda e intereses, insinuando que el resto se ha diluido en otros conceptos menos loables. Desde su escaño, el diputado Danilo Díaz lanzó una singular recomendación: “Alguien tiene que aconsejarle al presidente Abinader que ya suspenda ‘LA Semanal’, porque cada semana lo que está haciendo es desnudando más las mentiras que se ve forzado a decir para justificar cómo va el país”. El argumento opositor no se limitó a desmentir el destino de los fondos. Charlie Mariotti Jr. se sumó al coro de críticas, señalando que el problema de fondo no es la continuidad del Estado al asumir deudas anteriores –algo que presentan como una práctica normal–, sino que “la mayor parte de esos préstamos el Gobierno no ha tomado para gasto corriente que no tienen retorno ni solucionan problemas”. La acusación central es clara: la deuda no se invierte, se gasta. Frente a este torrente de acusaciones, la posición del Gobierno, enunciada previamente por el propio Abinader, permanece en pie. El mandatario había asegurado que, mientras en la administración de Danilo Medina la deuda del sector público no financiero aumentó en un 19.9%, en la suya “la deuda pública se ha reducido en alrededor de un tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”. El debate, sin embargo, ha trascendido las frías estadísticas para adentrarse en el pantanoso terreno de la credibilidad. Lo que está en juego ya no es solo el destino técnico de un préstamo, sino la fiabilidad de la palabra presidencial. La oposición, al elegir el término “mitómano”, ha buscado herir de muerte la confianza en el primer mandatario. “Ya está bueno de mentiras, ya está bueno de manipulación”, sentenció Mariotti, encapsulando un sentimiento que, más allá de la contienda política, reclama, ante todo, veracidad.