¡Ni una muerte más! Senador Taveras exige justicia y mano dura contra culpables del desastre en Jet Set
El legislador advierte sobre fallas en la supervisión estatal y llama a aplicar todo el peso de la ley contra los responsables de la muerte de 236 personas. Por Redacción umbral.local/ Santo Domingo. – Con la voz quebrada por la indignación y la mirada fija en el hemiciclo, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, rompió el silencio oficial este miércoles y exigió justicia sin contemplaciones para los responsables de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida en uno de los mayores desastres provocados por la negligencia en la historia reciente del país. “Estas muertes no ocurrieron por casualidad. Ocurrieron porque falló la política”, sentenció el legislador durante la sesión del pleno del Senado, en un discurso que remeció las butacas del Congreso. Su voz no fue un reclamo más: fue una requisitoria contra la impunidad y un memorial para las decenas de familias que aún lloran a sus muertos. Taveras Guzmán fue implacable al denunciar que el colapso de la estructura en el conocido centro de entretenimiento no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una cadena de omisiones y desidia estatal. Según expuso, el local presentaba un evidente deterioro progresivo, señalado en múltiples ocasiones por visitantes y hasta por empleados, sin que las autoridades competentes actuaran. “No debemos olvidar que el Estado es la autoridad política central, y que las instituciones de un gobierno democrático están para supervisar, controlar y regular”, enfatizó, dejando claro que la responsabilidad no recae únicamente sobre los propietarios del establecimiento, sino también sobre los funcionarios que, por acción o negligencia, hicieron la vista gorda. En su intervención, el senador exigió que se aplique “todo el peso de la ley, sin excepciones ni privilegios” a todos los implicados, sin importar su posición económica o política. “Este caso no puede quedar impune. No se trata únicamente de una sanción penal; se trata de justicia, de respeto a las víctimas y de garantizar que una tragedia como esta no vuelva a repetirse en nuestro país, nunca jamás”, arengóCon la contundencia que exige la hora, Taveras Guzmán cerró su intervención con una frase que resonó como un epitafio colectivo: “Las muertes de Jet Set no tienen precio”. El senador reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la transparencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del Estado, en medio de un país que exige respuestas y clama porque los 236 nombres no queden sepultados también por el olvido.
La Tragedia del Jet Set Club
La acusación formal contra los hermanos Espaillat desgrana, ocho meses después de la noche del horror, cómo la codicia y la negligencia precipitaron el techo sobre las cabezas de las más de 515 personas que se encontraban en el lugar y donde resultaron muertas 236 almas. Por Virtudes Álvarez Sampedro SANTO DOMINGO.— Ocho lunas después de que el éxtasis se trocara en pánico y el ritmo del merengue en un silencio sepulcral, la justicia ha puesto negro sobre blanco en su veredicto preliminar. La acusación formal del Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set Club, no es solo un documento legal; es la crónica de una tragedia anunciada. El techo que colapsó sobre cientos de vidas la madrugada del 8 de abril no cayó por casualidad, sino que fue derribado por el peso de una negligencia criminal. La fiscalía, en un escrito depositado con la solemnidad que exige el duelo de una nación, establece que los procesados “agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos” que garantizaran la integridad del lugar. Pero la acusación va más allá de la simple omisión. Revela un desdén consciente y temerario por la vida. “Ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes”, se lee en el comunicado de las autoridades. Durante las audiencias, se había dejado entrever la existencia de un conocimiento profundo e ineludible por parte de los empresarios. No se trataba de un detalle técnico oculto, sino de grietas visibles, de escombros que ya caían, de fotografías y videos que sus propios empleados les presentaron como un testimonio mudo del peligro. “A pesar de estas advertencias explícitas (…), optaron por ignorarlas”, sentencia el órgano persecutor. La frivolidad con la que se manejó aquel goteo de alertas contrasta con la contundencia de los cargos: homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, figuras que, aunque no conllevan la intención de dañar, castigan con prisión de tres meses a dos años la torpeza, la imprudencia y la inobservancia que segaron 236 vidas. Aquella madrugada fatídica, mientras Rubby Pérez animaba la fiesta, la estructura cedió. El lugar, abarrotado como era tradición en las noches de lunes, se convirtió en una trampa mortal. El caos, los gritos de auxilio y la desesperación de los rescatistas dibujaron una postal de horror que aún persiste en la memoria colectiva. Esta semana, mientras la justicia presentaba su dictamen, se recordaba que el pasado 12 de junio recibió el alta médica Jennifer Tavera, la última de los más de cien heridos en abandonar un centro de salud, tras 65 días de internamiento. Ella es un rostro de la resiliencia; los 236 que perecieron, el rostro de una impunidad que, ahora, la fiscalía busca conjurar con el peso frío de la ley.
Tribunal desata polémica con medidas de coerción leves en caso Jet Set
Ministerio Público anuncia apelación mientras víctimas quedan en espera de justicia Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo.- La madrugada de este jueves, la justicia dominicana tomó una decisión que ha encendido las alarmas: la jueza Fátima Veloz impuso medidas de coerción consideradas insuficientes contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 muertos, más de 180 heridos y 130 niños huérfanos. Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, no ocultó su indignación: \»Esta decisión se burla de las víctimas\», declaró, anunciando la apelación inmediata. Las medidas -presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de 50 millones de pesos- contrastan con la petición fiscal de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana. El funcionario reconoció, sin embargo, dos victorias procesales: el tribunal validó la calidad de la investigación fiscal y declaró el caso como \»complejo\», lo que amplía los plazos para profundizar las pesquisas. Además, la jueza se sumó al llamado de la procuradora general para reformar un Código Penal que, según expertos, muestra limitaciones ante tragedias de esta magnitud. El derrumbe del Jet Set el pasado 8 de abril ha expuesto no solo fallas estructurales, sino también las grietas del sistema judicial dominicano. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia, la medida de coerción -dictada pasada la 1:30 a.m.- deja un sabor amargo: la percepción de que la balanza se inclina hacia los privilegios antes que hacia el dolor de quienes perdieron todo en una noche de fiesta convertida en pesadilla. El caso, que ha sacudido la conciencia nacional, ahora enfrenta un nuevo capítulo: la batalla legal por una sentencia que esté a la altura del dolor causado. Lo que sigue será prueba de fuego para un sistema judicial bajo escrutinio.
Medidas leves enlutecen justicia para víctimas del Jet Set
Jueza impone garantía económica y presentación periódica a dueños de discoteca donde murieron 236 personas Por Theo N. Guzmán Santo Domingo.- Tras trece horas de audiencia marcada por prolongados recesos, la jueza Fátima Veloz dictó una medida de coerción que ha dejado más preguntas que respuestas: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set -escenario de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país- enfrentarán el proceso en libertad, con impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno. La decisión judicial, emitida en la madrugada de este miércoles, contrasta con la magnitud del dolor causado: 236 vidas perdidas, más de 180 heridos y un país que sigue preguntándose cómo un local con fallas estructurales conocidas pudo operar hasta aquel fatídico 8 de abril. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana, argumentando la gravedad del homicidio involuntario que se les imputa. Mientras la jueza deliberaba, se conoció que más de 40 familias afectadas habían llegado a acuerdos económicos con los Espaillat, según confirmó su abogado Miguel Valerio. Este detalle no hace sino alimentar la percepción de que, en República Dominicana, la justicia tiene dos velocidades: una para los poderosos y otra para el pueblo. El caso Jet Set se ha convertido en un termómetro de la independencia judicial. Las medidas impuestas -que permitirán a los acusados esperar el proceso en sus hogares- confirman los temores de quienes sospechaban que la influencia política de los imputados inclinaría la balanza. Mientras las víctimas entierran a sus seres queridos, la justicia parece haberse contentado con gestos simbólicos, dejando intacta la pregunta esencial: ¿Bastarán 50 millones de pesos para responder por 236 sueños truncados? La noche del 8 de abril dejó claro que el techo del Jet Set no era lo único que colapsaría. Ahora, la decisión judicial amenaza con derrumbar algo aún más valioso: la fe en que, ante la ley, todos somos iguales.
Aplazan audiencia de medida coercitiva contra Antonio y Maribel Espaillat por tragedia en Jet Set
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospone el conocimiento de las medidas solicitadas por el Ministerio Público, que pide prisión preventiva y arresto domiciliario, mientras se declara complejo el caso por la magnitud de la tragedia Por Brendalis Reyes Santo Domingo.- La audiencia para conocer las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, fue aplazada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y se reanudará el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, imputados por homicidio involuntario en relación con el colapso del techo que el pasado 8 de abril provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas. Además, los fiscales pidieron que el caso sea declarado complejo, dada la cantidad de víctimas y la complejidad de la investigación. Ambos fueron arrestados el jueves anterior tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. Según la acusación, los hermanos Espaillat cometieron una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no ejecutar las intervenciones necesarias para evitar el desplome fatal. El Ministerio Público también investiga presuntas acciones de intimidación y manipulación hacia empleados que podrían ser testigos clave en el proceso. Asimismo, señala que los imputados infringieron los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano, que sancionan el homicidio involuntario y las lesiones involuntarias. Las pruebas recabadas indican que la tragedia pudo haberse evitado si los responsables hubiesen priorizado la seguridad y el respeto a la vida por encima del lucro, destaca la Fiscalía. La próxima audiencia será determinante para definir las medidas cautelares que enfrentarán los hermanos Espaillat, en un caso que ha conmocionado profundamente a la sociedad dominicana.
Prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel por tragedia en Jet Set
El Ministerio Público solicita medidas de coerción y declara complejo el caso contra los hermanos Espaillat, acusados de homicidio involuntario tras el desplome que dejó 236 muertos y 180 heridos Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo.- En una jornada marcada por la solemnidad y la expectativa, el Ministerio Público presentó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, ambos acusados por homicidio involuntario en relación con la tragedia del Jet Set, donde el colapso del techo en una fiesta el pasado 8 de abril cobró la vida de 236 personas y dejó heridas a más de 180. El órgano persecutor, respaldado por un expediente acusatorio de 126 páginas, solicitó asimismo que el proceso sea declarado complejo, dada la magnitud de las evidencias y la gravedad del caso. La audiencia preliminar para conocer la solicitud de medida de coerción fue programada para las 2:00 de la tarde de este domingo. Previo a la presentación formal, el abogado defensor de los hermanos Espaillat, Miguel Valerio, aseguró que cuentan con los elementos suficientes para ejercer una defensa sólida ante las acusaciones por homicidio involuntario, y adelantó que la audiencia contará con la participación de alrededor de 68 abogados. Valerio describió a Antonio como tranquilo y consciente de su situación, mientras que Maribel se encuentra bajo atención médica en manos de la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público atribuye a los imputados una inmensa irresponsabilidad y negligencia al no realizar las intervenciones necesarias que evitaran el colapso estructural, que se produjo en un local operando sin los permisos ni la supervisión técnica requerida. Según el artículo 219 del Código Penal dominicano, el homicidio involuntario implica una pena de tres meses a dos años de prisión correccional, además de multas. El caso, que ha conmocionado a la sociedad dominicana, cuenta también con 82 querellas presentadas por familiares de las víctimas, quienes demandan resarcimientos millonarios por los daños sufridos. Luego de ser interrogados por un equipo encabezado por el Director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal Rosalba Ramos, Antonio Espaillat fue trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde aguardará la resolución judicial. Mientras tanto, la familia Espaillat se mantiene en el centro de atención pública, enfrentando un proceso que busca establecer responsabilidades penales y garantizar justicia para las víctimas de una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país.
Jet Set: negligencia y omisión que precipitaron la tragedia
El Ministerio Público revela el entramado de irresponsabilidades que condujeron al colapso fatal del techo en la discoteca Jet Set, dejando 236 muertos y más de 180 heridos. Por Julio Guzmán Acosta Santo Domingo.- La investigación del Ministerio Público ha develado un patrón sistemático de negligencia y omisiones graves por parte de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, responsables de la administración y gerencia de la discoteca Jet Set, epicentro del trágico colapso ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025. Desde diciembre de 2024, cuando comenzaron trabajos de cambio de plafones y aplicación de líneas de concreto en el inmueble, hasta las horas previas al desplome, quedó en evidencia que ambos tenían pleno conocimiento de las condiciones precarias del techo y la estructura, sin que se adoptaran medidas técnicas adecuadas para evitar la catástrofe. El Ministerio Público sostiene que Antonio y Maribel actuaron con irresponsabilidad criminal, ignorando alertas y reportes continuos sobre filtraciones, caída de escombros y deterioro del falso techo, incluso cuando recibían imágenes y videos que confirmaban el riesgo inminente. En marzo y abril de 2025, múltiples reportes de empleados y testigos internos describieron el avance del daño: plafones rotos, humedad, caída de pedazos del techo y acumulación de agua en lonas improvisadas. A pesar de ello, no solo continuaron las actividades en la discoteca, sino que se rechazaron las solicitudes de suspensión de la fiesta programada para la noche del 7 de abril, poniendo en grave peligro la vida de cientos de asistentes, músicos y trabajadores. El día previo a la tragedia, el personal a cargo constató que los daños no eran solo superficiales o por filtraciones, sino estructurales, sin embargo, las intervenciones fueron insuficientes y no contaron con supervisión técnica profesional. En un acto de irresponsabilidad mayúscula, se eliminaron columnas estructurales sin autorización, lo que comprometió la estabilidad del techo. La madrugada del 8 de abril, mientras se desarrollaba un concierto, el techo colapsó súbitamente, causando una tragedia sin precedentes en la historia reciente dominicana, con 236 fallecidos y más de 180 heridos. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat, quien permanece detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional, y arresto domiciliario para Maribel, con la audiencia programada para este domingo. Este caso se convierte así en un doloroso símbolo de la negligencia y la falta de responsabilidad con las vidas humanas, y una dura llamada de atención sobre la necesidad imperiosa de supervisión técnica, cumplimiento de normativas y compromiso ético en la gestión de espacios públicos y de entretenimiento.
Visitas a la zona cero del Jet Set y reacciones a declaraciones de su propietario Antonio Espaillat
Frente a los restos de la discoteca Jet Set aún está la valla que promocionaba la fiesta con el fallecido Rubby Pérez (umbral.local/) Por Arturo F. Guzmán Santo Domingo — A dos semanas de la tragedia más grande en la historia contemporánea de la República Dominicana, el colapso del techo de la discoteca Jet Set que ha dejado 232 muertos y un país sumido en la conmoción, ciudadanos de distintas partes del Gran Santo Domingo continúan visitando la denominada “zona cero” para observar el lugar donde ocurrió el siniestro. El sitio, ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional, se ha convertido en un espacio de memoria y duelo, adornado con flores, fotografías de las víctimas, velones y carteles, y se encuentra bajo la custodia de al menos ocho policías que controlan el acceso. Visitantes llegan tanto a rendir homenaje como a documentar la condición actual del lugar, que aún muestra signos evidentes del devastador colapso. Durante estas visitas, algunos ciudadanos expresaron su indignación y tristeza ante las recientes declaraciones del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca, quien en una entrevista con la periodista Edith Febles, para el programa televisivo El Día (Telesistema canal 11), admitió que jamás se realizó una inspección estatal al Jet Set desde que fue adquirido en los años 80 y que el local presentaba filtraciones desde entonces. “Que descuido el de ese hombre, pero es que eso se ve (el deterioro). Es que nada más es dinero, dinero y más dinero”, se quejó molesta María Guzmán quien era una asidua visitante del local de fiestas y dijo sentirse afectada por la falta de mantenimiento y supervisión. Otros asistentes atribuyeron el desastre a una mezcla entre “cosas del destino” y la “falta de responsabilidad y cumplimiento” por parte de las autoridades encargadas de la supervisión. “Nadie quiere que ocurran cosas así, son cosas que tienen que pasar, pero las autoridades tuvieron que venir a inspeccionar. Si las autoridades hacen lo que tienen que hacer serán menos las que van a ocurrir”, expresó, Orlando Acosta, quien también visitó la zona para rendir homenaje a las víctimas. En la entrevista, Espaillat detalló que en la azotea del establecimiento había seis unidades de aire acondicionado, tres tinacos para suministro de agua en baños y cocina, y que la planta eléctrica estaba ubicada en un cuarto adyacente al edificio. Estas condiciones han sido objeto de análisis y controversia mientras continúa el proceso de investigación sobre las causas del colapso. Hasta la fecha, se han presentado al menos cuatro querellas formales por parte de familiares de las víctimas mortales. Entre ellas destaca la de Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, en la que se solicita prisión preventiva para los responsables y una compensación económica de 300 millones de pesos por daños y perjuicios. Las demandas también incluyen denuncias contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, acusados de presunta negligencia institucional en la supervisión y control de la infraestructura del establecimiento. La tragedia del Jet Set ha sacudido a la sociedad dominicana, generando un amplio debate sobre la seguridad de los espacios públicos, la responsabilidad empresarial y el rol del Estado en la prevención de desastres. Mientras tanto, la “zona cero” permanece como un lugar de duelo y reflexión para familiares, amigos y ciudadanos que buscan entender las causas de lo ocurrido y rendir homenaje a las vidas perdidas.
Antonio Espaillat asegura que Estado nunca realizó inspecciones estructurales en la discoteca Jet Set
Por Thiago Zorrilla Acosta Santo Domingo — El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, afirmó que durante todos los años de funcionamiento de su establecimiento, las autoridades estatales nunca llevaron a cabo inspecciones estructurales al edificio donde operaba el local nocturno. En una entrevista concedida a la periodista Edith Febles para el programa El Día, transmitido por Telesistema, canal 11, Espaillat explicó que, aunque el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Cuerpo de Bomberos realizaban visitas periódicas al establecimiento, estas se limitaban a aspectos operativos como verificar las salidas de emergencia, las condiciones de higiene y la recolección de basura. Sin embargo, en ningún momento se evaluó la solidez o el estado estructural del inmueble. “Entiendo que si no se hicieron fue porque quizás no era costumbre hacerlo en otros negocios tampoco. Siempre se trataban temas operativos, pero nunca se evaluó el estado del edificio como tal”, subrayó el empresario. Espaillat relató también cómo recibió la trágica noticia del derrumbe, ocurrido el pasado 8 de abril, mientras participaba en un evento tecnológico en Las Vegas, Estados Unidos. Fue su propia hermana, quien se encontraba atrapada bajo los escombros, quien logró comunicarse con él para alertarle sobre el desastre. Sobre las condiciones del edificio, el empresario señaló que en ese momento se realizaban trabajos de reparación en los plafones de yeso del techo, los cuales solían desprenderse con frecuencia. No obstante, enfatizó que no había señales previas que pudieran anticipar una tragedia de la magnitud del colapso. Asimismo, reconoció desconocer las causas exactas del derrumbe y expresó su deseo de que la investigación oficial esclarezca los hechos. En cuanto a su situación legal, Espaillat manifestó su total disposición para colaborar con el Ministerio Público y negó haber intentado evadir la justicia. “Estoy aquí para dar la cara. Me pongo a disposición de las autoridades y no tengo nada que ocultar”, aseguró. Visiblemente afectado, el empresario expresó su profundo pesar por las víctimas del siniestro y señaló que “no existen palabras suficientes para describir la tristeza ante lo sucedido”. Hasta el momento, familiares de al menos cuatro víctimas mortales han presentado querellas formales contra Espaillat, responsabilizándolo por la tragedia. Este caso ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de controles rigurosos en materia de inspecciones estructurales en locales comerciales en la ciudad, generando un debate sobre la necesidad de fortalecer las normativas y la supervisión para evitar que sucesos similares se repitan.