La organización opositora afirma que sus registros contabilizan 1,152 fallecimientos entre 2020 y octubre de 2026 y cuestiona la coherencia del discurso gubernamental sobre la reducción de la delincuencia.
Por Virtudes Álvarez Sampedro | Umbral
La seguridad ciudadana vuelve al centro del debate político, esta vez bajo el peso de una cifra que exige explicaciones. El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que, según sus levantamientos, entre 2020 y octubre de 2026 se han registrado 1,152 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales, un balance que la organización presenta como evidencia del fracaso de los planes de seguridad del Gobierno.
La denuncia fue formulada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, durante una rueda de prensa en la que cuestionó el incremento de los fallecimientos durante intervenciones policiales y la política de “mano dura” impulsada por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Para la dirigente opositora, existe una contradicción entre el discurso oficial de reducción de la delincuencia y el endurecimiento de la respuesta policial. Su planteamiento coloca bajo escrutinio tanto los resultados anunciados por las autoridades como los métodos empleados para enfrentar la criminalidad.
La FP cuestiona el giro hacia la “mano dura”
Reynoso sostuvo que durante los últimos seis años el Gobierno ha difundido informes, declaraciones y campañas publicitarias sobre una disminución de la delincuencia. Frente a ese relato, preguntó: “Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”.
A juicio de la responsable de Seguridad Ciudadana de la FP, el miedo y la inseguridad continúan condicionando la vida cotidiana de los dominicanos, pese a los avances que las autoridades afirman haber alcanzado.
La organización cuestionó así la distancia entre las cifras oficiales de mejoría y la percepción de vulnerabilidad que, según su denuncia, persiste entre la población.
Los fallecimientos que registra la organización
De acuerdo con los datos expuestos por Reynoso, los registros de Fuerza del Pueblo contabilizan 76 muertes durante intervenciones policiales en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025. Para lo transcurrido de 2026 hasta la fecha de la denuncia, la cifra comunicada ronda los 236 fallecimientos.
El balance general presentado por la FP asciende a 1,152 muertes entre 2020 y octubre de 2026. Sin embargo, la información suministrada no incluye el desglose correspondiente a 2020 y 2023 ni detalla la metodología utilizada para elaborar ese registro.
Las cifras constituyen, por tanto, un recuento atribuido a la organización opositora y requieren contrastarse con los registros de las instituciones competentes para establecer su alcance.
Críticas al denominado código 1.29
Reynoso vinculó el aumento de las muertes con la política de “mano dura”, que asoció al denominado código 1.29. La dirigente calificó esa orientación como una “cortina de humo” frente a lo que considera el fracaso de los programas gubernamentales de seguridad.
El señalamiento de Fuerza del Pueblo sitúa la discusión en un terreno que demanda respuestas verificables: cuántas personas han muerto durante actuaciones policiales, en qué circunstancias ocurrieron esos hechos y qué resultados han producido las políticas destinadas a proteger a la ciudadanía.
La denuncia añade presión al debate sobre la seguridad pública y deja planteada una exigencia de transparencia. Detrás de cada balance de fallecimientos hay hechos cuyas circunstancias deben esclarecerse y una ciudadanía que necesita evaluar la actuación del Estado con información completa.
