Un nuevo triunfo de Lula da Silva es necesario para defender las conquistas sociales de millones de brasileños, fortalecer una América Latina con voz propia y sostener una apuesta por el diálogo en el mundo. Está en juego la continuidad de un proyecto que sitúa el combate al hambre, los salarios dignos y los derechos laborales entre las responsabilidades centrales del Estado. Brasil tiene la oportunidad de reafirmar que el desarrollo debe mejorar la vida de las mayorías.
Hay elecciones cuyo resultado desborda las fronteras del país donde se celebran. Las brasileñas pertenecen a esa categoría. Por su dimensión económica, su influencia diplomática y su peso en América Latina, Brasil tiene capacidad para inclinar debates que afectan a millones de personas. De ahí que un nuevo triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva represente, a mi juicio, una esperanza para quienes defendemos el desarrollo con justicia social, la integración regional y una política internacional fundada en el diálogo.
Mi posición es clara: apuesto firmemente por la victoria de Lula. La sostengo porque considero que su proyecto ofrece mejores posibilidades de proteger a los trabajadores, combatir la pobreza y preservar la responsabilidad del Estado frente a las desigualdades.
Las multitudes que han acompañado su candidatura expresan una fuerza política que merece atención. En Belo Horizonte, miles de seguidores ocuparon las calles para respaldarlo; en Río de Janeiro, otras movilizaciones reunieron a ciudadanos preocupados por un eventual regreso del bolsonarismo. Cada manifestante tiene sus razones, y ninguna concentración equivale por sí sola a una mayoría electoral. Pero esas calles muestran que una parte de Brasil reconoce algo propio en esta disputa: derechos, expectativas y conquistas que desea defender.
La política social como obligación del Estado
El legado social de Lula ofrece razones concretas para ese respaldo. Bolsa Família, creado durante su primer gobierno, contribuyó a sacar de la pobreza a millones de personas. El Banco Mundial reconoce su importancia como instrumento de protección de ingresos y de acceso a la salud y la educación. Su trayectoria demuestra que la pobreza puede reducirse cuando existe decisión política, capacidad institucional y continuidad en las políticas públicas.
Detrás de esos resultados hay vidas que cambian: familias con alimentos en la mesa, niños con mayores oportunidades de permanecer en la escuela y hogares menos expuestos al abandono. Esa debe ser una medida fundamental del éxito de un gobierno.
La riqueza nacional pierde buena parte de su sentido cuando no mejora la existencia de quienes la producen. Un país puede exhibir grandes empresas, exportaciones y fortunas, mientras mantiene a millones de ciudadanos atrapados en la precariedad. Gobernar exige intervenir sobre esa distancia.
Por eso defiendo la recuperación del salario mínimo y su poder adquisitivo. Bajo Lula se retomó una política de valorización orientada a producir aumentos reales para los trabajadores. Esa decisión reconoce que el salario sostiene hogares y también alimenta la actividad económica de barrios y comunidades.
El derecho a vivir después del trabajo
La reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial pertenece a la misma concepción. La propuesta respaldada por Lula de pasar de 44 a 40 horas semanales, con dos días de descanso, sitúa en el debate una cuestión esencial: cuánto tiempo de su vida debe entregar una persona para ganarse el sustento.
Los avances tecnológicos y la productividad deben traducirse también en descanso, convivencia familiar, formación y salud. Una sociedad progresa cuando sus trabajadores pueden vivir mejor.
Reducir la jornada exige organización y acuerdos. Merece una discusión seria sobre su aplicación. Pero resulta difícil aceptar que cada conquista laboral encuentre siempre el mismo argumento de resistencia: que todavía no es el momento, que el coste es excesivo o que habrá que esperar indefinidamente.
Quienes trabajan también tienen derecho a recibir los beneficios del progreso.
Dos prioridades frente al país
Las diferencias con Flávio Bolsonaro son sustanciales. Su programa plantea reducir el aparato estatal, recortar gastos e impuestos y ampliar la participación privada. Lula defiende un papel más activo del Estado en la inversión y la protección social. Aunque Bolsonaro afirma que mantendría los programas sociales existentes, la orientación económica de ambas candidaturas revela prioridades distintas.
Mi discrepancia con la derecha económica nace de esa elección de prioridades. Cuando el ajuste se convierte en principio rector, temo que las necesidades populares terminen subordinadas a los intereses de quienes tienen mayor capacidad de presión.
La salud y la educación públicas deben fortalecerse. Cuando su calidad se deteriora y las familias se ven obligadas a comprar lo que deberían recibir como derecho, la desigualdad se reproduce de generación en generación. El acceso a un médico o a una buena escuela no puede depender del patrimonio familiar.
La empresa privada tiene un lugar necesario en la economía. También debe tenerlo un Estado capaz de regular, invertir, recaudar con justicia y garantizar servicios universales. El interés general requiere instituciones que respondan ante toda la ciudadanía.
Brasil, América Latina y el mundo
Para América Latina, una victoria de Lula significaría preservar la posibilidad de una integración con mayor contenido social y autonomía política. Nuestra región necesita cooperación para enfrentar el hambre, mejorar sus infraestructuras, desarrollar conocimiento y negociar con mayor fuerza en un escenario internacional desigual.
Un Brasil comprometido con esos objetivos puede contribuir a que América Latina tenga voz propia. Esa autonomía debe permitir relaciones diversas, guiadas por los intereses de nuestros pueblos y por el respeto entre las naciones.
En el plano mundial, considero valiosa una conducción brasileña que favorezca la negociación, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones pacíficas. En tiempos de guerras y rivalidades entre potencias, hacen falta países con capacidad para conversar con interlocutores distintos y sostener espacios de entendimiento.
Ese papel exige coherencia. Defender a Lula no significa concederle indulgencia frente a sus errores, sus alianzas o las contradicciones de su gobierno. El respaldo político debe conservar la capacidad de exigir resultados, transparencia y responsabilidad.
Precisamente por eso mi apuesta tiene un fundamento concreto: considero preferible un proyecto al que podamos reclamar mayor justicia social desde compromisos reconocibles con los trabajadores y los sectores populares.
Brasil decidirá su futuro en las urnas. Mi esperanza es que lo haga preservando lo conquistado y abriendo camino a nuevas mejoras. Que el crecimiento llegue a la mesa familiar, que el salario alcance y que el trabajo deje tiempo para vivir.
Por esas razones, apuesto por Lula da Silva. Un nuevo triunfo suyo tendría un valor que América Latina y el mundo harían bien en reconocer: la posibilidad de que la política vuelva a demostrar que puede mejorar la vida de las mayorías.
