2024

Las pensiones otorgadas a los maestros, a los médicos y a otras minorías no están contempladas en la ley 379-81 a cargo del Estado, ni en la Ley 87-01 de Seguridad Social, generando grandes desequilibrios que aumentan el déficit fiscal. Seguridad Social para todos Por Arismendi Díaz Santana   El 21 de diciembre del 2020, el Poder Ejecutivo le concedió al Colegio Médico Dominicano (CMD), un sindicato especializado en huelgas y paros contra un derecho humano vital, uno de los mayores privilegios, una clara distorsión social que confirma la existencia de una “piñata previsional”. Mediante un simple acuerdo se otorga una pensión del 100% del último sueldo, incluyendo el monto de los incentivos otorgados por antigüedad, distancia y docencia. Además, se establece que “a partir del 1 de junio de 2021, (las pensiones) serán aumentadas hasta RD$ 50,000.00 mensuales para los médicos que estén por debajo de ese monto”. Todo, muy a pesar de que más de 100,000 pensionados inferiores a 15,000.00 pesos tienen más de una década esperando que sus pensiones sean actualizadas al costo de la vida, mientras las instituciones autónomas y descentralizadas lo hacen libremente cada año y algunas hasta pagan una pensión 14. Hemos retornado a un archipiélago previsional. Esta semana, la Asociación de Médicos Pensionados le solicitó al presidente Abinader, un reajuste de su pensión, así como la reducción del aporte que hacen al Seguro Médico de los Pensionados. Y señalan que hace cinco meses el presidente se comprometió a bajarlo del 6.4 % al 3.2 %. Para que se tenga una idea de la magnitud de estos privilegios, supongamos que el sueldo promedio de los médicos sea de 80,000.00 pesos y que los incentivos promedian otros 20,000.00 pesos. Este acuerdo establece una pensión de 100,000.00 pesos, aunque el médico nunca cotizó por los 20,000.00 de incentivos, otra versión de la “piñata previsional”. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Se trata de un privilegio irritante, por demás ilegal, porque ninguna ley faculta a conceder una pensión incluyendo emolumentos sobre los cuales nunca se cotizó. Esa disposición no existe en la Ley 379-81 sobre pensiones a cargo del Estado, ni mucho menos en la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Para que se tenga una idea del costo de esos privilegios, un médico pensionado a los 60 años, con un promedio de vida de 75 años, al Estado le costará unos 19,500,000.00 (100,000x13x15), incluyendo unos 3,900,000.00 por una pensión adicional basada en incentivos sobre los cuales nunca cotizó. Multiplique esta diferencia por 30,000 médicos. Hasta donde conocemos, no existen valuaciones actuariales sobre su sostenibilidad, ni jurídica sobre su sustentación legal Hasta donde conocemos, en ninguno de estos casos, ni en decenas de muchos otros, las autoridades pasadas y presentes, han dispuesto una valuación actuarial para calcular su impacto en el déficit fiscal antes de ceder a tales presiones. Ni tampoco un examen jurídico a la luz de la legislación vigente.  Según el Art. 237 de la Constitución, “no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución”. Hace dos semanas criticamos el privilegio del pago del Estado durante 30 años de toda la nómina de los maestros pensionados y jubilados, en adición al 8% que le corresponde como empleador. Ahora con estas concesiones extralegales a los médicos, tenemos que llegar a la conclusión de que no estamos en un Estado de derecho, sino en un Estado de privilegios de minorías influyentes. Que vivimos en una sociedad basada en la existencia de ciudadanos de primera clase, con prerrogativas por encima de la Constitución y de las leyes, y personas comunes de segunda categoría, cuya función principal es financiar, con el sudor de su frente, esas distorsiones y privilegios de los nuevos herederos de Trujillo. La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera que los maestros y los médicos tienen el derecho a ingresos adecuados de acuerdo a su desempeño y a un retiro digno, siempre que no se constituyan en privilegios y que predomine un Estado de derecho donde todos los dominicanos tengamos los mismos derechos. Llama la atención que, ante un déficit fiscal creciente, el gobierno no haya dado señales de corregir estas distorsiones y privilegios, antes o como parte de la propuesta de reforma fiscal. Esperamos que ahora el presidente Luis Abinader incluya todos estos correctivos, como parte de los reajustes prometidos.