Haití ha sufrido demasiado para que una nueva operación militar sobre su territorio se desarrolle entre silencios, explicaciones incompletas y declaraciones de fuerza. El despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños, presentado como una misión para rescatar a cuatro militares desaparecidos, exige respuestas que no pueden sustituirse con mensajes presidenciales. Están en juego la soberanía de un país, la seguridad de su población y la responsabilidad de los gobiernos involucrados.
La desaparición de los cuatro militares después de la emboscada del 18 de octubre merece una investigación rigurosa y todos los esfuerzos legítimos para encontrarlos. Sus vidas importan. También importan las de los haitianos que habitan los territorios donde se desarrolla la operación. La obligación de recuperar a unos no suspende el deber de proteger a los otros.
La pregunta central, por tanto, sigue en pie: ¿quién autorizó este despliegue, bajo qué condiciones y con cuáles límites?
La autorización internacional tiene límites
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la Fuerza de Supresión de Pandillas y estableció un marco de coordinación con el Gobierno haitiano, una estructura de dirección y obligaciones de respeto a los derechos humanos y a la soberanía de Haití. El Salvador figura entre los países participantes en ese mecanismo. Ese respaldo multilateral, sin embargo, no equivale a conceder a cada presidente libertad para conducir por su cuenta una campaña militar.
Precisamente por eso hace falta explicar cómo encaja el nuevo contingente salvadoreño en la fuerza autorizada. ¿Quién ejerce el mando operativo? ¿Qué autoridades haitianas acordaron su entrada y sus funciones? ¿Qué objetivos concretos se aprobaron? ¿Quién supervisa su cumplimiento?
No sería riguroso afirmar que la operación carece de toda autorización únicamente porque no se han divulgado suficientes detalles. Pero tampoco resulta aceptable dar por aclarada su legitimidad con una referencia general a la ONU. Corresponde a los gobiernos mostrar el fundamento y los límites de sus decisiones.
Bukele no puede atribuirse, por su sola voluntad, facultades para trasladar tropas y equipos bélicos a otro Estado y decidir allí el alcance de sus operaciones. La urgencia de un rescate exige actuar; también exige explicar con qué autoridad se actúa.
Un despliegue que no se sostiene en soledad
La imagen de un El Salvador que realiza esta movilización enteramente por sus propios medios tampoco se corresponde con el apoyo exterior reconocido. El propio Bukele ha admitido colaboración logística de otros países. La información difundida por EFE recoge, además, señalamientos del investigador Jake Johnston sobre cooperación estadounidense y colombiana, así como sobre el papel dominicano en el traslado de equipos.
Transportar, abastecer y mantener a miles de soldados fuera de su territorio requiere aeronaves, combustible, comunicaciones, rutas de suministro, instalaciones y acuerdos. La operación descrita descansa en una red de cooperación cuyo alcance merece conocerse.
No disponemos de elementos suficientes para determinar qué parte habría podido ejecutar El Salvador sin ayuda. Sí sabemos que no está actuando solo. Presentar la campaña como una demostración exclusivamente salvadoreña deja fuera de cuadro a quienes facilitan su realización.
¿Quién aporta los transportes? ¿Quién suministra información? ¿Quién cubre los gastos? ¿Qué compromisos acompañan esa ayuda? Son preguntas sobre responsabilidades públicas, no solicitudes de revelar posiciones tácticas que puedan poner vidas en peligro.
República Dominicana debe explicar su participación
El Gobierno dominicano tiene una obligación particular de transparencia. Facilitar instalaciones militares para trasladar tropas y equipos hacia un país vecino es una decisión con consecuencias políticas y de seguridad.
Informar que se presta apoyo logístico constituye un primer dato, pero no una explicación suficiente. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se ha autorizado, durante cuánto tiempo, mediante cuáles acuerdos y bajo qué mecanismos de supervisión.
También debe aclararse dónde termina la cooperación logística y qué medidas impiden que esa participación se amplíe sin información pública. El uso de instalaciones dominicanas no demuestra, por sí mismo, que nuestras tropas intervengan en combates. Pero compromete decisiones del Estado que deben ser explicadas con precisión.
Compartimos una isla. Lo que ocurra en Haití repercute de manera directa en República Dominicana. Esa cercanía exige prudencia, responsabilidad y claridad.
La población haitiana debe estar en el centro
Lo más preocupante sería que la búsqueda de cuatro militares terminara sirviendo para justificar acciones cuyo costo recayera sobre comunidades enteras. La población haitiana ya soporta la violencia de las pandillas, el desplazamiento y la incertidumbre. Ninguna operación puede añadir nuevas víctimas civiles y presentar ese sufrimiento como un precio inevitable.
La obligación de proteger comprende distinguir a los combatientes de los civiles, facilitar la asistencia humanitaria e investigar cualquier denuncia de abuso. La eficacia militar no puede medirse solamente por posiciones tomadas o adversarios abatidos. También debe juzgarse por las vidas preservadas y por la seguridad que permanece cuando las tropas se retiran.
Exigir esas garantías no equivale a defender a las pandillas. Equivale a defender a quienes padecen su violencia y tienen derecho a recibir protección sin quedar expuestos a otra amenaza.
El despliegue salvadoreño tiene demasiados lados oscuros: su alcance, su conducción, sus apoyos y las condiciones de su finalización. Aclararlos corresponde a Bukele, a las autoridades haitianas, a la dirección de la fuerza multinacional y a los gobiernos que colaboran, incluido el dominicano.
Haití merece seguridad con derechos, cooperación con responsabilidad y decisiones que respeten su soberanía. Su pueblo ha padecido demasiado para que alguien vuelva a decidir su destino entre el estruendo de las armas y el silencio de las explicaciones.
