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2024

Afiliación de los trabajadores autónomos

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Los trabajadores autónomos dominicanos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social. Por Arismendi Díaz Santana La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado. El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección. La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB. Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado. Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado. Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente. A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos. Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.

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Luis Abinader: “No pararemos las deportaciones de haitianos ni autorizaremos campos de refugiados”

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SERVICIOS UMBRAL.COM.DO República Dominicana seguirá deportando a haitianos y no autorizará campos de refugiados en su territorio. Así de tajante se mostró el presidente dominicano, Luis Abinader, en una breve entrevista en inglés con el periodista británico Stephen Sackur en el programa de la BBC HARDtalk. El entrevistador preguntó a Abinader sobre posibles cambios en la política de su gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesa Haití, el vecino occidental de República Dominicana que ocupa algo más de un tercio de la isla de La Española. Haití, donde viven unos 11,5 millones de habitantes, vive sumido en el caos y las bandas criminales controlan grandes zonas del país, causando miles de muertos y centenares de miles de desplazados. República Dominicana, por su parte, sigue deportando a haitianos indocumentados a su país de origen a través del paso fronterizo entre ambas naciones. Santo Domingo hasta ahora ha desoído las peticiones de organizaciones internacionales que le solicitan detener las deportaciones y acoger a haitianos que huyen de la violencia. Esta es la entrevista del periodista de la BBC al presidente Abinader realizada el 20 de marzo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, le pidió suspender las deportaciones ya que Haití está atravesando una terrible catástrofe con violencia de pandillas y agresiones sexuales a mujeres. ¿Lo hará? No, no lo haremos. Continuaremos haciendo y aplicando nuestras leyes y nuestra Constitución. Creo que la ONU es la que tiene que actuar más. Pienso que Estados Unidos ha perdido mucho tiempo, especialmente esa unidad para ayudar a Haití. Y llevamos más de tres años diciendo que Haití está entrando en el caos; que fuimos los primeros que usamos la palabra “somalización” de Haití, y no pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano. No lo haremos y no podemos hacerlo. Creo que la ONU tiene que trabajar más. Y eso es lo que le hemos estado pidiendo a la ONU desde 2021. Millones de haitianos se enfrentan a una crisis alimentaria y, según la ONU, 350.000 han sido desplazados en los últimos meses como consecuencia de la violencia de las pandillas. ¿Estaría usted dispuesto, en el corto plazo y como gesto humanitario de emergencia, a dejar entrar a su territorio a algunos de esos desplazados? Por ejemplo, en campos de refugiados temporales. No, no lo haremos porque tenemos muchas razones históricas para no hacerlo. Creo que tienen muchas posibilidades en Haití, el territorio haitiano y las islas haitianas. Tienen dos islas, Gonâve y Tortuga, que pueden utilizar para eso. Pero no autorizaremos ningún campo de refugiados en este momento por razones históricas y de seguridad. ¿Puede decirme algún otro país del hemisferio occidental que tenga el problema de seguridad que tiene Haití? Quiero decir, no hay otro país, así que tengo que hacer todo lo necesario para proteger a nuestro pueblo, y lo estamos haciendo. Incluso organizar el comercio normal entre Haití y la República Dominicana es algo realmente fácil y está ayudando mucho en nuestra seguridad. Es por eso que hace casi dos años comenzamos a construir este (muro) casi por completo. Pero seguiremos asegurando nuestra frontera en los 300 y aproximadamente 390 kilómetros que tenemos. Es seguridad; como dije, es un objetivo de seguridad nacional. Cuando dice que harán todo lo que tengan que hacer para proteger a la República Dominicana, me pregunto cuánto le importa su reputación internacional. Un ejemplo es la forma en que continúan deportando a un gran número de haitianos de regreso a Haití en este momento de crisis. Algunas personas, incluido el exministro de Asuntos Exteriores haitiano, Claude Joseph, lo han descrito como un paradigma de racismo dominicano. Una de las activistas a favor de los dominicanos de ascendencia haitiana dentro de su propio país, Ana Belique, le ha acusado de construir una especie de régimen de apartheid e incluso el Departamento de Estado de EE.UU. ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que visitan su país que aquellos con piel más oscura deben ser conscientes de que corren el riesgo de ser señalados y detenidos. ¿Es usted consciente de lo que todo esto le está haciendo a su reputación? No. Mi reputación es aplicar la Constitución y la ley. Es lo mismo que están haciendo otros países. Si mira a Bahamas, Bahamas está haciendo lo mismo. Si se fija en Jamaica, Jamaica está haciendo lo mismo. Si ve a Estados Unidos, Estados Unidos está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá está haciendo lo mismo. Simplemente estamos aplicando nuestra ley, y somos el país que realmente ha ayudado más a los haitianos, como dije, en nuestro sistema de salud. Es completamente ridículo hablar en República Dominicana de raza. El 85% de los dominicanos son mestizos. Nunca hemos tenido el problema de la raza en este país. Ellos tenían un problema racial en Haití, nosotros no. Nunca hemos tenido este problema. Simplemente estamos cumpliendo con que cualquiera de cualquier país del mundo que sea ilegal en República Dominicana sea deportado, como en el resto de países. Entonces, si la comunidad internacional y ellos no están haciendo algo, no pueden pedirle a República Dominicana que haga más sobre Haití.

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Adecentar en dominicana el ejercicio de la política

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Por Bernardo Rodríguez Vidal La política dominicana, ejercida por personas enganchadas a esta rama, pierde su esencia de ciencia y pasa muchas veces a ser entendida, por algunos seguidores, como un mercado en la que la oferta y la demanda se imponen. Para que una persona honrada transite el camino correcto de la política, debe comprender que esa senda implica un tránsito lleno de dificultades. Una vereda desbordada de quebradas donde “vividores” aprovechan las necesidades y el bajo nivel de formación de la gente para alcanzar sus ambiciones personales y grupales sin pensar en el bienestar colectivo. Por ejemplo, en el ambiente de la política dominicana unos pocos de los que ocupan posiciones oficiales, y que tienen aspiraciones, ejercen el oficio de administrar lo público con decoro.  Tenemos personas serias y sin vergüenzas en esta función. La frase de que “el fin justifica los medios” no debería ser un pensamiento filosófico y político que haga creer a algunos militantes o servidores públicos que el comprar un voto para llegar a un cargo y repetir en un puesto puede ser una práctica normal. En República Dominicana, desde que se alcanzó la llamada “democracia” que se exhibe al mundo, diversos sectores denuncian que algunos funcionarios públicos y militantes políticos planifican y ejecutan actividades proselitistas usando los recursos del Estado. Siempre con el propósito de retener el cargo y/o beneficiar a la casta política que representan.  Para ellos no importa cuánto se tenga que invertir para llegar o retener el poder. El no poner fin a esa realidad, amparados en las leyes existentes, es tirar por la borda los avances alcanzados, es vulnerar a las generaciones que vienen detrás, las cuales tendrán que luchar en favor de un modelo que desmonte esa mala forma de proceder. Sabemos que estamos frente a una “democracia electoral” carente de los elementos esenciales de desarrollo. Una democracia en la que se utilizan los recursos del Estado con fines de favorecer a candidaturas en particular, una práctica vergonzosa ejercida desde distintas posiciones. Los elementos que cita la organización Participación Ciudadana sobre la venta y compra del voto son preocupantes.  Lo mismo que los tumultos y las carpas abiertas cercana a los recintos electorales, y desde donde se despacharon orientaciones para favorecer a tal o cual partido, acompañada de un pago, es una ofensa al sistema democrático. Sobre ese particular la Junta Central Electoral tiene una tarea enorme para hacer cambiar ese mal que corroe el buen hacer política. Grupos organizados cerca de los colegios electorales estuvieron operando ante la vista de todos en las elecciones municipales de febrero. Y vimos como esos grupos dispendiaban en horas los fondos entregados por la Junta Central Electoral a los partidos, dinero procedente de los impuestos que paga la población. Se suman otros capitales de origen desconocidos a esa “fiesta de voto por dinero” que las autoridades están en el deber de investigar con fines de establecer control en el futuro. Es una tarea difícil, pero no imposible, que debe sanar un mal que pareciera estar frente a un sistema configurado para que las entidades políticas emergentes no crezcan. Un sistema electoral desigual que asigna más fondos a los que obtienen, supuestamente, “mayoría de votos” en comparación con los “partidos pequeños”. Pero son los partidos tradicionales, los grandes del sistema, los que avivan la compra de votos en cada proceso electoral, logrando de esa forma escalar y posicionarse por encima de los que reciben menos fondos para costear las campañas. Esperemos que el 19 de mayo próximo, cuando se realicen las elecciones de los diputados, senadores y presidente, esa situación no se repita, pues es una obligación de las autoridades electorales garantizar una diafanidad en los procesos eleccionarios. Hay que exigir que se implementen medidas que detengan la venta y compra del voto hasta que se pueda propiciar una reforma legal justa y equitativa de cara a la asignación de fondos, y se pueda sancionar también ese tipo de acciones antidemocráticas. Tenemos que denunciar a los que enganchados a la política malgastan el dinero del pueblo comprando un voto para influir en las decisiones de las mayorías. Hay que curar ese mal de los procesos electorales, tenemos que adecentar el ejercicio de la política dominicana, sepultemos el clientelismo que arrastra a la sociedad hacia el ejercicio impuro de la política.  Luchemos por el bien hacer en la politica dominicana.

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La ONU pide aceptar a haitianos como refugiados

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La ONU ha pedido a todos los Estados a “no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado” La ACNUR pide a los países que es “imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados”. AGENCIAS.-  Los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror, indicó el miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital Puerto Príncipe y los temores de un éxodo masivo, la ACNUR se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables. “La vida, la seguridad y la libertad de los haitianos están amenazadas por la confluencia de la creciente violencia de las bandas y las violaciones de los derechos humanos”, declaró Elizabeth Tan, jefe de la división de protección internacional de ACNUR, en comunicado. Haití ha experimentado una oleada de violencia de bandas en las últimas semanas, cuando los haitianos esperan la instauración de un consejo presidencial de transición tras el anuncio de la renuncia del cuestionado Primer ministro contesté Ariel Henry, que maneja los asuntos corrientes. La ACNUR pide a los países que es “imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados”. “Reiteramos también el llamado a todos los Estados a no regresar a la fuerza a las personas a Haití, inclusive las que pidieron asilo y les fue rechazado”, añade la agencia de la ONU. Subraya que un amplio abanico de haitianos podría beneficiarse de la Convención sobre los refugiados de 1951: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad. La ACNUR recuerda que la Declaración de Cartagena de 1984 amplía la protección a los “individuos afectados por circunstancias que perturban gravemente el orden público en el país y la violencia generalizada en las zonas afectadas por las actividades de las bandas”. La ACNUR advierte que observa una “tendencia preocupante” en los haitianos, que emprenden periplos peligrosos, inclusive por mar en condiciones peligrosas. Avanzan discusiones para nuevas autoridades Las negociaciones para formar autoridades de transición avanzan este miércoles en Haití, donde Estados Unidos llevó a cabo nuevas evacuaciones de sus ciudadanos ante la inseguridad provocada por las pandillas. El país caribeño ha vivido semanas de terror desde que bandas armadas empezaron a atacar lugares estratégicos en Puerto Príncipe, en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry. La semana pasada, el dirigente aceptó dimitir y dar paso a un consejo presidencial de transición, cuya formación se ha visto retrasada por disensiones internas. “Las conversaciones continúan. Estoy segura de que llevará un poco de tiempo, pero todo indica que están avanzando”, declaró este miércoles Carolyn Rodrigues-Birkett, la embajadora ante la ONU de Guyana. Una fuente del gobierno haitiano aseguró por su parte a la AFP que “no se ha comunicado ninguna lista (de miembros del consejo)” a Henry. El cuestionado dirigente gobernaba desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 pero, en las últimas semanas, su posición se había vuelto insostenible en un país que no celebra comicios desde 2016. Las nuevas autoridades –compuestas por siete representantes de partidos políticos y la sociedad civil– deberán elegir a un primer ministro interino y designar un gobierno inclusivo. Uno de sus primeros retos será frenar la inseguridad permanente, una labor para la que quizás reciba la ayuda de una misión internacional con policías kenianos. Tras la dimisión de Henry, el país africano suspendió su implicación en esa fuerza supervisada por la ONU, pero aseguró después que mantendría su compromiso una vez instalado el consejo de transición. Ante la violencia en Puerto Príncipe, Estados Unidos indicó este miércoles que había fletado un helicóptero para transportar a una quincena de sus ciudadanos desde la capital hasta la vecina República Dominicana.

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Funcionarios pueden ser castigados por aumentar programas sociales

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Los funcionarios que incurran en la práctica serán investigados y perseguidos por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales SERVICIOS UMBRAL.COM.DO La Junta Central Electoral (JCE) advirtió a los funcionarios del gobierno que son susceptibles de ser castigados con pena de uno a tres años de reclusión, si utilizan fondos públicos con fines políticos para beneficiar a determinado partido. La advertencia está contenida en un comunicado donde precisa las prohibiciones y regulaciones previstas en la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral. “Los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, incurren en un delito electoral“, dice la JCE. Aduce que los funcionarios que incurran en la práctica serán investigados y perseguidos por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. De acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema electoral dominicano, tampoco se podrá aumentar el número de beneficiarios en programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos durante la campaña. El órgano comicial hizo la admonición este miércoles fundamentado en el artículo 210, párrafos dos y tres de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral. El comunicado añade además que no podrán ser aumentados los montos de las referidas iniciativas gubernamentales. En este sentido, el Programa Supérate aseguró en una nota de prensa que todas las actividades que han desarrollado este año están contempladas dentro de su programación regular y no han incluido a más personas dentro de sus proyectos. La institución destacó que la última vez que  agregaron nuevas familias a los subsidios fue en diciembre de 2023. Imagen del presidente Mediante el comunicado, el órgano de elecciones estableció que la imagen del presidente Luis Abinader no podrá aparecer en vallas, letreros y afiches relacionados con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno hasta que no pasen las elecciones de mayo próximo. Asimismo, el organismo electoral garantizó a los partidos la promoción de sus candidatos a través de la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV) de manera gratuita. El comunicado que cuenta con 20 puntos a tomar en consideración por los partidos, en lo referente al uso de losmedios de comunicación durante la campaña electoral, precisa que las organizaciones políticas “disfrutarán de iguales posibilidades para la utilización libre de los medios de divulgación” en la campaña.

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Jesús Diaz Moran, la mejor elección

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Por Julio Disla En un contexto político marcado por la necesidad de un nuevo liderazgo para producir la transición de una nueva época histórica, la elección de Jesús Diaz Moran como candidato vicepresidencial por el Partido Frente Amplio, junto a María Teresa Cabrera, constituye la mejor elección por esa organización política. La candidatura vicepresidencial de Jesús Diaz emerge como un ejemplo inspirador para la juventud de extracción humilde que se ha superado por los méritos académicos y su participación en las luchas social y política, y es un ejemplo inspirador de como la educación y el activismo pueden converger para impulsar el proceso de transformación que requiere la condición histórica de la sociedad dominicana. Con una sólida formación académica y un historial destacado en la defensa de los mejores intereses del país, el candidato vicepresidencial Jesús Diaz Moran ha demostrado ser un líder con una profunda comprensión de los desafíos que enfrenta la sociedad y las soluciones necesarias para abordarlos. Su trayectoria académica, marcada por el compromiso con la excelencia y la búsqueda del conocimiento, es un testimonio de su dedicación y pasión por el aprendizaje. Desde sus primeros años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recinto Santiago, como estudiante se destacó por su capacidad para combinar el rigor académico con un profundo interés en las cuestiones sociales y políticas que afectaban a la mayoría de los dominicanos. Pero lo que verdaderamente distingue a Jesús Diaz Moran como candidato Vicepresidencial es su compromiso con la justicia social y su voluntad de luchar por los mas vulnerables. Desde sus días como estudiante, ha estado envuelto en una amplia gama de iniciativas y movimientos sociales, trabajando incansablemente para abogar por aquellos que no tienen voz y promover una transformación significativa en la sociedad dominicana. Ya sea organizando protestas sociales, participando en campañas de concientización o abogando por políticas públicas inclusivas, Jesús Diaz Moran ha demostrado ser un defensor incansable de la igualdad social, la justicia y los derechos humanos. Su nominación como candidato Vicepresidencial, acompañando a la profesora María Teresa Cabrera, no solo reconoce sus logros académicos, sino también su dedicación y compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. En un momento en el que el liderazgo ético y la integridad son más importantes que nunca, María Teresa Cabrera y Jesús Diaz Moran representan una esperanza para un futuro más brillante y prometedor. Con la propuesta de María Teresa Cabrera y Jesús Diaz Moran se ha roto con lo que el periodista de vieja data Alfonso Tejeda (Fonchy) siempre nos ha criticado, la tendencia en la franja MIUCA -PCT, hoy Frente Amplio -PCT, de privilegiar lo foráneo, lo extra-partido.” Decía yo que el entonces MIUCA-PCT actuaban como una adolescente arrastrada por los efluvios emocionales ante la presencia de los que creían era “su Príncipe Azul”, al que se entregan en encandiladas sin condiciones”. (Alfonso Tejeda, Fonchy). La historia de María Teresa Cabrera y Jesús Diaz Moran es un recordatorio poderoso de que la educación y el compromiso con la lucha social son fuerzas transformadoras que pueden cambiar el curso de la historia y construir un mundo mejor para las generaciones venideras. En un momento en el que enfrentamos desafíos urgentes complejos, necesitamos lideres como los candidatos del Frente Amplio, que estén dispuestos a levantar la voz, constituirse en tribunos de las mejores causas, de los sentimientos más nobles y tomar iniciativas audaces y trabajar incansablemente por el bien común.

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Sindicatos de Ecuador denuncian ante OIT violaciones de derechos

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Quito, 21 mar (Prensa Latina) Líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador denunciaron hoy constantes violaciones de derechos laborales ante Mónica Quesada, especialista de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países andinos. Mediante un comunicado, el FUT explicó que en el encuentro con la funcionaria del organismo internacional establecieron una hoja de ruta para llevar a cabo las denuncias correspondientes y buscar soluciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos de los empleados. Esta reunión representa un paso importante en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en nuestro país, afirmó la entidad ecuatoriana. En las últimas semanas diversas organizaciones, incluidos gremios sindicales, han expresado su rechazo a la propuesta gubernamental de implementar los contratos por hora y a plazo fijo. Esa iniciativa consta en una de las preguntas que se someterá el 21 de abril venidero a consulta popular. De acuerdo con José Villavicencio, presidente del FUT, esas modalidades ya estuvieron vigentes desde el 2000 hasta el 2008 y no fue mejor, “esos contratos son precarios, generan explotación laboral». Ecuador se ubicó en 2023 entre los 10 peores países para los trabajadores en el mundo, según el Índice Global de los Derechos, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI). El informe refiere dos causas principales: las leyes regresivas y la violencia policial contra huelguistas. “El marco jurídico, sumamente restrictivo, ha seguido obstaculizando el desarrollo de sindicatos independientes fuertes en el país, y las autoridades han seguido impidiendo el registro de sindicatos en los sectores público y privado”, señala el documento de la CSI.

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Trabajadores argentinos definen acciones contra despidos

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Buenos Aires, 21 mar (Prensa Latina) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina celebrará hoy una reunión de su Consejo Directivo Nacional para definir acciones contra miles de despidos en la administración pública. De acuerdo con un comunicado de esa organización, la cita comenzará a las 10:00, hora local, en esta capital y participarán los secretarios generales de las 23 provincias de este país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los dirigentes analizarán medidas contra el posible despido de 70 mil personas, cuyos contratos vencen a finales de este mes y el Gobierno expresó sus intenciones de no renovarlos. Los estatales tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas, aseveró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. En las últimas horas se dio a conocer un “manual de despidos”, en el cual se detalla cómo comunicar e instrumentar las desvinculaciones de empleados de todos los organismos y dependencias estatales. Allí se indica que las primeras comunicaciones serían verbales y se iniciarían el día 26, precisó el sindicato en un comunicado. Por su parte, Aguiar consideró que no se puede esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están eliminando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional, afirmó.

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Lula presentará plan con políticas de igualdad racial en Brasil

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Brasilia, 21 mar (Prensa Latina) El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentará hoy en Ceilandia, una región administrativa del Distrito Federal, el llamado Plan Juventud Negra Viva, que contiene una serie de políticas de igualdad racial en Brasil. Tal iniciativa constituye una acción del Ministerio de Igualdad Racial y de la Secretaría General de la Presidencia. El documento agrupa 43 metas y 217 acciones concretas pactadas junto a 18 carteras ministeriales, para reducir la letalidad y vulnerabilidades que afectan a la juventud negra y enfrentar el racismo estructural. Activistas, parlamentarios y autoridades serán parte del evento. El Plan Juventud Negra Viva fue construido de forma participativa escuchando a más de seis mil jóvenes en todo el gigante sudamericano por medio de la Caravana Juventud Negra Viva, que pasó por todas las capitales en 2023. «Las acciones del plan están divididas en ejes que abarcan seguridad pública y acceso a la justicia, generación de trabajo, empleo e ingresos, educación, democratización del acceso a la cultura y a la ciencia y tecnología», divulgó la cartera de la Igualdad Racial. También incluyó la promoción de la salud y garantía del derecho a la ciudad y a la valorización de los territorios, deporte, asistencia social, seguridad alimentaria y nutricional, y fortalecimiento de la democracia. En noviembre, Lula firmó un nuevo paquete de medidas de igualdad racial y se refirió a las acciones como el pago de una deuda histórica. «Lo que hemos hecho aquí es el pago de una deuda histórica que la supremacía blanca ha construido en este país desde que fue descubierto. Solo queremos recomponer lo que es la realidad de una sociedad democrática», afirmó en una ceremonia realizada en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, en el día nacional de la Conciencia Negra. El conjunto de 13 acciones, presentado por la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, en asociación con 10 carteras más y organismos federales, incluye programas nacionales, titulaciones de territorios quilombolas (afrobrasileños), becas de intercambio y acuerdos de cooperación. Además, grupos de trabajo interministeriales y otras iniciativas que garantizan o amplían el derecho a la vida, a la inclusión, a la memoria, a la tierra y a la reparación. «Todo esto que firmamos ahora es como si estuviéramos plantando un árbol. Ese árbol, para que funcione, tiene que ser sembrado. Hay que poner agua. Tiene que haber sol. Hay que tener abono. Y ustedes son el abono para que funcione una política pública», destacó en la ocasión el fundador del Partido de los Trabajadores. Aclaró que «no somos diferentes por la piel, por el pelo, por la ropa. Porque somos hermanos. Venimos del mismo padre, vivimos en el mismo planeta y tenemos la sangre del mismo color», subrayó.

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El Ministerio de Educación ha cumplido el acuerdo pactado con la ADP

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El Ministerio de Educación nombró 9,355 nuevos docentes y 16,954 empleados administrativos, a partir de la firma del acuerdo co n la ADP SERVICIOS UMBRAL.COM.DO Santo Domingo.- Desde que firmó con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) un acuerdo para garantizar el cumplimiento del calendario escolar 2023-2024 de manera efectiva, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ha nombrado 9,355 docentes en el sistema público de educación preuniversitaria. Asimismo, incluyó en su nómina a 16,954 personas que actualmente laboran en las áreas administrativas y de limpieza en los planteles escolares. La institución transfirió, además, alrededor de RD$5,000 millones a las juntas de centros regionales y distritales y precisó que un total de 1,962 juntas están recibiendo fondos de la Tesorería Nacional para los procesos de mantenimiento de infraestructura y operación de los centros educativos. A través de un comunicado de prensa, el Minerd destacó que durante la gestión del presidente Luis Abinader, se han adicionado 135 nuevos planteles que, en conjunto, representan 1,620 nuevas aulas. De estas edificaciones escolares, 65 fueron entregadas en el año 2023, mientras que 1,196 centros educativos fueron remozados. El Minerd reiteró su compromiso de realizar un incremento salarial que se discutirá a partir del 4 de abril del presente año y cuyo porcentaje y aplicación serán definidos en función de la disponibilidad de recursos del Gobierno, tal y como lo establece el “Acuerdo Minerd-ADP 2023 por la Defensa y Derecho a la Educación”, firmado por ambas partes el 24 de julio de 2023. No obstante, recordó que el año pasado dispuso el incremento salarial que favoreció a 21,464 maestros jubilados y pensionados, elevando a RD$25,000 el salario a quienes ganaban menos de esa cantidad, y a RD$30,000 el sueldo de los que recibían sobre los RD$25,000 y menos de RD$30,000. El órgano rector de la educación preuniversitaria fue enfático al rechazar los argumentos que expone la ADP para justificar la suspensión de docencia que ha llevado a cabo en diferentes regionales del país. Tras asegurar que ha cumplido cabalmente los puntos acordados en el pacto, informó que solo el año pasado, más de 109 mil docentes, técnicos docentes y directores de centros fueron beneficiados con programas de formación permanente, especialidades, maestrías y doctorados. El Minerd manifestó que otra muestra de que ha cumplido el acuerdo fue el desembolso de RD$345,574,431.58 para dar respuesta a 4,470 expedientes que estaban pendientes de pago por concepto de licencias médicas desde el año 2012. La institución confirmó su decisión de continuar el proceso de organización e implementación de la Evaluación del Desempeño Docente 2023, según lo establecen los artículos 40, 41 y 42 del Estatuto Docente.

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