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Se elevan a 115 la cifra de muertos en el atentado en la sala de conciertos de Moscú

Los medios rusos señalan a ciudadanos de Tayikistán como sospechosos. Cuatro presuntos atacantes han sido detenidos y varios más han huido, según la agencia Tass   AGENCIAS.- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha detenido a 11 sospechosos de haber participado en el ataque que este viernes se cobró más de un centenar de muertos y 140 heridos en la sala de conciertos Crocus de Moscú. Entre los detenidos hay cuatro supuestos atacantes, según informa la agencia rusa Tass. Al menos cinco de los 11 sospechosos serían ciudadanos de Tayikistán, a tenor de la revelación de los medios Baza, Shot y Ostorodzhno, Novosti y un diputado de la Duma Estatal, que han publicado las identidades, fotos incluidas, de los sospechosos de haber cometido uno de los mayores atentados en Rusia de este siglo. Según las informaciones filtradas, el coche de los supuestos atacantes ha sido interceptado en la región de Briansk. Las autoridades rusas han elevado este sábado a 115 la cifra de muertos. El atentado se produjo en el Crocus City Hall, en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 25 kilómetros al noroeste de la capital. Un grupo de personas vestidas de camuflaje entraron al lugar con armas de asalto y abrieron fuego justo antes de comenzar el concierto del grupo Picnic, a las 20.00. Todas las entradas, 6.200, estaban vendidas y los vídeos del lugar reflejan el asesinato a bocajarro de algunos asistentes al intentar huir. Lugares donde atacaron los terroristas El canal Shot ha publicado un vídeo donde uno de los supuestos atacantes es interrogado en plena calle nada más ser detenido. “Disparé por dinero”, responde al ser preguntado qué hacía en el centro de ocio. Arrodillado, maniatado y temblando, afirma que recibió la propuesta del ataque a través de un mediador en Telegram. Según sus palabras, entrenaron un mes el atentado y les prometieron medio millón de rublos (unos 5.000 euros) “por matar gente”. Los atacantes provocaron además un incendio en el centro de ocio que alberga la sala de conciertos. Lugar del atentado Según las fuentes de los canales Shot y Baza, cinco atacantes han sido identificados como ciudadanos de Tayikistán que huyeron de la sala Crocus en un Renault Simbol: Muhammadsobir Fayzov (de 19 años, natural de Dusambé, la capital de Tayikistán, y herido y arrestado en su intento de huida), Shokhinjonn Safolzoda (21 años), Rustam Nazarov (29 años), Majmadrasul Nasridinov (37 años) y Rivozhidin Ismonov (51 años). Además, estaban registrados como residentes en las regiones rusas de Yaroslavl, Ivánovo y Samara. Otro supuesto terrorista más huyó con ellos, pero no ha sido identificado, según las informaciones preliminares. El Ministerio del Interior tayiko ha desmentido posteriormente que dos de sus ciudadanos señalados como presuntos terroristas hubieran participado en el ataque. Las autoridades de Dusambé han aclarado que Majmadrasul Nasridinov y Rivozhidin Ismonov se encuentran en el país centroasiático desde noviembre del año pasado. De momento no se ha confirmado oficialmente la autoría del atentado. Ucrania y los voluntarios rusos que luchan contra el Kremlin han negado su participación en la tragedia, y el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se ha atribuido el atentado. Un rifle de asalto Kalashnikov tirado en el suelo mientras los investigadores rusos trabajan en el interior de la sala de conciertos Crocus tras el ataque terrorista.RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE (EFE) Tayikistán, fronteriza con Afganistán, es uno de los puntos calientes del terrorismo islámico para el espacio postsoviético. El Kremlin apoya militarmente a Dusambé para controlar las agrupaciones extremistas que cruzan aquella porosa frontera, y el riesgo de atentados es una preocupación que suele surgir en los encuentros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alternativa rusa a la OTAN. Además, Rusia se ha convertido en uno de los principales objetivos del ISIS por su apoyo tanto al Gobierno de Bachar el Asad en Siria como al movimiento talibán en Afganistán, tradicional aliado de otra facción extremista enemiga del ISIS, Al Qaeda. Los servicios de inteligencia estadounidenses avisaron a Moscú hace dos semanas de que se preparaba “un ataque extremista” en eventos de masas en su territorio, incluidos conciertos. El portavoz del Consejo de Seguridad de EE UU, John Kirby, dijo el viernes que Washington no puede confirmar si el atentado de Moscú ha tenido relación con las informaciones que propiciaron su alerta. El Kremlin, que desdeñó esta advertencia como “un intento de atemorizar a la sociedad rusa”, ha pedido más datos a la Casa Blanca. El diputado de la Duma Estatal Alexander Jinshtein ha revelado que dos sospechosos han sido detenidos y el resto ha huido al ser interceptado su coche a la altura del pueblo de Jatsun Karachevski, situado en la región de Briansk a más de 150 kilómetros tanto de la frontera bielorrusa como de la ucrania. Persecución y disparos Según los datos del político, el coche no acató la orden de parar de la policía y trató de escapar. Durante la persecución se produjeron disparos y el vehículo acabó volcando. Los agentes detuvieron a uno de los sospechosos en el acto y a otro en el bosque al que huyeron los presuntos terroristas. Dentro del vehículo había una pistola, un fusil automático y pasaportes de Tayikistán. Las autoridades han restringido la circulación en la autovía M-3 dentro de Briansk y han declarado el plan de alerta Interceptación. Esta carretera, hoy partida por el frente y los puestos militares, unía Moscú con Kiev antes de la invasión de Ucrania. Una mujer colocaba flores este sábado en una valla en el exterior de la sala de conciertos Crocus. MAXIM SHIPENKOV (EFE) El canal Shot ha publicado la supuesta cronología del ataque. Según sus fuentes, un Renault blanco se detuvo frente a la entrada de la sala de conciertos a las 19.55 horas de Moscú este viernes (dos horas menos en la España peninsular). El concierto del grupo Picnic comenzaba a las 20.00 con el aforo completo, unas 6.200 personas. Los terroristas salieron del vehículo con armas de asalto y abrieron fuego

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Al pan, pan, y al vino, vino

Por Carlos Lara “El respeto a la Libertad Sindical en la República Dominicana es sagrado”. Como si se tratara de un deja vu el Ministerio de Educación (Minerd) reincide una y otra vez en violentar los acuerdos a que arriba con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Hagamos un poco de memoria; en el año 2023 luego de intensas luchas del principal gremio que agrupa a los maestros y maestras del sector público dominicano, se llevó a cabo en el Palacio Nacional la firma del Acuerdo ADP-MINERD 2023 por la mejora de la educación, pacto que contó con la intervención directa del presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona y la veeduría del Defensor del Pueblo, Licdo. Pablo Ulloa como principal garante de que lo ahí pactado se cumpliera a cabalidad. Pero además las partes acordaron crear comisiones bipartitas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que lo tratado tenga carácter y que además otros actores del sistema educativo sean parte activa como es el caso de los docentes y representantes de la Asociación de Padre, Madres y Amigos de las Escuelas (APMAE). Ya han pasado casi un año de la firma de ese importante acuerdo que toda la sociedad entendía, era el principio del fin de los conflictos históricos entre la ADP y el Minerd, pero no ha sido así. La ADP y sus seccionales en todo el territorio nacional han tenido que recurrir a su plan de lucha y es que puntos relevantes y que sustentaban dicho acuerdo firmado en el año 2023, no han podido ser cumplidos por las autoridades de educación. Origen del conflicto actual.  Seccionales de Santiago, Villa Altagracia, Haina, San Pedro de Macorís y otras, han tenido que lanzarse a las calles a exigir a las autoridades educativas de sus provincias y municipios respetar y cumplir lo pactado en el año 2023, afirmando que es imposible ofrecer una educación de calidad con un déficit de personal docente a nivel nacional, falta de personal administrativo, con la agravante de que en muchas escuelas se encuentran en las nóminas, pero no existen a sus lugares de trabajo, por apareamiento políticos, al igual que escasez de talleristas que cubran la los centros de jornada extendida, escuelas con carencia de mobiliarios, agua potable y, lo más difícil, pocas aulas, situación que ha provocado el hacinamiento de los alumnos y alumnas en la mayoría de las escuelas públicas. Como podemos observar la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho suyo el famoso refrán “Al pan, pan, y al vino, vino”. A lo que increíblemente la respuesta recibida por parte del Minerd ha sido la represión y asedio.  De esto último hemos sido testigos oculares, ya que, este 20 de marzo día en que la ADP se disponía a realizar una Rueda de Prensa para presentar al país la situación que se ha dado a nivel nacional, pues el edificio del gremio ubicado en la Calle Cervantes # 57, Santo Domingo, R. D., fue militarizadas por efectivo de la Policía Nacional, una actitud odiosa, arbitraria y que todos pensábamos, eran cosas del pasado, pues era propio de la época del trujillato. Otro elemento errado y absurdo por parte Minerd y que en nada ayuda a propiciar un ambiente de diálogo y gobernabilidad entre ambas entidades son los sometimientos ante los tribunales de parte de educación con los famosos recursos de amparo de extrema urgencia, con el propósito de evitar que la ADP se manifieste de forma pacífica. Lógicamente visto por la ADP, como una tentativa para silenciar y amedrentar al magisterio nacional. Definitivamente, nada más estúpido es el calificativo que podemos hacer de la actitud del Ministro Ángel Hernández ante el gremio más grande de la República Dominicana, él y el gobierno no han comprendido que atacar y tratar de destruir a la ADP provoca una reacción en cadena de apoyo sin presidente que provocaría situaciones lamentables en esta etapa del año escolar 2023-2024. Al Ministro de Educación debemos recordar que el derecho a Libertad Sindical es sagrado y así lo expone el artículo 317 del Código de Trabajo, lo cual define a los sindicatos como asociaciones de trabajadores constituidos, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros y El Convenio 87 sobre libertad y protección del derecho de sindicación, como es el caso de la ADP.  Atentar a través del uso del poder contra este derecho amparado en una interpretación errónea de la Ley núm. 41-08 de Función Pública y su Reglamento de aplicación núm. 523-09, sobre la promoción de la huelga en los servicios públicos, es funesto, equivocado y denota el mal asesoramiento al cual han sometido al Ministro de Educación, Dr. Ángel Hernández. El Ministro debe saber que el derecho a la libertad sindical está consagrado también en La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que contiene en su artículo 23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Y especialmente en la República Dominicana la cual ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Además, es propicio recordar a las autoridades que deben respetar El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 1976, en cuyo artículo 22 también se establece la libertad de asociación de orden laboral, sin permitir al Estado menoscabar el ejercicio de la libertad sindical. Educación tiene que hacer conciencia de que los pactos nacionales e internacionales son importantes y deben ser respetados por la salud del ejercicio democrático y la dignificación de trabajos de este significativo sector, el magisterio nacional.  Ante este impasse generado por la discrepancia y violación a puntos fundamentales del Acuerdo ADP-MINERD 2023, por parte de Educación el Presidente del gremio, el profesor Eduardo Hidalgo ha hecho un llamado prudente y

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JCE establece pautas para elecciones de mayo 2024

Los funcionarios de los ayuntamientos actuales y los que tomarán posesión de sus cargos el 24 de abril, no podrán utilizar esas instituciones como plataforma para apoyar a los candidatos que competirán en las elecciones de mayo. Por Julio Guzmán Acosta La Junta Central Electoral (JCE) ha comunicado a los partidos políticos y candidatos las prohibiciones y regulaciones contempladas en la Ley 20-23 de Régimen Electoral que regirán la campaña de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo próximo. A través de un comunicado, el órgano electoral ha establecido que la imagen del presidente Luis Abinader no podrá aparecer en vallas, letreros y afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno hasta después de las elecciones de mayo. En el caso del actual presidente de la República, que también es candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la JCE, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda, ha dispuesto que las vallas, letreros y afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno no podrán contener su nombre, fotografía o imagen hasta que concluyan las elecciones. Esto se debe a que dichos elementos podrían traducirse en esquemas de promoción indirecta hacia el electorado, generando un desequilibrio en la competencia respecto a las demás candidaturas presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Además, la JCE insta a los ministros y demás funcionarios de las instituciones públicas a abstenerse de incluir en la publicidad de sus instituciones o en actividades la figura de cualquier candidato que participe en las elecciones de mayo, lo que también incluye al presidente Abinader. La vicepresidenta, como compañera de boleta del mandatario, está sujeta a las mismas condiciones. Asimismo, el organismo electoral ha establecido regulaciones especiales para los funcionarios públicos del sector bancario que pertenecen al Estado dominicano durante la campaña electoral. Estos funcionarios deberán mantener neutralidad respecto a los candidatos y abstenerse de realizar promociones y activismo político a favor de cualquiera de los candidatos1. Los funcionarios de los ayuntamientos actuales y los que tomarán posesión de sus cargos el 24 de abril, no podrán utilizar esas instituciones como plataforma para apoyar a los candidatos que competirán en las elecciones de mayo. “Durante la campaña electoral, la Liga Municipal Dominicana (LMD) deberá mantener neutralidad en su accionar y observar las mismas reglas previstas para las autoridades de los ayuntamientos”, exhorta la JCE. También, se prohíbe la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y la alcaldía hasta concluidas las elecciones congresuales y presidenciales. Los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios y empleados de los organismos del Estado tienen prohibido “difundir propaganda electoral o llevar a cabo actividades propias de las campañas electoral”. Espacios prohibidos para celebrar actos públicos Conforme la disposición, la celebración de reuniones o mítines políticos no podrán realizarse frente a iglesias, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja. La JCE señala en su comunicación que se prohíbe celebrar estos actos a menos a doscientos metros de hospitales, destacamentos

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Mi Amor, tema principal de la película “Capitán Avispa” es interpretado por Luis Fonsi y Joy Huerta

La película es fruto de la idea original de Juan Luis Guerra, con un guion coescrito por Gustavo López, Miguel Yarull y Guerra mismo.   Por Julio Guzmán Acosta La canción “Mi Amor”, compuesta, arreglada y producida por Juan Luis Guerra, será la pieza central de la banda sonora de “Capitán Avispa”, marcando la primera incursión del artista en el cine de animación. La canción, que celebra el amor incondicional, es interpretada por Luis Fonsi y Joy Huerta, dando voz a los personajes principales, Capitán Avispa y Honey Bee, respectivamente. El lanzamiento de “Mi Amor” en plataformas digitales se produjo el viernes, 15 de marzo de 2024, seguido por el estreno de la película en República Dominicana el 4 de abril y en Puerto Rico el 11 del mismo mes.. Posteriormente, “Capitán Avispa” llegará a los cines de Estados Unidos y América Latina en abril y mayo, distribuida por Caribbean Cinemas y Spanglish Movies. La película es fruto de la idea original de Juan Luis Guerra, con un guion coescrito por Gustavo López, Miguel Yarull y Guerra mismo, y dirigida por Jean Guerra y Jonnathan Meléndez. Este proyecto representa un hito significativo en la carrera de Guerra y promete ser una experiencia emocionante para el público de todas las edades.

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Capitán Avispa: una pelicula producida por Juan Luis Guerra

“Es el trabajo de casi 6 años que comenzó como un sueño” Por Julio Guzmán Acosta Juan Luis Guerra se aventura en el mundo del cine con la película de animación ‘Capitán Avispa’, un proyecto que ha llevado casi seis años y que, según el cantante, “comenzó como un sueño”. La cinta, de la cual es productor, se estrenará en República Dominicana el 4 de abril.  En una presentación en Santo Domingo, junto a miembros del equipo de la película y medios de comunicación, Juan Luis Guerra compartió que la idea para esta película surgió a partir de su merengue ‘Las avispas’. Este tema los motivó a crear un superhéroe que luchara contra el mal y cuyo poder radicar en decir siempre la verdad. De ahí nace el grito de batalla del Capitán Avispa: ‘Fuerte y valiente, nunca miente’. El proceso de creación del Capitán Avispa comenzó hace doce años, cuando Juan Luis Guerra empezó a darle forma junto a su hijo. Lo que más le llena de orgullo es ver que la película está “desarrollada en República Dominicana”.  La cinta, dirigida a toda la familia y con una duración de 96 minutos, cuenta con una banda sonora que incluye temas de la carrera de Guerra, como ‘La bilirrubina’ o ‘Rosalía’, así como otros originales, como ‘Mi amor’, interpretado por Luis Fonsi y Joy Huerta, y un son sobre un baile de abejas y avispas.  Es destacable que, a diferencia de las producciones animadas convencionales que requieren cientos de personas, ‘Capitán Avispa’ fue realizada por 30 talentosos animadores en Santo Domingo y España, bajo la supervisión de Jonnathan Meléndez y Jean Gabriel. 

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Afiliación de los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.

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Luis Abinader: “No pararemos las deportaciones de haitianos ni autorizaremos campos de refugiados”

SERVICIOS UMBRAL.COM.DO República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. Así de tajante se mostró el presidente dominicano, Luis Abinader, en una breve entrevista en inglés con el periodista británico Stephen Sackur en el programa de la BBC HARDtalk. El entrevistador preguntó a Abinader sobre posibles cambios en la política de su gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesa Haití, el vecino occidental de República Dominicana que ocupa algo más de un tercio de la isla de La Española. Haití, donde viven unos 11,5 millones de habitantes, vive sumido en el caos y las bandas criminales controlan grandes zonas del país, causando miles de muertos y centenares de miles de desplazados. República Dominicana, por su parte, sigue deportando a haitianos indocumentados a su país de origen a través del paso fronterizo entre ambas naciones. Santo Domingo hasta ahora ha desoído las peticiones de organizaciones internacionales que le solicitan detener las deportaciones y acoger a haitianos que huyen de la violencia. Esta es la entrevista del periodista de la BBC al presidente Abinader realizada el 20 de marzo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando una terrible catástrofe con violencia de pandillas y agresiones sexuales a mujeres. ¿Lo hará? No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra “somalización” de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y, según la ONU, 350.000 han sido desplazados en los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. ¿Estaría usted dispuesto, en el corto plazo y como gesto humanitario de emergencia, a dejar entrar a su territorio a algunos de esos desplazados? Por ejemplo, en campos de refugiados temporales. No, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití, el territorio haitiano y las islas haitianas. Tienen dos islas, Gonâve y Tortuga, que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiados en este momento por razones históricas y de seguridad. ¿Puede decirme algún otro país del hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití? Quiero decir, no hay otro país, así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo, y lo estamos haciendo. Incluso organizar el comercio normal entre Haití y la República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando mucho en nuestra seguridad. Es por eso que hace casi dos años comenzamos a construir este (muro) casi por completo. Pero seguiremos asegurando nuestra frontera en los 300 y aproximadamente 390 kilómetros que tenemos. Es seguridad; como dije, es un objetivo de seguridad nacional. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto cuánto le importa su reputación internacional. Un ejemplo es la forma en que continúan deportando a un gran número de haitianos de regreso a Haití en este momento de crisis. Algunas personas, incluido el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Una de las activistas a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belique, le ha acusado de construir una especie de régimen de apartheid e incluso el Departamento de Estado de EE.UU. ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visitan su país que aquellos con piel más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalados y detenidos. ¿Es usted consciente de lo que todo esto le está haciendo a su reputación? No. Mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mira a Bahamas, Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fija en Jamaica, Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley, y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos, como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son mestizos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití, nosotros no. Nunca hemos tenido este problema. Simplemente estamos cumpliendo con que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado, como en el resto de países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a República Dominicana que haga más sobre Haití.

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Adecentar en dominicana el ejercicio de la política

Por Bernardo Rodríguez Vidal La política dominicana, ejercida por personas enganchadas a esta rama, pierde su esencia de ciencia y pasa muchas veces a ser entendida, por algunos seguidores, como un mercado en la que la oferta y la demanda se imponen. Para que una persona honrada transite el camino correcto de la política, debe comprender que esa senda implica un tránsito lleno de dificultades. Una vereda desbordada de quebradas donde “vividores” aprovechan las necesidades y el bajo nivel de formación de la gente para alcanzar sus ambiciones personales y grupales sin pensar en el bienestar colectivo. Por ejemplo, en el ambiente de la política dominicana unos pocos de los que ocupan posiciones oficiales, y que tienen aspiraciones, ejercen el oficio de administrar lo público con decoro.  Tenemos personas serias y sin vergüenzas en esta función. La frase de que “el fin justifica los medios” no debería ser un pensamiento filosófico y político que haga creer a algunos militantes o servidores públicos que el comprar un voto para llegar a un cargo y repetir en un puesto puede ser una práctica normal. En República Dominicana, desde que se alcanzó la llamada “democracia” que se exhibe al mundo, diversos sectores denuncian que algunos funcionarios públicos y militantes políticos planifican y ejecutan actividades proselitistas usando los recursos del Estado. Siempre con el propósito de retener el cargo y/o beneficiar a la casta política que representan.  Para ellos no importa cuánto se tenga que invertir para llegar o retener el poder. El no poner fin a esa realidad, amparados en las leyes existentes, es tirar por la borda los avances alcanzados, es vulnerar a las generaciones que vienen detrás, las cuales tendrán que luchar en favor de un modelo que desmonte esa mala forma de proceder. Sabemos que estamos frente a una “democracia electoral” carente de los elementos esenciales de desarrollo. Una democracia en la que se utilizan los recursos del Estado con fines de favorecer a candidaturas en particular, una práctica vergonzosa ejercida desde distintas posiciones. Los elementos que cita la organización Participación Ciudadana sobre la venta y compra del voto son preocupantes.  Lo mismo que los tumultos y las carpas abiertas cercana a los recintos electorales, y desde donde se despacharon orientaciones para favorecer a tal o cual partido, acompañada de un pago, es una ofensa al sistema democrático. Sobre ese particular la Junta Central Electoral tiene una tarea enorme para hacer cambiar ese mal que corroe el buen hacer política. Grupos organizados cerca de los colegios electorales estuvieron operando ante la vista de todos en las elecciones municipales de febrero. Y vimos como esos grupos dispendiaban en horas los fondos entregados por la Junta Central Electoral a los partidos, dinero procedente de los impuestos que paga la población. Se suman otros capitales de origen desconocidos a esa “fiesta de voto por dinero” que las autoridades están en el deber de investigar con fines de establecer control en el futuro. Es una tarea difícil, pero no imposible, que debe sanar un mal que pareciera estar frente a un sistema configurado para que las entidades políticas emergentes no crezcan. Un sistema electoral desigual que asigna más fondos a los que obtienen, supuestamente, “mayoría de votos” en comparación con los “partidos pequeños”. Pero son los partidos tradicionales, los grandes del sistema, los que avivan la compra de votos en cada proceso electoral, logrando de esa forma escalar y posicionarse por encima de los que reciben menos fondos para costear las campañas. Esperemos que el 19 de mayo próximo, cuando se realicen las elecciones de los diputados, senadores y presidente, esa situación no se repita, pues es una obligación de las autoridades electorales garantizar una diafanidad en los procesos eleccionarios. Hay que exigir que se implementen medidas que detengan la venta y compra del voto hasta que se pueda propiciar una reforma legal justa y equitativa de cara a la asignación de fondos, y se pueda sancionar también ese tipo de acciones antidemocráticas. Tenemos que denunciar a los que enganchados a la política malgastan el dinero del pueblo comprando un voto para influir en las decisiones de las mayorías. Hay que curar ese mal de los procesos electorales, tenemos que adecentar el ejercicio de la política dominicana, sepultemos el clientelismo que arrastra a la sociedad hacia el ejercicio impuro de la política.  Luchemos por el bien hacer en la politica dominicana.

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La ONU pide aceptar a haitianos como refugiados

La ONU ha pedido a todos los Estados a “no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado” La ACNUR pide a los países que es “imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados”. AGENCIAS.-  Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror, indicó el miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital Puerto Príncipe y los temores de un éxodo masivo, la ACNUR se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables. “La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos”, declaró Elizabeth Tan, jefe de la división de protección internacional de ACNUR, en comunicado. Haití ha experimentado una oleada de violencia de bandas en las últimas semanas, cuando los haitianos esperan la instauración de un consejo presidencial de transición tras el anuncio de la renuncia del cuestionado Primer ministro contesté Ariel Henry, que maneja los asuntos corrientes. La ACNUR pide a los países que es “imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados”. “Reiteramos también el llamado a todos los Estados a no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado”, añade la agencia de la ONU. Subraya que un amplio abanico de haitianos podría beneficiarse de la Convención sobre los refugiados de 1951: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad. La ACNUR recuerda que la Declaración de Cartagena de 1984 amplía la protección a los “individuos afectados por circunstancias que perturban gravemente el orden público en el país y la violencia generalizada en las zonas afectadas por las actividades de las bandas”. La ACNUR advierte que observa una “tendencia preocupante” en los haitianos, que emprenden periplos peligrosos, inclusive por mar en condiciones peligrosas. Avanzan discusiones para nuevas autoridades Las negociaciones para formar autoridades de transición avanzan este miércoles en Haití, donde Estados Unidos llevó a cabo nuevas evacuaciones de sus ciudadanos ante la inseguridad provocada por las pandillas. El país caribeño ha vivido semanas de terror desde que bandas armadas empezaron a atacar lugares estratégicos en Puerto Príncipe, en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry. La semana pasada, el dirigente aceptó dimitir y dar paso a un consejo presidencial de transición, cuya formación se ha visto retrasada por disensiones internas. “Las conversaciones continúan. Estoy segura de que llevará un poco de tiempo, pero todo indica que están avanzando”, declaró este miércoles Carolyn Rodrigues-Birkett, la embajadora ante la ONU de Guyana. Una fuente del gobierno haitiano aseguró por su parte a la AFP que “no se ha comunicado ninguna lista (de miembros del consejo)” a Henry. El cuestionado dirigente gobernaba desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 pero, en las últimas semanas, su posición se había vuelto insostenible en un país que no celebra comicios desde 2016. Las nuevas autoridades –compuestas por siete representantes de partidos políticos y la sociedad civil– deberán elegir a un primer ministro interino y designar un gobierno inclusivo. Uno de sus primeros retos será frenar la inseguridad permanente, una labor para la que quizás reciba la ayuda de una misión internacional con policías kenianos. Tras la dimisión de Henry, el país africano suspendió su implicación en esa fuerza supervisada por la ONU, pero aseguró después que mantendría su compromiso una vez instalado el consejo de transición. Ante la violencia en Puerto Príncipe, Estados Unidos indicó este miércoles que había fletado un helicóptero para transportar a una quincena de sus ciudadanos desde la capital hasta la vecina República Dominicana.

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Funcionarios pueden ser castigados por aumentar programas sociales

Los funcionarios que incurran en la práctica serán investigados y perseguidos por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales SERVICIOS UMBRAL.COM.DO La Junta Central Electoral (JCE) advirtió a los funcionarios del gobierno que son susceptibles de ser castigados con pena de uno a tres años de reclusión, si utilizan fondos públicos con fines políticos para beneficiar a determinado partido. La advertencia está contenida en un comunicado donde precisa las prohibiciones y regulaciones previstas en la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral. “Los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, incurren en un delito electoral“, dice la JCE. Aduce que los funcionarios que incurran en la práctica serán investigados y perseguidos por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. De acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema electoral dominicano, tampoco se podrá aumentar el número de beneficiarios en programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos durante la campaña. El órgano comicial hizo la admonición este miércoles fundamentado en el artículo 210, párrafos dos y tres de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral. El comunicado añade además que no podrán ser aumentados los montos de las referidas iniciativas gubernamentales. En este sentido, el Programa Supérate aseguró en una nota de prensa que todas las actividades que han desarrollado este año están contempladas dentro de su programación regular y no han incluido a más personas dentro de sus proyectos. La institución destacó que la última vez que  agregaron nuevas familias a los subsidios fue en diciembre de 2023. Imagen del presidente Mediante el comunicado, el órgano de elecciones estableció que la imagen del presidente Luis Abinader no podrá aparecer en vallas, letreros y afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno hasta que no pasen las elecciones de mayo próximo. Asimismo, el organismo electoral garantizó a los partidos la promoción de sus candidatos a través de la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV) de manera gratuita. El comunicado que cuenta con 20 puntos a tomar en consideración por los partidos, en lo referente al uso de losmedios de comunicación durante la campaña electoral, precisa que las organizaciones políticas “disfrutarán de iguales posibilidades para la utilización libre de los medios de divulgación” en la campaña.

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