El magistrado Rigoberto Sena se reservó para las 7:00 de la noche el fallo contra 26 imputados. El Ministerio Público afirma que 13 admitieron los hechos y solicitó arresto domiciliario para nueve que colaboraron con la investigación.
Redacción | Umbral
SANTO DOMINGO.— El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dará a conocer este domingo, a las 7:00 de la noche, su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, correspondiente a una nueva fase de la denominada Operación Cobra.
El magistrado se reservó el fallo después de concluir los debates entre el Ministerio Público y las defensas de los procesados, quienes están vinculados a un supuesto entramado de corrupción que habría operado en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La audiencia ha estado marcada por las admisiones realizadas por parte de los imputados y por la decisión del Ministerio Público de modificar la medida solicitada originalmente para algunos de ellos.
Trece imputados admitieron los hechos, según el Ministerio Público
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que 13 de los imputados admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el órgano acusador, mostraron arrepentimiento y pidieron excusas.
Camacho sostuvo que esas admisiones, junto con los elementos incorporados al expediente, respaldan la investigación desarrollada por el Ministerio Público. La Procuraduría informó que la solicitud de coerción está sustentada en 706 medios de prueba.
Como consecuencia de la colaboración ofrecida por algunos procesados, el Ministerio Público varió su petición y solicitó arresto domiciliario para nueve imputados, en lugar de la prisión preventiva planteada inicialmente.
La Procuraduría aclaró que la variación de la medida no supone el cierre del proceso penal ni elimina las responsabilidades que eventualmente puedan determinar los tribunales.
Ministerio Público mantiene petición de prisión preventiva
Para los demás imputados, el órgano persecutor mantiene su solicitud de 18 meses de prisión preventiva, además de pedir que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
La decisión corresponde ahora al juez Rigoberto Sena, quien deberá ponderar tanto los argumentos y evidencias presentados por el Ministerio Público como los planteamientos formulados por las defensas durante las jornadas de audiencia.
Algunas defensas han cuestionado las imputaciones y rechazado aspectos del expediente presentado por la Fiscalía. También han surgido cuestionamientos sobre las circunstancias en las que algunos procesados decidieron colaborar con el Ministerio Público.
Una nueva etapa de la Operación Cobra
El caso SeNaSa 2.0-A forma parte de la investigación denominada Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público persigue un supuesto esquema de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Seguro Nacional de Salud.
En la primera etapa fue procesado Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, junto con otros imputados. Hazim cumple 18 meses de prisión preventiva por decisión judicial mientras continúa el proceso correspondiente a esa fase del expediente.
Las autoridades atribuyen a los procesados diferentes actuaciones presuntamente dirigidas a defraudar recursos de la aseguradora estatal. En esta segunda etapa, la investigación incluye supuestas irregularidades relacionadas con expedientes y servicios médicos, facturación y manejo de información del sistema de salud.
Las imputaciones son acusaciones formuladas por el Ministerio Público y deberán ser demostradas durante el proceso judicial, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa de cada uno de los procesados.
Expectativa por decisión del tribunal
La atención estará concentrada este domingo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el juez Sena deberá determinar cuáles medidas cautelares corresponden individualmente a los imputados y decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público para declarar el expediente como caso complejo.
El fallo marcará un nuevo capítulo de una investigación que mantiene bajo escrutinio judicial el manejo de recursos públicos destinados al sistema de salud dominicano.
