Umbral

4 de octubre de 2024

Fuerzas Armadas de México rinden honores a su presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 3 oct (Prensa Latina) La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió hoy honores plenos de las Fuerzas Armadas a su investidura como Comandante Suprema. PRENSA LATINA   En inédita ceremonia en el Campo Marte, los militares le juraron firme lealtad y profundo respeto para impulsar su proyecto de nación. “Como la primera mujer presidenta toma usted el timón”, le dijo el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. Mientras, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, enfatizó, como reconocimiento de la dependencia al papel de las mujeres: “Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, hecho inédito en nuestro devenir, y motivo por el cual nos encontramos unidos para la salutación cuando se asume el mando de tropas”. Como la primera fémina en encabezar el Gobierno de la República, Sheinbaum recorrió en una Humvee, flanqueada por los titulares de la Sedena y la Marina, las filas del Ejército, Marina, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. En la ceremonia de salutación, la mandataria recibió, además del tradicional saludo de generales y almirantes, el de mujeres de las Fuerzas Armadas; la general brigadier, Mariana de La Cruz Sánchez, así como tenientes coronel, capitanas, soldadas, agentes, contralmirantes y mujeres navales. “Damos la bienvenida a esta ceremonia a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas”, se escuchó en el Campo Marte. Al término del recorrido de Sheinbaum, lanzaron salvas en honor a la Presidenta. Realizaron el saludo militar en su honor “como la más grande muestra de respeto y lealtad”.

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La manipulación del proceso de licitación para la modernización semafórica que llevo a la cárcel a Hugo Beras y a Jochy Gómez Canaán

El pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a la medida de la empresa, de acuerdo a la orden de arresto emitida por el Ministerio Público. JULIO GUZMÁN ACOSTA   La corrupción, en sus múltiples formas, ha encontrado un terreno fértil en la administración pública dominicana, y un nuevo escándalo acaba de salir a la luz, resaltando nuevamente la vulnerabilidad de las instituciones. El reciente hallazgo de irregularidades en el pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” revela una elaborada maniobra diseñada para beneficiar a la empresa Transcore Latam S.R.L. Esta situación ha suscitado la atención del Ministerio Público, que ha emitido órdenes de arresto en contra de varios funcionarios involucrados. Un Proceso amañado desde el Inicio El proceso de licitación, destinado a transformar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, estaba condicionado desde sus bases. Originalmente, los requisitos exigían una experiencia mínima de 15 años; sin embargo, este umbral fue drásticamente reducido a solo un año. Asimismo, el número de controladores requeridos a nivel mundial pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones cayó de 40,000 a 1. Estas modificaciones, según lo expuesto en la orden de arresto, fueron parte de una estrategia deliberada de corrupción que buscó facilitar la participación de Transcore Latam en el proceso licitatorio. La alteración en el pliego de condiciones no se detuvo allí. La estipulación de que la vigencia del contrato comenzara con la certificación de la Contraloría General de la República fue cambiada para iniciar con la firma del contrato, lo que estableció un plazo de cinco años. Estos cambios despertaron la sospecha de que la manipulación estaba en efecto, y que había un grupo dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dispuesto a violar normas para favorecer intereses particulares. La Red de Colaboradores Según los documentos de la investigación, Samuel Baquero, jefe de peritos del Intrant, fue uno de los principales artífices de estas irregularidades, colaborando estrechamente con Hugo Beras y Frank Rafael Atilano Díaz Warden para implementar las modificaciones. La falta de transparencia fue evidente, ya que la directora de planificación y desarrollo del Intrant no fue convocada para participar en las modificaciones, a pesar de su rol como miembro del comité de compras. Los cambios en el pliego de condiciones fueron firmados únicamente por Félix Rubén Reynoso Calderón, quien actuó bajo instrucciones de Atilano, omitiendo deliberadamente la firma de otros miembros del comité. Este proceder subraya una preocupante cultura de impunidad y falta de ética que parece prevalecer en algunos sectores del gobierno. La Usurpación y Creación Fraudulenta de la Firma Una de las revelaciones más alarmantes del caso es cómo Jochy Gómez, el principal responsable de Transcore Latam, utilizó prácticas fraudulentas y mafiosas para establecer su empresa. Según el documento, en mayo de 2022, adquirió el dominio “Transcore.com” y usurpó la identidad de un ciudadano alemán, Jörg Brinkmeyer, para crear Transcore Latam S.R.L. en la República Dominicana. A través de correos electrónicos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa, la cual fue finalmente inscrita en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en julio del mismo año. El teatro y trama de corrupción estuvo planificado desde el inicio y fue aún más intrincado cuando Pedro Vinicio Padovani Báez, quien ocupaba un puesto clave en el Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció para trabajar directamente con Gómez. Esta maniobra coincidió con la llegada de Hugo Beras, nombrado director ejecutivo del Intrant, lo que permitió que la conspiración se afianzara bajo su mando. El Desvío de Fondos y el Aumento Desproporcionado del Proyecto A pesar de que el Plan Operativo Anual para 2023 tenía asignados apenas RD$ 104 millones para la modernización de la red semafórica, este monto fue incrementado a RD$ 1,200 millones sin justificación alguna, un aumento desproporcionado que plantea graves interrogantes sobre la gestión fiscal del Intrant. Según la orden de arresto, una asociación criminal se gestó entre Beras, Atilano, Samuel Baquero y Jochy Gómez para desviar fondos públicos destinados a un proyecto que podría no haber sido más que una fachada para enriquecerse ilícitamente. Aún más sorprendente fue la decisión del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant de autorizar la licitación del proyecto, a pesar de que no había documentación técnica ni financiera que justificara su exorbitante costo. Reflexión Final El escándalo de la modernización semafórica no es simplemente un caso de corrupción más; es una representación del desafío que enfrenta la República Dominicana en la lucha por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Mientras las investigaciones continúan, y las autoridades buscan desmantelar esta red de corrupción en el Intrant, la ciudadanía observa con una mezcla de incredulidad y resignación. En un país donde la corrupción se ha vuelto casi sistémica, cada nuevo episodio resalta la urgencia de un cambio estructural que restablezca la confianza en las instituciones y asegure que los fondos públicos se utilicen para el beneficio colectivo, y no como un medio para enriquecer a unos pocos a costa del bienestar de muchos. La lucha por una República Dominicana más justa y transparente depende de la efectividad con que se actúe en este y otros casos similares.    

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El día que conocí al comandante Pichirilo

RAFAEL CHALJUB MEJIA   La guerra recién había terminado, yo había viajado a la capital a rendir informes sobre la marcha del trabajo político del “Catorce de Junio” en los campos de Nagua. Amaury Germán, en cuya casa materna estaba yo hospedado, me invitó a acompañarlo a casa de su tío Héctor Aristy, en los alrededores del parque Eugenio María de Hostos. En la residencia, cuidada celosamente por hombres ranas, se encontraban, además del antiguo ministro del Gobierno Constitucionalista y varios personajes de la revolución, como Manolo Bordas. También estaba Pichirilo Mejía, un hombre medio gordo, mediana estatura, dicharachero, pelo canoso y la voz ronca. Amaury me lo presentó, Pichirilo intercambió algunas palabras conmigo y siguió su conversación. Se hablaba de la salida de los jefes militares y civiles constitucionalistas hacia el exterior. Seguí atentamente a Pichirilo y noté cuando con énfasis especial y como quien remata un discurso expresó: “Yo no me voy, mientras quede un solo soldado extranjero pisoteando el suelo de mi país”. Ramón Emilio Mejía del Castillo, por su nombre propio, de La Romana, hábil marinero, repudió la tiranía trujillista y se fue al exilio; en la fallida expedición de Cayo Confites, al oriente de Cuba en 1947, conoció personalmente a Fidel Castro. En 1956 formó parte de la tripulación del legendario yate Gramma, en el que, desde México, Fidel y sus compañeros llegaron a Cuba el 2 de diciembre. Durante la guerra de abril de 1965, Pichirilo se convirtió en leyenda, jefe del comando San Antón, donde el patriotismo y la valentía había que probarlos a pocos metros de las tropas invasoras. Se decía que, bajo el fuego atronador de los fusiles y los morteros yanquis, Pichirilo respondía con ráfagas de su ametralladora, al llamado de: “Ríndate, Pichirilo”, que por unos potentes altavoces y en un estropeado español, le hacían los invasores. El odio persiguió a Pichirilo más allá de la guerra y la noche del 12 agosto de 1966, ya con Balaguer en el poder, el comandante cayó herido por la espalda, por dos terroristas que se refugiaron en el recinto amurallado de la Aduana. Tras horas de agonía, el indómito comandante de los frentes de combate, sucumbió a sus heridas y perdió al fin la batalla que todos perdemos contra la muerte. En los hombros de la ira y el dolor, una sollozante multitud, marchando a paso rítmico y lanzando consignas de combate, llevó el cadáver de este hijo y símbolo de la bravura de su pueblo, al cementerio de la avenida Independencia.

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“El poder es transitorio y debe de estar al servicio de la gente”

PATRICIA ARACHE   Esta frase, en la voz de un presidente de la República, a sólo un mes de haber tomado posesión para un segundo mandato constitucional (2024-2028), tras haber sido legitimado en el puesto por quienes participaron en las elecciones del mes de mayo, es más que significativa, alentadora y reveladora de que los tiempos siguen cambiando. El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, al pronunciar un discurso ante la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, atrapó favorablemente a muchos que, incluso, dudaban de sus intenciones de no aceptar su candidatura en las elecciones nacionales para un tercer período consecutivo que, en este caso, sería el (2028-2032). Afirmó el gobernante que fue elegido en mayo pasado “para su segundo y último” mandato de cuatro años y que, a pesar de obtener una mayoría congresual casi absoluta, ha propuesto una reforma constitucional para limitar el período presidencial, de manera que un nadie pueda pretender perpetuarse en el poder, modificando a su antojo la carta magna. Esa proclamación en un escenario más allá de lo local, aunque ahora todo es global, encierra una visión sobre la necesidad de que las personas en posiciones de autoridad entiendan que su tiempo en el poder es limitado y que pueden y deben ser reemplazadas en cualquier momento. Atrás van quedando las ideas de “Yo soy yo y mis circunstancias”, “el único que salva este país”, “el no hay nadie más para sustituirte”; “Sin ti se hunde este país” y otras tantas expresiones que a lo largo de mucho tiempo se manejan, en dinámica manipulación social en la política nacional e internacional, salvo honrosas excepciones. Esta visión se sustenta en una perspectiva nueva, interesante y muy añorada en el país sobre lo que debe ser el ejercicio de la política y, además, de manera directa e indirecta, fomenta la humildad, la responsabilidad, el compromiso y la humanidad en quienes están considerados como líderes. A esa visión del poder se suma el compromiso de servir a la comunidad, lo que refiere la necesidad de que los líderes utilicen su influencia y recursos para el bienestar colectivo, priorizando el bienestar de las personas sobre intereses individuales o de grupo, que ha sido lo que, mayoritariamente, ha primado en las sociedades latinoamericanas. Ese concepto que, aparentemente, va a guiar al presidente Abinader Corona en el segundo período gubernamental que recién inicia, sin dudas está muy vinculado a una “verdad de Perogrullo”: “El valor de una persona no se mide por su estatus social, riqueza o fama, sino por la bondad y el respeto con los que trata a los demás, sin importar su condición”. Las generaciones actuales se han venido formando sin referentes en la mayoría de las áreas de la vida, sin excluir, obviamente, por su importancia visceral de la política, cuyos actores han sido protagonistas, quiérase o no, de lo malo, pero también de cosas buenas que se han producido en la sociedad. De hecho, muchos “jóvenes” políticos sólo ostentan ese adjetivo calificativo por el momento de sus fechas de nacimiento. No por sus comportamientos, no por sus ideas, no por sus propuestas, no por sus visiones, no por sus posiciones. ¡Es una pena! Es tiempo ya de que tanto las actuales como las futuras generaciones puedan encontrar un contrapeso a los desmanes, a la angurria desmedida, a la petulancia, a la prepotencia, a la fantochada, al, ¿tú sabes quién soy yo?… y al muy distorsionado concepto de que el poder lo puede todo y, del que las cosas “siempre se han hecho así”, para que la sociedad pueda dar un gran salto y entrar al carril verdaderamente democrático, innovador, constructivo y desarrollista. Presidente, ojalá, ojalá, su expresión se eleve y sea interpretada como una línea para todos los políticos incluso, si no fueran de su partido, pero también para los militares, para los empresarios, en fin, para todos: “El poder es siempre transitorio y debe de estar al servicio de la gente”.

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No a la piñata previsional (1)

En una década, el 1.0% de las jubilaciones concentrará más del 40% del total pagado con los impuestos de todos los contribuyentes. Un Estado “democrático” convertido en una fábrica nacional de la desigualdad social. SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS ARISMENDI DIAZ SANTANA   El otorgamiento de la pensión privilegiada al expresidente del Tribunal Constitucional le generará un déficit mínimo de 81,200,000.00 al Estado Dominicano. Y al agregar el déficit estimado de las pensiones de los 12 jueces restantes, este costo fiscal rondará los 800,000,000.00, asumiendo sólo 10 años promedio de pensión, y sin considerar la pensión de sobrevivencia del cónyuge. Hace tres semanas el amigo Cándido Mercedes me dedicó su artículo “Madurez democrática, el sentido de las elites, establishment y visión”, alarmado ante las pensiones desorbitantes que se están autoasignando los titulares y altos funcionarios de las instituciones autónomas y descentralizadas, y me pidió que evaluara sus implicaciones financieras. Para facilitarme el trabajo, expuso el caso del expresidente del Tribunal Constitucional señalando que disfrutó de un salario mensual de 807,190.00, recibiendo una pensión de por vida de 733,000.00, equivalente al 90% de dicho salario, luego de 9 años frente a dicho Tribunal. Misión cumplida, ahí están los resultados. Estamos en presencia de una auténtica “Piñata Previsional”, donde los altos funcionarios aprueban planes de retiro a su medida, en abierta contradicción con el carácter universal de la ley 87-01 de Seguridad Social. Hace 20 años señalé que el otorgamiento de las pensiones públicas constituye la mayor fuente de privilegios y de desigualdad social. El caso del Tribunal Constitucional es solo un ejemplo que existe, sólo con pequeñas variantes, en todas las instituciones autónomas y descentralizadas. También en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial y en las superintendencias. Y, desde luego, en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero en esta repartición de la piñata previsional participan más sectores porque, como explicaremos en los siguientes mensajes, incluye a los maestros, a los médicos, a los profesores y empleados de la UASD y a miles de pensiones no contributivas elevadas. Y como si esto no fuese suficiente, ahora amenaza con incluir a todo el personal del Poder Municipal. Un elocuente homenaje al desamparo y a la desigualdad social, auspiciado por el propio estado, totalmente de espaldas al artículo 39 de la Constitución Nacional que condena cualquier privilegio y que proclama la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos, dominicanos y residentes. Planes auto elaborados a la medida de sus intereses, influencias y poderes Mientras la revisión del seguro de pensiones del dominicano común requiere de una Ley, los planes de retiro de estas minorías son elaborados y revisados por ellos mismos, con plena facultad para fijarse pensiones elevadísimas, otorgadas con poco tiempo de cotización, generalmente con aportes del 4% el funcionario y el 8% la institución. Y son actualizadas anualmente, en algunos casos incluyendo el “salario 14”. Pero los privilegios son mucho mayores aún. En realidad, en los casos de las instituciones autónomas, descentralizadas, del congreso nacional y de las superintendencias, el aporte del funcionario es prácticamente nulo, ya que éstos suelen elevar sus salarios mucho más allá del aporte individual al Plan. No sería exagerado señalar que, dentro de una década, menos del 1.0% de las pensiones y jubilaciones concentrará más del 40% de los beneficios otorgados por el Estado y pagados con los impuestos de todos los contribuyentes. Un Estado “democrático” convertido en una fábrica nacional de la desigualdad social. Estos jugosos privilegios se fundamentan en la Ley 379-81. “Art. 11.‐ Las pensiones relativas de los Cuerpos Castrenses y Policiales, y las correspondientes a Organismos Municipales se regirán por Leyes Especiales. Igualmente se regirán por disposiciones especiales las Instituciones Descentralizadas del Estado que se regulen por estatutos particulares dictados al amparo de sus respectivas reglas de autonomía”. Esa ley tiene ya 42 años de vigencia y nadie habla de revisarla para seguir ocultando esos privilegios de espalda a la Ley de seguridad social. Esa ley es tan anacrónica que en su Art. 8 fija en 8,000.00 pesos (si escuchó bien, en 8 mil pesitos) la pensión del presidente de la República y el Art. 9 en 500.00 pesitos la pensión de la viuda del presidente. Desde luego, la libertad para autoasignarse los salarios y para establecer planes de pensiones plagados de privilegios, ha llegado a niveles tales que están generando crecientes protestas y denuncias, en un país donde el 95% de las pensiones públicas no cubre la mitad de la canasta familiar, ni son actualizadas para mantener su poder adquisitivo. Todavía falta mucho por explicar.

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