¿Qué sucede en el “Plan Piloto”?
VISIÓN GLOBAL El denominado “Plan Piloto” es uno de esos lugares que se establecen de manera “provisional” o como experimento, sobre todo cuando las autoridades necesitan distraer a los incautos con la apariencia de estar haciendo algo. Imaginamos que esa dependencia de la Policía Nacional, situada en la parte sur de la capital, fue establecida allí hace décadas para descentralizar la depuración de vehículos envueltos en transacciones comerciales, de manera que quienes inviertan su dinero puedan saber que van a lo seguro. Sin embargo, ya juzgar por varios reportajes realizados en su programa por la periodista Alicia Ortega, caer en el llamado Plan Piloto es un juego de azar donde casi siempre se pierde. Las denuncias documentadas por la comunicadora deben ser materia asumida, sin dilatación, por el Consejo del Ministerio Público, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. La callada no puede ser la respuesta frente a las situaciones expuestas por la señora Ortega, pues se encuentra de por medio una autoridad que se supone—solo se supone—que debe velar por los intereses de quienes tienen la razón, no colocarse en el lado opuesto. El seguimiento de los casos apunta a un representante del Ministerio Público con asiento en el Plan Piloto que, conforme las entregas de Ortega, no solo hace uso de manera inadecuada de vehículos que son objeto de investigación o litigio, sino que asume un comportamiento incorrecto frente a las controversias. El calvario narrado por una médica que reclamaba la devolución de su vehículo retenido de manera irregular—existen decenas de experiencias similares—evidencia el comportamiento incorrecto de un oficial de la ley, pues inclusive acusó de delincuente al padre de ella, sobre quien carece de pruebas que sustentan la imputación. Cuando decimos que las autoridades superiores de ese representante del Ministerio Público no pueden asumir silencio es porque ese tipo de conducta opera como un virus, que si no es atajado a tiempo, puede contaminar todo el cuerpo de un órgano que está llamado a observar con el más absoluto rigor, todo el entramado legal que responde a los intereses de quienes tienen la razón, no de los pícaros. En el caso específico de la procuradora general, debe estar atento sobre el accionar de su entorno subordinado. Nelsonencar10@gmail.com
Fraudes médicos: la valentía de Alicia Ortega
Estas prácticas afectan a los pacientes, erosionan la sostenibilidad del Plan Básico de Salud (PBS) y empañan la imagen de la clase médica, como lo han documentado Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana Hay que reconocer la valentía y profesionalidad de Alicia Ortega al denunciar los fraudes a los seguros médicos que realiza una minoría de médicos y centros de salud privados. El Seguro Nacional de Salud (SENASA) entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), una documentación con múltiples facturas fraudulentas por más de 40 millones de pesos. Estas prácticas afectan a los pacientes, erosionan la sostenibilidad del Plan Básico de Salud (PBS) y empañan la imagen de la clase médica, como lo han documentado Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. Se estima que estos daños equivalen al 8% del gasto, con un monto cercano a los 6,250 millones durante el 2024. Estos fraudes se han convertido en una epidemia mundial. Aunque la mayoría de los médicos y las clínicas operan de manera ética y cumplen con las normas, lamentablemente un pequeño porcentaje de las PSS está involucrado en actividades fraudulentas, generando pérdidas millonarias para el sistema de salud de los Estados Unidos, de Europa y de nuestro país. El costo anual de los fraudes médicos contra el Medicare y el Medicaid de USA asciende a miles de millones de dólares, representando el mayor desafío para el sistema de salud. Según informes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO): Los fraudes anuales al Medicare superan los 60 mil millones de dólares debido a facturación fraudulenta, a servicios no prestados o innecesarios y a cobros excesivos. Los fraudes anuales al Medicaid se estiman en más de 33 mil millones, encareciendo innecesariamente los servicios a las familias más pobres y vulnerables. Los fraudes más comunes son: 1) facturación por servicios no prestados; 2) cobros por servicios más costosos que los prestados; 3) uso de información de pacientes sin su consentimiento para facturar servicios falsos; 4) prescripción de las medicinas más costosas; y 5) médicos que cobran por referir pacientes o por recetar tratamientos específicos. También miles de hospitales, clínicas y laboratorios realizan facturación duplicada, servicios no prestados y colusión con proveedores para inflar costos. Diversos laboratorios han sido demandados por facturar millones de dólares a Medicare y Medicaid por pruebas innecesarias o no solicitadas. En el 2022 el Departamento de Justicia (DOJ) recuperó más de $1,700 millones de dólares. En Europa el fraude y el abuso cuestan decenas de miles de millones de euros al año. Muchos países han implementado leyes y regulaciones más estrictas. Por ejemplo, una Dirección especializada de la Unión Europea (UE) lucha contra el fraude sanitario transfronterizo detectando las infracciones mediante el uso de tecnologías avanzadas. El gobierno federal ha implementado medidas para administrar el riesgo y reducir los fraudes, usando tecnologías digitales para detectar patrones sospechosos, con sanciones más severas. Existe la Unidad de Investigación de Fraudes de Medicare (MFIU), un Equipo de Aplicación de la Ley contra el Fraude en la Atención Médica (HEAT), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Según el Informe Anual del Consejo Coordinador de Fraude en la Atención Médica (HCFAC), más del 80% de los casos de fraude involucran a médicos, hospitales y laboratorios. Solo en el año fiscal 2022, el Departamento de Justicia (DOJ) recuperó más de 1,700 millones de dólares. La administración del riesgo constituye una función fundamental para prevenir, detectar y penalizar los fraudes contra el equilibrio y la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud (SFS). ¿Por cuánto tiempo hubiesen sobrevivido el Medicare y el Medicaid de Estados Unidos sin los controles, la vigilancia y la persecución del FBI contra los fraudes médicos? A pesar de que esta función es esencial para garantizar el derecho universal a la salud (DUS), todavía las ARS no están cumpliendo a cabalidad con el rol que les asigna la Ley 87-01. Dos décadas después, no es perfecta, pero al menos han controlado parte de los excesos y abusos. Hace falta una evaluación objetiva tanto de su función como de su desempeño para introducir los correctivos de lugar.