2024

Por Bernardo Rodríguez Vidal La política dominicana, ejercida por personas enganchadas a esta rama, pierde su esencia de ciencia y pasa muchas veces a ser entendida, por algunos seguidores, como un mercado en la que la oferta y la demanda se imponen. Para que una persona honrada transite el camino correcto de la política, debe comprender que esa senda implica un tránsito lleno de dificultades. Una vereda desbordada de quebradas donde “vividores” aprovechan las necesidades y el bajo nivel de formación de la gente para alcanzar sus ambiciones personales y grupales sin pensar en el bienestar colectivo. Por ejemplo, en el ambiente de la política dominicana unos pocos de los que ocupan posiciones oficiales, y que tienen aspiraciones, ejercen el oficio de administrar lo público con decoro.  Tenemos personas serias y sin vergüenzas en esta función. La frase de que “el fin justifica los medios” no debería ser un pensamiento filosófico y político que haga creer a algunos militantes o servidores públicos que el comprar un voto para llegar a un cargo y repetir en un puesto puede ser una práctica normal. En República Dominicana, desde que se alcanzó la llamada “democracia” que se exhibe al mundo, diversos sectores denuncian que algunos funcionarios públicos y militantes políticos planifican y ejecutan actividades proselitistas usando los recursos del Estado. Siempre con el propósito de retener el cargo y/o beneficiar a la casta política que representan.  Para ellos no importa cuánto se tenga que invertir para llegar o retener el poder. El no poner fin a esa realidad, amparados en las leyes existentes, es tirar por la borda los avances alcanzados, es vulnerar a las generaciones que vienen detrás, las cuales tendrán que luchar en favor de un modelo que desmonte esa mala forma de proceder. Sabemos que estamos frente a una “democracia electoral” carente de los elementos esenciales de desarrollo. Una democracia en la que se utilizan los recursos del Estado con fines de favorecer a candidaturas en particular, una práctica vergonzosa ejercida desde distintas posiciones. Los elementos que cita la organización Participación Ciudadana sobre la venta y compra del voto son preocupantes.  Lo mismo que los tumultos y las carpas abiertas cercana a los recintos electorales, y desde donde se despacharon orientaciones para favorecer a tal o cual partido, acompañada de un pago, es una ofensa al sistema democrático. Sobre ese particular la Junta Central Electoral tiene una tarea enorme para hacer cambiar ese mal que corroe el buen hacer política. Grupos organizados cerca de los colegios electorales estuvieron operando ante la vista de todos en las elecciones municipales de febrero. Y vimos como esos grupos dispendiaban en horas los fondos entregados por la Junta Central Electoral a los partidos, dinero procedente de los impuestos que paga la población. Se suman otros capitales de origen desconocidos a esa “fiesta de voto por dinero” que las autoridades están en el deber de investigar con fines de establecer control en el futuro. Es una tarea difícil, pero no imposible, que debe sanar un mal que pareciera estar frente a un sistema configurado para que las entidades políticas emergentes no crezcan. Un sistema electoral desigual que asigna más fondos a los que obtienen, supuestamente, “mayoría de votos” en comparación con los “partidos pequeños”. Pero son los partidos tradicionales, los grandes del sistema, los que avivan la compra de votos en cada proceso electoral, logrando de esa forma escalar y posicionarse por encima de los que reciben menos fondos para costear las campañas. Esperemos que el 19 de mayo próximo, cuando se realicen las elecciones de los diputados, senadores y presidente, esa situación no se repita, pues es una obligación de las autoridades electorales garantizar una diafanidad en los procesos eleccionarios. Hay que exigir que se implementen medidas que detengan la venta y compra del voto hasta que se pueda propiciar una reforma legal justa y equitativa de cara a la asignación de fondos, y se pueda sancionar también ese tipo de acciones antidemocráticas. Tenemos que denunciar a los que enganchados a la política malgastan el dinero del pueblo comprando un voto para influir en las decisiones de las mayorías. Hay que curar ese mal de los procesos electorales, tenemos que adecentar el ejercicio de la política dominicana, sepultemos el clientelismo que arrastra a la sociedad hacia el ejercicio impuro de la política.  Luchemos por el bien hacer en la politica dominicana.