Jueza envía a juicio de fondo a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón
La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra el exdirector del Intrant y una decena de acusados, además de varias empresas, por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público los señala por delitos que incluyen lavado de activos, estafa al Estado, sabotaje tecnológico y terrorismo. Por: Thiago N. Guzmán Santo Domingo, D.N. –El tribunal que encabeza la jueza Yanibet Rivas decidió elevar a juicio de fondo el expediente del denominado caso Camaleón, una trama de corrupción que, según las investigaciones, desvió millonarios recursos públicos destinados a la modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Entre los procesados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), señalado como el presunto cerebro de la red; así como exfuncionarios y empresarios vinculados a una docena de compañías que, de acuerdo con el expediente acusatorio, operaron como fachada para extraer fondos del Estado, espiar infraestructuras críticas y manipular tecnológicamente los semáforos de la capital. La magistrada Rivas sustentó su decisión en el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, que demostraron, a su juicio, la existencia de indicios razonables sobre los ilícitos imputados. “Los elementos de convicción aportados por la acusación son suficientes para presumir que los encartados pudieron haber cometido los hechos que se les atribuyen, por lo que corresponde su juzgamiento en un tribunal de fondo”, estableció la jueza en su resolución. Un entramado de contratos irregulares y empresas pantalla Según la tesis fiscal, el corazón del entramado corrupto giraba en torno a la empresa Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., mediante las cuales se habrían otorgado accesos privilegiados a contratos públicos sin que dichas compañías demostraran capacidad técnica o financiera para ejecutarlos. La investigación determinó que, a través de convenios irregulares, se desviaron fondos del Intrant y se operó un esquema de lavado de activos que vulneró los principios de transparencia y legalidad administrativa. José Ángel Gómez Canaán aparece como el eje central de la presunta organización criminal. De acuerdo con el expediente, este hombre mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con todas las empresas implicadas, y bajo su dirección se habría consolidado una estructura dedicada a la estafa contra el Estado, el sabotaje tecnológico y el control ilegítimo de infraestructuras críticas. Medidas de coerción y caso complejo En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso como complejo y dictó medidas de coerción contra Hugo Beras, Gómez Canaán y otros siete imputados. Ahora, con la apertura a juicio, se abre la fase contradictoria donde defensa y acusación debatirán ante un tribunal colegiado la responsabilidad penal de cada uno. Además de los dos principales implicados, irán a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso. En el plano corporativo, deberán comparecer como personas jurídicas acusadas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. Delitos graves: desde sabotaje hasta terrorismo El Ministerio Público imputa a los acusados una batería de delitos que incluye coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, actos de terrorismo y delitos de alta tecnología, todos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la magnitud de los recursos involucrados y la presunta afectación a un servicio crítico como los semáforos de la capital, promete ser uno de los juicios por corrupción más complejos y seguidos de los últimos años en la República Dominicana. La fecha para el inicio del debate oral y público aún no ha sido fijada por el tribunal competente.
La injusticia del caso Camaleón: Un sistema que recompensa la corrupción y promueve la impunidad
La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia. Por Julio Guzmán Acosta El reciente desenlace del caso Camaleón, que involucra a Hugo Beras, exdirector del INTRANT y José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, y otros implicados, expone de manera palpable las carencias del sistema de justicia en la República Dominicana. Apenas un mes después de ser apresados y de enfrentar una dura medida de prisión preventiva de 18 meses por su supuesta participación en una red de corrupción que malversó más de 1,300 millones de pesos destinados a la instalación de una red semafórica en el Gran Santo Domingo, los jueces han decidido modificar esa medida. Ahora, Gómez y sus coacusados se encuentran en casa, bajo condiciones que parecen mínimas: una fianza pírrica y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Esta decisión no solo resulta desconcertante, sino que también envía un mensaje claro y peligroso. En un país donde la corrupción gubernamental ha sido una constante, el hecho de que los acusados puedan eludir la prisión preventiva tan rápidamente refleja una falta de compromiso por parte del sistema judicial para hacer frente a los actos de impunidad que han caracterizado la historia reciente del país. La incautación de armas de fuego a Gómez durante los allanamientos realizados por las autoridades, junto con las graves acusaciones que enfrenta, deberían ser suficientes para mantenerlo bajo custodia mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, la justicia parece haber optado por un camino que no solo minimiza la gravedad de los delitos, sino que también relega a un segundo plano la seguridad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. ¿Qué tipo de mensaje se está enviando a aquellos que consideran que pueden beneficiarse del desfalco y la corrupción? La respuesta es clara: el sistema es indulgente, y las consecuencias son mínimas. Los jueces que tomaron esta decisión argumentaron que no existe peligro de fuga, pero esta lógica resulta cuestionable en un contexto donde la corrupción ha demostrado ser un fenómeno que se alimenta de la impunidad. ¿Cómo se puede confiar en que aquellos acusados de actos delictivos graves no intentarán evadir la justicia? La percepción de que la justicia es un privilegio más que un derecho es una constante en la mente de muchos dominicanos. El resultado de esta decisión es que la corrupción gubernamental sale fortalecida. Los corruptos no solo evitan enfrentar las serias consecuencias de sus actos, sino que también se ven incentivados a continuar operando con la certeza de que pueden salir ilesos. La falta de sanciones efectivas para quienes se aprovechan del erario perpetúa un ciclo vicioso en el que la ciudadanía se siente cada vez más desilusionada y desprotegida. La justicia en la República Dominicana necesita una reforma urgente. La confianza en el sistema se ha erosionado, y es responsabilidad de las instituciones trabajar para recuperar esa confianza. La lucha contra la corrupción no puede ser una mera retórica; debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el Estado está dispuesto a proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que tienen el poder y los recursos para eludir la justicia. El caso Camaleón es solo una muestra más de cómo el sistema de justicia, en lugar de ser un baluarte contra la corrupción, se ha convertido en una herramienta que facilita la impunidad. Mientras los corruptos regresan a sus hogares, la sociedad dominicana continúa esperando un cambio real que garantice que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos.