Umbral

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22 de marzo de 2024

Afiliación de los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.

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Luis Abinader: “No pararemos las deportaciones de haitianos ni autorizaremos campos de refugiados”

SERVICIOS UMBRAL.COM.DO República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. Así de tajante se mostró el presidente dominicano, Luis Abinader, en una breve entrevista en inglés con el periodista británico Stephen Sackur en el programa de la BBC HARDtalk. El entrevistador preguntó a Abinader sobre posibles cambios en la política de su gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesa Haití, el vecino occidental de República Dominicana que ocupa algo más de un tercio de la isla de La Española. Haití, donde viven unos 11,5 millones de habitantes, vive sumido en el caos y las bandas criminales controlan grandes zonas del país, causando miles de muertos y centenares de miles de desplazados. República Dominicana, por su parte, sigue deportando a haitianos indocumentados a su país de origen a través del paso fronterizo entre ambas naciones. Santo Domingo hasta ahora ha desoído las peticiones de organizaciones internacionales que le solicitan detener las deportaciones y acoger a haitianos que huyen de la violencia. Esta es la entrevista del periodista de la BBC al presidente Abinader realizada el 20 de marzo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando una terrible catástrofe con violencia de pandillas y agresiones sexuales a mujeres. ¿Lo hará? No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra “somalización” de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y, según la ONU, 350.000 han sido desplazados en los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. ¿Estaría usted dispuesto, en el corto plazo y como gesto humanitario de emergencia, a dejar entrar a su territorio a algunos de esos desplazados? Por ejemplo, en campos de refugiados temporales. No, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití, el territorio haitiano y las islas haitianas. Tienen dos islas, Gonâve y Tortuga, que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiados en este momento por razones históricas y de seguridad. ¿Puede decirme algún otro país del hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití? Quiero decir, no hay otro país, así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo, y lo estamos haciendo. Incluso organizar el comercio normal entre Haití y la República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando mucho en nuestra seguridad. Es por eso que hace casi dos años comenzamos a construir este (muro) casi por completo. Pero seguiremos asegurando nuestra frontera en los 300 y aproximadamente 390 kilómetros que tenemos. Es seguridad; como dije, es un objetivo de seguridad nacional. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto cuánto le importa su reputación internacional. Un ejemplo es la forma en que continúan deportando a un gran número de haitianos de regreso a Haití en este momento de crisis. Algunas personas, incluido el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Una de las activistas a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belique, le ha acusado de construir una especie de régimen de apartheid e incluso el Departamento de Estado de EE.UU. ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visitan su país que aquellos con piel más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalados y detenidos. ¿Es usted consciente de lo que todo esto le está haciendo a su reputación? No. Mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mira a Bahamas, Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fija en Jamaica, Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley, y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos, como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son mestizos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití, nosotros no. Nunca hemos tenido este problema. Simplemente estamos cumpliendo con que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado, como en el resto de países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a República Dominicana que haga más sobre Haití.

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Adecentar en dominicana el ejercicio de la política

Por Bernardo Rodríguez Vidal La política dominicana, ejercida por personas enganchadas a esta rama, pierde su esencia de ciencia y pasa muchas veces a ser entendida, por algunos seguidores, como un mercado en la que la oferta y la demanda se imponen. Para que una persona honrada transite el camino correcto de la política, debe comprender que esa senda implica un tránsito lleno de dificultades. Una vereda desbordada de quebradas donde “vividores” aprovechan las necesidades y el bajo nivel de formación de la gente para alcanzar sus ambiciones personales y grupales sin pensar en el bienestar colectivo. Por ejemplo, en el ambiente de la política dominicana unos pocos de los que ocupan posiciones oficiales, y que tienen aspiraciones, ejercen el oficio de administrar lo público con decoro.  Tenemos personas serias y sin vergüenzas en esta función. La frase de que “el fin justifica los medios” no debería ser un pensamiento filosófico y político que haga creer a algunos militantes o servidores públicos que el comprar un voto para llegar a un cargo y repetir en un puesto puede ser una práctica normal. En República Dominicana, desde que se alcanzó la llamada “democracia” que se exhibe al mundo, diversos sectores denuncian que algunos funcionarios públicos y militantes políticos planifican y ejecutan actividades proselitistas usando los recursos del Estado. Siempre con el propósito de retener el cargo y/o beneficiar a la casta política que representan.  Para ellos no importa cuánto se tenga que invertir para llegar o retener el poder. El no poner fin a esa realidad, amparados en las leyes existentes, es tirar por la borda los avances alcanzados, es vulnerar a las generaciones que vienen detrás, las cuales tendrán que luchar en favor de un modelo que desmonte esa mala forma de proceder. Sabemos que estamos frente a una “democracia electoral” carente de los elementos esenciales de desarrollo. Una democracia en la que se utilizan los recursos del Estado con fines de favorecer a candidaturas en particular, una práctica vergonzosa ejercida desde distintas posiciones. Los elementos que cita la organización Participación Ciudadana sobre la venta y compra del voto son preocupantes.  Lo mismo que los tumultos y las carpas abiertas cercana a los recintos electorales, y desde donde se despacharon orientaciones para favorecer a tal o cual partido, acompañada de un pago, es una ofensa al sistema democrático. Sobre ese particular la Junta Central Electoral tiene una tarea enorme para hacer cambiar ese mal que corroe el buen hacer política. Grupos organizados cerca de los colegios electorales estuvieron operando ante la vista de todos en las elecciones municipales de febrero. Y vimos como esos grupos dispendiaban en horas los fondos entregados por la Junta Central Electoral a los partidos, dinero procedente de los impuestos que paga la población. Se suman otros capitales de origen desconocidos a esa “fiesta de voto por dinero” que las autoridades están en el deber de investigar con fines de establecer control en el futuro. Es una tarea difícil, pero no imposible, que debe sanar un mal que pareciera estar frente a un sistema configurado para que las entidades políticas emergentes no crezcan. Un sistema electoral desigual que asigna más fondos a los que obtienen, supuestamente, “mayoría de votos” en comparación con los “partidos pequeños”. Pero son los partidos tradicionales, los grandes del sistema, los que avivan la compra de votos en cada proceso electoral, logrando de esa forma escalar y posicionarse por encima de los que reciben menos fondos para costear las campañas. Esperemos que el 19 de mayo próximo, cuando se realicen las elecciones de los diputados, senadores y presidente, esa situación no se repita, pues es una obligación de las autoridades electorales garantizar una diafanidad en los procesos eleccionarios. Hay que exigir que se implementen medidas que detengan la venta y compra del voto hasta que se pueda propiciar una reforma legal justa y equitativa de cara a la asignación de fondos, y se pueda sancionar también ese tipo de acciones antidemocráticas. Tenemos que denunciar a los que enganchados a la política malgastan el dinero del pueblo comprando un voto para influir en las decisiones de las mayorías. Hay que curar ese mal de los procesos electorales, tenemos que adecentar el ejercicio de la política dominicana, sepultemos el clientelismo que arrastra a la sociedad hacia el ejercicio impuro de la política.  Luchemos por el bien hacer en la politica dominicana.

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