Sindicatos, estudiantes y comunidades indígenas salieron a las calles con reclamos laborales, educativos y territoriales, en medio del debate por las nuevas reglas de intervención policial.
Por Redacción Internacional | Umbral
Bogotá.— Las calles de Colombia fueron este miércoles 14 de octubre escenario del primer gran pulso social contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A poco más de dos meses del comienzo de su mandato, el presidente enfrentó una jornada de movilizaciones que reunió a sindicatos, estudiantes, docentes y comunidades indígenas bajo distintas demandas y una preocupación compartida: el rumbo de las primeras decisiones del Ejecutivo.
En Bogotá, las marchas avanzaron hacia la Plaza de Bolívar, donde confluyeron pancartas en defensa de los derechos laborales, la educación pública y las garantías para la protesta. La jornada tuvo también expresiones en otras ciudades del país y transcurrió, en términos generales, de manera pacífica.
La diversidad de los participantes se reflejó en las consignas. A los reclamos económicos y educativos se sumaron cuestionamientos a la política de seguridad, a la relación del Gobierno con Estados Unidos y a decisiones que las organizaciones movilizadas consideran perjudiciales para sus derechos.
Educación, trabajo y territorios entre los reclamos
El sector docente figuró entre los principales promotores de la convocatoria. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) mantiene exigencias relacionadas con la atención sanitaria del magisterio y la reconstrucción de centros escolares afectados por el terremoto de agosto.
Las comunidades indígenas, por su parte, reclamaron respeto a sus territorios y expresaron su oposición a proyectos extractivos. Los estudiantes llevaron a las calles demandas vinculadas con la educación pública, mientras los sindicatos manifestaron sus inquietudes sobre las condiciones laborales y las políticas económicas.
Aunque las reivindicaciones responden a problemas diferentes, la movilización abrió un espacio de convergencia entre sectores sociales que buscan hacer escuchar sus demandas ante la nueva administración.
El Decreto 1525 aviva el debate sobre la protesta
La jornada estuvo precedida por la firma del Decreto 1525 de 2026, expedido el martes 13 de octubre, que modifica los protocolos de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones.
La disposición contempla la intervención policial ante hechos violentos, agresiones y determinadas afectaciones a servicios esenciales, sin que el agotamiento previo del diálogo constituya un requisito para actuar en esas circunstancias.
El Gobierno sostiene que la medida busca proteger tanto a quienes se manifiestan pacíficamente como a la población afectada por actos violentos. El texto también precisa que la obstrucción de una vía no convierte, por sí sola, una manifestación en violenta.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes opositores, sin embargo, advierten que la mayor discrecionalidad policial podría debilitar la mediación y elevar el riesgo de abusos. La discusión remite a las protestas de 2021, marcadas por graves denuncias de violencia atribuida a integrantes de las fuerzas de seguridad.
Un primer pulso con posibles nuevas convocatorias
Las marchas dejaron planteado un desafío político para De la Espriella: atender reclamaciones sectoriales que comienzan a articularse como oposición social a su Gobierno.
Entre las organizaciones convocantes se contempla un posible paro nacional en noviembre, todavía sin fecha definida. La continuidad de las movilizaciones dependerá de las decisiones de esos sectores y de las respuestas que encuentren sus demandas.
Por ahora, la jornada del miércoles marca el comienzo de una relación entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales en la que estarán a prueba la capacidad de diálogo, la atención a los reclamos y las garantías para ejercer el derecho a manifestarse.
