Las deportaciones masivas de haitianos: No resuelven el problema de fondo, al contrario, lo relega y agrava, teniendo además un impacto negativo en el terreno económico
Por Julio Guzmán Acosta La reciente ola de deportaciones masivas de haitianos dispuesta por el gobierno de Luis Abinader y el PRM desde la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos, la economía y la identidad nacional. La situación es preocupante, pero no se puede ignorar el impacto positivo que la comunidad haitiana ejerce en la economía dominicana, independientemente de su estatus migratorio. Los haitianos han sido una parte clave del desarrollo económico del país desde siempre y con mayor impacto en los últimos años, especialmente en sectores fundamentales como el agrícola, la construcción y los servicios domésticos. En el campo, su mano de obra es indispensable; los productores agricultores dominicanos dependen de su trabajo para mantener la producción de alimentos, especialmente en un país donde la agricultura enfrenta retos constantes como la escasez de trabajadores dominicanos. Sin embargo, este aporte no siempre es reconocido ni valorado, y muchos de estos trabajadores carecen de condiciones laborales dignas y seguras. En la construcción, el papel de la mano de obra haitiana es igualmente crucial. Su fuerza laboral por las condiciones de contratación, que en muchos casos no está registrada como contratación oficial, resulta más barata para los empresarios, lo que ha permitido que muchas obras se realicen en tiempos más cortos y con costos reducidos. Del mismo modo, en el sector de servicios domésticos, muchas familias dominicanas dependen de los haitianos para el cuidado del hogar y la atención a los niños. Este trabajo, aunque a menudo invisibilizado y desvalorizado, es el cimiento que sostiene gran parte de la estructura social de muchas familias dominicanas. Sin embargo, la política de deportaciones masivas pone en riesgo no solo a los individuos, sino también a las dinámicas económicas que han llegado a depender de su labor. La repatriación no solo afecta a los adultos, sino que también deja desamparados a sus hijos e hijas nacidos en República Dominicana y que muchos de ellos no cuentan, ni con documentos dominicanos, ni haitianos, lo mismo ocurre con sus parejas. Las familias separadas sufren no solo la pérdida emocional, sino también el impacto financiero, dejando a muchas mujeres y niños en un estado de vulnerabilidad extrema sin el apoyo del proveedor principal familiar, que en la mayoría de los casos es el padre. Además, es preocupante la falta de consideración por los derechos de aquellos que son deportados, especialmente en casos donde los haitianos cuentan con documentos legales en la República Dominicana. La repatriación de estos individuos no solo es un acto ilícito, sino una violación directa de sus derechos humanos. Es un absurdo que en momentos donde se habla tanto de derechos civiles y humanos, se ignoren las circunstancias legales y se actúe con tanta inhumanidad. La falta de un debido proceso en las deportaciones masivas es alarmante, creando un ambiente de miedo y desconfianza entre la población migrante haitiana. La economía dominicana debe reconocer que los migrantes haitianos, tanto regularizados como no regularizados, son una parte integral del tejido económico. Ignorar su contribución y someter a la comunidad a un trato injusto no solo es moralmente incorrecto, sino que también socava los cimientos de una economía que se beneficia significativamente de su trabajo. La historia ha demostrado que la inclusión es un camino correcto hacia la prosperidad, y la exclusión puede llevar a un deterioro del entorno social, económico, político y caldo de cultivo para el deterioro de las ya maltrechas relaciones entre ambos países. Es fundamental que el país desarrolle políticas migratorias que no solo se ocupen de la seguridad nacional, sino que también respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. El contenido central de esa política debe estar enfocada hacia la regularización y la inclusión, en lugar de la criminalización y el miedo. En este sentido, la presión de la comunidad internacional y la sociedad dominicana en su conjunto juega un papel vital para que la República Dominicana pueda construir una narrativa de convivencia y respeto hacia nuestros vecinos haitianos. En resumen, las deportaciones masivas de haitianos son un problema que va más allá de los límites políticos y económicos; es un desafío moral. La riqueza cultural y económica que los haitianos aportan a la República Dominicana debe ser reconocida y celebrada, no relegada al olvido. Las soluciones deben centrarse en la inclusión y la protección de los derechos de las comunidades migrantes, asegurando que sus vidas y sus contribuciones no se vean sacrificadas en nombre de políticas migratorias restrictivas. La República Dominicana tiene la oportunidad de demostrar que es un hogar para todos, donde los derechos y dignidades de todas las personas son valorados y protegidos.
En República Dominicana pedimos trato digno hacia los/as haitianos/as
Por Mildred Dolores Mata La isla compartida por Haití y República Dominicana tiene en común trabajos compartidos, medio ambiente, economía… Tenemos diferentes sentimientos, posiciones, sobre todo por el valor de las personas y por el reconocimientos de aportes de los haitianos y de sus descendientes. El gobierno de RD acaba de anunciar que se deportarían 10,000 inmigrantes haitianos/as por semana. Hasta ahora no se ha tenido capacidad de desarrollar procesos ordenados y humanizados de deportaciones por lo que se expresa rechaza y sentimientos de temor, desconfianza. En Haití, autoridades y organizaciones de la sociedad civil igual se han expresado de apoyar la ejecución de acciones para que las personas deportadas tengan una acogida digna, y también han pedido lo mismo que organizaciones de RD: trato digno. Diversas instituciones, organizaciones, medios de comunicación, personas, han estado expresando su sentir de que en RD seamos respetuosos en la aplicación de las leyes y reglamentaciones, convenios internacionales en las deportaciones de haitianos/as. Además de que se regularice la estadía de descendientes de haitianos/as nacidos/as en RD y no se les deporte violentando sus derechos. El respeto a la dignidad humana debe ser el eje de todas las acciones estatales y sociales. Se quiere llamar la atención de manera prioritaria en lo expresado por las Instituciones y organizaciones “…denunciaron que niñas y niños están quedando abandonados, sin protección familiar debido a las deportaciones arbitrarias de sus madres, lo que tiene un impacto devastador no solo en la parte económica, al ser las madres las principales proveedoras, sino también en su desarrollo emocional y psicológico.” https://acento.com.do/politica/feministas-repudian-las-deportaciones-masivas-de-inmigrantes-haitianos-9405757.html A final de esta semana ha sido violentado el local del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, MOSCTHA, para cuya institución se ha pedido respeto y seguridad. Organizaciones firmantes A turma da bahiana Activista Feminista internacionalista Activistas Feministas de la Laguna ADEMKAN Asi soy Asociación de Médicos Mixto Internacional (AMMI) Asociación por la Libertad de las personas Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Ce-Mujer Centro de Derechos de Mujeres Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC) Centro Mujeres AC CIMUDIS (Círculo de Mujeres con Discapacidad) CIPAF (Centro para Investigación la Acción Femenina) CLADEM – Uruguay CLADEM-RD Colectivo Género y Teología para el Desarrollo Colectivo Rebeldía COLEHT COMIDHI COMITÉ por la Unidad y los Derechos de la Mujer – CUDEM Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba Confederación Nacional de Mujeres del Campo – CONAMUCA Cotidiano Mujer/AFM Diversidad Dominicana Equidad de Género Equipo de Mujeres en Desarrollo Familias Diversas FFMP, Foro Feminista Magaly Pineda FSOC/UBA FUNDACIÓN DE SALVACIÓN MENA FUNDESA Instituto de Filosofía Cuba Junta de Mujeres Mamá Tingó (Haina) Merino Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres MONDHA Mosctha, Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos Movimiento de mujeres Domínico Haitianas – MUDHA. Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó NAM, Núcleo de Apoyo a las Mujeres Organización de Apoyo Comunitario Personal Plataforma SoycaribeSoymujer Radio Tele C Plus Red de mujeres de SC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC RED DOMINICANA DE MUJERES FILÓSOFAS Red LESLAC – Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe Red Nacional de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT México Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de México (ddeser Edomex) SEDRA Spatium Libertas AC Tertulia Feminista Magaly Pineda Tertulia Feminista SUR Unión Democrática de Mujeres -UDEMU- Universidad Nacional de Colombia Uphard
La tragedia del patriotismo malentendido en la migración haitiana en la República Dominicana
Julio Guzmán Acosta La actual situación migratoria entre Haití y la República Dominicana pone al descubierto no solo la complejidad de nuestras relaciones bilaterales, sino también el peligro latente de un nacionalismo mal entendido. La reciente estrategia del gobierno del presidente Luis Abinader, que apunta a deportar semanalmente a diez mil haitianos indocumentados, ha desatado una serie de reacciones adversas en la sociedad. El nacionalismo, invocado por algunos sectores bajo una fachada de patriotismo, se ha convertido en una herramienta para promover la intolerancia y la violencia en lugar de la unidad y el respeto. Según ha dicho el gobierno las deportaciones se realizarán respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas; sin embargo, las denuncias sobre abusos y violaciones de derechos son alarmantes. En la primera semana de ejecución de estas medidas, más de 9,100 personas fueron deportadas, muchas de ellas con residencia regular en el país, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia y humanidad de esa decisión. Cada deportación representa una vida, una historia, un ser humano que puede o no estar en condiciones de regresar a un país que enfrenta enormes dificultades. Al mismo tiempo, la cantidad de haitianos en República Dominicana se ha convertido en un tema de discusión polarizada, con estimaciones que oscilan entre los 500 mil y los dos o tres millones. Esta confusión no solo refleja una falta de rigor sobre eso datos, sino también un clima de miedo y desconfianza alimentado por discursos que pintan a los migrantes haitianos como amenazas en lugar de vecinos. Aquí es donde se hace evidente la necesidad de una discusión más informada y matizada sobre quiénes son realmente estos individuos que tanto tememos o despreciamos. En el contexto de estas tensiones, han surgido grupos de ultraderecha que han tomado la delantera en una especie de caza de brujas contra los ciudadanos haitianos. Estos promotores del odio, disfrazados de defensores de la patria, están propagando campañas de intolerancia que ni siquiera son sostenibles en un país que ha sido históricamente un crisol de culturas. Exigen, prácticamente, que los dominicanos rompan lazos con los haitianos, incitando al boicot de servicios y a la persecución directa. La reciente amenaza a las oficinas del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) es solo un ejemplo más de cómo aquellos que invocan un patriotismo tergiversado están dispuestos a traspasar los límites de la ley y de la moralidad. El papel del gobierno en esta situación es fundamental. La responsabilidad de garantizar el orden público y el respeto por la dignidad de todos los seres humanos en el territorio nacional recae en el estado. La violencia y el acoso, como si fueran una extensión de la política migratoria, no son aceptables. La falta de acción por parte del Ministerio de Interior y Policía podría interpretarse como un abandono de su deber, o un apoyo implícito y permitiendo así que grupos fascistas y racistas usurpen la autoridad del Estado. La respuesta debe ser firme y eficaz; no solo para proteger a aquellos que son objeto de odio, sino también para preservar la imagen y el carácter de una nación que se ha enorgullecido de su diversidad. Es imperativo que se combatan las inseguridades y el temor propagado por estos grupos extremistas. La historia nos ha enseñado que el nacionalismo extremista puede ser una trampa mortal. Las similitudes con los movimientos racistas y xenófobos que condujeron a atrocidades inimaginables en el pasado son innegables. Si no se manejan adecuadamente, estas provocaciones pueden desembocar en una tragedia que afecte no solo a los haitianos en nuestro territorio, sino a la República Dominicana en su conjunto. La solución a la migración haitiana no radica en políticas de deportación masiva, que sólo perpetúan el sufrimiento y la desconfianza. En lugar de eso, el gobierno y la sociedad deben trabajar en conjunto para establecer un marco regulador que considere la dignidad humana, la historia compartida y la necesidad de una convivencia armoniosa. La verdadera defensa de la patria debe ir de la mano con el respeto por los derechos humanos y la construcción de un país inclusivo, donde los valoremos por su humanidad en lugar de ser vistos como una amenaza. En conclusión, es esencial que repensemos lo que significa ser patriota en el contexto actual. El llamado a proteger nuestra nación no puede llevarse a cabo a expensas de la dignidad de otros. La historia del pueblo dominicano está intrínsecamente ligada a la de nuestros vecinos haitianos, y al final del día, todos compartimos este terreno. La política de la división, el odio y el temor solo nos aleja de la posibilidad de construir un futuro más justo y solidario, uno donde el verdadero patriotismo sea abrazar la diversidad y reconocer los derechos de todos, sin importar su origen.
Deportaciones masivas, debido proceso y contexto
Hay una exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. César Pérez Se dice que los gobiernos dominicanos no han podido establecer una coherente y eficaz política migratoria frente a Haití. Los hechos confirman ese aserto y la reciente decisión de iniciar un proceso de deportaciones masivas de nacionales de ese país, real o supuestamente indocumentados, constituye un ejemplo. En una fatídica semana, marcada por escandalosas denuncias de corrupción que de alguna manera tocan organismos de seguridad nacional, del incremento de la campaña de odio y de amenazas a quienes se oponen a esa y otras expresiones del ultranacionalismo cerril que se expande en el país, el gobierno anuncia un incierto plan para efectuar 10000 deportaciones semanales, sin que se sepa por qué y de dónde se saca ese número. Esa operación se anuncia y se inicia sin que haya evidencia de cambios relativos al debido proceso en la práctica de las redadas y transportación de reales y supuestos indocumentados, en las que las extorsiones para dejarlos libres, el robo de sus dineros y bienes y sin que sea manifiesta sanción alguna a los agentes que participan de esos operativos por los abusos y robos cometidos en esa casa del terror que es la cárcel ambulante denominada Camiona. Tampoco se conoce el desmantelamiento de la estructura delictiva que operaba en las actividades de despojo y de extorsión a los apresados; ni por qué se militariza la dirección de migración cuyas consecuencias podrían ser de acentuación del irrespeto a los derechos humanos. Y, quizás lo más importante, se recurre a esa medida sin haber avanzado prácticamente nada en el proceso de regularización iniciado con la Ley 169/14, promulgada para tratar de paliar los daños causado por la inconstitucional Sentencia 168/13. Se mantienen las trabas y maltratos contra los que buscan sus documentaciones en el plan de regularización. A 8 mil que se acogieron al plan se les otorgó residencia permanente y a los mayores de edad sus respectivas cédulas. Sin embargo, a pesar de decir “permanente”, esos documentos tenían fecha de vencimiento: el 2020 y las oficinas creadas para hacer efectiva la Ley se mantienen cerradas desde la pandemia, por lo cual a muchos se les vencieron esos documentos sin hasta ahora posibilidad de renovarlos. Se estima en 200 mil los nacidos antes del 2010 que fueron desnacionalizados por la Sentencia 168/13, de carácter retroactivo, que por diversas razones no pudieron acogerse a la Ley 169/14 y por su condición de “indocumentados” no pueden inscribir sus hijos en los centros educativos y estarían entre las víctimas de las redadas. Son cuestiones para tomarse en cuenta antes de tomar la medida de las deportaciones masivas. A ese propósito, recordemos la experiencia del abrupto cierre de la frontera que el tiempo demostró que era insostenible por su impacto negativo sobre la economía local, regional y binacional. La fuerza de los hechos lo fue abriendo paulatinamente. La razón se impuso a la fuerza. En este caso, los costes económicos (ya a la vista), humanos y para la imagen/país serán mayores. Fatigosamente, en la primera semana podría llegarse a los 10 mil deportados, pero a qué precio en términos de injusticias, errores, de personas apresadas y expulsadas en proceso de regularización, generalmente nacidos y criados en el país antes del 2010, de madres, padres o tutores que son obligados a abandonar bienes e hijos por culpa de las trabas burocráticas, injusticias e ilegalidad del sistema para regular su estatus. Se creará un clima de terror en una comunidad, cercenando sus derechos a la libre circulación para ir a sus trabajos, llevar sus hijos a los centros educativos y obligados a vivir recluidos. Constituye una tragedia enviar a una o a un grupo de personas a un sitio totalmente desconocido cuyas condiciones de vida además de deplorables son en extremo peligrosas, algo contrario a principios universales de las deportaciones. Todo Estado es soberano en su política migratoria, no se discute. Pero, en este caso, resulta inconducente ejecutarla en un contexto de exacerbación del antihaitianismo en los medios de comunicación que refuerza el racismo en la sociedad dominicana, de acoso a directores y comunicadores de medios y de fabulación sobre la cantidad y consecuencias de la inmigración haitiana. Las persecuciones indiscriminadas provocan estrés a la sociedad, son inhumanas y económicamente insostenible, y provoca diversas formas de violación de derechos. El contexto internacional es de exacerbación del ultranacionalismo, mediante el cual se construye una identidad basada en el odio, en el odio como pasión colectiva contra el no idéntico, parafraseando a U. Eco Cualquier identidad nacional construida sobre esa base indefectiblemente descansará en pilares corroídos. Finalmente, necesitamos buenas relaciones con Haití porque constituye una imprescindible fuente de mano de obra, ¿que debe ser controlada? Sin dudas, pero la lógica de nuestra economía y de la economía mundial determina su carácter imprescindible. Para bien de esas relaciones, el Estado dominicano debe renfocar el tema migratorio y de las deportaciones, retomar el plan de regularización iniciado con la Ley 169/14, reabrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para tal fin y entender que la inexistencia de infraestructuras, recursos humanos, protocolos, con una frontera porosa, insegura y antro de corrupción, las deportaciones masivas son inviables.
Organizaciones sociales y políticas dominicanas repudian deportación masiva de haitianos
Santo Domingo. Varias organizaciones políticas y sociales dominicanas repudiaron hoy la deportación masiva de haitianos por decisión del Gobierno de Luis Abinader y solicitaron que se detengan los abusos y agresiones por parte de agentes de Migración. JULIO GUZMÁN ACOSTA En una declaracion hecha llegar a la redaccion de umbral.local/, los firmantes exigieron el cese de esa medida discriminatoria y pidieron que los procesos migratorios se realicen de conformidad con los estándares de derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales. El documento fue firmado por Solidaridad Dominicana con Haití, Partido Patria para Todos y Todas y el Movimiento Caamañista-MC: Narciso Isa Conde, Acción Afro-Dominicana, Partido Comunista del Trabajo y Fuerza de la Revolución. Asimismo, reclamaron una investigación exhaustiva de los casos de violencia y abuso con el fin de sancionar a los responsables, así como la devolución inmediata de la documentación confiscada o destruida a migrantes y a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. Instaron a las autoridades nacionales, además, a respetar y garantizar los derechos y la protección de los niños afectados por estas acciones. «Desde comunidades negras nos llega la información de que Migración penetra en los hogares, incluso de madrugada. También nos informan del terror de familias completas, que han tenido que abandonar sus casas y dormir hasta en los montes», advirtieron. Las organizaciones manifestaron que el gobernante Abinader «no ha tomado en cuenta a los dignos trabajadores haitianos que tienen hasta cinco y seis décadas residiendo en este país, ni a sus desnacionalizados hijos, nietos y bisnietos que hoy andan con miedo». De acuerdo con esas agrupaciones «hay denuncias de que a los efectivos de la Dirección General de Migración (DGM) no les importa que los haitianos detenidos estén legales, ya que como quiera los apresan y expulsan, quitándoles sus documentos». Expresaron que la migración no es invasión, sino un fenómeno mundial creciente que amerita contrarrestar sus causas, controlar sus flujos y regular los procesos y sus impactos, apegados a derechos inalienables y pactos internacionales firmados por el Estado dominicano. Pidieron el apoyo de organismos internacionales, como las agencias especializadas de las Naciones Unidas, para que observen de cerca la situación, ofrezcan asistencia técnica y humanitaria, y aseguren que Santo Domingo cumpla con el respeto a los Derechos Humanos. La semana pasada el Gobierno inició un operativo para la deportación masiva de ciudadanos de la nación fronteriza, en momentos en que Puerto Príncipe vive una de las mayores crisis de su historia en lo político, económico y social. En las jornadas de detención, que iniciaron el jueves último, participan las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ministerio Público, entre otros organismos. Cerca de ocho mil ciudadanos han sido devueltos desde el comienzo del operativo, de acuerdo con cifras manejadas la víspera por la DGM.
PCT advierte sobre los peligros de la política antiinmigrante en la República Dominicana
BRENDALIS REYES Santo Domingo, — En una clara denuncia sobre la reciente campaña de deportaciones de inmigrantes haitianos, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) ha emitido un comunicado que llama al gobierno a reflexionar sobre las últimas decisiones en la política migratoria. En su declaración, el partido destaca que la \\\»parafernalia\\\» en torno al decreto de deportación es una respuesta inadecuada a la crisis haitiana, señalando que esta postura no solo es errónea, sino también peligrosa para la estabilidad social del país. El Secretariado del Comité Central del PCT argumenta que el presidente de la República, tras su reciente participación en un foro de la ONU, ha adoptado una retórica anti haitiana, impulsada por sectores que buscan beneficiarse políticamente de la adversidad ajena. Según la denuncia del PCT, esta política de deportaciones, que pretende alcanzar cifras de 10,000 deportaciones por semana, es más simbólica que efectiva, y advierten que al persistir en este camino, el gobierno podría estar creando un problema aún mayor del que trata de solucionar. \\\»El presidente parece estar respondiendo a presiones de organismos internacionales y potencias extranjeras, revictimizando a una población ya vulnerable\\\», recalca el comunicado. Esta afirmación pone de manifiesto la percepción de que el manejo de la crisis migratoria carece de un enfoque humanitario y se convierte en un instrumento de política interna más que una solución viable a las complejas realidades que enfrentan tanto haitianos como dominicanos. Además, el PCT insta a las autoridades a abordar el tema migratorio con la seriedad que merece, enfatizando que debe ser manejado como una política de Estado basada en el interés nacional y no en el juego político partidista. La organización advierte que manipular la situación migratoria en beneficio político podría llevar al gobierno a enfrentar una crisis mayor, citando el refrán popular: \\\»fue por lana y salió trasquilado\\\». El comunicado del PCT llega en un momento en que la República Dominicana enfrenta tensiones crecientes en torno a la inmigración haitiana, un asunto delicado que sigue generando un intenso debate en la sociedad dominicana. La crítica del PCT sugiere que la política actual no solo es imprudente, sino que también puede tener consecuencias impredecibles si no se gestiona adecuadamente. El Partido Comunista del Trabajo ha alzado la voz para llamar la atención sobre una política que consideran perjudicial y potencialmente desestabilizadora, pidiendo a las autoridades una reflexión profunda sobre las implicaciones de sus decisiones en el ámbito migratorio y en la vida de miles de personas que buscan un futuro mejor en la República Dominicana.
Luis Abinader: \»No pararemos las deportaciones de haitianos ni autorizaremos campos de refugiados\»
SERVICIOS umbral.local/ República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. Así de tajante se mostró el presidente dominicano, Luis Abinader, en una breve entrevista en inglés con el periodista británico Stephen Sackur en el programa de la BBC HARDtalk. El entrevistador preguntó a Abinader sobre posibles cambios en la política de su gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesa Haití, el vecino occidental de República Dominicana que ocupa algo más de un tercio de la isla de La Española. Haití, donde viven unos 11,5 millones de habitantes, vive sumido en el caos y las bandas criminales controlan grandes zonas del país, causando miles de muertos y centenares de miles de desplazados. República Dominicana, por su parte, sigue deportando a haitianos indocumentados a su país de origen a través del paso fronterizo entre ambas naciones. Santo Domingo hasta ahora ha desoído las peticiones de organizaciones internacionales que le solicitan detener las deportaciones y acoger a haitianos que huyen de la violencia. Esta es la entrevista del periodista de la BBC al presidente Abinader realizada el 20 de marzo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando una terrible catástrofe con violencia de pandillas y agresiones sexuales a mujeres. ¿Lo hará? No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra “somalización” de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y, según la ONU, 350.000 han sido desplazados en los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. ¿Estaría usted dispuesto, en el corto plazo y como gesto humanitario de emergencia, a dejar entrar a su territorio a algunos de esos desplazados? Por ejemplo, en campos de refugiados temporales. No, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití, el territorio haitiano y las islas haitianas. Tienen dos islas, Gonâve y Tortuga, que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiados en este momento por razones históricas y de seguridad. ¿Puede decirme algún otro país del hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití? Quiero decir, no hay otro país, así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo, y lo estamos haciendo. Incluso organizar el comercio normal entre Haití y la República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando mucho en nuestra seguridad. Es por eso que hace casi dos años comenzamos a construir este (muro) casi por completo. Pero seguiremos asegurando nuestra frontera en los 300 y aproximadamente 390 kilómetros que tenemos. Es seguridad; como dije, es un objetivo de seguridad nacional. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto cuánto le importa su reputación internacional. Un ejemplo es la forma en que continúan deportando a un gran número de haitianos de regreso a Haití en este momento de crisis. Algunas personas, incluido el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Una de las activistas a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belique, le ha acusado de construir una especie de régimen de apartheid e incluso el Departamento de Estado de EE.UU. ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visitan su país que aquellos con piel más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalados y detenidos. ¿Es usted consciente de lo que todo esto le está haciendo a su reputación? No. Mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mira a Bahamas, Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fija en Jamaica, Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley, y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos, como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son mestizos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití, nosotros no. Nunca hemos tenido este problema. Simplemente estamos cumpliendo con que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado, como en el resto de países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a República Dominicana que haga más sobre Haití.