Las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron US$9,489.8 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento interanual de 6.5 %. El flujo sostiene a miles de familias y plantea un desafío para el sistema financiero: ofrecer servicios que permitan convertir una parte de esos ingresos en ahorro, pagos digitales y oportunidades de crédito.
Por Alejandro F. Guzmán
Umbral | La puerta a tu información
SANTO DOMINGO. Detrás de cada remesa hay una jornada de trabajo lejos de casa y una necesidad que espera respuesta: alimentos, medicamentos, alquiler o educación. Para la economía dominicana, esos envíos representan una importante entrada de divisas; para las familias, son un puente cotidiano con la diáspora.
El Banco Central informó que el país recibió US$9,489.8 millones durante los primeros nueve meses de 2026, US$577 millones más que en igual período de 2025. El aumento confirma la fortaleza de un flujo cuya relevancia alcanza tanto a los hogares beneficiarios como a la economía nacional.
Sin embargo, recibir más dinero no permite concluir, por sí solo, que haya aumentado la inclusión financiera. La pregunta pendiente es cuánto de ese ingreso se convierte en ahorro formal y en una relación útil y duradera entre las familias y las entidades bancarias.
El desafío de convertir la remesa en una relación financiera
Cuando una transferencia se recibe y se retira de inmediato, la operación puede terminar sin generar ahorro ni un historial aprovechable para futuros servicios financieros. Esa posibilidad plantea un problema que merece medirse con datos específicos sobre el comportamiento de los receptores.
La banca tiene la oportunidad de acompañar ese ingreso con cuentas accesibles, cargos transparentes, pagos sencillos y opciones de ahorro adaptadas a la realidad familiar. La permanencia del dinero dependerá de la utilidad que encuentre el cliente.
También debe reconocerse un límite esencial: una familia que destina toda su remesa a gastos básicos puede carecer de capacidad para ahorrar. El retiro de efectivo no debe interpretarse automáticamente como desconfianza bancaria o falta de educación financiera.
Por eso, una estrategia de inclusión necesita atender tanto la calidad del servicio como las condiciones económicas de quienes lo utilizan.
El impuesto estadounidense abre otra discusión
Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos aplica un impuesto del 1 % a determinadas remesas internacionales financiadas con efectivo, giros, cheques de caja u otros instrumentos físicos similares, según el Servicio de Impuestos Internos de ese país.
La norma distingue estos envíos de las transferencias financiadas mediante los mecanismos bancarios o tarjetas que contempla la exención. No se trata de un gravamen general sobre todas las remesas.
Esta diferencia puede incentivar el uso de canales digitales por parte del remitente. Sin embargo, pagar desde una cuenta en Estados Unidos no garantiza que el beneficiario conserve el dinero en una cuenta dominicana. Para que eso ocurra, recibirlo y utilizarlo digitalmente debe resultar práctico, seguro y asequible.
Más información para medir la inclusión financiera
Una evaluación completa requiere conocer cómo se entregan las remesas: qué proporción llega en efectivo, cuánto se acredita en cuentas o billeteras y en qué moneda se liquida.
También conviene distinguir el lugar donde se registra una operación de la residencia del beneficiario. Sin claridad metodológica, una concentración geográfica de pagos no basta para determinar dónde viven las familias receptoras.
Disponer de esa información permitiría diseñar productos ajustados a las necesidades locales y evaluar si la digitalización produce beneficios concretos.
Ahorro y crédito con criterios responsables
Entre las alternativas que podrían desarrollar las entidades figuran la acreditación de remesas sin cargos para el receptor, el ahorro voluntario de pequeñas cantidades y herramientas para organizar los gastos del hogar.
La regularidad de los envíos también podría aportar información al evaluar una solicitud de crédito. Ese historial debe analizarse junto con los gastos, las deudas y la estabilidad del ingreso familiar: recibir remesas no equivale automáticamente a tener capacidad para asumir nuevas obligaciones.
Del mismo modo, simplificar el acceso a productos de bajo monto exige cumplir las reglas vigentes de identificación y prevención del lavado de activos. La facilidad de uso y los controles adecuados deben avanzar juntos.
La vulnerabilidad de depender de un ingreso externo
Las familias que dependen de remesas pueden enfrentar dificultades si el remitente pierde su empleo, reduce sus ingresos o debe afrontar gastos imprevistos en el país donde reside.
Para las entidades financieras, comprender esa exposición ayudaría a evaluar sus carteras y a ofrecer productos adecuados. Para los hogares, contar con una reserva, cuando su presupuesto lo permita, podría amortiguar una interrupción de los envíos.
El reto de la banca dominicana consiste en hacer que sus servicios acompañen la vida de esas familias. Las remesas ya cruzan fronteras para sostener hogares; una mejor oferta financiera puede ayudar a que una parte de ese esfuerzo también construya seguridad para el futuro.
