Seguridad Social para todos

Por Arismendi Díaz Santana

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, recalcó la necesidad de incrementar el presupuesto público de salud al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esa es una demanda reiterada por todos los estudios e informes, tanto de expertos nacionales como internacionales.

Lo que Waldo no dijo es que todos los estudios e informes también hacen un hincapié muy especial en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público para elevar la calidad y satisfacción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 30% y el 40% del gasto público en salud constituye una pérdida, ya que no mejora la salud de la población.

De acuerdo a reputados médicos y epidemiólogos: 1) más del 35% del gasto médico actual carece de impacto real en la salud; 2) el 40% de los análisis y estudios son repetitivos e innecesarios; 3) el 13% de la hospitalización general es evitable; y 4) el 80% de la mortalidad materno- infantil puede eliminarse, extendiendo la jornada de los especialistas y cumpliendo con los protocolos de atención.

 Tenemos 1.3 médicos por enfermera, en vez de 3 enfermeras por médico como recomienda la OMS. El exceso de médicos y la falta de enfermeras determina una baja productividad y costos elevados. Resulta imperativo una auditoría independiente sobre los recursos humanos en salud, para definir una política que eleve el perfil y priorice la calidad sobre la cantidad.

La Ley 42-01, General de Salud, modernizó el sistema, pero no introdujo ninguna reforma estructural. Según ADESA, “Las reformas e inversiones se han orientado a una modernización técnica, pero han quedado atrapadas en las modalidades tradicionales de gestión y prestación de los servicios”.

Sin modificar el sistema de salud, tanto los recursos actuales como cualquier aumento, sólo servirían para continuar haciendo más de lo mismo, como durante las últimas seis décadas. A pesar de que las principales reformas fueron formuladas hace más de tres décadas, todavía ninguna ha sido iniciada.

La Ley 87-01 decidió superar la política tradicional del IDSS y del MISPAS de “ofrecer todos los servicios, pero sin garantía real de ninguno”. Además, maximizar la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante una reforma de la asignación de los recursos y de la contratación del personal.

 Ningún sistema universal ha sido sostenible sin reducir la brecha entre lo público y lo privado. Mientras la demanda del cuidado de la salud se expande de manera sostenida, la calidad de la medicina pública tiende a ralentizarse, salvo excepciones, forzando hasta a los más pobres a acudir a centros privados, elevando el gasto familiar de bolsillo.

En el 2015 las ARS Contributivas destinaron el 87.5% a pagar a las PSS privadas, aumentando al 92.9% en el 2019. Según la Fundación Juan Bosch, la demanda de los servicios públicos descendió del 12.5% al 7.1%, en sólo cuatro años. El 72% del gasto en salud del SENASA fue consumido en clínicas y centros privados.

Según CAPITAL PLUS más de 10,000 profesionales cobran sin trabajar

 Si el 80% son médicos públicos-privados, ¿cómo se explica la gran diferencia entre la atención pública y la privada? 

1. Por la CONTRATACIÓN: el ingreso del médico privado depende de la cantidad de pacientes atendidos: horarios extendidos, trato considerado y cero interrupciones. El salario público fijo de ese mismo médico desalienta la dedicación, el desempeño y el trato considerado, fomentando paros, ausentismo, clientelismo y mediocridad.

1. Por la ASIGNACIÓN: los ingresos de las clínicas dependen de la demanda, lo cual induce a un trato más considerado, a horarios más amplios y a mantenimiento y suministros continuos. Los presupuestos históricos se fijan sin tomar en cuenta la cantidad, ni la calidad de los servicios. Y fomentan las carencias y el deterioro.

¿Cuál es la garantía real del derecho universal a la salud (DUS), ASEGURANDO A PRIORI los salarios y los presupuestos de los hospitales, independientemente de los servicios prestados, sin ningún control ni fiscalización, y sin una rendición de cuenta, ni evaluación de los resultados obtenidos? 

Para reducir los copagos, el gasto familiar de bolsillo y la mortalidad materno infantil no se requiere de cambios en la Ley. Solo voluntad política para eliminar las distorsiones e iniciar las reformas. Todo aumento del presupuesto público en salud debería dedicarse a la contratación de los RRHH según su dedicación y desempeño, y al pago a los hospitales de acuerdo a la demanda de los afiliados, única forma de asegurar “en salud, primero la gente”. 

Apreciado Waldo recuerda que el mantenimiento de los presupuestos históricos a los hospitales y el pago fijo al personal contravienen la Ley de Seguridad Social, porque no estimulan la calidad ni la oportunidad de los servicios, acentúan la brecha entre lo público y lo privado y alimentan el clientelismo, el ausentismo y la mediocridad.