Más medias verdades e incoherencias
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El artículo de la semana pasada sobre “El enfoque unilateral de la Coalición” produjo encendidos debates en las redes sociales y por su interés compartimos los puntos más polémicos e importantes. “El SENASA se ha convertido en un pagador de las clínicas privadas ante la mirada impávida de las autoridades”. Esa afirmación es sólo un síntoma de una verdad muy profunda e incómoda.Desnuda las ancestrales deficiencias de los servicios públicos, criticados hasta por las familias más pobres y vulnerables. La Ley 87-01 dispuso reformas estructurales para elevar la eficiencia pública, las cuales han sido permanentemente bloqueadas por el CMD con el silencio de la Coalición. ¿Cómo justificar una estatización total de la salud si la destrucción de lo público proviene del propio Estado? “La transferencia del SENASA al sector privado es una violación fragrante de la ley”. No se trata de transferencias sino de pagos por los servicios prestados. La Ley 87-01 no asigna los recursos directamente a las PSS (hospitales, clínicas, médicos) porque ello no garantiza servicios de calidad a los afiliados. La real violación consiste en la entrega directa de los recursos a la red pública fomentando el ausentismo y el clientelismo. “El SENASA incurre en un drenaje ilegal transfiriendo recursos públicos al sector privado”. El SFS obliga al SENASA a pagar a las PSS de acuerdo a las preferencias de sus afiliados. Es al revés: la desarticulación de lo público obliga a los afiliados a acudir a lo privado. La privatización se inició hace 60 años y es mucho más vieja que la Ley de Seguridad Social. Las deficiencias públicas no provienen del SENASA sino de la red pública a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS). “No hay salud ni seguridad social sin un fundamento estrictamente público”. La salud es tan vital que no admite prejuicios. Las familias necesitan soluciones reales, sean públicas o privadas. Prefieren la pública sólo cuando reciben atención oportuna y de calidad. Toda demanda privada más costosa desnuda las ineficiencias públicas de un servicio vital. “Ustedes no promueven cambios estructurales, sólo remiendos a un sistema que es un negocio”. Solo proponemos cambios posibles, viables, graduales y sostenibles. Las soluciones radicales presuponen revoluciones radicales. El todo o nada no tiene aceptación popular porque termina perpetuando el statu quo, eliminando la posibilidad de avances graduales. SUEÑAN CON CONSERVAR Y FORTALECER A UN SISTEMA CENTRALIZADO Y BUROCRÁTICO PARA CONTINUAR MULTIPLICANDO LAS NÓMINAS SUPERNUMERARIAS, SIN ASEGURAR SERVICIOS ACEPTABLES POR LOS AFILIADOS. “¿Por qué sectores importantes como los fiscales están armando su propio sistema?” Porque un sistema de reparto propio les asegura pensiones privilegiadas hasta tres veces superiores a la acumulación de sus aportes, las cuales terminan siendo pagadas por el pobre pueblo excluido, profundizando las desigualdades sociales. Así lo disfrutan la UASD, el CMD, el INABIMA, el Congreso y el Poder Judicial. entre otros. “La mayoría de gente de la calle prefiere un sistema de pensiones de reparto”. Si, hasta que le expliquen que es el propio contribuyente quien paga todos esos excesos y privilegios. Hasta cuando comprenda que se trata de un sistema insostenible, piramidal, y que las transformaciones demográficas y tecnológicas reducen en forma sostenida la cantidad de cotizantes por pensionado. Y más ahora con la inteligencia artificial. En materia científica, los argumentos populistas acusan falta de fundamentos. “¿Acaso el hecho probado de que la mayoría \»se inclina\» por el servicio privado constituye garantía de un servicio asequible y de calidad?” Desde luego que no. Debe quedar bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, solamente es más oportuna, confiable y personalizada que la pública. Ciertamente existen distorsiones, privilegios, ganancias excesivas, retenciones y rechazos que empobrecen a los afiliados. ¿Pero por qué descartar la demanda de cambios graduales que corrijan estas distorsiones? ¿Por qué condenar a quienes proponemos soluciones más sensatas, viables y sostenibles para mejorar la suerte de 10 millones de dominicanos? Se propone eliminar las administradoras de riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sean privadas, sino porque exigen disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, porque controlan los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones de análisis, estudios y medicamentos innecesarios.
El enfoque unilateral de la Coalición
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS El informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Estas informaciones son ciertas, pero ocultan grandes verdadera. La Coalición califica estos resultados como “transferencias” para confundir, porque no le conviene reconocer que son pagos reales de las ARS a las PSS privadas, como resultado de las grandes preferencias por los servicios privados de más de 10 millones de afiliados. Ello implicaría aceptar que los servicios públicos de salud resultan inaceptables para la gran mayoría de la población porque en su mayoría son insuficientes, inoportunos y de baja calidad. Hasta las familias más pobres prefieren pagar copagos elevados e injustos, antes que acudir a los hospitales públicos, salvo algunas excepciones. No pueden reconocer esta incómoda realidad porque su recomendación es la estatización total de la salud. Resulta incoherente hablar de seguridad social digna cuando no existe el menor respeto ni valoración del hecho de que son los propios afiliados quienes libremente han decidido, de manera consciente y consistente, asignar los recursos de sus cotizaciones de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Cuando promovíamos el SDSS decíamos “donde vayan las preferencias de los afiliados, irán los recursos de la seguridad social”. La clave de esta Ley reside en asignar poder de decisión de los afiliados en función de sus prioridades. Un poder popular que elimina los privilegios y las prepotencias de los políticos, de los burócratas y de los gremios profesionales que siempre se han servicio con la cuchara grande. La Coalición señala que \»estos más de 73 mil millones de pesos, contabilizados del 2010 al 2024, debieron haber ido a los prestadores públicos, un financiamiento sustraído contra la Ley”. FALSO. La Ley 87-01 nunca asigna los recursos directamente a los hospitales (PSS) porque ello no garantiza un retorno adecuado en servicios de calidad. Se desconoce que esos recursos son cotizados por los afiliados y se reitera el total desprecio a su derecho a decidir libremente a cuáles ARS y PSS asignarlos de acuerdo a sus necesidades reales. Esta negación sólo conduce a continuar haciendo más de lo mismo, como en los tiempos del IDSS y ahora en elEl informe de la Coalición por una Seguridad Social Digna plantea que desde el 2010 al 2024 prácticamente el 90% de los recursos del Régimen Contributivo (RC) se transfirieron a los prestadores privados de servicios de salud y también, el 52.3% de los recursos del Régimen Subsidiado (RS). Y que quede bien claro que, en general, la atención privada no es óptima, ni nada parecido, es sólo más oportuna, confiable y personalizada que la pública. La Coalición afirma que la creciente transferencia de recursos hacia el sector privado se produce en detrimento de los servicios públicos de salud. Una grosera tergiversación de la realidad, ya que es exactamente al revés: las deficiencias y el deterioro permanente de la medicina pública son las que han generado y acelerado esas preferencias mayoritarias y sostenidas por la medicina privada. “Los beneficios acumulados por las ARS privadas ascendieron a 24,000 millones en 18 años”. Pero llama poderosamente la atención que, sin embargo, la Coalición silencia que en sólo un año los copagos ilegales superan ese monto, sin entregar una factura ni pagar impuesto. Si las utilidades de 24,000 millones de las ARS privadas son excesivas, imagínense cuando se le agrega al pobre afiliado con el cobro de las PSS de diferencias, al menos 10 veces mayor. El trasfondo de estas medias verdades y críticas unilaterales es justificar la estatización de la medicina y retornar a los hospitales al ministerio de salud para fortalecer y perpetuar el clientelismo, el burocratismo, las ineficiencias y los privilegios de las minorías. Se cuestiona el seguro familiar de salud y la libre elección porque transfieren poder a los afiliados. Y se propone eliminar la administración del riesgo de salud (ARS) no necesariamente porque sea privada, sino porque exige disciplina y el cumplimiento de los protocolos, y además, pretende eliminar los fraudes crecientes, la sobre facturación y las prescripciones innecesarias de análisis, estudios y medicamentos.
Dos de tres decisiones trascendentales
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS La cápita diferenciada está consignada en el Art. 179 de la ley de seguridad social porque es la más justa, racional, equitativa y conveniente para reducir el riesgo de discriminación y sesgo. No es justo asignar la misma cápita para atender a una mujer en edad reproductiva que a un hombre de la misma edad, ya que la mujer demanda más del doble de servicios y se expone a rechazos de las ARS. De acuerdo a la SISALRIL, la demanda de servicios médicos entre las mujeres mayores de 65 años supera 2.3 veces la frecuencia de las mujeres entre 19 y 29 años. Si en promedio una mujer en edad fértil (entre 30 y 49 años) demanda 2.2 veces más atención médica que los hombres de la misma edad ¿por qué una cápita igual para una demanda desigual? La ausencia de una cápita diferenciada aumenta el riesgo de sesgos contra los mayores, las mujeres y las personas de cualquier edad en situación vulnerable de salud. Con esta disposición se eliminó la práctica inaceptable de las antiguas igualas médicas y seguros de salud que excluían a sus propios afiliados cuando cumplían 60 años por su mayor demanda. Igual situación habrá que establecer más adelante con el límite anual de las medicinas ambulatorias. No es justo que un joven en plena salud tenga el mismo tope que su padre o abuelo. O que un mayor de edad hipertenso esté sujeto a las mismas restricciones que un joven afiliado que disfruta de plena salud. Sin este ajuste no se realiza a tiempo, ¿qué pasará en unos años cuando la población continúe envejeciendo, con más jubilados y pensionados viviendo más años? La eficiencia debe provenir del manejo adecuado del riesgo de fraudes, de sobre facturación y de abusos, y no de mantener una asignación artificialmente igualitaria. Tampoco podemos favorecer el incumplimiento de la Ley. Los seguros privados y complementarios establecen una prima (cápita) según el riesgo, creando una barrera excluyente e inaceptable al acceso a un derecho esencial. La Ley 87-01 no establece diferencia alguna en el porcentaje de aporte y, en cambio, dispone asignar la cápita a las ARS en función del riesgo, a fin de garantizar equidad y equilibrio financiero. Una condición necesaria, pero no suficiente para elevar la satisfacción general El modelo de cápita ajustada por riesgo no es una innovación teórica, más bien es una necesidad práctica para alinear incentivos y fortalecer la equidad. Esta asignación no se hizo durante la redacción de la Ley, debido a la gran fragmentación de la demanda de servicios de salud y a la falta de información confiable sobre sus frecuencias. Apoyamos totalmente a la SISALRIL en esta iniciativa y en cualquiera otra que tenga como objetivo elevar los servicios, mejorar la calidad y garantizar los derechos de la población. La propuesta de aplicar la gradualidad es prudente para dar tiempo a que las ARS realicen los ajustes necesarios, evitando cualquier tendencia monopolística que restrinja la libre elección de los afiliados. Exhortamos a la SISALRIL a continuar adoptando medidas tendentes a elevar el desempeño de las ARS y la calidad de la administración del riesgo, en un ambiente de equilibrio, equidad y competencia regulada. En ese sentido, es válido el reclamo de ADIMARS de distribuir a los nuevos afiliados en igualdad de condiciones para todas las ARS. El ajuste diferenciado de la cápita constituye una condición necesaria pero no suficiente. No basta con ajustar la cápita. Es necesario establecer una atención primaria funcional, tarifas de referencia, regular los precios de los servicios básicos, cumplir con los protocolos y realizar auditorías clínicas reales, ya que de lo contrario este cambio podría tener efectos adversos o inocuos, como afirma el Dr. Pedro Ramírez. La Fundación Seguridad Social para todos (FSPT) considera este cambio como un punto de partida. Una oportunidad para impulsar las reformas pendientes llamadas a corregir fallas estructurales, distorsiones, desigualdades y exclusiones que lesionan los legítimos derechos de los afiliados y que acentúan el gasto familiar de bolsillo.
Comité Unitario Primero de Mayo convoca a gran caminata en defensa de los derechos laborales
Por Virtudes Álvarez Sampedro Santo Domingo, 30 de abril de 2025 — El Comité Unitario Primero de Mayo hizo un llamado a trabajadores activos, pensionados, jubilados y al pueblo en general para participar en la caminata conmemorativa del Día Internacional de los Trabajadores, que se realizará este jueves 1 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana. La movilización partirá desde el Parque Enriquillo hasta la calle Palo Hincado esquina Conde y tiene como objetivo honrar la memoria de los mártires de Chicago y de los luchadores laborales dominicanos, así como reafirmar las demandas sociales y económicas de la clase trabajadora. Un legado de lucha que trasciende fronteras El Primero de Mayo simboliza más que una fecha; es un monumento vivo a la resistencia obrera internacional. Su origen se remonta a 1886, cuando en Chicago, Estados Unidos, miles de trabajadores se manifestaron para exigir la jornada laboral de ocho horas. La brutal represión que siguió, incluyendo ejecuciones y persecuciones, convirtió a estos obreros en mártires cuya lucha sentó las bases para los derechos laborales que hoy se reconocen mundialmente. En República Dominicana, esta fecha ha sido un espacio histórico de unidad y reivindicación sindical. En medio de una crisis económica global y una inflación que afecta el costo de vida, la convocatoria a la movilización adquiere una relevancia urgente para enfrentar los retos actuales. Demandas claras y urgentes Respaldados por organizaciones como la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTRAPOMAR) y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJD), Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), Bloque Popular (BPJA), entre otras organizaciones, quienes exigirán: Aumento salarial acorde con la inflación y la productividad. Derogación de contrarreformas laborales que favorecen a los patronos. Defensa de la cesantía y de un sistema de seguridad social público, sin privatizaciones (AFP/ARS). Cese inmediato de la explotación minera por parte de Barrick Gold. Reducción de los precios de los alimentos y medicinas para garantizar una vida digna. Estas demandas son del momento actual y la continuidad de una lucha histórica por la justicia social y la dignidad laboral. Unidad y resistencia frente a nuevos desafíos El Comité Unitario enfatiza que la movilización es un acto de resistencia frente al capital transnacional y a gobiernos que intentan dividir a la clase trabajadora. La invitación está abierta a todos los sectores sociales: jóvenes, mujeres, campesinos, empleados públicos y privados, en un llamado a la unidad y la solidaridad. “¡Que nadie se quede atrás! ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores!”, concluye el comunicado, reafirmando el compromiso de continuar la lucha por los derechos laborales y sociales en República Dominicana. Para más información y seguimiento de la caminata, siga con Servicios umbral.local/
Respondiendo a dos objeciones
SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS Sólo el Seguro Familiar de Salud Contributivo ya maneja más de 110,000 millones de pesos al año, un monto nada despreciable, y mucho mayor si incluimos los copagos. Dada la pasividad del Estado y la debilidad institucional, todos los grupos, SIN EXCEPCIÓN (CMD, PSS, ARS y el propio Estado) luchan por controlar la mayor parte de ese enorme pastel, dejándole a los pobres afiliados el sobrante de esa rebatiña sanitaria nacional. Algunos de mis lectores me señalan que “ataco mucho a los médicos y defiendo a las ARS”. Le tengo un profundo respeto y admiración a la gran mayoría de los médicos, porque son laboriosos, dedicados y capaces, pero no puedo callar que muchos cobran y no trabajan. Los médicos dedicados deberían ganar mucho más, pero el dinero no alcanza porque hay que pagarles igualmente a miles y miles que no trabajan, defraudando al Estado y a los pacientes. Resulta injustificable que las tarifas por consultas se hayan mantenido tan bajas y por tanto tiempo. Se dice que las ARS se lo ganan todo y que con esos recursos se podrían mejorar los servicios y aumentar las tarifas médicas. Aquí están los resultados oficiales y evidencias concretas. Este cuadro, lamentablemente con sólo informaciones de SISALRIL de enero a septiembre 2024, indica que las ganancias netas de las 12 ARS privadas ascienden a 1,695.6 millones, muy lejos de la millonada que algunos proclaman sin aportar pruebas. El SENASA Contributivo también obtuvo ganancias por 418.0 millones. Si proyectamos estos resultados al 2024 completo, posiblemente las ganancias netas de las ARS privadas lleguen a 2,200 millones, con alzas y bajas en los últimos años. ADARS indica que en los primeros tres meses del 2025 las 6 ARS mayores arrojan pérdidas por 438.0 millones, con una siniestralidad del 97.97%, y del 107.89% al incluir los gastos administrativos. En consecuencia, es falso que eliminando a las ARS privadas se pueden cubrir los aumentos de honorarios y tarifas de los médicos, porque esos 2,200 millones constituyen una “chilata” en relación al costo de las demandas del CMD, valoradas el año pasado por la SISALRIL en más de16,000 millones anuales. Defiendo abiertamente la administración del riesgo por ser una función necesaria para asegurar el equilibrio financiero del PBS y el acceso a la salud como un derecho universal. Reconozco que existen fallas y distorsiones que deberían ser sancionadas por la SISALRIL. “DEFIENDO LA FUNCIÓN, PERO NO NECESARIAMENTE A LOS FUNCIONARIOS”. Por eso nuestra Fundación ha propuesto que una firma calificada evalúe objetivamente la administración del riesgo de salud como una FUNCIÓN integral del SFS/PBS, analice el DESEMPEÑO de las ARS y recomiende los correctivos de lugar. Otros, en cambio, cegados por los prejuicios ideológicos y los privilegios del descontrol, plantean su eliminación sin evaluarlas, a pesar de las preferencias de los afiliados, según las encuestas oficiales. Es cierto que critico más a los médicos que cobran y no trabajan, y también a los médicos que imponen copagos excesivos e ilegales. Alguien tiene que decir estas verdades incómodas. La población y la opinión pública tienen el derecho a conocer la verdad, a empoderarse y actuar contra los principales responsables del creciente gasto familiar de bolsillo. ¿Cómo silenciar una doble distorsión tan costosa? Cálculos conservadores estiman en 62,000 millones los copagos cobrados en el 2024. De ese monto, unos 40,000 millones los cobraron los médicos especialistas SIN ENTREGAR UN COMPROBANTE PARA EVADIR LOS IMPUESTOS. (No existe precisión, solo estimados, porque esos copagos médicos no dejan ningún rastro). En cambio, las ARS privadas pagarán IMPUESTOS por 965.6 millones, como indica el cuadro. En ocasiones muchas ARS niegan servicios a los afiliados, pero los números indican que existe un gran abismo entre unos 2,200 millones de ganancias y unos 40,000 millones de copagos. Entonces, ¿Quiénes abusan más de la población, acentuando su inseguridad financiera y familiar? No podemos silenciar estos abusos, vengan de donde vengan.