3 de octubre de 2024

Es investigado por el contrato entre su empresa Transcore Latam y el Intrant y el sabotaje a la red de semáforos de la capital THIAGO ZORRILLA ACOSTA   La noche de este miércoles, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tomó una decisión que podría transformar el panorama de la corrupción administrativa en la República Dominicana. El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue dejado en calidad de detenido tras más de cuatro horas de interrogatorio, en el marco de una investigación que involucra a su empresa, Transcore Latam. La inquietante noticia rompió la calma de la noche, cuando la confirmación del abogado de Gómez Canaán, Hirohito Reyes, inundó los medios de comunicación. Sin ofrecer muchos detalles sobre lo que había transcurrido durante las intensas horas de cuestionamiento, Reyes solo pudo confirmar que su cliente había sido oficialmente detenido, dejando al público y a los especialistas en derecho con más preguntas que respuestas. Un Contrato Controversial La investigación en torno a la figura de Gómez Canaán se centra en su vinculación con un acuerdo celebrado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para operar la red semafórica del Gran Santo Domingo, un contrato que superó la cifra de 1,317 millones de pesos en junio de 2023. Sin embargo, este acuerdo fue anulado tras la detección de graves irregularidades en el proceso de adjudicación, lo que llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a solicitar la intervención del Ministerio Público. Los problemas comenzaron cuando otros oferentes del proceso de licitación impugnaron la decisión, alegando que Transcore Latam no cumplía con los requisitos básicos y que, incluso, había falsificado documentos para obtener el contrato. Las alegaciones se tornaron más oscuras cuando la DGCP determinó que existían vicios significativos en el procedimiento, lo que llevó a la sanción de los funcionarios responsables del Intrant que participaron en la licitación y a la inhabilitación de Transcore Latam como proveedor del Estado. A pesar de la suspensión del contrato hace un año, la empresa continuó operando la red semafórica, generando una creciente preocupación entre las autoridades y la ciudadanía sobre la legitimidad de sus acciones. Caos en el Tráfico La situación escaló cuando, el 27, 28 y 29 de agosto de 2024, el sistema semafórico de la ciudad sufrió un grave colapso, generando un caos en el tránsito. El director del Intrant, Milton Morrison, no tardó en presentar acusaciones contra Gómez Canaán, insinuando que el exdudoso empresario podría estar detrás del sabotaje y solicitando al Ministerio Público que investigase a fondo las acciones atribuibles a él. José Ángel Gómez Canaán, en su defensa, recurrió a sus redes sociales para desmentir las acusaciones de sabotaje, lo que añade otra capa de tensión a esta complicada narrativa. Antecedentes y Controversias La figura de Jochi Gómez no es nueva en el ámbito de las controversias, ya que su nombre ha sido asociado en múltiples ocasiones con actividades delictivas. En 2019, fue acusado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de haber orquestado un fraude a los equipos de voto automatizado en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este incidente, que afectó los resultados electoralmente significativos, marcó un oscuro pasaje en su historia. En 2012, Gómez había sido objeto de investigaciones por haber supuestamente hackeado 44 correos electrónicos de funcionarios y empresarios, lo que resultó en múltiples allanamientos y el apresamiento del empresario por robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correo electrónico. Estos antecedentes, sumados a la situación actual, presentan un patrón preocupante que alumbra la sombra de la corrupción y prácticas ilegales que parecen haberse normalizado en ciertos círculos de poder. La sociedad dominicana espera castigo sobre los casos de corrupción El arresto de José Ángel Gómez Canaán es una señal de que las aguas de la justicia pueden estar comenzando a moverse en dirección a los altos niveles de corrupción que afligen a la administración pública dominicana y se espera castigo para los culpables. Sin embargo, la pregunta que perdura en la mente de muchos es si este movimiento será suficiente para desmantelar las estructuras ilegales que han prosperado durante años y que millones de ciudadanos se movilizaron frente al anterior gobierno clamando contra los actos de corrupción del gobierno encabezado por Danilo Medina y el PLD. Mientras tanto, la sociedad dominicana observa atenta, siendo testigo de un proceso judicial que podría resultar decisivo no solo para la figura de Gómez Canaán, sino para la imagen de las instituciones encargadas de salvaguardar la ética y la transparencia en la gestión pública. La gran interrogante permanece: ¿serán finalmente llevados ante la justicia aquellos que han utilizado su poder para enriquecer sus bolsillos a expensas del bienestar colectivo? La respuesta dependerá de la capacidad del sistema judicial para actuar con valentía y determinación en los próximos meses.