Abogados esperan conocer formalmente las imputaciones del Ministerio Público, mientras varios detenidos son trasladados a Ciudad Nueva
Por Virtudes Álvarez Sampedro
SANTO DOMINGO, RD.— La investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) abrió este viernes un nuevo y delicado capítulo. Antes de que amaneciera, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) desplegaron allanamientos en distintos puntos del país, con médicos y otros prestadores de servicios de salud en el centro de las pesquisas.
La operación, identificada públicamente como Senasa 2.0, constituye una ampliación de las investigaciones que comenzaron a judicializarse a finales de 2025 con la denominada Operación Cobra.
Hasta media mañana, la Pepca había confirmado la realización de los allanamientos y la existencia de médicos detenidos, aunque no había ofrecido una relación oficial completa de las personas arrestadas ni de las imputaciones individuales. Informaciones preliminares situaban en al menos 29 el número de detenidos, en su mayoría profesionales de la medicina.
Abogados aguardan las imputaciones
En los pasillos y alrededores de la Procuraduría General de la República comenzaron a congregarse abogados de varios de los profesionales alcanzados por los operativos. La escena reflejaba todavía una investigación en pleno desarrollo: defensores intentando localizar a sus representados, familiares en espera y pocas informaciones oficiales sobre el alcance definitivo de las actuaciones.
Ramón Santos, abogado de una cirujana detenida durante la madrugada, explicó que la residencia de su representada fue allanada alrededor de las 5:15 de la mañana y que posteriormente la profesional fue conducida por las autoridades.
El jurista manifestó que aún no conocía formalmente las imputaciones formuladas contra su defendida. Otros abogados se encontraban en una situación semejante.
La reserva ha marcado estas primeras horas. Algunos defensores han evitado revelar las identidades de sus clientes o los establecimientos donde prestan servicios hasta conocer el contenido de las actuaciones del Ministerio Público.
Facturación de procedimientos bajo investigación
Uno de los elementos que comienza a perfilarse es la investigación de posibles cobros por procedimientos médicos que presuntamente no habrían sido realizados.
El abogado Jorge Contreras informó que representa a siete médicos detenidos, en su mayoría cirujanos ortopédicos, y señaló que las actuaciones estarían relacionadas con supuestas facturaciones de servicios no prestados. Esas imputaciones deberán ser formalizadas y sustentadas por el Ministerio Público ante los tribunales.
Mientras avanzaban los interrogatorios, varios de los detenidos eran trasladados hacia la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó este viernes que fiscales del organismo ejecutaban allanamientos en diferentes lugares del país y que entre las personas detenidas había médicos. Las autoridades indicaron que ofrecerían posteriormente mayores detalles.
El Colegio Médico sigue los acontecimientos
La operación ha provocado inmediata atención dentro del sector sanitario. Representantes del Colegio Médico Dominicano seguían desde primeras horas de la jornada la situación de los profesionales detenidos y las circunstancias en que se produjeron los allanamientos.
La dimensión de la operación resulta especialmente sensible porque la nueva etapa desplaza parte de las pesquisas hacia quienes prestaban directamente servicios médicos o mantenían relaciones profesionales y comerciales con el sistema de salud.
Pero la condición de detenido o investigado no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público individualizar los hechos que atribuye a cada persona y, posteriormente, a los tribunales valorar las pruebas presentadas.
De Operación Cobra a Senasa 2.0
La nueva ofensiva judicial tiene sus raíces en la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público comenzó a judicializar a finales de 2025 una investigación sobre un presunto esquema de corrupción en SeNaSa.
El primer expediente incluyó al exdirector de la aseguradora estatal Santiago Hazim, antiguos funcionarios y empresarios vinculados comercialmente con la institución. El Ministerio Público ha situado en cerca de RD$16,000 millones el impacto económico atribuido al presunto entramado investigado.
Desde aquella primera etapa, las autoridades habían dejado abierta la posibilidad de que las pesquisas alcanzaran a nuevos actores vinculados con servicios, contratos y facturaciones.
Los operativos de este viernes muestran precisamente esa ampliación: el foco ya no se limita a antiguos funcionarios y proveedores empresariales, sino que alcanza a profesionales y establecimientos del sector sanitario.
Investigación tiene plazo hasta diciembre
El expediente original permanece abierto.
El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público cuatro meses adicionales para completar las diligencias correspondientes al primer grupo de procesados y presentar la acusación formal.
El nuevo plazo vence el 11 de diciembre de 2026.
Entretanto, Senasa 2.0 avanza como una investigación todavía en desarrollo. Quedan por conocerse datos fundamentales: el número definitivo de arrestados, las identidades de todos los involucrados, los establecimientos intervenidos, quiénes serán sometidos a medidas de coerción y, sobre todo, qué conducta concreta atribuirá el Ministerio Público a cada investigado.
Por ahora, el amanecer de este viernes dejó una imagen inequívoca: las investigaciones sobre SeNaSa han entrado en una nueva fase y el radio de las pesquisas se ha extendido hacia médicos y prestadores del sistema sanitario.
