Bajo vigilancia de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), varios imputados del caso SeNaSa 2.0-A fueron conducidos desde la cárcel preventiva de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría General de la República para fines de interrogatorio.
Por César Dalmasi Guzmán
SANTO DOMINGO.– Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, varios de los imputados en el caso SeNaSa 2.0-A fueron trasladados este sábado desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron requeridos para fines de interrogatorio.
El movimiento se produjo en vísperas del conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público dentro de una investigación que procura establecer responsabilidades por presuntas maniobras fraudulentas cometidas en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los detenidos fueron sacados de la cárcel preventiva por una escalera que comunica con la parte posterior del Palacio de Justicia y posteriormente conducidos hasta un minibús de la Procuraduría dispuesto para su traslado.
Estrictas medidas de seguridad
El operativo estuvo bajo la vigilancia de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), organismo encargado de movilizar hacia los tribunales y otras dependencias judiciales a personas privadas de libertad sometidas a protocolos especiales de seguridad.
Los agentes, fuertemente armados, evitaron conducir a los detenidos por las áreas de mayor circulación del Palacio de Justicia. En su lugar, utilizaron la parte posterior del edificio para completar el traslado.
La discreción y el amplio dispositivo de seguridad marcaron una jornada en la que las investigaciones sobre el denominado caso SeNaSa 2.0-A continuaron avanzando en el ámbito judicial.
Antes de ser llevados a la sede de la Procuraduría, varios de los imputados recibieron la visita de sus abogados, con quienes coordinaron aspectos relacionados con su defensa técnica y la estrategia que asumirán frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
Audiencia de coerción prevista para este domingo
La audiencia para conocer las medidas de coerción está prevista para este domingo en horas de la mañana ante el Juzgado de Atención Permanente.
Allí, el Ministerio Público deberá presentar los elementos con los cuales procura sustentar la presunta vinculación de los detenidos con las operaciones investigadas, mientras las defensas tendrán oportunidad de responder a los señalamientos y presentar sus argumentos ante el tribunal.
En esta fase del proceso, las imputaciones corresponden a las alegaciones del órgano acusador y no constituyen una determinación de culpabilidad, que corresponde establecer a los tribunales conforme al debido proceso.
28 arrestados durante los operativos
Un total de 28 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud, médicos y otras personas vinculadas a la investigación, fueron arrestadas durante los operativos realizados el viernes por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los allanamientos se desarrollaron en La Vega, Cotuí, Santiago, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, dentro del despliegue correspondiente a la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
Según la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían participado en diferentes maniobras dirigidas a defraudar fondos públicos administrados por la aseguradora estatal.
Una denuncia presentada en 2024
Los antecedentes de esta línea investigativa se remontan a una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, cuando la institución puso en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades relacionadas con autorizaciones de procedimientos médicos y consultas correspondientes a sus afiliados.
De acuerdo con la documentación sometida por el Ministerio Público ante la jueza que autorizó los allanamientos, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se habrían utilizado diferentes números telefónicos para realizar llamadas al centro de atención de SeNaSa y gestionar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios.
La investigación sostiene que algunas de esas prestaciones posteriormente no fueron reconocidas por los afiliados a cuyo nombre aparecían autorizadas.
Las operaciones bajo investigación habrían ocasionado, de acuerdo con la denuncia inicial, un perjuicio estimado en RD$40 millones.
Personas mencionadas en la investigación
Entre los nombres que aparecen en la documentación relacionada con los allanamientos figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López.
También aparecen Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez y Luz Esther Reyes Durán de Ramírez.
La documentación menciona además a Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García, además de otras personas relacionadas con la investigación.
El expediente entra ahora en una fase decisiva con el conocimiento de las medidas de coerción. Será el tribunal el que deberá ponderar los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las defensas, mientras continúan abiertas las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos de SeNaSa.
