Editorial
La insaciable avidez del empresariado dominicano y la amenaza a los derechos laborales como la Cesantía En la actual coyuntura dominicana, se manifiesta una insaciable avidez por parte del empresariado que, lejos de conformarse con las exenciones fiscales y las evasiones que les permiten operar con mayores márgenes de beneficio, ahora se agrupan como avispas en procura de despojar a los trabajadores de un derecho fundamental: La cesantía laboral. Este intento de eliminar un derecho adquirido, en el marco de la discusión del nuevo código laboral en el Congreso, es una clara señal de que el respeto hacia los logros sociales de los trabajadores está en peligro. La cesantía no es un regalo ni una concesión de los empleadores; es el resultado de largas luchas de los trabajadores dominicanos y sus familias. Instituida en 1944 durante la dictadura de Trujillo, esta medida ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales en el país. Al garantizar una prestación económica a quienes ven finalizado su contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador, se asegura una mínima protección para aquellos que, tras años de esfuerzo, se encuentran despojados de su fuente de ingreso. La argumentación de que el cumplimiento de este auxilio incrementa los costos laborales y actúa como una traba para la competitividad es, cuando menos, engañosa. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha demostrado que el nivel de rigidez del mercado laboral dominicano no es significativamente distinto al de otras economías de la región. Los verdaderos obstáculos para la competitividad se encuentran en factores estructurales como la corrupción, la burocracia ineficiente y el costo de servicios esenciales como la electricidad. El clamor del empresariado por despojar a los trabajadores de sus derechos laborales no solo representa un retroceso en la lucha por la justicia social, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la cohesión social del país. Los legisladores deben resistir la presión de un sector que, en su búsqueda de maximizar ganancias, está dispuesto a vulnerar los derechos que costaron largas jornadas de lucha, pagadas con la sangre de los trabajadores y trabajadoras. Es imperativo que tanto los trabajadores y trabajadoras, sindicalizados o no, se unan en la defensa de las conquistas laborales. La cesantía es un derecho que no puede ser despojado sin una lucha decidida. Los distintos sectores de la sociedad, encabezados por los trabajadores, debe poner resistencia al despojo pretendido y que goza con el beneplácito del gobierno. Recordemos que fue precisamente contra la tiranía de Trujillo que tantos dieron su vida para asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras. Hoy, enfrentamos una nueva amenaza que busca borrar esos logros. La historia nos enseña que la lucha por la dignidad y el respeto a los derechos es un camino que debemos andar con determinación y unidad. El gobierno de Luis Abinader y el PRM deben reflexionar sobre las implicaciones de apoyar tales movimientos empresariales. La verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables, no por su disposición a sacrificar derechos fundamentales en el altar de la competitividad. Es hora de que el país defienda sus conquistas y garantice que los derechos laborales sigan siendo un pilar de nuestra sociedad.
