Cerca de 40 muertes en alegados intercambios de disparos obligan a plantear una cuestión esencial: la lucha contra la delincuencia exige firmeza, pero ninguna política de seguridad puede situarse por encima de la Constitución y del derecho a la vida.
La República Dominicana necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen con autoridad y eficacia. Pero necesita, con igual urgencia, una Policía sometida a la ley.
Dos nuevos presuntos delincuentes murieron en las últimas horas en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. La Policía Nacional sostiene que ambos eran perseguidos por múltiples hechos delictivos y órdenes de arresto.
No corresponde a Umbral determinar qué ocurrió en esos episodios. Corresponde al Estado investigarlos y demostrarlo con evidencias.
Una orden de arresto no es una sentencia
La sociedad tiene derecho a exigir seguridad. Los atracos, asesinatos y agresiones contra ciudadanos reclaman una respuesta firme.
Pero una orden de arresto autoriza a perseguir y detener a una persona para llevarla ante la justicia. No constituye una sentencia.
El artículo 37 de la Constitución dominicana establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe expresamente la pena de muerte.
Esa garantía también alcanza al sospechoso, al reincidente y al prófugo.
Por eso adquieren especial importancia las recientes palabras del presidente Luis Abinader, quien llamó a personas perseguidas por la justicia a entregarse y advirtió que, de no hacerlo, “les va a ir peor”.
No corresponde interpretar esa expresión como una orden de ejecutar a nadie. Pero tampoco debe ignorarse el peso de semejantes palabras cuando proceden del jefe del Estado y coinciden con una sucesión de muertes durante intervenciones policiales.
El mensaje debe ser inequívoco: quien tenga una orden de arresto debe ser detenido y llevado ante los tribunales. La fuerza letal solo puede utilizarse en las circunstancias excepcionales permitidas por la ley.
Una voz de alarma que el Estado debe atender
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tiene pleno derecho a exigir explicaciones sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales. Su función no debe interpretarse automáticamente como hostilidad hacia la Policía.
En una democracia, cuestionar al poder no debilita las instituciones. Las obliga a demostrar que actúan conforme a la ley.
Por eso, ante la acumulación de muertes atribuidas a alegados intercambios de disparos, ya no basta con comunicados que reproduzcan la versión de los agentes participantes.
El policía no es juez
En un Estado de derecho las responsabilidades están delimitadas.
La Policía persigue y arresta. El Ministerio Público investiga y acusa. Los tribunales juzgan.
Un ciudadano puede ser considerado peligroso y acumular numerosas órdenes de arresto. Nada de ello convierte al agente policial en juez de su vida.
Eso tampoco significa exigir una Policía indefensa. El agente tiene derecho a proteger su vida y la de terceros ante una amenaza real.
Lo que necesitamos es una Policía profesional, fuerte y sometida a la ley.
“Intercambio de disparos” no basta
Durante décadas, la expresión “intercambio de disparos” ha acompañado numerosas muertes durante intervenciones policiales.
Pero esa explicación no puede cerrar una investigación.
Debe abrirla.
¿Quién disparó primero? ¿Qué establece la balística? ¿Qué dice la autopsia? ¿Existen cámaras o testigos? ¿Coinciden las evidencias con la versión oficial?
No porque debamos presumir que el policía miente ni porque quien era perseguido sea necesariamente inocente.
Sino porque el Estado tiene la obligación de explicar cada muerte causada por sus agentes.
Seguridad y derechos no son enemigos
Es un error reducir este debate a escoger entre policías y delincuentes.
Umbral está del lado del ciudadano que quiere regresar vivo a su casa y del policía que cumple la ley y también quiere regresar vivo a la suya.
Crímenes como el asesinato de la esposa de Julián Oro Duro provocan una indignación comprensible. Sus responsables deben ser perseguidos, arrestados, juzgados y, si son declarados culpables, recibir las penas establecidas por la ley.
Eso es justicia.
La muerte como sustituto del proceso judicial es otra cosa.
El Estado debe responder
Ante la acumulación de muertes en alegados intercambios de disparos, Umbral reclama que el Ministerio Público investigue de manera independiente cada caso en que agentes policiales hayan causado una muerte.
Balística, autopsias, armas, cámaras y testimonios deben permitir establecer qué ocurrió.
Si la actuación policial fue legítima, las evidencias protegerán al agente.
Si hubo ilegalidad, deben establecerse responsabilidades.
La República Dominicana necesita una Policía fuerte. Tan fuerte que no necesite apartarse de la ley para hacerla cumplir.
El Gobierno debe combatir el crimen. La Policía debe perseguirlo. El Ministerio Público debe acusar. Los tribunales deben juzgar.
Ninguna de esas funciones puede ser sustituida por una bala.
La fortaleza del Estado no se demuestra eliminando a quien viola la ley, sino siendo capaz de someterlo a ella.
