Por César Dalmasi Guzmán | Umbral
Baní, Peravia.— La tala de robles y árboles de mango en el entorno de las oficinas gubernamentales de Baní ha provocado indignación y reclamos para esclarecer quién autorizó la intervención. El senador Julito Fulcar atribuye la decisión a la contratista, mientras sectores comunitarios exigen explicaciones sobre los permisos y la supervisión de la obra.
Donde durante décadas hubo sombra, hoy queda una controversia que las promesas de reforestación no han conseguido disipar. La eliminación de los árboles, vinculada a los trabajos de remozamiento de instalaciones públicas, ha movilizado el rechazo de ambientalistas, estudiantes, trabajadores y residentes que consideran insuficientes las respuestas ofrecidas hasta ahora.
La intervención forma parte de un proyecto que las informaciones periodísticas sitúan en unos RD$57 millones. Los árboles estaban en las inmediaciones de la Gobernación Provincial, el edificio de oficinas gubernamentales y el hospital Nuestra Señora de Regla, una zona de tránsito cotidiano para numerosos ciudadanos.
Fulcar atribuye la tala a la contratista
El senador por Peravia, Julito Fulcar, expresó su rechazo al corte de los árboles y respaldó la preocupación manifestada por los munícipes. Según declaraciones recogidas por medios locales, el legislador sostuvo que la intervención fue ejecutada por empleados de la contratista durante un fin de semana.
Fulcar afirmó que la gobernadora Ángela Yadira Báez no participó en esa decisión y que también fue sorprendida por lo ocurrido. Esa explicación corresponde a la versión del senador y no constituye una determinación sobre las responsabilidades del caso.
El legislador propuso impulsar un programa permanente de reforestación para recuperar las áreas afectadas y fortalecer la protección del arbolado en los espacios públicos de la provincia.
La empresa identificada en las informaciones sobre el proyecto es Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, a la que Fulcar atribuye la decisión del corte. El señalamiento requiere esclarecerse mediante la revisión de las instrucciones de obra, las autorizaciones y los mecanismos de supervisión correspondientes.
Árboles de décadas, una pérdida que exige explicaciones
El ecologista Alexis Agramonte estimó que los robles derribados tenían alrededor de 84 años. Aunque algunas declaraciones los describen como centenarios, esa estimación permite hablar con mayor precisión de ejemplares longevos, incorporados durante generaciones al paisaje urbano de Baní.
Su desaparición ha abierto una discusión sobre el lugar que ocupa la conservación ambiental en los proyectos de infraestructura pública. Para los sectores que cuestionan la intervención, el remozamiento de los edificios debió contemplar la preservación de los árboles y una evaluación previa de cualquier riesgo que justificara retirarlos.
La sombra que ofrecían formaba parte de la vida cotidiana del entorno: acompañaba las esperas, los recorridos y las jornadas de quienes acudían a las oficinas públicas o transitaban por sus aceras.
Permisos y supervisión, en el centro del reclamo
Según las informaciones atribuidas a la Alcaldía de Baní, la intervención se habría realizado sin las autorizaciones municipales correspondientes. Ese señalamiento coloca entre las principales preguntas pendientes cuáles permisos se solicitaron, qué alcance tenían y quién debía verificar su cumplimiento.
El debate también alcanza la supervisión del proyecto. Identificar a quienes ejecutaron materialmente el corte no resuelve, por sí solo, si existieron fallas en la planificación, la vigilancia o la coordinación institucional.
Esas responsabilidades deben establecerse mediante una investigación documentada, sin confundir las denuncias públicas con conclusiones administrativas o judiciales.
Reclaman el expediente técnico y medidas de reparación
Entre las demandas reseñadas figuran la publicación del expediente técnico, la presentación de los permisos aplicables y el esclarecimiento de posibles responsabilidades de la contratista y de los funcionarios encargados de supervisar la obra.
Los sectores denunciantes también reclaman que la reparación ambiental vaya acompañada de una rendición de cuentas. La siembra de nuevos ejemplares puede formar parte de la recuperación del espacio, pero deja pendiente explicar por qué se eliminaron los árboles existentes y qué evaluaciones precedieron esa decisión.
En Baní, los troncos cortados han dejado una ausencia visible. La respuesta institucional deberá llenar otro vacío: el de las explicaciones que la ciudadanía continúa reclamando.
