Roberto Fulcar presenta querella contra Ángel Martínez por difamación e injuria
Acusan al comunicador de mantener campaña de descrédito que ha afectado la honra y salud del exministro de Educación Por Virtudes Álvarez Sampedro La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido una nueva querella con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Martínez, conocido por su canal de YouTube “Detective Ángel”, sumando ya siete acciones legales en su contra. Esta vez, el dirigente político y exministro de Educación, Roberto Fulcar Encarnación, interpuso la demanda por difamación e injuria, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo y Edwin Acosta. La querella presentada solicita la apertura formal del proceso penal, la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial contra Martínez, al acusarlo de difundir acusaciones falsas y dañinas en contra de Fulcar. Se alega que, desde diciembre de 2022, el comunicador ha desplegado una campaña sistemática para desacreditar al exfuncionario mediante afirmaciones sin fundamento, entre las que destacan supuestos vínculos con el narcotráfico y cooperaciones con agencias estadounidenses para investigaciones. En una transmisión realizada el 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar habría recibido 150 millones de dólares del narcotráfico y sostuvo reuniones con fiscales de la DEA, además de mencionar sobornos entregados a políticos dominicanos en presencia del exministro. Estas declaraciones, acompañadas de expresiones ofensivas, han atentado contra la dignidad, honor e imagen pública de Fulcar. La querella sostiene que tales imputaciones son “absolutamente falsas” y han causado un daño profundo a la integridad personal, profesional y familiar de Fulcar, motivando así la acción judicial. Para sustentar su demanda, se han presentado evidencias contundentes, como historia clínica emitida por médicos dominicanos y estadounidenses, incluyendo evaluaciones del Massachusetts General Hospital, que certifican que el viaje del exministro a Estados Unidos obedeció exclusivamente a razones médicas, descartando cualquier relación con procesos judiciales. Además, testimonios de ciudadanos respaldan el impacto negativo que las declaraciones del comunicador han tenido sobre la percepción pública del exministro. Fulcar solicita una indemnización por daños y perjuicios ascendentes a 50 millones de pesos. La Fiscalía ha remitido las querellas al departamento de crímenes y delitos de alta tecnología para iniciar la investigación correspondiente, mientras que otras querellas similares se tramitan en Santiago y en tribunales, presentadas por figuras como el empresario Arnulfo Gutiérrez, los diputados Gregorio Domínguez y Sergio Moya, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. El caso de Roberto Fulcar marca un nuevo capítulo en la confrontación judicial entre el comunicador y sus denunciantes, quienes exigen que la justicia actúe con celeridad para restablecer la verdad y proteger la honra de sus representados.
Detenido Ángel Martínez, promotor de campaña contra Abinader
Por Arturo Féliz G. Puerto Plata, R.D. — Fue detenido Ángel Martínez, conocido por su campaña mediática junto a otras figuras públicas en la que denunciaba que Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, recababa dinero del narcotráfico para financiar al presidente Luis Abinader cuando este era candidato. Martínez, quien se presenta en redes sociales como \»investigador y detective\», fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial tras ser declarado en rebeldía por no acudir a las citaciones en un proceso por difamación e injuria interpuesto por Gómez Mazara en 2020. Además, Martínez enfrenta otra demanda similar presentada en 2021 por el diputado Sergio Moya, relacionada con delitos de alta tecnología, difamación e injuria, y también fue declarado en rebeldía en ese caso. Al momento de su captura en un crucero atracado en Puerto Plata, Martínez afirmó que su detención sería obra de Gilbert Bigio, un empresario haitiano sancionado por Canadá por supuestos vínculos con tráfico de armas y violaciones a derechos humanos en Haití, y a quien acusó de haberse reunido varias veces con terroristas en territorio dominicano. La acción policial estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), con la supervisión del Ministerio Público. Según el Código Procesal Penal, la declaración de rebeldía permite al juez ordenar medidas como arresto, impedimento de salida, publicación de datos personales para su búsqueda, y otras acciones civiles para asegurar la responsabilidad del imputado. La detención de Martínez marca un capítulo más en la turbulenta campaña que ha mantenido contra figuras del gobierno, poniendo en evidencia el enfrentamiento judicial que enfrentan quienes promueven acusaciones sin pruebas en el escenario político dominicano.