Umbral

6 de agosto de 2024

Ángel Hernández ahogado entre la terquedad y el tiempo

CARLOS LARA   Con la designación por parte del presidente de la República Luis Abinader en el año 2022 del Lic. Ángel Hernández mediante el Decreto número 414-22 como nuevo Ministro de Educación, toda la sociedad dominicana imaginó y albergaba la esperanza de un cambio en esa institución, se pensó que había llegado un hombre conocedor de las complejidades que envuelven a uno de los ministerios más importantes del país. Ángel Enrique Hernández Castillo, estudió una Licenciatura en Ciencias de la Educación, en La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otros estudios superiores, ha visto lamentablemente ahogar su gestión entre la terquedad y el tiempo, este ha hecho común en su accionar los insultos y descalificaciones como método para dirimir diferencias normales entre los actores del sistema educativo dominicano. Es insólito que este funcionario público, el cual está dado a rendir cuenta de sus acciones solo se haya dedicado durante su gestión a echar boche a aquellos que tengan la osadía de interpelarlo. En fin, es evidente que al ministro Ángel Hernández le falta el respeto a todos con su forma incómoda, terca y difícil, le falta el respeto a la prensa, a los maestros, a la ADP, a los padres y madres del país, quienes esperaban un incumbente cercano, conciliador y respetuoso. Ya todos estamos acostumbrados a escuchar exabruptos del Ministro de Educación tales como: “Abinader no va a perder la reelección porque los maestros se paralicen”, “la evaluación va, aunque los maestros no quieran”, “no vamos a premiar a docentes deficientes con un 17%”, situación que está provocando un abismo entre el Ministerio y el principal gremio que agrupa a los maestros como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). En días pasados el ministro de educación afirmó en un medio de circulación nacional que las relaciones con la ADP han sido las más difíciles de su gestión y creemos que es así, su gestión, por ejemplo, cometió el error de llevar a la ADP y a diferentes Seccionales a los tribunales por el simple hecho de que estos se manifestaban de forma pacífica reclamando la dignificación del trabajo docente. El señor Ángel Hernández olvidó por completo que el derecho a la protesta es una facultad constitucional que no puede ser violada por la arbitrariedad de ningún funcionario público.  A esto debemos agregarle la denuncia de los dirigentes de la ADP, quienes acusan a Ángel Hernández de violar sistemáticamente los acuerdos a que ambas instituciones han arribado, al parecer el ministro de educación olvidó sus funciones como ministro y estamos seguro de que una de ellas es buscar la armonía, el diálogo y consenso con los actores que convergen alrededor del sistema educativo dominicano. Esa manera prepotente, deliberante y terca de dirigir el Ministerio de Educación ha provocado desasosiego, incertidumbre al sector educativo y la sociedad en su conjunto, pero más grave aún con su accionar Ángel Hernández ha defraudado la confianza depositada por el presidente de la República Luis Abinader, que en su momento lo vio como una salida viable para encaminar al Ministerio de Educación y adecuado al lema principal del Partido Revolucionario Moderno “El cambio”. Estamos seguros de que el difícil ministro tenía instrucciones claras por el primer mandatario de relanzar y cambiar la triste realidad de una institución que no ha podido impactar y mejorar la calidad de la educación a pesar de disponer de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), una conquista del pueblo dominicano representado en las organizaciones sociales, gremiales del país. No podemos terminar esta reflexión sin invitar al flamante ministro a deponer esa actitud terca y dedicarse a trabajar por la mejora del sistema educativo, su humanización y la dignificación de la labor docente, así como también para que los niños, niñas y adolescentes puedan asistir día a día, a los centros educativos en condiciones óptimas, siendo este el camino para lograr los resultados de aprendizaje esperados en la República Dominicana.

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No a la evasión fiscal en la salud

Aplaudimos la acción de las autoridades por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos. El cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal: es ilegal y constituye una evasión de impuestos. ARISMENDI DIAZ SANTANA Seguridad Social para todos Los médicos y las clínicas están obligados a entregarles factura fiscal a los pacientes. Luis Valdez Veras, director de la DGII, señaló que “todo cobro o servicio profesional debe ser registrado” de acuerdo a las leyes del país. Estas declaraciones se producen en medio del anuncio del gobierno dominicano de realizar una reforma fiscal integral y el reclamo generalizado contra los evasores. Es un secreto a voces que en el sector salud privado se les exige a los pacientes afiliados el pago de diferencias para acceder a casi todos los servicios del Plan Básico de Salud (PBS): consultas externas, análisis de laboratorios, estudios especiales, partos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos. De todos, los copagos que cobran los médicos es el más crítico, incierto e irritante, porque sonEvacion establecidos libremente y sin límites, por lo que pueden ser elevados de manera unilateral en cualquier momento. Cobran montos más elevados en los casos de intervención quirúrgica y de tratamientos especiales. No aceptan tarjetas de crédito, ni cheques y se niegan a entregar una factura o recibo que le permita al paciente realizar cualquier reclamación frente a su ARS o solicitar su deducción en su declaración fiscal anual. No se entrega una constancia legal para no pagar impuestos, lo que constituye una evasión fiscal penada por la Ley. Esta práctica golpea fuertemente el presupuesto familiar. Los copagos superan hasta seis veces el pago de la ARS por servicio. Cálculos conservadores estiman entre 30,000 y 35,000 millones de pesos anuales, percibidos sin pagar impuestos. Se trata de una operación totalmente ilegal e informal en beneficio de los médicos y en perjuicio de los afiliados y del fisco. En los casos de una consulta, la secretaria cobra en efectivo, sin dejar rastros ni constancia de la transacción. Y en los servicios más complejos no aceptan tarjetas de crédito y se exigen una transferencia a una cuenta digital, también con fines evasivos. Para la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) esa es una demostración de la total mercantilización de la medicina de parte de todos los agentes. Lamentablemente, ya ni los médicos se escapan de este calificativo, salvo excepciones, anteponiendo el afán mercantil, al servicio médico y a la vocación social. Se trata de un problema ético y legal creciente que requiere de una atención oportuna de las autoridades para reducir la evasión fiscal. El presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, aseguró que el gremio es cumplidor con los pagos de impuestos, y aconsejó a los médicos cumplir con esa obligación para evitar problemas legales. Pero obvió reconocer que en la mayoría de los casos, las clínicas tampoco entregan comprobantes fiscales. Luis Peña Núñez, secretario general del CMD, recalcó que los médicos son los que pagan más impuestos. Si así fuese, ¿por qué calificar como un ataque al gremio la exigencia de entrega de facturas con comprobantes fiscales? La realidad es que luego de muchas exigencias solo algunos entregan un recibo sin valor fiscal y firmado por una secretaria. Consideró que se trata de “ataques despiadados contra los médicos”. “Hay que cobrarles impuestos a los que no pagan”. Su defensa fue tan pobre que terminó colocando a los médicos al mismo nivel de un mecánico, un gomero o un vendedor de frutas, señalando que a ellos no se les exigen comprobantes. Al carecer de razón, terminó apelando a la fuerza bruta: “Estamos dispuestos a enfrentar lo que sea. Si hay una selectividad con los médicos, nos van a ver en la calle, porque es muy bueno buscar a la parte más vulnerable, al médico. Aquí habrá líos, si hay una persecución exclusiva a los médicos, que sí pagamos impuestos”, advirtió. Nuestra Fundación aplaude la acción de las autoridades por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos. El cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal:  es ilegal y constituye una evasión de impuestos.

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