Manuel María Mercedes Medina, presidente de la CNDH-RD, enfrenta descalificaciones por reclamar respeto al derecho a la vida y al debido proceso, en lo que Manuel Salazar ha denunciado como una campaña orquestada contra el defensor de derechos humanos.
Por Julio Guzmán Acosta | Umbral
Análisis de actualidad
Pedir que un acusado llegue vivo ante un juez ha colocado a Manuel María Mercedes Medina en el centro de una áspera controversia. Sus denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales han encontrado descalificaciones, acusaciones y respaldo solidario, mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos insiste en un principio que el miedo no debería borrar: combatir el crimen exige hacer cumplir la ley también a quienes portan un uniforme.
La discusión dominicana sobre seguridad atraviesa un terreno donde el dolor de las víctimas, el temor ciudadano y la indignación se mezclan con demandas de respuestas inmediatas. En ese clima, las intervenciones de Mercedes han abierto una disputa sobre los límites de la fuerza policial y el lugar que debe ocupar la justicia cuando el país reclama protección.
En el fragmento de una entrevista de Esto No Es Radio Show que acompaña esta publicación, el dirigente recuerda que nadie está por encima de la Constitución. Cuestiona el llamado «29» y alude a presuntas complicidades de miembros de la Policía con sectores delictivos.
Manuel María Mercedes reclama arrestos y justicia
El 23 de septiembre, en una entrevista con Julissa Céspedes para 55 Minutos, de CDN, Mercedes calificó las ejecuciones de presuntos delincuentes como «injustificables». Reclamó que las personas buscadas sean detenidas y llevadas ante los tribunales, y sostuvo que una estrategia de seguridad limitada a la respuesta policial revela, a su juicio, el fracaso de la política criminal de las últimas décadas.
Su propuesta incluye prevención, investigación, persecución del delito y control de las armas ilegales. La firmeza que exige al Estado debe traducirse en expedientes capaces de sostener una acusación y obtener una condena conforme a derecho.
El 27 de septiembre, durante RD Debate, reiteró que las garantías constitucionales amparan a las víctimas y a los imputados. Advirtió, además, que vulnerar el procedimiento puede perjudicar el expediente judicial y dificultar que el acusado responda por los hechos que se le atribuyen.
Las descalificaciones y el deber de probar
En ese debate, Ramón Tolentino confrontó a Mercedes y le reprochó: «Aquí hay tres millones de víctimas y no venga a teorizar». El comunicador defendió una respuesta policial contundente frente a personas con amplios historiales delictivos; Mercedes rechazó que el trabajo de la Comisión pudiera reducirse a la protección de los acusados.
La crítica pública es legítima. Atribuir complicidad criminal exige pruebas. Esa obligación alcanza por igual a comunicadores, dirigentes de derechos humanos y autoridades.
También las víctimas tienen derecho a defensa
Un dato merece atención: durante RD Debate, Mercedes ofreció asistencia jurídica gratuita a víctimas que, por su situación económica o social, no puedan contratar un abogado. Explicó que la actuación de la organización depende de sus recursos y posibilidades, e invitó a los afectados a solicitar apoyo.
«Garantía para la víctima y garantía para el procesado», resumió.
La controversia también llegó al Congreso. Ignacio Aracena, del PRM, respaldó el accionar policial; Charlie Mariotti Jr., del PLD, cuestionó la utilidad de acudir a organismos internacionales, aunque consideró la fuerza letal «el camino fácil» y reclamó respeto a la ley. Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, defendió el derecho a la vida y la judicialización de los acusados.
Hubo, asimismo, expresiones de solidaridad. En un artículo publicado el 2 de octubre en Vértice Crítico, Manuel Salazar denunció una campaña de descalificaciones contra Mercedes y respaldó su defensa del Estado de derecho. Esa es la valoración del autor, no una prueba de que exista una operación coordinada.
Una acción internacional anunciada
El 2 de octubre, Mercedes anunció que la CNDH tenía preparada una acción urgente para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Según informó AlMomento, aclaró que no se trataba de una querella penal. También manifestó que solicitarían reactivar una audiencia temática ante la CIDH y documentarían los casos denunciados. Al cierre de esta nota, lo verificado es el anuncio de esa gestión, no su depósito ni una decisión de los organismos internacionales.
La seguridad necesita límites y resultados
La Constitución dominicana protege la vida en su artículo 37 y prohíbe la pena de muerte. El artículo 69 reconoce el debido proceso y la presunción de inocencia. Son garantías que obligan al poder público incluso cuando el delito provoca una comprensible indignación.
La propia dirección policial expresó una posición institucional que merece ser contrastada con sus actuaciones: el 27 de septiembre, el mayor general Ernesto Rodríguez García exhortó a sus agentes a preservar vidas, actuar con prudencia y respetar los protocolos de uso proporcional de la fuerza. También anunció que los infractores serían apresados y puestos a disposición del Ministerio Público.
Investigar cada muerte permitirá determinar si existió una respuesta legítima ante una amenaza o una actuación ilegal. La versión de un enfrentamiento requiere comprobación; la denuncia de una ejecución también.
El país necesita proteger a sus víctimas, detener a quienes delinquen y conseguir que las condenas se sostengan en pruebas. Una justicia que funciona devuelve confianza; una muerte sin esclarecer deja preguntas que ningún aplauso resuelve. En ese punto se juega la controversia que rodea a Manuel María Mercedes: en la capacidad del Estado para ofrecer seguridad sin abandonar la ley que está obligado a defender.
