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La procuradora estuvo acompañada de Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público.
En los serenos predios de la Procuraduría General de la República, donde la ley se viste de solemnidad, se libró este viernes un capítulo más en la eterna contienda entre el orden y las sombras. La procuradora Yeni Berenice Reynoso, custodiada por la gravedad de su cargo, recibió en audiencia a una misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por el principal administrador adjunto Daniel Salter. El motivo: reafirmar el compromiso de la nación dominicana en la lucha contra el narcotráfico, ese Leviatán moderno que envenena el tejido social y corroe los cimientos de la economía.
Con palabras medidas y una elocuencia que trasciende lo protocolario, la señora procuradora esbozó un discurso que, más allá de la retórica diplomática, se adentró en la raíz del mal. “Desde República Dominicana tenemos el compromiso, primero con nuestra población y luego con otros países de la región y otras latitudes, de seguir luchando contra el narcotráfico que, al final, impacta en las familias que ven la salud física y mental de sus hijos e hijas afectada por el consumo de sustancias narcóticas”, declaró, con la contundencia de quien conoce el precio humano de esta guerra silenciosa.
No se detuvo allí. Con aguda perspicacia, extendió el hilo de la responsabilidad más allá de las fronteras insulares. “No debemos olvidar jamás que las drogas que mueve el narcotráfico internacional va a parar, incluso, a las comunidades trabajadoras que conforman nuestros migrantes en países con un mayor nivel de desarrollo”. Una reflexión que convierte la lucha antinarcóticos no en un asunto aislado, sino en un “compromiso de todos”, una empresa colectiva donde la soberanía se funde con la solidaridad internacional.
En su disertación, la Procuradora General, acompañada del procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, no omitió señalar las nefastas consecuencias económicas del flagelo. Alertó sobre cómo el narcotráfico y su siamese, el lavado de activos, distorsionan los sistemas de producción y envenenan los mercados con capitales ilícitos, creando una competencia desleal que sofoca la economía legítima.
Frente a ella, la delegación norteamericana, compuesta por figuras de peso como Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales, y Michael A. Miranda, agente especial para el Caribe, escuchó con atención. La voz de Daniel Salter se alzó entonces para corresponder al gesto dominicano. Agradeció la inquebrantable disposición a colaborar de la Procuraduría y todo el Ministerio Público. Reafirmó el compromiso de Washington de mantener los lazos de cooperación, basados en un “intercambio formal y fluido de información” que permita desmantelar las redes del crimen y llevar ante la justicia a sus arquitectos.
Con un reconocimiento que vale más que un simple cumplido, Salter proclamó a la República Dominicana como un “modelo de cooperación”. No es un halago menor. En el complejo tablero geopolítico del narcotráfico, donde el Caribe es una ruta crítica, la nación dominicana se erige así como un bastión, un aliado confiable en una lucha donde las victorias se miden en vidas salvadas y comunidades protegidas.
Este encuentro, entre saludos y documentos, no fue sino un reflejo de una alianza estratégica que se renueva en el fragor de un combate que no concede treguas. La prosa elegante de la diplomacia y la firmeza del derecho se unen, una vez más, para enfrentar a un enemigo que no conoce banderas, pero cuyas consecuencias manchan a todas.

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