Reforma laboral: Abreu afirma que cesantía “ya fue decidida” y descarta reabrir debate
Desde Ginebra, el presidente de la CNUS respondió a empresarios y diputados que insisten en modificar el punto sobre la cesantía, advirtiendo que el tema fue cerrado tras más de una década de discusiones y 140 votos en la Cámara de Diputados. Por Alejandro Feliu G. Ginebra / Santo Domingo – El presidente de la Confederación Nacional de Unidades Sindicales (CNUS), Pepe Abreu, envió este miércoles un mensaje claro a los sectores empresariales y a los diputados que aún pretenden reabrir el debate sobre la cesantía en el marco de la reforma laboral: “Esa discusión ya fue decidida y no hay espacio para volver a ella”. En declaraciones ofrecidas desde Ginebra, donde participa en la Conferencia Internacional del Trabajo, Abreu subrayó que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma sin modificar el régimen de cesantía, un aspecto que calificó como “línea roja” para las organizaciones sindicales desde el inicio de las negociaciones. “Cualquier consideración que modifique lo aprobado en primera lectura está de más. Lo que corresponde ahora es concluir la segunda lectura, enviar el proyecto al Senado y cerrar definitivamente este proceso de reforma laboral”, sentenció el dirigente sindical. Abreu recordó que la revisión del Código de Trabajo se ha extendido por trece años, atravesando distintos gobiernos y acumulando más de un centenar de reuniones entre trabajadores, empleadores y autoridades. En ese lapso, los sindicatos aceptaron modificaciones en aspectos administrativos, procedimentales y de jornadas laborales, pero nunca en la cesantía. “Los empresarios deben comprender que la estabilidad laboral de la que ha disfrutado el país ha sido beneficiosa para todos. Si esa estabilidad se altera, no solo perderían los trabajadores; también perderían quienes han desarrollado sus empresas y sus inversiones en un clima de relaciones laborales estable y predecible”, advirtió. El dirigente sindical consideró que la votación de 140 diputados a favor del proyecto refleja un consenso suficiente y calificó de innecesario insistir en aspectos ya resueltos. “La cesantía siempre fue una línea roja”, enfatizó. Abreu concluyó que el Congreso debe concentrarse ahora en completar el trámite legislativo pendiente para la aprobación definitiva de la reforma laboral, sin que el sector empresarial ni los legisladores opositores logren reintroducir un debate que, a su juicio, quedó clausurado.
La Comisión Blinda La Cesantía: Tres Diputados del PRM Intentaron Modificarla y Fracasaron
El presidente de la mesa de trabajo, Mélido Mercedes, afirma que el informe final no contendrá cambios a las prestaciones por despido, pero advierte que la batalla podría reabrirse en el pleno. Por Julio César Guzmán Acosta SANTO DOMINGO.— Contra viento y marea, y pese a los intentos de una facción legislativa, la figura de la cesantía laboral —ese derecho económico que ampara al trabajador despedido— emergió incólume este miércoles de la comisión de la Cámara de Diputados que estudia la reforma al Código de Trabajo. El presidente de dicha mesa, el diputado Mélido Mercedes, anunció con contundencia que el informe que se elevará al pleno en las próximas semanas “no contendrá ninguna recomendación para alterar las prestaciones de los empleados”. “Se votó en la comisión para que quede tal y como está en el código laboral. La comisión blindó el tema de la cesantía”, declaró Mercedes a este medio. Sin embargo, la victoria para los defensores del statu quo no fue unánime. En el seno de la comisión se libró una pulseada que dejó al descubierto la fractura dentro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los Tres Disidentes De los diez legisladores presentes en la sesión de este miércoles, tres alzaron la mano en solitario para votar en contra de la moción que buscaba dejar intactos los artículos relativos a la cesantía. Los nombres de los disidentes, confirmados por informaciones oficiales, son: Patricia Alexandra Núñez, Ángel Rosado Robles y Carmen Ligia Barceló, todos miembros de la bancada del PRM. La diputada Barceló, de hecho, fue una de las voces más activas en la defensa de una modificación. Autora de una de las cuatro iniciativas bajo estudio, coincidió con la visión del sector empresarial de “equilibrar el sistema laboral”. En su propuesta, que no fue acogida, planteaba establecer un tope máximo para la cesantía de “seis veces el valor del salario básico”. Frente a ellos, siete congresistas —encabezados por Mercedes— formaron el muro de contención: Pedro Alcántara, Jacobo Ramos, Mayobanex Martínez, Rafaela Gonzáles, Ana Miledy Cuevas e Indhira Shary de Jesús votaron por mantener la figura sin cambios. Una Batalla Aplazada, no Terminada Pese a la derrota en comisión, la diputada Barceló no claudica. Al ser abordada por la prensa en el Congreso Nacional, expresó su esperanza de que el tema pueda ser revisado. “La comisión, a medida que va avanzando, pues también puede volver a revisar. Yo creo que todavía nos queda mucho por discutir”, afirmó, insistiendo en la necesidad de “modernizar” el código. El propio presidente Mercedes reconoció que el blindaje en comisión no es un punto final. Aclaró que, una vez presentado el informe, cualquier de los 189 diputados de la cámara baja podrá sugerir una moción en el pleno para intentar variar los apartados de la cesantía establecidos en la Ley 16-92. “Luego de que la comisión presente el informe, será una decisión del pleno de la cámara”, recordó. La Carrera Contra Reloj El proceso de reforma avanza con lentitud frente a un calendario apremiante. La comisión ha superado la lectura y votación de los primeros 86 artículos del código. Mercedes había asumido el compromiso de entregar el informe final en noviembre, pero al cierre de esta edición, el 17 de diciembre, el documento aún no está concluido. La reforma laboral fue colocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la lista prioritaria de iniciativas que se intentarán aprobar antes del 12 de enero, fecha en que concluye la legislatura ordinaria. La cesantía, tras el forcejeo de hoy, sigue siendo el núcleo de una disputa que, lejos de apaciguarse, se traslada ahora al hemiciclo, donde la definición final pondrá a prueba la cohesión del oficialismo y la fuerza de los intereses en pugna.
Modernización Laboral: El Senado Aprueba una Reforma Integral del Código de Trabajo
La actualización, avalada por unanimidad en primera lectura, introduce el teletrabajo, regula las jornadas extendidas y detalla derechos y obligaciones para adaptar la normativa a la nueva realidad productiva. Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.—Con el voto unánime de los veintinueve senadores presentes, el Senado de la República aprobó en primera lectura una sustancial modificación a la Ley 16-92 del Código de Trabajo, una iniciativa que busca adecuar el marco legal dominicano a las transformaciones del mundo del trabajo, desde el auge del teletrabajo hasta la necesidad de una mayor claridad en las obligaciones de las partes. El proyecto, presentado por una comisión que presidió el senador Rafael Barón Duluc, fue leído en su totalidad sin abrir el debate, el cual está previsto para la segunda lectura. La reforma introduce cambios de calado en áreas como los contratos, las licencias, las jornadas laborales y los sistemas de remuneración, estableciendo un equilibrio entre la flexibilidad que requieren las empresas y la protección de los derechos de los trabajadores. Los Pilares de la Reforma Entre las novedades más significativas se encuentra el reconocimiento formal del teletrabajo. El nuevo capítulo dedicado a esta modalidad exige que el contrato especifique el lugar de prestación del servicio, la duración, la remuneración, el horario, los mecanismos de supervisión e, crucialmente, el derecho a la desconexión digital y la forma de cubrir los gastos operativos. En materia de jornada laboral, la reforma introduce una notable flexibilidad. El artículo 162 permite pactar jornadas de hasta 12 horas diarias mediante acuerdos con sindicatos o con más del 50% de los trabajadores, siempre que el promedio semanal no supere las 44 horas y se notifique al Ministerio de Trabajo. Como contrapeso, se garantiza un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas. La normativa también precisa las obligaciones de los trabajadores, detallando deberes como someterse a reconocimientos médicos, observar medidas de higiene y seguridad, y proteger los secretos técnicos de la empresa. Paralelamente, se robustecen las garantías para los empleados: las indemnizaciones por preaviso y cesantía quedan exentas de impuestos e inembargables, y su pago deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días, so pena de multas para el empleador. Otras disposiciones relevantes ratifican la obligatoriedad del 10% de propina en el sector turístico y gastronómico para el personal de servicio, y modernizan los trámites, permitiendo que las notificaciones al Ministerio de Trabajo se realicen por vía digital. Con esta aprobación inicial, el proyecto inicia su camino legislativo. Tras la segunda lectura en el Senado, la pieza pasará a la Cámara de Diputados, donde podría ser objeto de nuevas modificaciones antes de su promulgación definitiva.
Abinader en la Encrucijada: ¿Seguridad Nacional o Violación de Derechos?
Al cumplir el primer año de su segundo mandato, el presidente dominicano enfrenta el dilema entre su firme política migratoria frente a Haití y las acusaciones de organismos internacionales, mientras la economía pierde vigor y las reformas sociales siguen pendientes. Por Virtudes Álvarez Sampedro El presidente Luis Abinader marca hoy el primer aniversario de su segundo mandato con un balance que oscila entre logros institucionales y sombras alargadas. Su gobierno ha priorizado la seguridad fronteriza con Haití, desplegando más de 11,000 militares y avanzando en la construcción de un muro de 164 kilómetros. Sin embargo, estas medidas han sido tachadas de \»racistas y discriminatorias\» por Amnistía Internacional, que exige el fin inmediato de las deportaciones masivas y la revocación del polémico protocolo sanitario que vincula atención médica con expulsión. El Muro y la Controversia Las cifras oficiales hablan de 291,007 haitianos deportados desde octubre pasado, una política que Abinader defiende como necesaria para la estabilidad nacional. Mientras, el diálogo con expresidentes dominicanos busca una posición unificada frente a la crisis haitiana, aunque las críticas internacionales siguen lloviendo sobre su administración. \»No podemos permitir que la situación en Haití se convierta en una amenaza para nuestro país\», ha reiterado el mandatario, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre el costo humano de estas medidas. Reformas: Entre Avances y Retrocesos En el ámbito institucional, Abinader ha impulsado cambios significativos, como la reforma constitucional para evitar la reelección indefinida y la creación del Ministerio de Justicia. No obstante, el nuevo Código Penal ha generado rechazo por penalizar el aborto y establecer figuras legales que críticos consideran \»censura previa\» a la libertad de expresión. \»Es una ley regresiva que ataca derechos fundamentales\», denuncia Leidy Blanco García, de Participación Ciudadana. Economía: Crecimiento a Dos Velocidades Aunque la economía dominicana sigue siendo una de las más dinámicas de la región, con un crecimiento del 2.4% en el primer semestre de 2025, está lejos de alcanzar las metas previstas. El fracaso de la reforma fiscal y el aumento del déficit (840 millones de dólares hasta mayo) reflejan los desafíos pendientes. Mientras, Abinader destaca la reducción \»histórica\» de la pobreza extrema y proyectos como la ampliación del Metro de Santo Domingo, aunque estos dependen en gran medida de endeudamiento público. Lo Que Falta: Seguridad Social y Código Laboral Las reformas a la Seguridad Social y al Código de Trabajo, promesas clave de su gobierno, siguen estancadas en el Congreso. Abinader confía en su aprobación \»a más tardar en octubre\», pero el reloj corre en un mandato que ya ha consumido el 25% de su tiempo. Un Año Después: ¿Hacia Dónde Va el Barco? Este aniversario encuentra a Abinader en una posición compleja: aplaudido por su mano dura en la frontera y cuestionado por su impacto humanitario, celebrado por sus reformas institucionales pero criticado por leyes que muchos consideran represivas. Con una economía que pierde fuelle y reformas sociales pendientes, su segundo mandato enfrenta el reto de conciliar seguridad nacional con derechos humanos, crecimiento económico con justicia social. El tiempo dirá si su legado será recordado por lo que construyó o por lo que dejó a medias.
Abinader convoca legislatura extraordinaria para aprobar reformas pendientes
Congreso tendrá 8 días adicionales para consensuar cambios al Código Penal y reforma laboral antes del cierre del periodo legislativo Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo, RD.– El presidente Luis Abinader activó este viernes su facultad constitucional para convocar una legislatura extraordinaria del 27 de julio al 5 de agosto, en un intento por rescatar dos reformas clave que peligran por el inminente cierre del periodo ordinario. Los proyectos del Código Penal y la reforma laboral, estancados por desacuerdos técnicos y políticos, recibirán así una última oportunidad antes de tener que reiniciar todo su trámite en la próxima legislatura. Carrera contra el tiempo La decisión presidencial (Decreto 409-25) llega tras un pedido expreso del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien admitió que el tiempo restante no alcanzaba para resolver los puntos pendientes del nuevo Código Penal. Este proyecto, ya aprobado por el Senado pero trabado en la Cámara Baja, requiere conciliar posiciones encontradas entre: – Las observaciones de la Procuraduría sobre 12 artículos clave – Las demandas de organizaciones de derechos humanos – Las preocupaciones de cuerpos de seguridad Entre los puntos más polémicos destacan: 🔹 El artículo 921 sobre derecho a llamadas durante arrestos 🔹 El artículo 292 que sanciona a agentes que impidan grabaciones Reforma laboral en espera En paralelo, la modernización de las leyes laborales también espera su turno, con empresarios y sindicatos en desacuerdo sobre flexibilización contractual y regulación del teletrabajo. ¿Por qué importa? ▸ El actual Código Penal data de 1884 con parches en 2014 ▸ Es la 3ra legislatura extraordinaria del gobierno actual ▸ 7 de cada 10 dominicanos apoyan actualizar estas leyes (Gallup RD) El reloj sigue corriendo para el Congreso, que deberá demostrar en estos ocho días adicionales si puede superar sus diferencias o simplemente pospondrá el fracaso. julioguzman@umbral.com.do © Todos los derechos reservados
Debate sobre la cesantía en la reforma laboral
Ministro Olivares revela propuesta empresarial para limitar el pago de cesantía, pero reafirma que este derecho es una conquista histórica que no puede ser eliminada ni siquiera mediante decreto Por Julio Guzmán Acosta La reforma al Código Laboral dominicano sigue avanzando en su proceso de evaluación, y uno de los temas más sensibles que se discuten es la propuesta planteada por el sector empresarial para establecer un tope temporal a la cesantía. Así lo informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo. “Los empresarios han planteado la idea de poner un límite en el tiempo a la cesantía para que el monto sea manejable y evitar que se acumule un pago excesivo”, explicó Olivares, aunque aclaró que esta propuesta está en la mesa de discusión pero no implica que será adoptada. El funcionario enfatizó que la cesantía es una conquista histórica y fundamental de los trabajadores dominicanos, parte intrínseca de la cultura laboral del país, y advirtió que no puede ser eliminada ni siquiera mediante una ley o un decreto. “La cesantía es una conquista lograda por trabajadores, no se puede quitar ni con un decreto”, subrayó. Olivares también informó que el informe final de la comisión encargada de la reforma está concluido y pronto será presentado al pleno del Senado para su consideración. Destacó la voluntad firme de figuras clave como el senador Ricardo de los Santos y Rafael Barón Duluc, así como el consenso alcanzado en la comisión, donde participan representantes de casi todos los partidos políticos. El ministro resaltó que la reforma ha superado dos etapas importantes con un consenso casi total, pero recordó que la cesantía ha sido un derecho vigente en República Dominicana durante muchos años, resultado del esfuerzo y sacrificio de la clase trabajadora. Este debate pone de relieve la complejidad de modernizar el marco laboral sin afectar conquistas sociales que representan pilares fundamentales para la estabilidad y dignidad de los trabajadores en el país.
Teletrabajo y desconexión
SUFRAGIO En el mundo hiperconectado de nuestro tiempo la desconexión digital es uno de los principales desafíos del teletrabajo, debido a que garantiza el equilibrio entre la vida laboral y personal del teletrabajador. La desconexión digital se produce al finalizar la jornada laboral, momento a partir del cual el trabajador no está obligado a responder comunicaciones, correos electrónicos o llamadas, salvaguardando así su tiempo de descanso y su bienestar mental, para que no sea afectado por una sobrecarga laboral. A propósito de esto, en un artículo de la obra ‘Más allá de la oficina: desafíos laborales emergentes en un mundo hiperconectado’, José Manuel López Jiménez sostiene lo siguiente: que el primer aspecto a tener en cuenta en lo que a desconexión digital se refiere, debe ser el concepto de la misma, de forma que se podría definir la desconexión digital como aquella que se encarga de limitar el uso de las tecnologías de la comunicación fuera del horario laboral (no recibir llamadas, correos electrónicos, etc.), de esta forma se garantizarían los tiempos de descansos, permisos, vacaciones, bajas, etc., de forma clara y correcta. Sin embargo, el problema de la hiperconectividad no es solo una cuestión de tiempo, tal y como lo demuestran diversos estudios, que han sostenido que el uso excesivo de tecnología puede generar ansiedad, insomnio, falta de concentración, fatiga mental y aislamiento social. Refiriéndose a la hiperconectividad y sus efectos, el mencionado autor, López Jiménez, se refiere al informe de la Organización Internacional del Trabajo y Eurofound del año 2007, en el que se indica que la introducción de las nuevas tecnologías llevaría consigo una ampliación del horario de trabajo, pudiendo afectar a los períodos de descanso y otros derechos laborales ya adquiridos. Algunos de estos datos muestran como hay empleados que realizan jornadas laborales de 48 semanales. Partiendo de los referidos datos, este autor advierte, de una manera dramática, que la situación puede acabar derivando en algo similar a la esclavitud propiamente dicha, al quedar en muchas ocasiones poco marcados por los descansos de los empleados, es decir, la desconexión digital por ley a la que tienen derecho los trabajadores. Tomando en cuenta las amenazas que trae el teletrabajo a los derechos de los trabajadores, le toca entrar en acción al legislador para garantizar que las amenazas no se materialicen. En ese sentido, la desconexión digital, señala López Jiménez, ha sido tomada en cuenta tanto por la Unión Europea como por la legislación española, lo mismo que Bélgica, que el 3 de octubre del 2022 aprobó la jornada laboral de 4 días, además de implantar herramientas digitales que aseguran que se cumplan los descansos, proporcionando un equilibrio entre la vida personal y familiar. Finalmente, todos sabemos que el legislador es el responsable de modificar el Código de Trabajo, para garantizar que el teletrabajo se realice con absoluto respeto a la desconexión digital.
Salario mínimo y Comité de Salario
Sufragio Por Eddy Olivares Ortega El salario mínimo nació a finales del siglo XIX en Nueva Zelanda y Australia, como respuesta a las precarias condiciones laborales y la explotación a la que estaban sometidos los trabajadores durante la Revolución Industrial. Más adelante, en el año 1909, el salario mínimo fue adoptado por el Reino Unido y, posteriormente, en el 1917, México lo incorporó en su Constitución, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobar este revolucionario concepto. Lo mismo hicieron, a lo largo del siglo XX, la mayoría de los demás países. La República Dominicana, por su parte, puso en vigor el salario mínimo 60 años después, en 1978, mediante la Resolución No.1/78 del Comité Nacional de Salarios, el cual, por vía de consecuencia, incide significativamente en la regulación del mercado laboral, procurando que los trabajadores reciban una remuneración justa y acorde con las condiciones económicas del país. En ese sentido, el referido comité, que está regido por Código de Trabajo y el Decreto 512-97, es un organismo tripartito cuyo funcionamiento se basa en la transparencia, la participación y la equidad. Asimismo, en el CNS, que es el garante de la justicia salarial, participan los trabajadores, los empleadores y el Estado, los cuales procuran siempre ponerse de acuerdo al momento de aprobar los montos del salario mínimo. Sin duda, el CNS es uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico laboral de la República Dominicana, teniendo como función principal la de garantizar condiciones salariales equitativas y acordes con la realidad socioeconómica del país. De conformidad con la Ley de Organización de la Administración Pública núm. 247-12, el CNS se configura como un órgano colegiado, técnico y consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo. En ese orden, goza de autonomía técnica para deliberar y decidir sobre las tarifas de salarios mínimos. El Comité también actúa como un órgano consultivo en materia salarial, proporcionando asesoramiento al Ministerio de Trabajo. No obstante, sus resoluciones, una vez aprobadas y publicadas, adquieren carácter vinculante, lo que le otorga un papel decisorio dentro del marco jurídico laboral. Cabe recordar que el objeto del CNS está claramente definido en el marco legal que lo regula. Su función esencial consiste en fijar y revisar las tarifas de salarios mínimos para todas las actividades económicas del país, teniendo en cuenta factores como el costo de vida, las condiciones del mercado laboral y las capacidades productivas de los sectores económicos. Para darle cumplimiento al mandato de la Ley 16-92, que establece que las tarifas de salarios mínimos deben revisarse al menos cada dos años, salvo situaciones excepcionales, el Comité Nacional de Salarios acaba de aprobar a unanimidad el significativo aumento de un 20% al sueldo mínimo. Al aprobar, de forma unánime, el referido aumento salarial, es justo felicitar al presidente, Luis Abinader, proponente del aumento del 20%, así como a los líderes sindicales y empresariales, por su ejemplar comportamiento y muestra de compromiso con la mejoría del salario mínimo de los trabajadores.
El PCT llama a frenar los \»abusos\» del gobierno y los patronos mediante la movilización en las calles
Manuel Salazar, secretario general del PCT y Rafael Chaljub Mejía miembro de la dirección del partido de izquierda, en un acto público (Foto de archivo umbral.local/) Por Servicios umbral.local/ El Partido Comunista del Trabajo (PCT), a través de su Buró Político, hizo un llamado urgente a todas las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas, así como a su militancia, para coordinar una unidad de acción que permita frenar los \»abusos\» del gobierno y los patronos mediante luchas en las calles y plazas del país. La declaración fue dada a conocer por Manuel Salazar, secretario general del PCT, quien enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, defender las conquistas laborales y exigir mejores condiciones de trabajo. En un comunicado de prensa, el PCT denunció que el actual modelo económico neoliberal, impulsado por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader, ha profundizado el endeudamiento externo y agravado la crisis social y económica que afecta a las mayorías en la República Dominicana. Según el partido, las alianzas público-privadas promovidas por la administración actual están deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo en general. El PCT alertó sobre los intentos del gobierno de reformar el Código de Trabajo, lo que, según la organización, facilitaría la implementación plena de políticas económicas neoliberales y permitiría a los patronos aumentar la explotación y la incertidumbre laboral. \»Estas reformas buscan precarizar aún más los derechos de los trabajadores y favorecer los intereses de los grandes empresarios en detrimento de la clase trabajadora\», señaló Salazar. Entre los principales problemas que afectan a la población, el PCT destacó la falta de oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes, las altas tarifas eléctricas, los apagones constantes, el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la negativa de los patronos a otorgar aumentos salariales que recuperen al menos el 50% del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, el partido denunció el deterioro del sistema de salud, el engaño de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así como las amenazas de privatización de servicios esenciales como la salud, la educación, el agua, el transporte y la electricidad. El PCT instó a la movilización y unidad de los trabajadores y sectores populares para exigir al gobierno y a los patronos el respeto a las leyes y la soberanía nacional. Entre las demandas planteadas se encuentran: detener la entrega de tierras raras a capitales extranjeros, aprobar un aumento general de salarios del 37.5%, y frenar los planes de construcción de la presa de cola de Barrick Gold y la explotación de Mina Romero en San Juan de la Maguana. \»Es momento de que el pueblo dominicano se una y luche por sus derechos. No podemos permitir que sigan imponiendo políticas que solo benefician a unos pocos mientras la mayoría sufre las consecuencias\», afirmó Manuel Salazar. El PCT reiteró su compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y llamó a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones que se realizarán en los próximos días para exigir un cambio en las políticas económicas y sociales del gobierno. La declaración del PCT refleja un profundo descontento con las políticas actuales y un llamado a la acción colectiva para enfrentar lo que consideran un sistema que prioriza los intereses empresariales y extranjeros sobre los derechos y el bienestar de la población dominicana. La movilización en las calles, según el partido, será clave para lograr cambios significativos en favor de los trabajadores y el pueblo.