La posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a más de 60 países, incluyendo al nuestro, a bienes producidos con trabajo forzoso, abre una amenaza que no se puede ignorar. Aunque el país no es un gran exportador hacia esos mercados en sectores de alto riesgo, sí participa en cadenas globales donde un eslabón contaminado puede impactar a todos.
Para entender el impacto, conviene mirar el corazón de nuestra economía: las zonas francas, responsables de más de 190 mil empleos y exportaciones que superan los US$8,000 millones de dólares anuales. Muchas de estas empresas ensamblan o transforman insumos importados. Si alguno de esos insumos proviene de países o industrias señaladas por trabajo forzoso, el producto final podría enfrentar sanciones o aranceles, aun cuando la parte dominicana sea completamente legal y ética.
Esto significa que la “trazabilidad”, saber exactamente de dónde viene cada componente, dejará de ser un lujo para convertirse en un requisito de supervivencia comercial. Las empresas dominicanas deberán exigir a sus suplidores certificaciones más estrictas y sistemas de verificación que aumentarán costos operativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
