Por Carlos Lara Desde la fundación de La Asociación Dominicana Profesores (ADP) el 13 de abril del año 1970 su misión sagrada, innegociable, combativa, ha sido la lucha por la dignificación del magisterio nacional y la calidad de la educación en la República Dominicana. Hoy al igual que en años anteriores este importante gremio ha sido objeto de ataques despiadados por parte del Estado Dominicano y las autoridades de diferentes gestiones gubernamentales de nuestra historia reciente sin que esta institución que agrupa a los docentes del sector público se haya doblegado o sucumbido ante las pretensiones de sectores interesados que han procurado a lo largo de los años destruir este sindicato o simplemente convertirlo en un instrumento al servicio del gobierno de turno. En estos momentos la historia no es diferente, pues la represión, chantaje e intentona de dividir el gremio más poderoso de la Republicana Dominicana; La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) está de pie y en el campo de batalla; unida, compacta y luchando junto a los maestros, maestras, padres, madres y amigos de la escuela, pues sus hijos merecen una educación con calidad recibida en condiciones dignas. Los ataques han sido feroces, agresivos, continuo y sin piedad desde todos los estamentos estatales; funcionarios e instituciones, incluyendo algunos medios de comunicación comprometidos con los intereses del gobierno de turno tristemente estos últimos han olvidado su función sagrada de estar de lado de los más necesitados y aquellos que no tienen voces. «A palabras necias, oídos sordos» es nuestra humilde sugerencia para el profesor Eduardo Hidalgo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, la comunidad educativa lo respeta, lo valora y acompaña en esta lucha por la dignificación del trabajo docente y la mejora de la calidad educativa en beneficio de la sociedad dominicana. Es lamentable observar como a las autoridades se les agotaron los argumentos en su postura, apelando al descrédito, la represión y una campaña despiadada en contra de la ADP, lo cual incluyó manifestaciones con la integración de hombres y mujeres, empleados de diferentes instituciones del gobierno simulando ser parte de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. En este punto de nuestro análisis es preciso recordar a los artífices de la difamación y promotores de esta campaña sucia, infame en contra de un sindicato, que la ADP lucha por el respeto a los acuerdos firmados el año pasado; por ejemplo en el mes de julio se suscribió el Acuerdo Minerd-ADP 2023 por la Defensa y Derecho a la Educación, un documento, el actual contó con la rúbrica del Ministro de Educación Ángel Hernández, el presidente de la República Luis Abinader y como veedor el Defensor Público Pablo Ulloa. Este acuerdo se basó en el cumplimiento de 14 puntos primordiales para la mejora de la educación, de los cuales las autoridades de manera irresponsable han violado los siguientes puntos: Ratificación y ampliación del acuerdo del 30 de junio del año 2021, por una Educación de calidad, Mejorar la eficiencia y eficacia del Sistema Educativo Dominicano, no se ha cumplido con el apoyo al proceso de transformación del Sistema Educativo, mucho menos con la ampliación del calendario y la Jornada Escolar en todos los centros del país. Además, el Ministerio de Educación no ha cumplido con la instalación de las comisiones bipartitas a nivel nacional, no se realizó el estudio sobre las condiciones de Inicio del Año Escolar 2023-2024, certificado que estas comisiones no pudieron evitar que las escuelas públicas iniciaran el año escolar en medio de una crisis generalizada. De igual manera las autoridades de educación fueron incapaces de cumplir con el Plan de Formación y Capacitación Docente, la revisión de la Ley General de Educación la cual está en proceso de consulta sobre las propuestas de la nueva ley, no se honró con revisar la estructura organizacional del Sistema Educativo Dominicano, El MINERD no ha cumplido con la reorganización del personal docente, administrativo y de apoyo en los centros educativos, distritos y regionales, de igual manera las autoridades no han podido efectuar la Evaluación de Desempeño Docente, no han llevado a cabo el nombramiento de miles de docentes que faltan en las escuelas públicas, al Ministro de Educación se le ha hecho imposible convocar a concurso ni ha nombrado las docentes asistentes que faltan en el Nivel Inicial. El Ministerio de Educación ha sido incapaz de honrar su palabra y cumplir con la creación de un Banco de Docentes sustitutos y de esa forma eliminar la odiosa práctica ilegal, forzosa de que los maestros y maestras tengan que pagar un sustituto, cuando estos tienen una licencia médica o laboral; no han cumplido con mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, lo que ha provocado que cientos de escuelas se encuentren en mal estado, sin bebederos, aulas sin ventilación, falta mobiliario escolar adecuado y, en muchos casos, no cuentan con personal de seguridad y mantenimiento. Y por último, en el acuerdo del 2022, se acordó aumentar un 10% en el 2022, el cual fue aplicado después de largas jornadas de lucha, pero al rectificarse el acuerdo para el año 2023, se estableció que para abril de este año 2024 aplicaría otro aumento, el cual no se ha podido concretizar debido a la negativa de las autoridades de educación en realizar un incremento superior al 8%. Lógicamente, tal pretensión fue desaprobada por el CEN de la ADP, por considerarla ridícula, ofensiva e irrespetuosa al bienestar y a la responsabilidad magisterial. En esta parte final de nuestro análisis debemos recordar a las autoridades y al Ministro de Educación y los protagonistas de esta campaña montada sin justificación para desacreditar la lucha llevada a cabo por la ADP, que el derecho a la manifestación pacífica en procura de la mejora de este sector que representa a miles de hombres y mujeres que días tras días se levanta temprano con amor, dedicación a llevar el pan de la enseñanza a niños, niñas, adolescentes y jóvenes está avalado por la Constitución de la República, en el Artículo 49, citamos: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin
