UMBRAL, MARCAMOS TENDENCIA 

Danilo Díaz rechaza acuerdo migratorio con EE. UU.

El legislador del PLD advierte que República Dominicana no debe asumir la carga de deportados de otras naciones, al tiempo que enfrenta la crisis haitiana. Considera “inaceptable” que el país se convierta en receptor temporal de personas expulsadas desde territorio estadounidense. Por Arturo Feliu G. SANTO DOMINGO. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, manifestó su rotundo rechazo al acuerdo suscrito entre la República Dominicana y Estados Unidos, mediante el cual el país aceptaría la estadía temporal de deportados procedentes de la nación norteamericana, mientras se completan sus procesos de retorno a sus países de origen. El legislador opositor sostuvo que la República Dominicana ya enfrenta suficientes desafíos derivados de la crisis haitiana y del flujo migratorio irregular proveniente de la vecina nación, por lo que consideró desacertado asumir nuevas responsabilidades vinculadas a personas expulsadas desde terceros países. “República Dominicana tiene ya suficientes problemas con la situación haitiana como para agregarle otra carga de esta naturaleza”, expresó Díaz en declaraciones ofrecidas a la prensa local. El congresista advirtió que mezclar ambas problemáticas –la presión migratoria haitiana y la llegada de deportados de otras nacionalidades– podría agravar aún más la situación migratoria y de seguridad en el país. Aseguró que esta decisión equivaldría a “dinamitar un problema” que, a su juicio, podría generar consecuencias negativas para la nación. Asimismo, calificó como “inaceptable” que la República Dominicana se convierta en receptora de deportados de otros países, insistiendo en que cada Estado debe asumir la responsabilidad de sus ciudadanos. “Cada quien tiene que resolver su problema; migratoriamente eso se resuelve en el país de origen del afectado o en el país donde cometió el delito”, manifestó el legislador peledeísta. Las declaraciones de Díaz surgen luego de que el canciller Roberto Álvarez informara sobre el alcance del acuerdo suscrito con Estados Unidos, mediante el cual el país aceptaría de manera temporal a personas deportadas mientras se completa su proceso de retorno a sus respectivas naciones. Álvarez explicó que el convenio forma parte de mecanismos de cooperación migratoria impulsados por Washington con varios países de la región, y aseguró que la República Dominicana mantendrá controles y condiciones específicas dentro de ese proceso. Sin embargo, el tema ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y sociales, especialmente en medio del debate nacional sobre la presión migratoria que enfrenta el país debido a la profunda crisis que atraviesa Haití. Por ahora, el acuerdo sigue en pie, mientras voces como la de Danilo Díaz insisten en que el gobierno dominicano debe priorizar la soberanía y la capacidad de respuesta interna antes de asumir compromisos internacionales que, a su entender, agravan una situación ya de por sí compleja.  

Organizaciones políticas critican sentencia del Tribunal Constitucional sobre candidaturas independientes

La JCE realizó un pleno con los partidos políticos para tratar sobre la senticia del TC que da luz verde a las candidaturas independientes. (umbral.local/) Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. — Al menos nueve de las 21 organizaciones políticas que participaron este miércoles en una audiencia pública convocada por la Junta Central Electoral (JCE) expresaron su desacuerdo y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que desvincula a las candidaturas independientes de la política. La decisión del TC, emitida el pasado 13 de diciembre, ha generado un intenso debate entre los partidos políticos, quienes consideran que el tribunal excedió sus competencias al interferir en la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Durante la audiencia, representantes de partidos mayoritarios y minoritarios coincidieron en rechazar la sentencia, argumentando que esta podría debilitar el sistema democrático dominicano al introducir cambios complejos en las legislaciones electorales. Entre las organizaciones que se opusieron a la decisión del TC se encuentran el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido País Posible, el Partido Opción Democrática (OD), el Partido Humanista Dominicano, el Partido Demócrata Institucional, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Socialista Cristiano. Solo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) respaldaron el fallo del TC. Críticas y argumentos en contra Danilo Díaz, representante del PLD ante la JCE, afirmó que la sentencia del TC afecta directamente el derecho de los ciudadanos a ser elegidos y el funcionamiento de los procesos electorales. “Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio de este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, señaló Díaz. Por su parte, el PRD argumentó que la única forma legítima de aplicar lo ordenado por el TC es mediante una reforma constitucional. José Pérez Volquez, representante del PRD, explicó que “la misma Constitución reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado”. El PRSC, por otro lado, propuso que los partidos políticos exhorten al TC a reconsiderar su decisión, permitiendo que el Congreso Nacional cumpla su rol de creador de leyes. Tacito Perdomo, delegado del PRSC ante la JCE, advirtió que “cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende como constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”. Oportunidad para revisar las normas electorales A pesar de las críticas, varios partidos coincidieron en que la sentencia del TC representa una oportunidad para revisar y actualizar las normas electorales. Entre los temas que consideraron prioritarios se encuentran la funcionalidad del método D’Hont, la implementación del escrutinio automatizado y la necesidad de garantizar la presencia de delegados políticos durante los comicios. Además, se discutió la posibilidad de crear un Código Electoral que regule de manera integral los procesos electorales. Requisitos para las candidaturas independientes Los partidos políticos también destacaron la necesidad de establecer requisitos claros para la presentación de candidaturas independientes. Entre las propuestas presentadas se encuentran: Plazo de inscripción: Establecer un plazo específico para inscribir las candidaturas independientes. Certificación de la JCE: Los movimientos sociales deberán contar con la certificación de la JCE para presentar sus candidaturas. Limitación al transfuguismo: Impedir que precandidatos o candidatos de partidos políticos se postulen como independientes en el mismo torneo electoral. Derechos y deberes: Las candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas. Boleta electoral: Garantizar un diseño racional de la boleta electoral para evitar un desbordamiento de inscripciones. Fiscalización: Las candidaturas independientes deberán ser fiscalizadas bajo el mismo régimen electoral que las organizaciones políticas. Próximos pasos Tras la audiencia pública, la JCE se comprometió a elaborar un proyecto de ley que incorpore las propuestas presentadas por los partidos políticos. Este proyecto será depositado en una de las cámaras del Congreso Nacional para su discusión y aprobación. La JCE destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con los actores políticos para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. La sentencia del TC y las reacciones que ha generado reflejan un momento crucial para la democracia dominicana, en el que se debate el equilibrio entre los poderes del Estado y la participación ciudadana en los procesos electorales. Mientras los partidos políticos buscan preservar su rol como vehículos principales de representación, las candidaturas independientes emergen como una alternativa que, según sus defensores, podría fortalecer la pluralidad política en el país. Sin embargo, su implementación requerirá un consenso amplio y un marco legal claro que garantice la estabilidad del sistema democrático.