Los cambios en el gobierno y su contexto
El punto más saliente de la presente coyuntura mundial es el de la guerra económica, desencadenada por el grupo económico que, con relativa y quizás momentánea autonomía frente a los grupos económicos tradicionales, acaba de iniciar su hegemonía política en EEUU. Ágora Por César Pérez En la cultura policía dominicana, los cambios en el tren gubernamental crea muchas y a veces exageradas expectativas. El anunciado e iniciado por el presidente Abinader no es una excepción, pero tiene la peculiaridad que no han tenido las habituales: Se hace poco después de que este presentase un proyecto de reformas, una de ella fiscal vital para el discurrir de su último mandato y que naufragó, afectando significativamente su imagen y la de su mandato según mediciones del propio gobierno. Y, quizás lo más importante, los cambios se hacen en un turbulento contexto internacional en cuyo epicentro está EE. UU., ahora gobernado por una nueva élite económica imprevisible que rompe toda lógica de la política y de la economía tradicionales. El punto más saliente de la presente coyuntura mundial es el de la guerra económica, desencadenada por el grupo económico que, con relativa y quizás momentánea autonomía frente a los grupos económicos tradicionales, acaba de iniciar su hegemonía política en EEUU. Eso significa que estamos ante la más peligrosa incertidumbre social o epocal: la económica. La incertidumbre en el área de la economía afecta todas las esferas de la sociedad. A parte de eso, como se trata de una guerra, en las guerras mueren primeros los sectores más vulnerables: los niños, los envejecientes y las mujeres. En una guerra económica, como es el caso, los más afectadas no serán las potencias enfrentadas, sino las economías más vulnerables, las de los países pequeños. Básicamente. En ese contexto, quizás casualmente, discurre el proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, sin que se sepa quien en fin de cuentas será el ministro que estará al frente del ministerio fusionado, siendo este otro de los elementos que hacen complicado el cambio de funcionarios para los más de tres años que le restan al gobierno. Por tanto, el cambio de tripulación anunciado e iniciado implica la imperiosa necesidad de un cambio de ruta. Ello así, porque nuevos ministros y administradores de áreas claves del gobierno de por sí no garantizan cambio de ruta, que es lo esencial. La eficacia de un nuevo funcionario público no depende sólo de su formación o voluntad, depende esencialmente de la ruta que con sentido de totalidad haya trazado el jefe de la administración pública. Podría decirse, en este caso, que por lo menos tres de los ministros recién nombrados y muchos de los nuevos funcionarios de importantes áreas del gobierno son profesional y personalmente buena selección y que muchos de los otros que se dice serán removidos y/o nombrados también lo serían, pero eso no basta, lo esencial es hacia dónde, con quién y hacia cuál sector social se orientará la nueva ruta que el contexto nacional e internacional obliga tomar al presidente. Esto no solo será determinante para que los cambios den buenos resultados a breve, mediano y a largo plazos, sino para el legado que deberá dejar el presidente y para que, de cara al 2028, sea su partido el que le suceda en el poder. Es lo que preocupa a propios y ajenos de ese partido. En ese tenor, es lógico que la presente administración requiera de una reorientación que logre mayores niveles de eficiencia y de eficacia, o sea, que cumpla con las expectativas de la gente, pero para eso tiene que ser incuestionablemente más democrática y cónsona con el “el compromiso de seguir apostando al desarrollo a través de la acción que protagonizan las organizaciones de la sociedad civil” como afirmase el presidente Abinader en noviembre pasado. Esto significa que tiene que conectarse con una serie de demandas que desde diversos sectores de la sociedad civil se le han formulado, sin que hasta el momento esos sectores se sientan satisfechos con las respuestas dada. Antes del inicio del proceso de fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, el grueso del equipo de este último realizó una encuesta sobre cultura democrática en la población para identificar sus aspiraciones y de esa forma orientar el gasto y las políticas sociales en el territorio. Un auspicioso y novedoso gesto de un ministerio de economía que debería ser recuperado en el intento de relanzamiento buscado por el gobierno con sus cambios. También, deberían recuperarse los compromisos de respeto a los derechos más elementales del ser humano, sin importar las condiciones en que se encuentra en nuestro suelo patrio; impulsar la aprobación del Código Penal con las tres causales y retomar el proyecto de reforma fiscal. Igualmente, hacer conciencia del drama humano y sus consecuencias económicas a que conducen las deportaciones masivas que se han iniciado en los EEUU para reorientar una política migratoria que hasta el momento ha discurrido esencialmente sin observar el debido proceso; profundizar la lucha contra la corrupción y el adecentamiento de la Justicia. Poner en primer plano la real defensa de la soberanía de los estados y una ineludible solidaridad con los países que en este momento están sometidos a vejatorias amenazas por parte de los EEUU. Entre otros, son estos puntos de referencias para evitar que los actuales cambios en la administración pública sean sólo de forma y no de contenido. Como debe ser.
Las deportaciones masivas de haitianos: No resuelven el problema de fondo, al contrario, lo relega y agrava, teniendo además un impacto negativo en el terreno económico
Por Julio Guzmán Acosta La reciente ola de deportaciones masivas de haitianos dispuesta por el gobierno de Luis Abinader y el PRM desde la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos, la economía y la identidad nacional. La situación es preocupante, pero no se puede ignorar el impacto positivo que la comunidad haitiana ejerce en la economía dominicana, independientemente de su estatus migratorio. Los haitianos han sido una parte clave del desarrollo económico del país desde siempre y con mayor impacto en los últimos años, especialmente en sectores fundamentales como el agrícola, la construcción y los servicios domésticos. En el campo, su mano de obra es indispensable; los productores agricultores dominicanos dependen de su trabajo para mantener la producción de alimentos, especialmente en un país donde la agricultura enfrenta retos constantes como la escasez de trabajadores dominicanos. Sin embargo, este aporte no siempre es reconocido ni valorado, y muchos de estos trabajadores carecen de condiciones laborales dignas y seguras. En la construcción, el papel de la mano de obra haitiana es igualmente crucial. Su fuerza laboral por las condiciones de contratación, que en muchos casos no está registrada como contratación oficial, resulta más barata para los empresarios, lo que ha permitido que muchas obras se realicen en tiempos más cortos y con costos reducidos. Del mismo modo, en el sector de servicios domésticos, muchas familias dominicanas dependen de los haitianos para el cuidado del hogar y la atención a los niños. Este trabajo, aunque a menudo invisibilizado y desvalorizado, es el cimiento que sostiene gran parte de la estructura social de muchas familias dominicanas. Sin embargo, la política de deportaciones masivas pone en riesgo no solo a los individuos, sino también a las dinámicas económicas que han llegado a depender de su labor. La repatriación no solo afecta a los adultos, sino que también deja desamparados a sus hijos e hijas nacidos en República Dominicana y que muchos de ellos no cuentan, ni con documentos dominicanos, ni haitianos, lo mismo ocurre con sus parejas. Las familias separadas sufren no solo la pérdida emocional, sino también el impacto financiero, dejando a muchas mujeres y niños en un estado de vulnerabilidad extrema sin el apoyo del proveedor principal familiar, que en la mayoría de los casos es el padre. Además, es preocupante la falta de consideración por los derechos de aquellos que son deportados, especialmente en casos donde los haitianos cuentan con documentos legales en la República Dominicana. La repatriación de estos individuos no solo es un acto ilícito, sino una violación directa de sus derechos humanos. Es un absurdo que en momentos donde se habla tanto de derechos civiles y humanos, se ignoren las circunstancias legales y se actúe con tanta inhumanidad. La falta de un debido proceso en las deportaciones masivas es alarmante, creando un ambiente de miedo y desconfianza entre la población migrante haitiana. La economía dominicana debe reconocer que los migrantes haitianos, tanto regularizados como no regularizados, son una parte integral del tejido económico. Ignorar su contribución y someter a la comunidad a un trato injusto no solo es moralmente incorrecto, sino que también socava los cimientos de una economía que se beneficia significativamente de su trabajo. La historia ha demostrado que la inclusión es un camino correcto hacia la prosperidad, y la exclusión puede llevar a un deterioro del entorno social, económico, político y caldo de cultivo para el deterioro de las ya maltrechas relaciones entre ambos países. Es fundamental que el país desarrolle políticas migratorias que no solo se ocupen de la seguridad nacional, sino que también respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. El contenido central de esa política debe estar enfocada hacia la regularización y la inclusión, en lugar de la criminalización y el miedo. En este sentido, la presión de la comunidad internacional y la sociedad dominicana en su conjunto juega un papel vital para que la República Dominicana pueda construir una narrativa de convivencia y respeto hacia nuestros vecinos haitianos. En resumen, las deportaciones masivas de haitianos son un problema que va más allá de los límites políticos y económicos; es un desafío moral. La riqueza cultural y económica que los haitianos aportan a la República Dominicana debe ser reconocida y celebrada, no relegada al olvido. Las soluciones deben centrarse en la inclusión y la protección de los derechos de las comunidades migrantes, asegurando que sus vidas y sus contribuciones no se vean sacrificadas en nombre de políticas migratorias restrictivas. La República Dominicana tiene la oportunidad de demostrar que es un hogar para todos, donde los derechos y dignidades de todas las personas son valorados y protegidos.
En República Dominicana pedimos trato digno hacia los/as haitianos/as
Por Mildred Dolores Mata La isla compartida por Haití y República Dominicana tiene en común trabajos compartidos, medio ambiente, economía… Tenemos diferentes sentimientos, posiciones, sobre todo por el valor de las personas y por el reconocimientos de aportes de los haitianos y de sus descendientes. El gobierno de RD acaba de anunciar que se deportarían 10,000 inmigrantes haitianos/as por semana. Hasta ahora no se ha tenido capacidad de desarrollar procesos ordenados y humanizados de deportaciones por lo que se expresa rechaza y sentimientos de temor, desconfianza. En Haití, autoridades y organizaciones de la sociedad civil igual se han expresado de apoyar la ejecución de acciones para que las personas deportadas tengan una acogida digna, y también han pedido lo mismo que organizaciones de RD: trato digno. Diversas instituciones, organizaciones, medios de comunicación, personas, han estado expresando su sentir de que en RD seamos respetuosos en la aplicación de las leyes y reglamentaciones, convenios internacionales en las deportaciones de haitianos/as. Además de que se regularice la estadía de descendientes de haitianos/as nacidos/as en RD y no se les deporte violentando sus derechos. El respeto a la dignidad humana debe ser el eje de todas las acciones estatales y sociales. Se quiere llamar la atención de manera prioritaria en lo expresado por las Instituciones y organizaciones “…denunciaron que niñas y niños están quedando abandonados, sin protección familiar debido a las deportaciones arbitrarias de sus madres, lo que tiene un impacto devastador no solo en la parte económica, al ser las madres las principales proveedoras, sino también en su desarrollo emocional y psicológico.” https://acento.com.do/politica/feministas-repudian-las-deportaciones-masivas-de-inmigrantes-haitianos-9405757.html A final de esta semana ha sido violentado el local del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, MOSCTHA, para cuya institución se ha pedido respeto y seguridad. Organizaciones firmantes A turma da bahiana Activista Feminista internacionalista Activistas Feministas de la Laguna ADEMKAN Asi soy Asociación de Médicos Mixto Internacional (AMMI) Asociación por la Libertad de las personas Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Ce-Mujer Centro de Derechos de Mujeres Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC) Centro Mujeres AC CIMUDIS (Círculo de Mujeres con Discapacidad) CIPAF (Centro para Investigación la Acción Femenina) CLADEM – Uruguay CLADEM-RD Colectivo Género y Teología para el Desarrollo Colectivo Rebeldía COLEHT COMIDHI COMITÉ por la Unidad y los Derechos de la Mujer – CUDEM Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba Confederación Nacional de Mujeres del Campo – CONAMUCA Cotidiano Mujer/AFM Diversidad Dominicana Equidad de Género Equipo de Mujeres en Desarrollo Familias Diversas FFMP, Foro Feminista Magaly Pineda FSOC/UBA FUNDACIÓN DE SALVACIÓN MENA FUNDESA Instituto de Filosofía Cuba Junta de Mujeres Mamá Tingó (Haina) Merino Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres MONDHA Mosctha, Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos Movimiento de mujeres Domínico Haitianas – MUDHA. Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó NAM, Núcleo de Apoyo a las Mujeres Organización de Apoyo Comunitario Personal Plataforma SoycaribeSoymujer Radio Tele C Plus Red de mujeres de SC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC RED DOMINICANA DE MUJERES FILÓSOFAS Red LESLAC – Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe Red Nacional de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT México Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de México (ddeser Edomex) SEDRA Spatium Libertas AC Tertulia Feminista Magaly Pineda Tertulia Feminista SUR Unión Democrática de Mujeres -UDEMU- Universidad Nacional de Colombia Uphard
Deportaciones masivas, debido proceso y contexto
Hay una exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. César Pérez Se dice que los gobiernos dominicanos no han podido establecer una coherente y eficaz política migratoria frente a Haití. Los hechos confirman ese aserto y la reciente decisión de iniciar un proceso de deportaciones masivas de nacionales de ese país, real o supuestamente indocumentados, constituye un ejemplo. En una fatídica semana, marcada por escandalosas denuncias de corrupción que de alguna manera tocan organismos de seguridad nacional, del incremento de la campaña de odio y de amenazas a quienes se oponen a esa y otras expresiones del ultranacionalismo cerril que se expande en el país, el gobierno anuncia un incierto plan para efectuar 10000 deportaciones semanales, sin que se sepa por qué y de dónde se saca ese número. Esa operación se anuncia y se inicia sin que haya evidencia de cambios relativos al debido proceso en la práctica de las redadas y transportación de reales y supuestos indocumentados, en las que las extorsiones para dejarlos libres, el robo de sus dineros y bienes y sin que sea manifiesta sanción alguna a los agentes que participan de esos operativos por los abusos y robos cometidos en esa casa del terror que es la cárcel ambulante denominada Camiona. Tampoco se conoce el desmantelamiento de la estructura delictiva que operaba en las actividades de despojo y de extorsión a los apresados; ni por qué se militariza la dirección de migración cuyas consecuencias podrían ser de acentuación del irrespeto a los derechos humanos. Y, quizás lo más importante, se recurre a esa medida sin haber avanzado prácticamente nada en el proceso de regularización iniciado con la Ley 169/14, promulgada para tratar de paliar los daños causado por la inconstitucional Sentencia 168/13. Se mantienen las trabas y maltratos contra los que buscan sus documentaciones en el plan de regularización. A 8 mil que se acogieron al plan se les otorgó residencia permanente y a los mayores de edad sus respectivas cédulas. Sin embargo, a pesar de decir “permanente”, esos documentos tenían fecha de vencimiento: el 2020 y las oficinas creadas para hacer efectiva la Ley se mantienen cerradas desde la pandemia, por lo cual a muchos se les vencieron esos documentos sin hasta ahora posibilidad de renovarlos. Se estima en 200 mil los nacidos antes del 2010 que fueron desnacionalizados por la Sentencia 168/13, de carácter retroactivo, que por diversas razones no pudieron acogerse a la Ley 169/14 y por su condición de “indocumentados” no pueden inscribir sus hijos en los centros educativos y estarían entre las víctimas de las redadas. Son cuestiones para tomarse en cuenta antes de tomar la medida de las deportaciones masivas. A ese propósito, recordemos la experiencia del abrupto cierre de la frontera que el tiempo demostró que era insostenible por su impacto negativo sobre la economía local, regional y binacional. La fuerza de los hechos lo fue abriendo paulatinamente. La razón se impuso a la fuerza. En este caso, los costes económicos (ya a la vista), humanos y para la imagen/país serán mayores. Fatigosamente, en la primera semana podría llegarse a los 10 mil deportados, pero a qué precio en términos de injusticias, errores, de personas apresadas y expulsadas en proceso de regularización, generalmente nacidos y criados en el país antes del 2010, de madres, padres o tutores que son obligados a abandonar bienes e hijos por culpa de las trabas burocráticas, injusticias e ilegalidad del sistema para regular su estatus. Se creará un clima de terror en una comunidad, cercenando sus derechos a la libre circulación para ir a sus trabajos, llevar sus hijos a los centros educativos y obligados a vivir recluidos. Constituye una tragedia enviar a una o a un grupo de personas a un sitio totalmente desconocido cuyas condiciones de vida además de deplorables son en extremo peligrosas, algo contrario a principios universales de las deportaciones. Todo Estado es soberano en su política migratoria, no se discute. Pero, en este caso, resulta inconducente ejecutarla en un contexto de exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, de acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. Las persecuciones indiscriminadas provocan estrés a la sociedad, son inhumanas y económicamente insostenible, y provoca diversas formas de violación de derechos. El contexto internacional es de exacerbación del ultranacionalismo, mediante el cual se construye una identidad basada en el odio, en el odio como pasión colectiva contra el no idéntico, parafraseando a U. Eco Cualquier identidad nacional construida sobre esa base indefectiblemente descansará en pilares corroídos. Finalmente, necesitamos buenas relaciones con Haití porque constituye una imprescindible fuente de mano de obra, ¿que debe ser controlada? Sin dudas, pero la lógica de nuestra economía y de la economía mundial determina su carácter imprescindible. Para bien de esas relaciones, el Estado dominicano debe renfocar el tema migratorio y de las deportaciones, retomar el plan de regularización iniciado con la Ley 169/14, reabrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para tal fin y entender que la inexistencia de infraestructuras, recursos humanos, protocolos, con una frontera porosa, insegura y antro de corrupción, las deportaciones masivas son inviables.