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Los imputados son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. Julio Guzmán Acosta   En una operación con pocos precedentes en el país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha revelado detalles alarmantes sobre la Operación Camaleón. Esta acción ha sacado la luz una compleja estructura criminal que operaba dentro del INTRANT y tenían una estructura que daba seguimiento a importantes miembros de este sistema judicial dominicano. El titular de la PEPCA, Wilson Camacho, ha dado información sobre la magnitud de la operación, la cual podría ser uno de los mayores golpes a la corrupción en la administración pública. El Hallazgo La revelación más alarmante surgió durante una requisa en el vehículo del imputado José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi. En su automóvil, los investigadores encontraron una lista que contenía los nombres de varios jueces, entre ellos, Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleydi Méndez. Además, se hallaron un arma de fuego y una escopeta modificada, cuyos detalles han creado una profunda preocupación sobre las actividades de seguimiento y vigilancia que la estructura criminal estaba llevando a cabo contra estos funcionarios de la justicia. Camacho aseguró que estos hallazgos confirman las actividades ilegales y de inteligencia del grupo. “Estas pruebas son más que suficientes para que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, acoja la solicitud del Ministerio Público”, afirmó Camacho, refiriéndose a la petición de prisión preventiva y a la declaración del caso como complejo, dada la seriedad de los cargos involucrados. Nueva Lista de Imputados Los acusados en la Operación Camaleón incluyen figuras claves del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Entre ellos se encuentran Hugo Beras, exdirector del INTRANT, y varios de sus colaboradores, quienes enfrentan graves acusaciones que van desde corrupción hasta uso indebido de documentos. La implicación de Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., agrava aún más la situación, ya que se sospecha que su empresa estuvo involucrada en contratos fraudulentos con el estado. Camacho enfatizó que con el avance de la investigación podría haber nuevas imputaciones. “El desarrollo de la investigación nos seguirá indicando quiénes y qué debemos agregar”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que otros actores vinculados a la trama también sean expuestos. Una Operación Con Éxito Durante la Operación Camaleón, que tuvo lugar en diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, se realizaron allanamientos en residencias y empresas. Con aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, la operación fue calificada por el Ministerio Público como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado. Los investigadores incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones, incluyendo un contrato fraudulento para modernizar el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Además, se descubrió un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, el cual fue utilizado para sacrificar funciones de organismos de inteligencia del estado. Estas evidencias son clave en el proceso judicial que se avecina. Un Marco Legal Contundente Los imputados enfrentan acusaciones serias bajo múltiples artículos del Código Penal dominicano. Las infracciones van desde la proscripción de la corrupción hasta el desfalco y la asociación de malhechores. También se han mencionado violaciones a leyes específicas sobre crímenes de alta tecnología, terrorismo y comercio ilícito. Es un entramado ilegal que pone de manifiesto la gravedad de las acciones de los imputados, así como el compromiso del sistema judicial para erradicar estas prácticas. Expectativas La decisión sobre la solicitud de prisión preventiva y la complejidad del caso se espera para hoy jueves 10 de octubre, cuando la jueza Fátima Veloz anunciará su fallo. Este veredicto podrá sentar un precedente alentador en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, un país donde la desconfianza en las instituciones no ha cesado. Las repercusiones de la Operación Camaleón, así como el éxito del Ministerio Público, indican el compromiso de la justicia en la lucha contra la corrupción administrativa en un contexto donde la impunidad ha sido la norma. Sin embargo, queda por ver si este esfuerzo será suficiente para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la justicia. En un país donde el poder se entrelaza con la corrupción, la Operación Camaleón se presenta como un rayo de esperanza para un país ansioso por limpiar su imagen y asegurar que aquellos que están en el poder sean responsables por sus actos. La batalla está lejos de ser ganada, pero las acciones emprendidas ahora son una marcada señal de un esfuerzo concertado por parte de las autoridades dominicanas.