· En plena pugna política en Colombia, los empresarios pagaron a una firma ligada a la CIA para presionar en EE.UU., revelando la internacionalización del choque con Petro.
Por Thiago N. Guzmán
La batalla por el futuro político y económico de Colombia ya no se libra únicamente en Bogotá. También se juega en los pasillos del Capitolio estadounidense, en las oficinas del Departamento de Estado y en los despachos donde se diseña la estrategia hemisférica de Washington.
En ese escenario, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la organización que históricamente ha representado a los sectores más poderosos de la economía colombiana, decidió mover sus fichas a escala internacional. Durante el primer trimestre del año contrató los servicios de Tower Strategy, una firma de lobby dirigida por Enrique Ángel de la Torre, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, por un monto de 42 mil dólares destinado a promover sus intereses ante los principales centros de decisión de Estados Unidos.
La contratación se produjo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los grandes grupos empresariales del país, enfrentados por las reformas económicas, laborales y sociales impulsadas por la administración de izquierda.
La ANDI se ha convertido en una de las voces más críticas de la agenda de transformación promovida por Petro. Sus dirigentes han cuestionado reiteradamente las reformas laboral y sanitaria, así como diversas iniciativas orientadas a fortalecer el papel del Estado en áreas estratégicas de la economía.
Las diferencias alcanzaron incluso el terreno electoral. En los últimos meses, la organización llegó a solicitar un pronunciamiento de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que el mandatario habría intervenido en asuntos que corresponden exclusivamente a las autoridades electorales.
Detrás de esas disputas públicas existe una confrontación más profunda sobre el modelo de país que deberá emerger una vez concluido el actual ciclo político.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, ha advertido en diversas oportunidades sobre el riesgo de que Colombia atraviese un período de inestabilidad política y social semejante al vivido durante las protestas de 2021. Según su visión, el país necesita recuperar una senda de crecimiento económico que permita atender las demandas sociales sin comprometer la confianza de los inversionistas.

En paralelo a ese debate interno, la asociación empresarial decidió fortalecer su presencia en Washington.
Los registros oficiales de lobby en Estados Unidos muestran que Tower Strategy fue contratada para realizar gestiones ante el Senado, la Cámara de Representantes, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina del Representante Comercial y otros organismos vinculados a la formulación de la política exterior estadounidense.
Los objetivos declarados giran en torno a la defensa de las relaciones económicas entre Colombia y Estados Unidos, la promoción de inversiones, el fortalecimiento del nearshoring y la integración de las cadenas de suministro en el hemisferio occidental.
Asimismo, las actividades contemplaban conversaciones sobre el papel del sector privado colombiano en la estabilidad regional, las instituciones democráticas y los procesos de recuperación económica relacionados con Venezuela.
Aunque los documentos no mencionan expresamente una intervención sobre el proceso electoral colombiano, sí evidencian el interés de la principal organización empresarial del país por posicionar sus prioridades estratégicas en los círculos de poder estadounidenses en un momento particularmente sensible para la política nacional.
La figura elegida para esa tarea no pasó inadvertida.
Enrique Ángel de la Torre posee una extensa trayectoria vinculada a los ámbitos de inteligencia, defensa y seguridad nacional de Estados Unidos. Antes de fundar Tower Strategy, trabajó en el sector privado para compañías relacionadas con la industria militar y participó en estructuras de lobby cercanas a influyentes figuras del Partido Republicano.
Su empresa incorporó además como asesor a James Story, exembajador estadounidense en Venezuela y una de las voces más influyentes de Washington en los asuntos latinoamericanos durante los últimos años.
La operación adquiere una dimensión adicional por el creciente interés de diversos grupos empresariales internacionales en una eventual reapertura económica de Venezuela. Tower Strategy acaba de inaugurar oficinas en Caracas con el objetivo declarado de facilitar inversiones y oportunidades de negocios en ese país.
Para numerosos observadores, el acercamiento de la ANDI a este entramado de relaciones políticas y empresariales refleja el interés del sector privado colombiano por ocupar una posición privilegiada en un eventual proceso de reinserción de Venezuela en los mercados internacionales.
No resulta casual que varios de los temas promovidos por la organización coincidan con prioridades centrales de la actual agenda estadounidense para América Latina: la relocalización industrial, la seguridad regional, la competencia geopolítica con China y la reconstrucción económica venezolana bajo mecanismos supervisados por Washington.
La controversia creció aún más cuando Enrique Ángel de la Torre publicó recientemente un artículo en el que cuestionó con dureza las políticas de Gustavo Petro. Allí sostuvo que la confianza empresarial en Colombia se había deteriorado, que la incertidumbre jurídica había aumentado y que los inversionistas comenzaban a percibir al país como un caso de riesgo político.
Sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como una muestra de afinidad ideológica con los grupos empresariales críticos del gobierno colombiano.
Mientras tanto, desde la ANDI sostienen que sus actividades de lobby forman parte de una práctica legítima orientada a defender los intereses de la empresa privada. No se trata de una actividad ajena a la naturaleza de la organización. Sus propios estatutos establecen como misión representar al sector empresarial y promover normas favorables para el desarrollo económico del país.
Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende las fronteras colombianas: hasta qué punto las grandes disputas políticas nacionales se están trasladando a los centros de poder internacionales.
A medida que Colombia se aproxima a una nueva elección presidencial, el enfrentamiento entre el proyecto de cambio impulsado por Gustavo Petro y los sectores tradicionales del poder económico parece haber ingresado en una nueva fase.
Una fase en la que los debates ya no se limitan a los escenarios domésticos y donde las decisiones que se toman en Washington podrían tener una influencia cada vez mayor sobre el futuro político y económico de Bogotá.