Regular la migración con transparencia y firmeza
La República Dominicana tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y regular los flujos migratorios, especialmente cuando se trata de migración irregular que afecta la seguridad nacional, los servicios públicos y la cohesión social. Sin embargo, este ejercicio legítimo debe realizarse con estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes y, sobre todo, con una estrategia integral que ataque no solo los síntomas, sino las causas profundas del problema. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado las redadas y deportaciones de nacionales haitianos en situación irregular, una medida que, aunque legal, resulta insuficiente si no va acompañada de acciones contundentes contra las redes de corrupción que operan en la frontera. Mientras el gobierno anuncia con bombo y platillo las expulsiones masivas, en la misma frontera, bajo la mirada cómplice de funcionarios civiles y militares, cientos de indocumentados continúan entrando al país, alimentando un negocio ilícito que lucra con la necesidad y la desesperación de miles de personas. La doble moral fronteriza No hay política migratoria efectiva sin erradicar la corrupción en la frontera. Resulta hipócrita expulsar a miles de haitianos indocumentados mientras autoridades dominicanas —encargadas de vigilar los pasos fronterizos— permiten el ingreso ilegal a cambio de sobornos. Este tráfico de personas no solo socava la seguridad nacional, sino que perpetúa un ciclo perverso: los migrantes son deportados por un lado, mientras por otro se les permite entrar nuevamente, en un juego macabro que beneficia a mafias locales. Pero el problema no se limita a los haitianos. Ciudadanos chinos, venezolanos y colombianos también se mueven con impunidad en el país, muchos de ellos sin documentos regulares, gracias a la misma red de complicidades. ¿De qué sirve la retórica de \»mano dura\» si no se ataca el corazón del problema? Hacia una solución integral El Estado dominicano debe: 1. Desmantelar las redes corruptas en la frontera, investigando y sancionando a funcionarios cómplices, sin importar su rango. 2. Fortalecer los controles migratorios con tecnología y capacitación, más allá de las operaciones mediáticas. 3. Garantizar procesos de deportación transparentes y humanos, evitando abusos y violaciones a los derechos de los migrantes. 4. Trabajar con Haití y otros países, en políticas migratorias coordinadas que aborden las causas de la migración irregular. La migración no se resuelve solo con redadas. Exige una estrategia clara, coherente y libre de dobles discursos. La República Dominicana tiene derecho a proteger sus fronteras, pero ese derecho debe ejercerse con justicia, eficiencia y, sobre todo, limpiando primero su propia casa.
Trump considera declarar Emergencia Nacional para deportaciones masivas: Miles de dominicanos en riesgo
Por Brendalis Reyes El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de declarar una emergencia nacional para implementar un plan de deportación masiva al asumir el cargo el próximo 20 de enero. Esta declaración fue anunciada a través de su red social Truth Social, generando inquietud entre activistas que advierten que tal acción podría ser ilegal. La situación es particularmente preocupante para miles de dominicanos que han ingresado al país de manera irregular, quienes podrían enfrentar un riesgo inminente de deportación. Según Roberto Cruz, experto en temas migratorios, la falta de acciones legales para regularizar su estatus migratorio deja a estos inmigrantes en una situación vulnerable. Durante una entrevista en el programa \»Esto No Tiene Nombre\», Cruz destacó que alrededor del 95% de los dominicanos que entraron al país sin documentación no han iniciado ningún proceso en las cortes de inmigración. “Muchos dominicanos simplemente entraron por la frontera y no sometieron ningún proceso en corte, por tanto, se han quedado en el aire”, señaló Cruz, quien advirtió que esto los expone a ser deportados sin posibilidad de defensa. El experto enfatizó que, al no haber presentado un caso ante la corte, estos inmigrantes carecen de herramientas legales que les permitan evitar la deportación. “Si te agarran, te entran a la cárcel de deportación y tú no tienes nada. ¿Quién eres? Nadie. Eres solo otro más que se fue para su país”, afirmó. Alternativas Legales y Desinformación Cruz también abordó la desinformación que rodea las opciones legales disponibles para los dominicanos. A pesar de la percepción generalizada de que no calificarían para asilo, existen mecanismos como el “withholding of removal” que podrían beneficiar a quienes enfrentan amenazas en su país de origen. “Si tienes un problema con un policía en la República Dominicana o has enfrentado amenazas en tu vecindario, tu vida corre peligro. Por tanto, podrías someter una solicitud de ‘withholding’”, explicó. La falta de información clara ha contribuido a que muchos dominicanos no presenten solicitudes legales dentro del plazo requerido. Cruz advirtió que, al no poder someter nada, se encuentran sin opciones para defenderse. Además, la saturación del sistema judicial migratorio estadounidense complica aún más la situación, con citas que a menudo se programan para más de un año en el futuro. “Las cortes están tan saturadas con casos de inmigrantes de diversas nacionalidades que las citas se asignan con demoras de más de un año. Esto puede resultar en que muchos lleguen tarde para presentar una solicitud de asilo”, agregó Cruz. Ante este panorama, miles de dominicanos se encuentran en un estado de incertidumbre y riesgo de deportación. Cruz subrayó la urgencia de que aquellos que se encuentren en esta situación evalúen las alternativas legales disponibles para protegerse y evitar ser víctimas de la inminente ola de deportaciones que podría desencadenarse bajo la administración de Trump.