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PRM encamina una reforma interna que limitaría a dos años el mandato de sus próximas autoridades

La propuesta de modificación estatutaria plantea una dirigencia transitoria hasta 2028, establece incompatibilidad entre cargos partidarios y funciones en el Gobierno, y descarta extender el período de la actual dirección encabezada por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía.
Por Julio Guzmán Acosta

SANTO DOMINGO.– En medio de los preparativos para su proceso de renovación interna y con la mirada puesta en el escenario político de 2028, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se encamina hacia una de las reformas estatutarias más significativas desde su llegada al poder. La propuesta elaborada por la comisión designada por la Dirección Ejecutiva de la organización plantea que las nuevas autoridades partidarias sean elegidas por un período excepcional de apenas dos años, en lugar de los cuatro establecidos actualmente.

La iniciativa, ya entregada a la alta dirigencia perremeísta, será sometida al escrutinio de la Convención Nacional Extraordinaria, órgano que tendrá la responsabilidad de aprobarla o rechazarla. Sus impulsores sostienen que el objetivo es garantizar una transición ordenada y participativa que permita adecuar la estructura partidaria a los desafíos políticos de los próximos años.

La comisión responsable del documento estuvo integrada por Guido Gómez Mazara, Roberto Fulcar, Darío Castillo, Sigmund Freund, Dionicio De Los Santos, Yadira Henríquez y Salvador Ramos. El informe propone que las autoridades que resulten electas en el próximo proceso tengan un carácter transitorio, de manera que una vez celebradas las elecciones nacionales de 2028 se convoque a una nueva escogencia de carácter amplio y definitivo.

Según la propuesta, el método mediante el cual serán seleccionadas esas autoridades provisionales será definido por el Comité Nacional durante la reunión programada para el próximo 21 de junio. A partir de 2028, sin embargo, la elección de la presidencia del partido, la secretaría general y demás posiciones de dirección se realizaría mediante el voto universal de la militancia, ampliando la participación de todos los miembros de la organización.

Separar partido y Gobierno

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la introducción de un principio de incompatibilidad entre las principales funciones partidarias y los cargos dentro del Poder Ejecutivo.

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La propuesta establece que quienes ocupen posiciones como la presidencia, vicepresidencia, secretaría general o las principales secretarías del PRM no podrán formar parte del Gabinete Presidencial. La intención es que la dirigencia concentre plenamente sus esfuerzos en la conducción política y organizativa del partido, evitando la dualidad de responsabilidades entre el ejercicio gubernamental y la vida interna de la organización.

La medida busca fortalecer la institucionalidad partidaria en un contexto donde el PRM enfrenta el desafío de preservar su cohesión mientras administra el poder.

Sin extensión para la actual dirección

El documento también descarta una de las posibilidades que había generado mayor debate dentro de la organización: la extensión del mandato de las actuales autoridades nacionales.

La propuesta no contempla prolongar las funciones de José Ignacio Paliza como presidente del partido ni de Carolina Mejía como secretaria general, desestimando así la solicitud formulada por la propia Dirección Ejecutiva el pasado 15 de mayo.

Aquella petición planteaba extender la permanencia de la dirección nacional hasta 2027 y 2028, argumentando la necesidad de mantener la estabilidad política y concentrar los esfuerzos de la militancia en las tareas de Gobierno, en un contexto internacional marcado por tensiones económicas derivadas de la crisis en Medio Oriente.

El debate del consenso y los límites a la reelección interna

La reforma también parece responder a las tensiones generadas durante el primer trimestre de 2026, cuando la dirección del partido impulsó el método del consenso para la escogencia de autoridades municipales, locales y provinciales.

Lejos de reducir conflictos, aquella estrategia provocó cuestionamientos y resistencias entre dirigentes de distintas instancias, desde miembros de base hasta legisladores, evidenciando la necesidad de revisar los mecanismos de participación interna.

En esa misma línea, la propuesta incorpora límites a la permanencia en los cargos, estableciendo que ninguna autoridad partidaria podrá ocupar una misma posición por más de dos períodos consecutivos.

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La posibilidad de Abinader

Entre las disposiciones sometidas a discusión figura además un escenario particular relacionado con el presidente Luis Abinader.

La reforma contempla que, en caso de que el mandatario acepte asumir la presidencia del PRM, se le otorgue una licencia especial. Bajo esa fórmula, el primer vicepresidente de la organización ejercería como presidente en funciones, preservando el principio de que las máximas autoridades partidarias dediquen su atención principal a los asuntos internos de la organización.

Más espacio para la diáspora

La propuesta incluye igualmente una ampliación de la Dirección Ejecutiva mediante la creación de cinco nuevos espacios destinados a dirigentes de la diáspora dominicana.

Asimismo, se plantea incorporar a los presidentes provinciales como miembros de ese organismo de dirección, fortaleciendo la representación territorial dentro de la estructura partidaria.

Una decisión clave para el futuro del oficialismo

La reunión del Comité Nacional prevista para este domingo será determinante para definir la hoja de ruta de la renovación interna del PRM. En ese encuentro se establecerá la fecha de la Convención Nacional Extraordinaria que conocerá la reforma estatutaria, así como el calendario de las convenciones ordinarias encargadas de elegir las nuevas autoridades en todos los niveles de la organización.

Más que una simple modificación reglamentaria, la discusión abre un nuevo capítulo en la evolución del partido oficialista. En ella convergen los desafíos de la institucionalización, la sucesión de liderazgos y la necesidad de equilibrar el ejercicio del poder con la vida orgánica de una organización que se prepara para el próximo ciclo electoral.

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