El Defensor del Pueblo advierte que “la Policía no es solamente macana y tiro” y sostiene que la lucha contra el crimen organizado debe descansar en la investigación, la inteligencia, la tecnología y el funcionamiento de la justicia.
Por Julio Guzmán Acosta
SANTO DOMINGO. — El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lanzó una advertencia sobre las recientes muertes de presuntos delincuentes durante operativos policiales y reclamó que la respuesta del Estado frente a la criminalidad se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Sus declaraciones se producen en momentos en que varias intervenciones de la Policía Nacional han terminado con personas fallecidas en los denominados intercambios de disparos.
“Muchos inocentes también pierden la vida en este proceso desde el punto de vista del intercambio de disparos, si ciertamente son lo que acontece”, expresó Ulloa.
El funcionario recordó que el artículo 37 de la Constitución dominicana establece la inviolabilidad del derecho a la vida y sostuvo que ninguna persona puede atribuirse la facultad de decidir quién debe vivir o morir.
“Nunca voy a estar de acuerdo con el asesinato”, afirmó.
“La Policía no es solamente macana y tiro”
Ulloa defendió una actuación policial basada en la investigación criminal, la inteligencia y el uso de nuevas tecnologías, en lugar de descansar principalmente en la fuerza.
“La Policía no es solamente macana y tiro”, sentenció, al plantear que combatir eficazmente el narcotráfico, el sicariato y las estructuras del crimen organizado requiere fortalecer la capacidad investigativa del Estado.
Para el Defensor del Pueblo, la respuesta institucional debe seguir una secuencia clara: que la Policía investigue, que el Ministerio Público procese los expedientes y que los tribunales determinen responsabilidades mediante sentencias conforme a la ley.
“La justicia tiene que ser operada a través del sistema, no a través de la mano de las personas”, manifestó.
Reclama fortalecer el Estado de derecho
El planteamiento de Ulloa pone el foco sobre el equilibrio entre la obligación del Estado de enfrentar la delincuencia y su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.
El Defensor del Pueblo sostuvo que las instituciones encargadas de perseguir el delito deben funcionar de manera coordinada y que las sanciones judiciales deben ser suficientemente firmes para enfrentar las estructuras del crimen organizado.
“La Policía investigue, el Ministerio Público tramite, los jueces conozcan, existan sentencias que sean tan fuertes que lleven a reflexionar al crimen organizado”, señaló.
Ulloa alerta sobre situación de las cárceles
El funcionario extendió sus cuestionamientos al sistema penitenciario dominicano, al advertir que algunos centros de reclusión continúan siendo utilizados como espacios desde los cuales se desarrollan actividades vinculadas al crimen organizado.
Según los datos citados por Ulloa, el sistema dispone de alrededor de 16,000 plazas para una población cercana a 25,000 privados de libertad, una diferencia que contribuye al hacinamiento penitenciario.
También planteó la necesidad de revisar el uso de la prisión preventiva, al señalar que más de la mitad de las personas privadas de libertad se encontrarían bajo medidas de coerción.
Ulloa cuestionó especialmente que personas imputadas por infracciones que no involucran violencia o narcotráfico permanezcan durante períodos prolongados en prisión preventiva cuando la legislación contempla medidas alternativas.
Como ejemplo, relató que durante una visita a Najayo conoció el caso de una mujer que llevaba varios meses recluida por la presunta sustracción de alimentos y compartía espacio con otra persona acusada de transportar cinco kilogramos de drogas. (El Día)
Denuncia comunicaciones desde centros penitenciarios
El Defensor del Pueblo también manifestó preocupación por la capacidad de estructuras criminales para mantener comunicaciones desde los recintos penitenciarios.
Aseguró que durante las últimas dos semanas había recibido cinco intentos de vulnerar su integridad mediante mensajes, situación que relacionó con las dificultades existentes para controlar las comunicaciones procedentes de las cárceles.
Para Ulloa, enfrentar el crimen organizado exige, por tanto, una estrategia que vaya más allá de los operativos en las calles y abarque la reforma penitenciaria, la inteligencia estatal, la tecnología y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Su planteamiento se resume en una defensa del procedimiento institucional frente al delito: investigar, someter, juzgar y sancionar conforme a la ley.
