El juez sitúa al expresidente español como líder de una presunta trama internacional y señala su despacho en la calle Ferraz de Madrid como centro de la red. Se le acusa de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales gracias a sus «contactos institucionales y empresariales». Estados Unidos colaboró en la investigación con información del móvil de un exdueño venezolano de la aerolínea. Zapatero niega los hechos y se ofrece a colaborar con la justicia, mientras la derecha y la ultraderecha anticipan una explotación política del caso.
Por: Julio Guzmán Acosta
La Audiencia Nacional ha dado un paso sin precedentes en la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra al imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. El auto judicial, al que ha tenido acceso esta redacción, lo sitúa como la cabeza visible de una supuesta trama internacional que habría operado desde su despacho particular en la madrileña calle de Ferraz.
El magistrado instructor sostiene que Zapatero habría utilizado sus «contactos institucionales y empresariales» para facilitar operaciones de alto valor económico vinculadas a productos petrolíferos, oro, acciones y divisas. Según el texto del auto, el expresidente habría tenido «intervención directa» en estas maniobras, que se extendieron entre 2020 y 2025, periodo en el que, siempre según la investigación, él y su entorno recibieron pagos millonarios por parte de empresas vinculadas a la trama.
Las comunicaciones interceptadas
Uno de los elementos más reveladores del sumario es una conversación intervenida a los dueños de Plus Ultra, recogida en el auto. En ella, uno de los implicados plantea la posibilidad de «pedir ayuda a Zapatero». La respuesta no deja lugar a interpretaciones: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». El diálogo, de crudeza explícita, ilustraría, según el juez, la disposición de los investigados a recurrir a la influencia del expresidente a cambio de contraprestaciones económicas.
El auto también detalla que el despacho de Ferraz funcionaba como el centro neurálgico de la red. Desde allí, siempre según la hipótesis judicial, se habrían coordinado las operaciones internacionales que ahora se investigan. Entre los beneficiarios de los pagos se encontrarían, además del propio Zapatero, sus hijas a través de una empresa de comunicación, extremo que el expresidente niega categóricamente.
Colaboración internacional
La investigación ha contado con la colaboración de Estados Unidos. El magistrado revela que Washington facilitó información extraída del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exdueño venezolano de Plus Ultra, cuyo contenido ha sido clave para sostener las acusaciones. Esta cooperación transatlántica refuerza la solidez de la instrucción y añade una dimensión geopolítica al caso.
Zapatero, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia y ha negado rotundamente todos los hechos que se le imputan. Fuentes cercanas al expresidente aseguran que confía en que su inocencia quede acreditada en el curso del proceso judicial.
El ruido político
Más allá de las implicaciones jurídicas, el caso promete sacudir el tablero político español. La derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox ya anticipan una explotación intensa de la imputación. Dirigentes de ambas formaciones han comenzado a tender hilos entre esta causa y la gestión económica del actual Gobierno de coalición, buscando desgastar al presidente Pedro Sánchez mediante el señalamiento de quien fuera su antecesor y aún hoy referente simbólico del socialismo.
En círculos políticos se da por descontado que la oposición utilizará el caso para alimentar el relato de una «red clientelar del Estado» heredada de anteriores administraciones, aunque los hechos investigados se circunscriben a un periodo —2020 a 2025— que trasciende el mandato de Zapatero. La estrategia, no obstante, apunta a erosionar la credibilidad institucional del PSOE en su conjunto.
Mientras la judicatura avanza con cautela y el expresidente prepara su defensa, el ruido político ya ha comenzado a mezclarse con los autos judiciales. En España, cuando la justicia y la política se cruzan, el eco suele ser ensordecedor.
