Con la experiencia de los anteriores gobiernos, el caso de los asesores suena a “botellas”.
JULIO GUZMÁN ACOSTA En un escenario como la República Dominicana, donde la transparencia y la eficiencia en la gestión pública ha brillado por su ausencia, surge la grave controversia de los asesores gubernamentales. ¿Son realmente asesores o desempeñan funciones ejecutivas? La respuesta la debe dar el gobierno y debe ser clara y que no ofrezca la menor duda. Es un escándalo que raya en la obscenidad, en un país con salarios tan precarios, que unas personas designadas como “asesores” cobren unos salarios que muchos ejecutivos con funciones determinadas y gerentes contrastados no cobran. Sus salarios están por encima de los que devengan directores y encargados con muchas responsabilidades, que ademas tienen unos curriculum de años de servicios, con formación técnica y académica al mas alto nivel. La Denominación Equivocada Según el portavoz del Gobierno, Homero Figueroa, todo se trata de una “confusión” en torno al pago de altos salarios a los asesores de varias instituciones gubernamentales. Aunque se les ha denominado como asesores, en realidad, ocupan posiciones de dirección y desempeñan funciones específicas dentro de sus respectivas instituciones. Las explicaciones dadas por el gobierno resultan un poco extrañas y no convencen del todo, porque se ha comprobado que muchos de esos “asesores” no tienen funciones especificas, no tienen despachos y no hacen horarios como todo funcionario. ¿Por qué esta discrepancia? El Dilema Burocrático La raíz del problema según distintas exlicacines, radica en un asunto de “denominación”. Por razones burocráticas, estos funcionarios han sido etiquetados como asesores, pero su labor va más allá de simples consejos y recomendaciones. Están en servicio continuo y constante, tomando decisiones estratégicas y liderando áreas clave. Es como si los directores llevaran un disfraz de asesores. Aunque algunos casos se ajusten a las razones que ha dado el gobierno, la verdad que siguen pareciendo muchos asesores, con salarios desproporcionados y sin la cualificacion suficiente para ejercer el rol de asesor en las areas en las que han sido nombrados. La Resolución 184-2024 Para racionalizar y transparentar la nómina pública, el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la resolución 184-2024. Según esta normativa, las instituciones del Poder Ejecutivo solo pueden nombrar una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias y sub administraciones. En otras palabras, se busca evitar el exceso y garantizar una estructura organizativa eficiente. El Debate Salarial Los altos salarios que perciben estos asesores han generado críticas por parte de la sociedad civil. ¿Son justificados o superfluos? La respuesta varía según la perspectiva. Algunos argumentan que su labor ejecutiva merece una compensación acorde, mientras que otros cuestionan la necesidad de tantos cargos con sueldos elevados. Supérate: ¿Directores Temporales? Paralelamente a las declaraciones de Figueroa, la instancia de protección social del Gobierno, Supérate, ha confirmado que algunos directores de área están clasificados temporalmente como asesores. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la coherencia y la eficiencia en la gestión. En conclusión, la “confusión” en torno a los asesores revela una realidad que debe ser trasparentada por parte del gobierno y si todo es como ha indicado el ejecutivo por medio de su portavoz, el MAP, debe solucionar el caso y que cada uno de los llamados asesores tenga funciones determinadas y se le asigne la denominación de cargo que corresponda. Más allá de las etiquetas, lo importante es evaluar su desempeño y su contribución al servicio público. La transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer, incluso cuando los títulos se entrelazan en un laberinto burocrático.
