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Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, durante su rendición de cuentas este martes 26 de marzo del 2024. En la imagen el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo y el juez de la SCJ, Justiniano Montero.   Por Julio Guzmán Acosta Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, presentó ayer martes, la que será su última rendición de cuentas al frente del Ministerio Publico, ratificando que dejará este año esa función, pero que en lo que le resta al frente del órgano continuará fortaleciendo el sistema penitenciario, el cual, dijo, debió mejorarse hace mucho tiempo y por cuya negligencia la sociedad “ha pagado caro”. Por tal motivo, entiende que debe existir un “pacto de Estado”, no solo de la Procuraduría, para optimizar las condiciones de las cárceles y que se conviertan en verdaderos centros de reinserción de los reclusos, que es el objetivo de la pena. La Procuradora piensa que la meta de hacer de las penitenciarías un lugar digno debe ser una política de Estado, “no una propaganda electoral”. “Y eso de que este es mi último período, eso está claro desde hace tiempo”, respondió la máxima representante del Ministerio Público minutos más tarde de la rendición de cuentas a periodistas que querían confirmar si era cierto lo que dijo de que dejaría el cargo en este año   Manifestó al hilo de su alocución que también ha procurado actuar siempre con respeto, en la toma de cualquier medida “en especial, cuando deben ser consensuadas con el órgano de Gobierno interno”, pero que “existe una línea roja que jamás” estará “en disposición de cruzar, que es incumplir la ley”. Expresó que infringir la ley sería burlar la confianza que se ha depositado en ella y en la institucionalidad por la que tanto se ha trabajado. No obstante, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, “nunca” le “ha enviado ninguna instrucción con respecto a nada”. Dijo, asimismo, que es “inaceptable y profundamente decepcionante que existan aquellos que desde dentro socaven la institucionalidad y el espíritu de la ley”. El MP ha sido el “banquito de picar” La procuradora general afirmó que ha tratado de solucionar, dentro de las posibilidades que posee esa institución, la situación carcelaria. Cuestionó que el Ministerio Público (MP) se haya convertido en el “banquito de picar” en la lamentable tragedia de La Victoria que dejó 13 presos muertos y ha obligado a trasladar a más de 1,000 privados de libertad a otros centros para asegurar su seguridad. Sostuvo que el incendio, ocurrido el 18 de este mes, ha sido precedido por otros sucesos lamentables en otras cárceles, citando el ocurrido en Higüey, hace casi dos décadas, en el que murieron 133 privados de libertad, pero el cual, subrayó, no ocurrió en tiempos de campaña electoral. La tragedia en la cárcel de La Victoria “es tan dolorosa como aquella (la de Higüey), es que esta ha sucedido en tiempos de campaña y efervescencia política, en la que cada cual ha procurado arrimar la brasa a su sardina”, señaló. Indicó, además, que “la deficiencia del sistema penitenciario no es exclusivamente nuestra”, y que es un fenómeno presente en la mayoría de los países de América Latina. Aseguró que hacen las investigaciones para determinar el origen de la tragedia en la vieja Victoria y dijo que desde la Procuraduría se ha creado un gabinete especial para tomar las medidas de contingencia necesarias para garantizar los derechos de los internos y la continuidad de los servicios penitenciarios. Regalará un “ábaco” a Roberto Santana Ante la denuncia del asesor en materia carcelaria del Poder Ejecutivo, Roberto Santana de que 800 miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) renunciaron, reaccionó diciendo en su discurso de rendición de cuentas que “a quien contó” esa cantidad “le voy a regalar un ábaco”. Lo citó como un ejemplo de las críticas que se le hace a su gestión sin fundamento. Explicó que solo había que revisar la página de la institución en donde solo menciona 347, desde el 2020 hasta la fecha, que han sido “desvinculados por conducta reprochable, y unos pocos que han renunciado”. Dijo que algunos tienen hasta procesos penales. RD$300 millones al Mivhed para construcción de cárceles La procuradora informó que el Ministerio Público concluyó “amigablemente” con empresas constructoras involucradas en proyectos con el órgano persecutor y que “se han superado todos los obstáculos legales” para que el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones (Mivhed) pueda llevar a cabo la obra tan crucial e importante de reparación de los vicios de la Nueva Victoria, ubicada en Las Parras, en el municipio Guerra, provincia Santo Domingo. Reiteró que, en las edificaciones de esa penitenciaría, que se levantó en la gestión de su antecesor Jean Alain Rodríguez, había impedimentos legales para concluirlos, algunos de ellos por sometimientos a la justicia. Recordó que ya el Ministerio Público no tiene nada que ver con licitaciones para las construcciones de las cárceles, las que están a cargo del Mivhed, en cumplimiento a la Ley 160-21.   Detalló sus logros en el 2023 Ante representantes del Congreso Nacional, del Poder Judicial, Miriam Germán Brito destacó que en el 2023 eliminó la carcelita de Bella Colina, que se encontraba estado de deterioro y que se han nombrado 286 agentes de un total de 650 vacantes. Contra la criminalidad, aseguró que, en el compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado, han creado, junto a las demás instancias vinculadas a la seguridad nacional, la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional con miras a su procesamiento y desarticulación. En ese orden, resaltó, también, que en el 2023 el Ministerio Público estableció récord en la región en materia de decomiso y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción, lo que a su juicio evidencia la fortaleza de los procesos llevados a la justicia. Dijo que se investigó y judicializó un total de 24 casos de trata de personas en diferentes modalidades, la mitad de éstos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. “Y, no menos importante, en cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, a consecuencia de sentencias penales que autorizan decomisos de bienes, hemos podido obtener fondos por valor de más de 391 millones de pesos“, apuntó. Añadió “es más, en