Rodríguez García sostiene que la estrategia busca anticiparse a nuevos delitos; las declaraciones se producen en medio del aumento de muertes durante intervenciones policiales
Por Virtudes Álvarez Sampedro
Umbral.com.do
SANTO DOMINGO.— La Policía Nacional dispone de una lista de personas señaladas como reincidentes en actividades delictivas y se propone localizarlas antes de que vuelvan a cometer hechos contra la ciudadanía, según anunció el director general de la institución, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
El alto oficial explicó que los nombres figuran tanto en los registros policiales como en los sistemas de la Procuraduría General de la República y sostuvo que la estrategia responde a una concepción preventiva de la seguridad pública.
“Nosotros nos propusimos buscar ese listado que está en la Procuraduría General de la República, igual que en nuestro sistema. Y hay que buscarlos, no vamos a esperar que ellos salgan de nuevo, como delincuentes que son, a ocasionar daño a la población”, declaró Rodríguez García durante su participación en La Agenda Semanal.
Una política de búsqueda preventiva
El director policial argumentó que la institución no debe limitarse a reaccionar después de cometido un delito cuando existen personas con órdenes de arresto o denuncias pendientes.
A juicio de Rodríguez García, localizar a quienes están siendo requeridos por la justicia forma parte de las responsabilidades preventivas de la Policía.
“No siempre se dan los intercambios de disparos”, afirmó al explicar las operaciones, aunque señaló que la búsqueda de personas armadas puede provocar reacciones contra los agentes.
La posición coincide con declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que las autoridades irán tras personas reincidentes que tengan órdenes de arresto pendientes, con el propósito declarado de evitar nuevos delitos.
Policía atribuye antecedentes a los fallecidos
Rodríguez García aseguró, además, que las personas muertas recientemente en hechos descritos oficialmente como “intercambios de disparos” tenían antecedentes registrados tanto en los archivos policiales como en el sistema judicial.
Según el director, los fallecidos acumulaban más de un registro por hechos delictivos y algunos eran buscados por las autoridades.
El jefe policial sostuvo también que en determinadas comunidades existe una reacción favorable ante la muerte de personas identificadas por la institución como reincidentes, debido —según su versión— a los delitos que les eran atribuidos.
Las afirmaciones corresponden a la versión ofrecida por la Policía Nacional y no sustituyen la determinación de responsabilidad penal que corresponde a los tribunales.
Las declaraciones se producen en un escenario particularmente sensible. Durante septiembre se han contabilizado 37 muertes en hechos reportados por la Policía como intercambios de disparos, de las cuales 23 ocurrieron entre el 18 y el 25 del mes. Santo Domingo concentra 11 casos y Santiago seis.
El volumen de fallecimientos ha colocado nuevamente en el debate público los límites de la actuación policial y las garantías del debido proceso.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha cuestionado que la privación de la vida pueda convertirse en sustituto de una condena judicial y ha recordado la obligación de preservar el derecho a la vida y el funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar, acusar y juzgar.
Así, mientras la dirección policial defiende una estrategia orientada a localizar anticipadamente a personas requeridas por la justicia y señaladas como reincidentes, el incremento de fallecimientos durante intervenciones de agentes abre un debate que trasciende las estadísticas: cómo enfrentar la delincuencia con eficacia sin apartarse de las garantías que establece el Estado de derecho.
