Umbral

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3 de septiembre de 2024

Venezuela califica de “piratería moderna” la confiscación del avión de Maduro por EE.UU.

JULIO GUZMÁN ACOSTA   La reciente incautación del avión presidencial de Venezuela en República Dominicana por parte de las autoridades estadounidenses ha desatado una nueva ola de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. En un momento de crisis política, económica y humanitaria en el país sudamericano, este suceso plantea preguntas sobre la soberanía de las naciones y la aplicación de leyes internacionales, generando un debate que trasciende fronteras. El Incidente El Gobierno de Venezuela anunció que se reserva el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial de la presidencia de Venezuela. Según la denuncia presentada ante la comunidad internacional, las autoridades de Estados Unidos actuaron de manera ilegal al incautar la aeronave, calificando la situación como una “piratería moderna”. Esta postura resalta la preocupación de las autoridades venezolanas por la legitimidad de las acciones extranjeras que afectan a su gobierno constitucional. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la incautación fue el resultado de la adquisición ilegal del avión, un Dassault Falcon 900EX. Se alega que este fue adquirido por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y que su utilización estaba vinculada a actividades lícitas relacionadas con el gobierno de Maduro. Contexto Político y Judicial El trasfondo de este suceso es complejo. Durante años, el Gobierno de Maduro ha enfrentado acusaciones de corrupción, violaciones de derechos humanos y manipulaciones electorales. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, subrayó que la acción responde a un esfuerzo por combatir el crimen organizado y asegurar que actos de corrupción no queden impunes. Mientras tanto, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos vincula este tipo de acciones con la presión sobre Maduro por su conducta en el poder, eludiendo la responsabilidad y las consecuencias de su gobierno. Reacciones Internacionales La respuesta del Gobierno venezolano no se ha hecho esperar. La administración de Maduro ha llamado a la comunidad internacional a posicionarse en contra de lo que considera violaciones de soberanía, argumentando que la acción estadounidense podría sentar un precedente peligroso para otros países. Además, han advertido sobre un escenario donde ninguna nación podría considerarse a salvo de decisiones arbitrarias que ignoren el derecho internacional. El incidente, más allá de ser un mero enfrentamiento entre el Gobierno venezolano y la administración Biden, se sitúa dentro de una narrativa más amplia sobre el uso del poder y las sanciones internacionales. La incautación del avión no solo afecta a la administración de Maduro, sino que plantea interrogantes sobre la legalidad y los límites de la intervención extranjera en asuntos internos de países soberanos. Un precedente que puede ser usado en el futuro con otros países La incautación del avión presidencial de Venezuela es un reflejo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, así como de los retos que enfrentan los gobiernos en contextos de crisis. Las repercusiones de esta acción se sentirán no solo en el ámbito diplomático, sino que también podrían influir en la percepción y legitimidad de gobiernos en situaciones similares frente a la comunidad internacional. A medida que el drama continúa desarrollándose, será fundamental seguir de cerca las reacciones de ambos gobiernos y la respuesta de la comunidad internacional ante este incidente, el cual podría marcar un hito en la historia reciente de las relaciones norte-sur y el respeto por la soberanía de las naciones.

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Tensa Confrontación Política en Venezuela

THIAGO ZORRILLA ACOSTA   En una jornada más de confrontación entre la oposición y el reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este afirmó que el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien enfrenta una orden de arresto, intenta eludir las leyes del país. Esta acusación, formulada durante su programa semanal de televisión, indica que el intenso clima de polarización y hostilidad entre el gobierno y la oposición, continua. Las palabras de Maduro llegaron a la par de la divulgación de una orden de aprehensión emitida por un tribunal especializado en terrorismo contra González Urrutia. Las autoridades lo acusan de ser responsable de delitos tales como “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público” e “instigación a la desobediencia de leyes”, así como de “conspiración” y “sabotaje a sistemas”. Estas imputaciones se traducen en una guerra de narrativas en la que el gobierno se siente amenazado y la oposición lucha por visibilizar su versión de los hechos. González Urrutia, abanderado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha optado por mantenerse “enconchado”, es decir, escondido, lo que refleja el clima de temor que atraviesa la oposición tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en la proclamación de Maduro como ganador. Este escenario ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia y legitimidad de los comicios, un tema candente en el que diversas naciones han tomado partido, algunos respaldando a González Urrutia. La tensión se intensificó cuando el Ministerio Público solicitó la emisión de la orden de captura para el opositor, quien no atendió tres citaciones previas para presentar su declaración en relación con las acusaciones de fraude electoral. González Urrutia, junto a otros miembros de la PUD, sostiene que se ha producido una red de irregularidades que favorece al chavismo. La coalición opositora asegura que, a través de una página web, ha recabado el 83.5% de las actas electorales que demostrarían la victoria de González Urrutia en las urnas. Con una oposición cada vez más marginada y desacreditada, el gobierno legítimo surgido de las urnas el 28 de julio, se aferra a la legalidad y las leyes del país, con lo que la situación política en Venezuela se vuelve insostenible.  Las acusaciones de Maduro en contra de González Urrutia no son solo un ataque a un individuo, sino una declaración de intenciones de un gobierno que se encuentra cada vez más fuerte. Así, el escenario político de Venezuela continúa siendo un campo de batalla donde las palabras se convierten en armas y las decisiones judiciales son reflejo de una lucha por el poder que se prevé todavía dure algún tiempo. La calma que precede a la tormenta siempre es engañosa, y el país se prepara para afrontar un capítulo más en su tumultuosa historia.

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Luis Abinader saldrá este martes para Nueva York y Washington donde participará en varias actividades

THEO N. GUZMÁN   El presidente Luis Abinader viajará este martes a Estados Unidos para participar en diversas actividades en Nueva York y Washington, tras recibir invitaciones de organismos internacionales. Su salida está programada para la tarde desde el aeropuerto Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, con destino a Nueva York, donde intervendrá el miércoles en la Conferencia sobre Infraestructura de Inversión en América Latina y el Caribe. Posteriormente, el miércoles también se trasladará a Washington, donde al día siguiente será orador principal en la 27ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se llevará a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEAOEA). El presidente Abinader estará acompañado por varios ministros, entre ellos Roberto Álvarez (Relaciones Exteriores), Jochy Vicente (Hacienda) y Víctor -Ito- Bisonó (Industria, Comercio y Mipymes), así como algunos de sus asistentes. Durante su visita, se prevén encuentros con ejecutivos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y del Diálogo Interamericano, además de una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La agenda del mandatario concluirá con su regreso al país en la noche del jueves.

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El PCT condena la incautación de la aeronave venezolana por parte del gobierno de EE.UU.

El PCT también tildó al gobierno dominicano de “servil” a los intereses norteamericanos, considerando que este tipo de alineamientos estratégicos con Estados Unidos ponen en riesgo los intereses nacionales. SERVICIOS UMBRAL.COM.DO   El Partido Comunista del Trabajo (PCT), por medio de un comunicado de prensa, condenó el ‘’secuestro’’ por parte del gobierno norteamericano de una aeronave propiedad del gobierno venezolano en territorio de República Dominicana. La organización de izquierda manifestó que ese hecho, además de una nueva agresión contra el gobierno y pueblo de Venezuela, expresa una grave violación de la soberanía nacional dominicana, ante lo cual, emplazan al presidente Luís Abinader, dar explicación al país. El PCT advierte que, en su “servilismo hacia Estados Unidos”, el gobierno dominicano y Luis Abinader está metiendo al país en un peligroso derrotero a todas luces contrario a los intereses nacionales, lo cual merece la condena de todos los sectores nacionales de vocación democrática y antiimperialista. ‘’Estamos ante una violación de la Constitución Dominicana que consagra el respeto a la soberanía de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos o prestar nuestro territorio para agredir terceros países’’, afirmo la organización comunista. Para el PCT, el gobierno dominicano se compromete cada día más con la política “agresora que promueve la administración norteamericana y que, en el caso de Venezuela, desarrolla un bloqueo unilateral, aplicando sanciones que buscan debilitar al gobierno legítimo, desconociendo la autodeterminación de ese pueblo hermano”.

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La crisis venezolana, maniqueísmo y coincidencias

CESAR PEREZ   Sorprende la cantidad de perspectivas de análisis en las discusiones y posiciones sobre la actual crisis venezolana. Existen interpretaciones/posiciones sobre este trance enmarcadas en la objetividad requerida a todo análisis serio, otras en el complotismo a través del cual algunos explican las posiciones y acciones de sectores políticos internos y sobre todo externos, que de alguna manera inciden en la realidad de ese país, sin que falte el maniqueísmo, usualmente definido como una tendencia a reducir realidad al eterno conflicto entre el bien y el mal. Pero lo más notorio son las coincidencias de sectores de matrices ideológicas contrapuestas pero que, basados en un curioso antinorteamericanismo satanizan a figuras políticas decididamente progresistas En todo conflicto político, sobre todo en esta región, EEUU busca que este se resuelva en el sentido de sus intereses, pero la realidad de Venezuela no sólo expresa ese interés, más que nada expresa los intereses de una diversidad de grupos políticos y sociales en conflicto, algunos con posiciones que no comparte esa potencia. No es una simple lucha entre los buenos y los malos. Allí, lo concreto es la lucha entre un régimen que ha perdido su legitimidad y una diversidad de actores y sujetos políticos, entre otros, corrientes del chavismo opuestas a la deriva autoritaria del madurismo, socialdemócratas, comunistas, social cristianos, conservadores y ultraliberales/reaccionarios. A ese universo los seguidores del madurismo dentro y fuera de Venezuela le ponen un sello: fascistas, los malos. Por eso, también etiquetan de llama fascista e injerencista a aquellos que dentro y fuera de ese país cuestionan el comportamiento del gobierno antes, durante y después del proceso electoral y que objetan la manera en que Maduro se ha proclamado ganador de las elecciones violando las más elementales reglas normativas de los procesos electorales. El madurismo argumenta que todo estado tiene el derecho a darse sus propias sus leyes. Es inobjetable. Pero no necesariamente eso quiere decir que estas sean justas ni que una parte del pueblo no tenga derecho a rechazarlas. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema electoral en el que prima la iniquidad y la inequidad. Tenemos una sentencia contra el migrante, la 168-13 que por su perversidad, en su contra se han manifestado un amplio sector de la comunidad internacional. Ese repudio los sectores más retardatarios del país califican de “injerencista”. Es la misma actitud de nuestros maduristas, los de allá, y de todo el mundo ante la exigencia de que, acorde a un principio electoral universal, sólo con las actas debidamente contadas y legalmente validadas puede declararse un ganador. Los de aquí saludaron la condena de varios países al intento de Balaguer de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 1978. Entonces no había “injerencismo”. Dirán, “no es lo mismo, aquí gobernaba la derecha, allá gobierna la izquierda”. Un sinsentido. Por otro lado, uro de los tantos e insostenibles argumentos, es que una posición contra el comportamiento del madurismo es que al hacerlo se “coincide con el imperio”. Eso me recuerda aquella reunión del comité ejecutivo del Partido Comunista Dominicano, PCD, para discutir la intervención de la ex URSS a Afganistán. En su discurrir, un alto dirigente enrostró a quienes condenábamos esa intervención que con nuestra posición coincidíamos con los EEUU. Dije sí, como coincidía el partido (y él también) con ellos cuando condenó la invasión a Checoeslovaquia en 1968. En ese tenor, es notorio el consistente antinorteamericanismo de importantes segmentos de la internacional ultranacionalistas, de neonazi/fascistas, negacionistas, negadores de derechos reproductivos de la mujer, de los inmigrantes. Es frecuente que grupos y/o singulares individuos vinculante a esa corriente ideológica se expresen en diversos chats (incluso de profesores universitarios) y redes sociales a favor del madurismo condenanando el “injerencismo imperialista”. En esta y otras coyunturas o acontecimientos es notoria la colusión entre grupos de extrema derecha con segmentos que se reclaman de izquierda. Es el caso de la coincidencia en el apoyo a Putin, del cual son conocidas sus posiciones y acciones favorables a Trump. La crisis post electoral de Venezuela se enrumba hacia un laberinto sin salida, los países de la región de gobierno progresista entendieron que, si antes de los comicios no se lograba un pacto entre las partes en pugna, no sólo no habría solución, sino que la crisis empeoraría. Eso lo confirma la represión indiscriminada contrala oposición, y la brumosa posibilidad de encontrar una salida a la crisis.  Como también la profundización del fracaso de una experiencia de cambio inicialmente de izquierda que termina buscando el peligroso sostén de un gobierno religioso, Irán, uno sostenido por una mafia oligárquica/militar, Rusia y otro que cometió el oprobio de invadir militarmente a Vietnam poco después de este haber derrotado el imperio norteamericano EEUU, China. Autoritarios todos. Maduristas de distintas procedencias, coincidiendo, aplauden ese apoyo “no injerencista” y satanizan los presidentes de los gobiernos progresistas que pugnan por una salida negociada. Por consiguiente, todo apunta hacia un madurismo cada vez más ilegitimo, sostenido por la bayoneta y por regímenes antidemocráticos, mientras que el país seguirá su proceso de disolución económico social y las perspectivas de surgimiento de nuevos gobiernos progresistas en la región cada vez más reducidas…

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Propuesta presentada por Arsenio Hernández Fortuna ante el CES

ARSENIO HERNANDEZ FORTUNA   Ante los nuevos debates sobre una posible reforma constitucional, reproducimos la propuesta hecha por Arsenio Hernández Fortuna, en representación del Frente Amplio, ante el Consejo Económico y Social. «La propuesta oficial para reformar nuevamente la Constitución del 2010-2015 es bastante superficial. Una nueva reforma a la Carta Magna sólo tendría sentido si se hiciera para responder a las más sentidas necesidades de cambios reales para la modernización de la sociedad, a la superación de los obstáculos que frenan el desarrollo pleno de las mayorías, de ingresos medios y bajos. Otra modificación a la Ley Fundamental debería orientarse, entonces, hacia por lo menos cuatro ejes fundamentales: 1) redistribución de las riquezas; 2) fortalecimiento de la Justicia, los tribunales; 3) profundización del proceso democrático y 4) defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, hay otros temas que podrían tratarse en un estudio detallado para hacer esas reformas. 1.- Se debería restablecer el principio constitucional de 1963 sobre que las empresas privadas deben repartir parte de sus beneficios entre los trabajadores. Algunas compañías importantes han concedido a sus empleados durante años el equivalente a un sueldo o dos de bonificación, en el mejor de los casos; en el entendido de que era el equivalente al 10% de los beneficios anuales. Pero con la extraordinaria acumulación de capital de unas cuantas grandes empresas criollas, que han vendido la mayoría de sus acciones a extranjeros, lo justo sería ahora que se establezca constitucionalmente que las grandes compañías, nacionales y foráneas, repartan al menos el 25% de los beneficios entre sus trabajadores; el 20% de las medianas y el 15% de las pequeñas. La redistribución de la riqueza socialmente producida es el punto clave de todo conglomerado humano, que se discute desde el Código de Hammurabi, promulgado 18 siglos a.C. Por lo cual, además, se debería establecer un sueldo mínimo superior al costo de la canasta familiar del quintil de más bajos ingresos de la población y un tope a los sueldos de los altos funcionarios en base a un múltiplo de ese sueldo mínimo. La desigualdad de ingresos en RD es muy pronunciada: “En el mes de septiembre del año 2021 se observa que el 32.40% de los empleos en el mercado laboral perciben salarios entre 15 mil a 30 mil pesos, seguido el 26.16% de los empleos que perciben salarios entre 10 mil a 15 mil pesos y el 15.18% que tienen ingresos entre 5 mil y 10 mil” (Seguridad Social, Tesorería. Panorama Laboral del SDSS). A esos datos hay que agregar que el 4.26% de los cotizantes en la Seguridad Social gana menos de cinco mil pesos, para sumar sólo un 22% que recibe por encima de los 30,000 pesos, algo más de quinientos dólares; mientras hay funcionarios que tienen sueldos de más de 20,000 dólares. 2.- La Constitución del 2010 dividió y, por consiguiente, DEBILITÓ el poder concentrado de la Justicia. En vez de una Suprema Corte fuerte, tenemos, además, un Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Superior Electoral chocando entre sí. Una reforma constitucional debería fortalecer UNA Suprema Corte de Justicia con sus salas correspondientes. A esto hay que agregar la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de la SCJ y el procurador general de la República sean designados por la Asamblea Nacional o Congreso unicameral. 3.- Para profundizar el proceso democrático se debería establecer el Poder Municipal como primer poder del Estado, tal como lo plantea Juan Pablo Duarte, en su Proyecto de Constitución, por ser el más representativo de todos. También, prohibir la reelección consecutiva, presente en numerosos textos constitucionales desde el fundacional de 1844, alterado por el nefasto artículo 210 de Pedro Santana. Se debería reducir sustancialmente el exceso de autoridad del presidente de la República, consagrada en el artículo 128 de la actual Constitución, que es, en esencia, el muy criticado art. 55 de la del 1966. En especial se debería pasar el control del Presupuesto al Congreso Nacional, entre otras medidas. 4.- Una reforma constitucional debería limitar la posesión de tierra en manos de compañías extranjeras que pueden convertirse en una especie de Estado dentro del Estado, pasando a ser un peligro para la soberanía nacional. Ninguna compañía extranjera debería poseer más del 0.5 % del territorio nacional y en conjunto no deben pasar del 10%. Ya hay un precedente peligroso con el Central Romana, en el Este, el cual por momentos actúa como un Estado dentro del Estado, con más de 1,200 km² de extensión. En Argentina, en que cabe RD 55 veces y sobraría terreno, se promulgó una ley que limita la posesión de tierra por extranjeros hasta el 15% de la totalidad de su territorio, el cual alcanza más de dos millones 780 mil km²… Otro elemento clave en la democratización de la sociedad sería convertir la presidencia de la República en un órgano colectivo como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, con la elección de dos vicepresidentes y un consejo de ministros que funcione como tal, como se estila en otros países, acercándose a las democracias parlamentarias. Derecho a elegir para los militares y policías En una nueva reforma constitucional se debería incluir también el derecho a elegir y ser elegibles para los militares y policías dominicanos, vanguardia en la defensa de la soberanía nacional y el sostenimiento del orden público, que es la más alta tarea política que tiene un pueblo una vez se constituye en Estado. Por tanto, es contradictorio que se niegue derechos politicos precisamente a quienes tienen tan alta responsabilidad política en una sociedad democrática que, por demás, no debe excluir ciudadanos sin razón valedera. Ejerciendo el derecho a elegir y ser elegibles, los militares dominicanos tendrían, además, suficiente autoridad para denunciar cualquier intento de narigoneo de nuestras FA por asesores extranjeros, especialmente de EEUU, quienes efectúan constantemente visitas y ejercicios que parecen más dedicados a influir y acostumbrar nuestros oficiales a la voz de mando de esos consejeros y a ocuparse de lo que interesa a esa potencia, en

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Representación ciudadana en las áreas de poder

PATRICIA ARACHE   El sistema político democrático se alimenta de la participación ciudadana y mientras más estructuras de representación existan, mayor calidad pueden arrojar las acciones a favor de toda la sociedad. La participación activa de los ciudadanos no solo legitima las decisiones políticas, sino que también asegura que las políticas públicas reflejen las necesidades y deseos de la sociedad en su conjunto. Además, cuando existen múltiples estructuras de representación, se pueden abordar mejor las diversas perspectivas y necesidades de diferentes grupos dentro de la sociedad, lo que puede llevar a decisiones más inclusivas y equitativas. Una democracia robusta se fortalece con la participación activa y diversa de sus ciudadanos, y las estructuras de representación juegan un papel crucial en canalizar esa participación de manera efectiva. Los tratados, prácticas y teorías universales de democracia, se sustentan en la participación, pero la misma debe ser honesta, transparente, comprometida y con una importante carga de decisión. Esas son, justamente, características de las que adolece la representación de la población en las estructuras de los poderes político, social y económico, en República Dominicana. El Congreso Nacional es la institución legislativa, integrada por el Senado, con un representante por cada provincia y el Distrito Nacional, para un total de 32; y la Cámara de Diputados, con 178 integrantes, elegidos a partir de la categoría geográfica de municipios, a razón de uno por cada 50 mil personas, en elecciones realizadas cada cuatro años. Otras categorías de elección han venido surgiendo con el paso de los años con la intención originaria y hasta elogiable de que haya una adecuada y legítima representación de las mayorías y de los distintos sectores que convergen en la sociedad interna o externamente. La Constitución del año 2010 estableció la figura del Diputado Nacional, de los cuales existen cinco, escogidos mediante el sistema de representación proporcional, en el que se suman todos los votos obtenidos a nivel nacional para establecer a qué partidos correspondería el escaño, que son los que obtienen por lo menos el 1% de los sufragios, pero no alcanzan ninguna de las plazas legislativas geográficas. Este sistema busca asegurar que los partidos con apoyo significativo, aunque disperso en el país, también tengan representación en la Cámara de Diputados. También, la figura del diputado de ultramar, de los que hay 7, que representan a la comunidad dominicana en el extranjero, divididos en tres circunscripciones, de las cuales la número 1, pertenece a Estados Unidos y Canadá; la dos, a América Latina y el Caribe; y la tres, a Europa. Estas dos últimas categorías. elevan a 190 el número de diputados que sesionan en el Congreso Nacional. Igualmente, están los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el que República Dominicana cuenta con 20 representantes, que son asignados por los partidos políticos en una lista cerrada que se entrega a la Junta Central Electoral (JCE) que divide las curules de forma proporcional en base a los partidos y los resultados obtenidos. República Dominicana es miembro de pleno derecho del Parlacen desde el 1 de noviembre de 2007, aunque había sido observador desde 1997. Como se ve, el país cuenta con importantes escenarios de participación con personas elegidas en forma directa e indirecta, lo cual es importante, pero sería relevante si quienes los ocupan fuesen realmente la voz, la acción, el compromiso de lo que espera la población que los elige y la sociedad en sentido general. Ahora que se discute una propuesta constitucional que incluye la intención de reducir la cantidad de diputados en el país, mi opinión sigue siendo la misma: los espacios no se ceden, se aprovechan, se mejoran y se enaltecen. Es el desafío que deben tener quienes a partir de este cuatrienio los han asumido los puestos. ¡Es tiempo ya de que los legisladores de todos los niveles se reivindiquen y dignifiquen el ejercicio congresual con responsabilidad y con calidad! Los partidos políticos tienen una importante cuota en la responsabilidad de que la representación democrática deje de ser una simple pantomima.

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