La polémica de Mbappé en China y los insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez revelan una peligrosa confusión entre notoriedad e impunidad. La dignidad de los pueblos merece un respeto que ninguna celebridad ni ningún presidente deberían considerar prescindible.
Por Julio Guzmán Acosta | Umbral
Hay quienes llegan a creer que el mundo es una prolongación de su camerino. Los aplausos los acompañan, las cámaras los persiguen y el dinero termina por levantarles una muralla frente a las consecuencias. Desde esa altura artificial, la historia ajena parece un decorado; la sensibilidad de otros pueblos, una molestia; y el respeto, una obligación reservada para quienes carecen de fama.
La controversia protagonizada por Kylian Mbappé ofrece una ocasión para reflexionar sobre esa soberbia. Un video difundido en redes lo muestra comentando un montaje de su rostro sobre la figura de Mao Zedong, al que alude como un supuesto dictador chino. La reacción incluyó la ruptura de acuerdos comerciales con varias marcas. El futbolista terminó pidiendo disculpas.
El talento deportivo no concede, por sí solo, conocimiento histórico. Tampoco sería justo convertir la conducta de un jugador en sentencia contra todos los futbolistas. Pero quien dispone de una audiencia planetaria debería comprender que sus palabras viajan más lejos que sus intenciones. Una ocurrencia pronunciada entre risas puede aterrizar como agravio allí donde otros reconocen una parte de su memoria nacional.
La fama amplifica la voz; la cultura debería enseñarle sus responsabilidades.
Conviene, además, defender nuestros argumentos con precisión. La salida de cerca de 800 millones de chinos de la pobreza extrema, documentada por el Banco Mundial, corresponde a un proceso de cuatro décadas asociado a las reformas iniciadas en 1978, inspirada en las enseñanzas de Mao, fallecido en 1976.
La historia china admite debates, críticas y juicios severos. Ninguna figura histórica está por encima del examen. Precisamente por eso merece algo más serio que la ligereza de quien tropieza con un rostro, desconoce su trayectoria y lo convierte en entretenimiento. La crítica necesita conocimiento; la frivolidad se conforma con una carcajada.
Puede discutirse la proporcionalidad de las respuestas chinas. Lo que resulta difícil de sostener es que las empresas deban seguir pagando a una figura cuya conducta consideran ofensiva para sus consumidores. Los contratos publicitarios no compran una inmunidad perpetua frente al rechazo.
Al pasar de ese episodio a la visita de Javier Milei a España, la responsabilidad adquiere otra dimensión. Un presidente lleva consigo la representación de un Estado. Sus palabras comprometen relaciones entre países, alimentan tensiones y dejan huellas que sobreviven al acto donde fueron pronunciadas.
Durante su visita del 21 de octubre, Milei llamó a Pedro Sánchez «impresentable dictador» y «delincuente», y pidió sacar a los socialistas «a patadas». El Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó sus declaraciones y denunció la injerencia contra las instituciones del país.
Se puede combatir el programa de Sánchez, cuestionar su gestión y reclamar democráticamente su salida. Todo eso pertenece a la vida política. Un jefe de Estado extranjero que convierte su visita en una tribuna de insultos degrada las relaciones entre dos pueblos y ofrece un espectáculo indigno de su investidura.
Más preocupante resulta la complacencia de quienes encuentran divertida la humillación cuando el destinatario es un adversario. Ayuso defendió a Milei, aunque otros dirigentes del Partido Popular criticaron sus excesos. Esa diferencia debe consignarse: la reacción de la derecha española no fue unánime. Pero la indulgencia de una parte de ella retrata hasta qué punto la conveniencia partidista puede debilitar el respeto institucional.
La dignidad institucional se demuestra cuando se defiende también al adversario frente al agravio.
A mi juicio, una conducta de esa gravedad merece consecuencias diplomáticas firmes. Comprendo incluso que haya quienes reclamen que Milei no vuelva a pisar suelo español. España tiene motivos para exigir garantías de respeto antes de recibir nuevamente a quien ha utilizado su presencia para ultrajar a su presidente.
Esa exigencia debe mantenerse para cualquier gobernante, cualquiera que sea su ideología. La soberanía pierde consistencia cuando se invoca contra unos y se guarda en un cajón para recibir a los amigos.
Entre el vestuario y el palacio presidencial existe una distancia enorme. Ambos, sin embargo, pueden albergar la misma enfermedad: creer que el aplauso autoriza cualquier conducta. Frente a esa arrogancia, los pueblos tienen derecho a hacerse respetar.
Porque una nación posee memoria, instituciones y ciudadanos. Quien aspire a su afecto, a sus mercados o a su hospitalidad debe aprender a reconocerlos.
Con la dignidad de los pueblos no se juega. Y ninguna ovación debería servir para olvidarlo.
