Candidaturas independientes en RD pausadas
PRM frena discusión legislativa en busca de mayor análisis, mientras el Congreso avanza hacia la regulación definitiva Por Theo N. Guzmán El debate sobre la regulación de las candidaturas independientes, una asignatura pendiente del sistema electoral dominicano, se encuentra temporalmente detenido tras la solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de aplazar las discusiones para profundizar en el análisis de las propuestas. Una comisión especial de la Cámara de Diputados tenía previsto continuar con el estudio de varios proyectos de ley que buscan ordenar la participación de aspirantes desligados de partidos políticos, en cumplimiento del mandato emanado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el PRM, que ostenta la mayoría legislativa, solicitó una prórroga de una semana para examinar con mayor detenimiento los textos consensuados, deteniendo así el avance inmediato de la iniciativa. Elías Wessin Chávez, coordinador de la comisión, explicó que la solicitud fue aceptada por mayoría, dada la preponderancia del PRM en el órgano legislativo, y adelantó que, tras el plazo concedido, se procederá a elaborar un informe que será elevado al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo, proceso que se replicará en el Senado. A pesar del poco tiempo que resta en el actual período legislativo, Wessin Chávez aseguró que la regulación estará lista para su promulgación antes del 26 de julio. Destaca que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco respectivamente, han catalogado este proyecto como prioritario, junto a otras iniciativas trascendentales como la reforma al Código Penal y la ley de Contrataciones Públicas. Pese a la pausa actual, el PRM ha manifestado en voz de su presidente y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, su respaldo a una ley que organice las candidaturas independientes, reconociendo la convivencia legítima de aspirantes sin afiliación partidaria en el escenario electoral. El origen de esta regulación encuentra su raíz en una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre de 2024, que cuestionó la equiparación normativa entre candidatos independientes y aquellos respaldados por partidos políticos, ordenando una revisión legislativa que diera respuesta a esta distinción. La Junta Central Electoral, en respuesta, elaboró un proyecto que, aunque consensuado con las fuerzas políticas, impone exigencias rigurosas a los aspirantes independientes, tales como la recolección de miles de firmas, la creación de asociaciones cívicas y la transparencia en la gestión de sus fondos. En este contexto, la pausa promovida por el PRM refleja la complejidad y sensibilidad que implica equilibrar la apertura democrática con la institucionalidad electoral, en un momento en que la nación se prepara para dar un paso crucial hacia la ampliación y regulación de la participación política.
Candidaturas independientes: encrucijada constitucional
Hoy la comisión especial decidirá si convoca vista pública para dirimir la controversia entre interpretaciones encontradas sobre la constitucionalidad de las candidaturas sin partidos políticos, en un debate que enfrenta el mandato del Tribunal Constitucional con las limitaciones de la Carta Magna y la voz de la sociedad civil que exige reforma estructural Por César Dalmasi Guzmán En la encrucijada de un dilema que divide al país, la comisión especial de diputados encargada de la matriz legislativa para la postulación de candidaturas independientes se reúne este lunes para decidir si convoca una vista pública que permita definir el rumbo de una pieza polémica y trascendental. En el centro de la discusión late la sentencia 0788/24 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que abre la puerta a candidaturas sin partidos políticos, pero que ha desatado un debate profundo y apasionado sobre su compatibilidad con la vigente Constitución. El presidente de la comisión, diputado Elías Wessin, confirmó en el programa “Buenas noches, buena suerte” que existen dos interpretaciones antagónicas sobre la sentencia. Por un lado, la lectura formal sostiene que, conforme a la Carta Magna, no existe espacio para candidaturas independientes, pues no están expresamente constitucionalizadas. Por otro, la interpretación garantista defiende que el derecho fundamental a elegir y ser elegido debe extenderse para permitir a cualquier ciudadano aspirar a cargos públicos sin la intermediación partidaria. Este lunes a las 10:00 de la mañana, los 23 miembros de la comisión especial deliberarán sobre la conveniencia de abrir un espacio de consulta pública que permita socializar el proyecto y escuchar voces diversas antes de tomar la decisión definitiva. La disyuntiva es clara: legislar para habilitar candidaturas independientes según el mandato del TC o impulsar una reforma constitucional que asiente con mayor solidez jurídica esta figura electoral. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana (PC) han reiterado su preocupación por la falta de coherencia entre el proyecto de ley y el marco constitucional vigente. Leidy Blanco, coordinadora general de PC, expuso en el programa “Esferas de Poder” que la Constitución establece claramente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como los actores del sistema electoral, dejando a las candidaturas independientes en un limbo jurídico que solo puede resolverse mediante una reforma constitucional profunda. Blanco destacó, además, que la ley actual contiene vacíos y contradicciones, pues regula procedimientos para sustituir senadores o diputados fallecidos, pero no contempla mecanismos para candidatos independientes, lo que podría derivar en nuevas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y en un proceso legislativo lleno de obstáculos y cuestionamientos. En consonancia con esta postura, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la dificultad para aprobar la ley radica en que el debate debería haberse iniciado desde una revisión constitucional que permita adecuar el sistema electoral a la realidad política actual. “La Constitución siempre ha hecho referencia a los partidos políticos y nunca a movimientos independientes”, subrayó el jurista, advirtiendo que el Congreso enfrenta un desafío mayúsculo para regular una figura tan controversial sin antes cambiar el andamiaje normativo fundamental. Así, la sesión de hoy no solo definirá si la comisión especial abre el debate público, sino que también simboliza el pulso entre el derecho ciudadano a una participación más amplia y los límites del orden constitucional vigente. En este juego de interpretaciones y expectativas, la República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica para repensar su sistema electoral y decidir si concede a la ciudadanía el poder de aspirar sin ataduras partidarias, o si opta por un camino más cauteloso que requiere reformar la ley máxima del país. El reloj avanza y, en pocos días, la comisión especial deberá elegir no solo el destino de una ley, sino el rumbo de la democracia dominicana en su expresión más fundamental: la vocación de todos a ser escuchados y representados.
Paliza defiende convivencia entre partidos y candidaturas independientes
Por Brendalis Reyes Santo Domingo, RD. – José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que las candidaturas independientes y los partidos políticos pueden coexistir en el sistema electoral dominicano, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) presentara una propuesta para regular estas postulaciones ante la Cámara de Diputados. Un sistema que busca equilibrio En declaraciones a la prensa tras reunirse con legisladores oficialistas, Paliza aseguró que \»los partidos tienen un rol fundamental como columna de la democracia\», pero destacó que esto no impide la incorporación de candidaturas independientes. \»Pueden convivir ambos sistemas, ambas vías de presentación de candidaturas\», expresó el líder perremeísta, en referencia al proyecto de la JCE que deriva de una sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de diciembre que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Los detalles de la reforma La iniciativa de la JCE establece que: – Las candidaturas independientes deberán ser postuladas exclusivamente a través de asociaciones civiles – Tendrán financiamiento únicamente privado, con las mismas restricciones que aplican a los partidos – Se limitará a tres candidatos independientes por demarcación por nivel de elección – En caso de exceder el número permitido, se resolverá por sorteo según el artículo 299 del Régimen Electoral Para cargos plurinominales (diputados, regidores, vocales), las asociaciones cívicas solo podrán postular una candidatura por nivel, y en caso de ganar múltiples escaños, solo obtendrán uno. Paliza llama a la tranquilidad El presidente del PRM insistió en que \»no debe preocupar al pueblo dominicano\» esta modificación, ya que responde a un mandato del Tribunal Constitucional. \»Tenemos que garantizarlo a través de una pieza legislativa acorde a la decisión del TC\», reiteró. La propuesta ahora queda en manos de los legisladores, quienes deberán discutir y aprobar los cambios al sistema electoral, marcando un nuevo capítulo en la democracia dominicana que busca balancear las estructuras partidarias tradicionales con las aspiraciones ciudadanas independientes.
Candidaturas independientes. El Camino hacia una democracia más participativa
Por Danilo Minaya Las candidaturas independientes han cobrado relevancia en América Latina, como una alternativa que amplía la representación política y permite la participación de sectores que históricamente han sido segregados por los partidos tradicionales. Sin embargo, su consolidación enfrenta diversos desafíos, entre ellos, falta de acceso a financiamiento y limitaciones para competir en igualdad de condiciones con las estructuras partidarias establecidas. En República Dominicana, aunque la Constitución y la Ley 20-23 reconocen esta figura, las barreras normativas y políticas siguen restringiendo su desarrollo y participación efectiva en los procesos electorales. El Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia TC/0788/24, ha ampliado las posibilidades para que los ciudadanos presenten candidaturas independientes, eliminando ciertos requisitos previos considerados inconstitucionales. Para fortalecer las candidaturas independientes y promover una democracia más inclusiva, se requieren reformas que incluyan la reducción de trabas burocráticas, acceso equitativo al financiamiento público y privado, y una regulación que garantice la participación de estos candidatos en debates y espacios en medios de comunicación. Esto permitiría ampliar la oferta electoral, renovar liderazgos y movilizar nuevos sectores de la sociedad hacia una mayor participación política. Otro aspecto fundamental es la transparencia en el financiamiento de las campañas, fortalecer los sistemas de auditorías y una efectiva fiscalización electoral, ayudarían a prevenir la infiltración de dinero ilícito en las elecciones, protegiendo la integridad del proceso democrático. Además, permitir que los candidatos independientes formen alianzas con partidos y movimientos, robustecería su capacidad de incidencia y representatividad. El fortalecimiento de las candidaturas independientes no solo diversifica el panorama electoral, sino que también refuerza la legitimidad del sistema democrático y amplía la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones. Su reconocimiento en igualdad de condiciones con los partidos políticos tradicionales es esencial para garantizar una competencia justa y representativa. La apertura a estas candidaturas es clave para construir un sistema más transparente, participativo y alineado con las aspiraciones de una ciudadanía que demanda mayor pluralismo y equidad en la política nacional. Representan un paso fundamental para la profundización de la democracia.
Organizaciones políticas critican sentencia del Tribunal Constitucional sobre candidaturas independientes
La JCE realizó un pleno con los partidos políticos para tratar sobre la senticia del TC que da luz verde a las candidaturas independientes. (umbral.local/) Por Servicios umbral.local/ Santo Domingo. — Al menos nueve de las 21 organizaciones políticas que participaron este miércoles en una audiencia pública convocada por la Junta Central Electoral (JCE) expresaron su desacuerdo y criticaron la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que desvincula a las candidaturas independientes de la política. La decisión del TC, emitida el pasado 13 de diciembre, ha generado un intenso debate entre los partidos políticos, quienes consideran que el tribunal excedió sus competencias al interferir en la Ley 20-23 del Régimen Electoral. Durante la audiencia, representantes de partidos mayoritarios y minoritarios coincidieron en rechazar la sentencia, argumentando que esta podría debilitar el sistema democrático dominicano al introducir cambios complejos en las legislaciones electorales. Entre las organizaciones que se opusieron a la decisión del TC se encuentran el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido País Posible, el Partido Opción Democrática (OD), el Partido Humanista Dominicano, el Partido Demócrata Institucional, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Socialista Cristiano. Solo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) respaldaron el fallo del TC. Críticas y argumentos en contra Danilo Díaz, representante del PLD ante la JCE, afirmó que la sentencia del TC afecta directamente el derecho de los ciudadanos a ser elegidos y el funcionamiento de los procesos electorales. “Parecería que no estaría asegurado el derecho de ser elegible. El país tiene en la ley vigente ese espacio para las candidaturas independientes, en el que viabilizar el ejercicio de este derecho. Aquí estamos intentando corregir un tollo que el TC ha creado, desbordando sus competencias”, señaló Díaz. Por su parte, el PRD argumentó que la única forma legítima de aplicar lo ordenado por el TC es mediante una reforma constitucional. José Pérez Volquez, representante del PRD, explicó que “la misma Constitución reconoce a los partidos políticos como el principal vehículo para garantizar la participación de la ciudadanía y la edificación de políticas para el funcionamiento del Estado”. El PRSC, por otro lado, propuso que los partidos políticos exhorten al TC a reconsiderar su decisión, permitiendo que el Congreso Nacional cumpla su rol de creador de leyes. Tacito Perdomo, delegado del PRSC ante la JCE, advirtió que “cualquier regulación tendría el riesgo de chocar con lo que el TC entiende como constitucional. Sería muy peligroso y riesgoso que se haga una nueva ley, ya que el TC podría declararla inconstitucional”. Oportunidad para revisar las normas electorales A pesar de las críticas, varios partidos coincidieron en que la sentencia del TC representa una oportunidad para revisar y actualizar las normas electorales. Entre los temas que consideraron prioritarios se encuentran la funcionalidad del método D’Hont, la implementación del escrutinio automatizado y la necesidad de garantizar la presencia de delegados políticos durante los comicios. Además, se discutió la posibilidad de crear un Código Electoral que regule de manera integral los procesos electorales. Requisitos para las candidaturas independientes Los partidos políticos también destacaron la necesidad de establecer requisitos claros para la presentación de candidaturas independientes. Entre las propuestas presentadas se encuentran: Plazo de inscripción: Establecer un plazo específico para inscribir las candidaturas independientes. Certificación de la JCE: Los movimientos sociales deberán contar con la certificación de la JCE para presentar sus candidaturas. Limitación al transfuguismo: Impedir que precandidatos o candidatos de partidos políticos se postulen como independientes en el mismo torneo electoral. Derechos y deberes: Las candidaturas independientes tendrán los mismos derechos, deberes, plazos y regímenes sancionatorios que las agrupaciones políticas. Boleta electoral: Garantizar un diseño racional de la boleta electoral para evitar un desbordamiento de inscripciones. Fiscalización: Las candidaturas independientes deberán ser fiscalizadas bajo el mismo régimen electoral que las organizaciones políticas. Próximos pasos Tras la audiencia pública, la JCE se comprometió a elaborar un proyecto de ley que incorpore las propuestas presentadas por los partidos políticos. Este proyecto será depositado en una de las cámaras del Congreso Nacional para su discusión y aprobación. La JCE destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con los actores políticos para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. La sentencia del TC y las reacciones que ha generado reflejan un momento crucial para la democracia dominicana, en el que se debate el equilibrio entre los poderes del Estado y la participación ciudadana en los procesos electorales. Mientras los partidos políticos buscan preservar su rol como vehículos principales de representación, las candidaturas independientes emergen como una alternativa que, según sus defensores, podría fortalecer la pluralidad política en el país. Sin embargo, su implementación requerirá un consenso amplio y un marco legal claro que garantice la estabilidad del sistema democrático.
Los Partidos quieren regular las Candidaturas Independientes de cara a las Elecciones 2028
Por Brendalis Reyes A pesar de que falta mucho tiempo para el torneo electoral del 2028, la posibilidad del surgimiento de candidatos independientes ha generado inquietud entre las organizaciones políticas dominicanas. Ante esta situación, los partidos políticos han comenzado a impulsar cambios en la Ley de Régimen Electoral, buscando que las candidaturas independientes y las afiliadas a partidos compitan bajo las mismas condiciones legales. Este movimiento se produce en el contexto de plenarios encabezados por miembros de la Junta Central Electoral (JCE), quienes son responsables de definir cómo se manejarán las candidaturas independientes en las próximas elecciones. Durante un evento con motivo del décimo aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), su presidente, José Ignacio Paliza, expresó su apoyo a la modificación de la Ley 20-23, con el fin de regular las candidaturas independientes y proteger las aspiraciones de los partidos establecidos. Paliza argumentó que una revisión de la normativa electoral vigente es esencial para evitar que los partidos sean \»derruidos\» por la competencia de candidatos independientes, quienes, según él, deberían presentarse bajo las mismas reglas que los candidatos partidarios. Por su parte, el expresidente Leonel Fernández ha propuesto que la JCE utilice su facultad constitucional para presentar un proyecto de ley al Congreso que regule las candidaturas independientes. Fernández aboga por un diálogo entre los partidos y la JCE para asegurar que los controles sobre estas candidaturas sean \»legítimos\» y cuenten con el respaldo de todas las agrupaciones políticas. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, también ha mostrado su apoyo a una normativa que organice estas candidaturas, enfatizando la necesidad de prevenir la infiltración de organizaciones criminales y narcotraficantes en el proceso electoral. En la última reunión del Comité Político del PLD, se discutió brevemente la situación y se acordó continuar el diálogo con la JCE para mitigar los \»peligros en la democracia\» que podrían surgir de candidaturas independientes no reguladas. El delegado del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, informó que los principales partidos políticos se reunirán nuevamente con el Pleno de la JCE para seguir debatiendo el impacto de las candidaturas independientes. Freund considera que estos diálogos serán clave para encontrar una solución que se ajuste al marco normativo vigente. Cabe recordar que el 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que declaró inconstitucionales ciertos artículos de la Ley 20-23, los cuales imponían requisitos que dificultaban la participación de candidatos independientes. Esta decisión busca facilitar la inclusión de estos aspirantes en el sistema electoral dominicano, eliminando la necesidad de estar afiliado a un partido político para postularse a un cargo de elección popular. La situación actual plantea un desafío significativo para los partidos políticos, que deberán adaptarse a un panorama electoral en el que los candidatos independientes podrían jugar un rol cada vez más importante.
Por candidaturas independientes no cuestionadas
La democracia representativa, defendida y sostenida por los partidos que han criticado la sentencia TC/0788/24, cada vez luce más debilitada, partiendo de la alta abstención que se registra en cada certamen electoral efectuado aquí. Basta con recordar que en el 2024, el 46% de los electores dejó de votar. Por Ramón A. (Negro) Veras 1.- Lo que motivó al licenciado Alberto Emilio Fiallo Billini a accionar ante el Tribunal Constitucional, fue que su candidatura a senador por el Distrito Nacional no fue aceptada por el partido Opción Democrática. 2.- Ante semejante situación, Fiallo Billini lanzó su aspiración a senador como candidato independiente, pero la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral rechazaron su pretensión. 3.- Fue entonces cuando Fiallo Billini decidió apoderar al Tribunal Constitucional, el cual dio respuesta mediante la sentencia TC/0788/24. 4.- Como se puede comprobar, todo lo que se ha movido alrededor de la aludida sentencia TC/0788/24 son cuestiones de naturaleza legal, pura y simplemente, sin fines ulteriores. 5.- Los partidos políticos dominicanos tradicionales, por su fragilidad ideológica, el poco peso en el electorado nacional y por el descrédito, han querido sacar absurdas conclusiones de la sentencia TC/0788/24. 6.- La decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24, en lugar de afectar a los partidos del sistema, lo que ha hecho es oxigenarlos, que tomen un respiro ante su permanente deterioro. 7.- Cada vez que en el país transcurre un proceso electoral, se hace más que notorio el poco peso específico de los partidos que, con uno u otro nombre, han dirigido el Estado dominicano. 8.- La democracia representativa, defendida y sostenida por los partidos que han criticado la sentencia TC/0788/24, cada vez luce más debilitada, partiendo de la alta abstención que se registra en cada certamen electoral efectuado aquí. Basta con recordar que en el 2024, el 46% de los electores dejó de votar. 9.- La democracia se nutre con la participación consciente de ciudadanas y ciudadanos; no importa que accionen dentro o fuera de un partido, en condición de independientes. 10.- Lo que cuenta en el medio social dominicano es que más y más mujeres y hombres incidan en el quehacer político en procura de renovar la sociedad de hoy, que está atrasada y ha dejado de ser provechosa. 11.- Las críticas lanzadas contra la sentencia TC/0788/24 carecen de total fundamento, porque no se apoyan en razonamientos extraídos de la realidad viva de nuestro país, sino de suposiciones que nada tienen que ver con el legítimo derecho a elegir y ser elegido. 12.- Las candidaturas independientes no van a venir a prostituir la lucha democrática. Por el contrario, pueden adecentar la actividad, el trabajo político con decencia. 13.- La sentencia TC/0788/24, que declaró no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, ha venido a abrir un espacio para que personas con sentir político no comercial se desempeñen al margen de los partidos de negocios. 14.- Está comprobado hasta la saciedad que la proliferación de partidos iguales, no significa fortalecimiento de la democracia. Las muchas organizaciones políticas en nuestro país no han impedido que el 60 por ciento de nuestros connacionales esté de acuerdo con un gobierno no democrático si resuelve los problemas. [i] 15.- Lo que procede ahora, luego de la sentencia TC/0788/24, es que surja un amplio movimiento de personas decentes que motive a conciudadanos honrados, honestos y virtuosos para que formalicen candidaturas independientes. 16.- Si la presencia de los partidos tradicionales ha resultado un fracaso para el fortalecimiento institucional y el adecentamiento de la vida pública dominicana, lo más atinado es impulsar candidaturas independientes no cuestionadas.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes: ¿Oportunidad o Amenaza?
Por Julio Guzmán Acosta La reciente decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de autorizar la presentación de candidaturas independientes al margen de los partidos políticos ha generado un intenso debate en la sociedad. Si bien la medida puede ser vista como un avance hacia la democratización y la inclusión, no podemos pasar por alto las implicaciones que esta resolución podría tener en la integridad del sistema político dominicano. Históricamente, los partidos políticos han sido la columna vertebral de nuestra democracia. A través de ellos, los ciudadanos han canalizado sus inquietudes y aspiraciones. Sin embargo, la creciente desconfianza en estas instituciones ha llevado a muchos a clamar por una alternativa. La idea de que personas ajenas a los partidos puedan participar en el proceso electoral suena atractiva, especialmente en un contexto donde la corrupción y la desilusión son moneda corriente. Sin embargo, esta apertura también presenta riesgos importantísimos que debemos considerar con seriedad. Uno de los principales peligros de esta decisión es el potencial debilitamiento de los partidos políticos. Si los candidatos independientes comienzan a acaparar la atención y el apoyo popular, los partidos, que a menudo sirven como filtros para la selección de candidatos idóneos, podrían verse marginados. Esto no solo afectaría la calidad del debate político, sino que también podría facilitar la entrada de individuos sin la preparación y la moralidad necesarias para ocupar cargos de elección popular. La historia reciente nos ha enseñado que las instituciones democráticas pueden ser vulnerables al influjo del narcotráfico y el dinero mal habido. La posibilidad de que personas con conexiones dudosas o agendas ocultas utilicen su poder económico para acceder a posiciones de poder es una preocupación legítima. Sin los filtros que proporcionan los partidos, podríamos ver la irrupción de candidatos que, en lugar de representar los intereses del pueblo, sirvan a intereses oscuros, socavando así la confianza en nuestras instituciones. Además, la falta de una estructura partidaria sólida puede llevar a una fragmentación del voto, lo que dificultaría la formación de una gobernanza estable y efectiva. Cuando los ciudadanos no se sienten representados por un partido, pueden optar por apoyar a candidatos independientes, lo que, en última instancia, podría resultar en un parlamento dividido y en la incapacidad de lograr consensos necesarios para implementar políticas públicas. La solución a la crisis de representación no debería ser la eliminación de los partidos, sino su fortalecimiento y renovación. Es fundamental que se implementen reformas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana dentro de estas instituciones. De esta manera, los partidos pueden convertirse en espacios donde realmente se escuchen las voces de todos los sectores de la sociedad, y donde los ciudadanos puedan sentirse representados de manera efectiva. En conclusión, la resolución del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes presenta tanto oportunidades como riesgos. Si bien es esencial fomentar la participación ciudadana, debemos ser cautelosos y críticos ante la posibilidad de que esta apertura se convierta en una puerta de entrada para la corrupción y el debilitamiento de nuestra democracia. Es un momento crucial para debatir sobre el futuro de nuestra política y asegurarnos de que la lucha por un sistema más inclusivo no comprometa la integridad de nuestras instituciones. La democracia dominicana merece más que una simple opción; merece un compromiso genuino con la ética, la responsabilidad y el bienestar colectivo.
Rafael Méndez respalda decisión del Tribunal Constitucional sobre candidaturas independientes
Por Theo N. Guzmán El exdiputado Rafael Méndez expresó su apoyo a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, que permite la presentación de candidaturas a cargos de elección popular sin la obligación de afiliarse a un partido político. Méndez, quien también es expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, argumentó que esta medida fortalece la libertad de asociación y el derecho de los ciudadanos a determinar su participación política. En sus declaraciones, Méndez señaló que la obligatoriedad de pertenecer a un partido para aspirar a un cargo electivo no solo contraviene principios fundamentales de libertad, sino que también vulnera derechos consagrados en instrumentos internacionales y en la propia Constitución de la República Dominicana. “La obligatoriedad de la afiliación partidaria para optar por un cargo de elección popular no solo contraviene la libertad de asociación y la libre determinación de la persona, sino que además vulnera un derecho fundamental”, afirmó el exdiputado. Méndez hizo hincapié en que el criterio establecido por el Tribunal Constitucional está alineado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en su Artículo 25 garantiza el derecho de los ciudadanos a ser elegidos \»sin restricciones indebidas\» y a participar libremente en la gestión de los asuntos públicos. Asimismo, recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) consagra en su Artículo 21 el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país en condiciones de igualdad. El exdiputado destacó que, aunque la DUDH no es un tratado de ratificación obligatoria, su reconocimiento a nivel internacional por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluida la República Dominicana, estructura la base del sistema global de protección de los derechos humanos. Méndez también citó la Constitución dominicana, que en su artículo 22 establece el derecho a elegir y ser elegido. “Ningún ciudadano puede ser obligado a pertenecer a un partido político para ejercer su derecho a optar por un puesto electivo en el Estado”, reiteró, subrayando la necesidad de que las instituciones y la clase política realicen las modificaciones legales pertinentes para garantizar que este derecho fundamental sea accesible a todos los dominicanos. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se implementen cambios legales o se apliquen adecuadamente las normativas existentes, con el fin de asegurar que el derecho a la participación política sea plenamente ejecutable y accesible para todos, sin distinción.